Metro News Mx

-La reforma electoral de Claudia Sheinbaum busca eliminar la representación proporcional para garantizar una mayoría absoluta eterna.

-El gobierno pretende desmantelar el equilibrio democrático bajo una falsa bandera de austeridad y ahorro en el gasto institucional.

-Al suprimir a los plurinominales en el Senado, Morena obtendría la mayoría calificada sin necesidad de negociar con la oposición.

-La propuesta permite que el oficialismo controle el 66% de la Cámara Alta de forma automática, ignorando la pluralidad del voto.

-Se mantiene la trampa de la sobrerrepresentación, permitiendo que un partido con menos votos acapare la mayoría de las curules.

-La reducción del financiamiento público es asimétrica; Morena seguirá recibiendo el doble de recursos que su competidor más cercano.

-El recorte del 25% al presupuesto del INE pone en riesgo la operación logística y la instalación de casillas en zonas remotas.

-La desaparición de las juntas distritales debilitaría al Servicio Profesional Electoral, pilar de la certeza en los resultados.

-El control sobre los spots de radio y televisión se inclina a favor del gobierno, que ya cuenta con el aparato de la mañanera.

-La prohibición de aportaciones en efectivo resulta hipócrita ante el historial de videos de figuras cercanas al movimiento.

-No existen castigos severos para los partidos que reciban financiamiento del crimen organizado, un vacío alarmante en la ley.

-La reforma ignora la creciente intervención del narcotráfico en las campañas, centrando su ataque en la burocracia electoral.

-El discurso contra el nepotismo choca con la realidad de las familias que controlan puestos clave en el gabinete y el Congreso.

-La propuesta de fiscalización en tiempo real carece de mecanismos técnicos claros para evitar el uso de recursos ilícitos hoy.

-Morena busca blindar su permanencia en el poder ante un posible desgaste, cerrando las vías legales para la alternancia real.

-La reforma no surge de una demanda ciudadana por seguridad o salud, sino de una necesidad política de control totalitario.

-Los partidos aliados, PVEM y PT, ven amenazada su existencia, lo que genera las primeras fracturas en el bloque oficialista.

-La centralización del poder electoral en manos del Ejecutivo evoca los años de partido único del siglo pasado en el país.

-El hackeo masivo a las bases de datos del gobierno expone la vulnerabilidad de la información personal de millones de mexicanos.

-El robo de datos del padrón electoral y del SAT pone en duda la capacidad técnica del Estado para resguardar la democracia.

-La respuesta del gobierno ante el ciberataque es de negación, a pesar de las evidencias presentadas por agencias internacionales.

-Lorenzo Córdova advierte que debilitar al árbitro electoral es la ruta más directa hacia la facilitación del fraude sistémico.

-La violencia desatada tras la caída de capos del narco demuestra que la prioridad nacional debería ser la paz, no el INE.

-El uso de la inteligencia artificial para desinformar y hackear instituciones se convierte en la nueva frontera del conflicto.

-La conclusión es clara: la reforma es un retroceso democrático diseñado para que el partido en el poder nunca pierda el control.

El paquete de reformas enviado al Legislativo no es una propuesta de ahorro, sino un ejercicio de ingeniería política diseñado para garantizar que el partido en el poder no solo gane, sino que sea imposible que pierda. Al proponer la eliminación de las listas de representación proporcional (plurinominales) en el Senado, el oficialismo busca borrar de un plumazo la representación del 43% de la población que no votó por ellos. En un sistema de mayoría relativa pura, la diversidad política de México queda reducida a un binarismo donde el ganador se lo lleva todo.

Históricamente, los plurinominales fueron la concesión que el viejo régimen tuvo que hacer para evitar que la olla de presión social estallara. Hoy, Morena pretende regresar al país a la década de los setenta, donde una sola voz decidía el destino de la nación. Si esta reforma se aplica, la Cámara Alta dejaría de ser un espacio de debate para convertirse en una oficialía de partes del Ejecutivo. El dato es contundente: con las reglas propuestas, Morena tendría hoy el 66% de los senadores de forma automática, permitiéndoles cambiar la Constitución a su antojo sin necesidad de negociar una sola coma con la oposición.

El discurso oficial sostiene que el INE es el órgano electoral más caro del mundo, una falacia que se desmorona al comparar los costos por elector con países como Brasil o Uruguay. El costo de la democracia en México no radica en la burocracia, sino en la desconfianza sistémica. Cada candado —el papel seguridad de las boletas, el padrón con fotografía, la fiscalización— es un costo que la propia clase política impuso para evitar los fraudes del pasado.

Reducir el presupuesto del INE en un 25% y eliminar las juntas distritales no es "ahorrar"; es decapitar al Servicio Profesional Electoral. Sin juntas distritales permanentes, la organización de las elecciones queda a merced de personal eventual, lo que abre la puerta a la impericia o, peor aún, a la manipulación directa en el conteo de votos. Es una táctica de asfixia: se le exigen más resultados al árbitro (como la fiscalización en tiempo real) mientras se le quitan las herramientas básicas para operar.

La propuesta de reducir el financiamiento público a los partidos en una cuarta parte suena atractiva para una ciudadanía harta de la clase política. Sin embargo, en la práctica, esto profundiza la desigualdad. Morena recibe actualmente el doble de recursos que el PAN. Una reducción lineal mantiene la brecha de poder y deja a los partidos pequeños en una situación de inviabilidad financiera.

Lo más grave es lo que la reforma **no dice**. No hay una sola mención a mecanismos de control reales para detener el flujo de efectivo ilegal que ha sido documentado en múltiples videos de figuras cercanas al movimiento. Al asfixiar el dinero público, la reforma incentiva —por omisión— la búsqueda de recursos ilícitos. Si un partido no tiene presupuesto público suficiente para competir, la tentación de aceptar dinero de grupos de interés o del crimen organizado se vuelve una amenaza existencial para la democracia.

Es alarmante que, en un país donde la violencia ha escalado tras operativos de alto impacto como la caída de Nemesio Oseguera "El Mencho", la reforma electoral ignore la intervención del crimen organizado en las urnas. El diagnóstico de la oposición es certero: reducir el dinero público sin blindar las campañas del dinero criminal es entregarle las llaves de los gobiernos locales a los cárteles.

La reforma no propone la anulación automática de elecciones ante la evidencia de violencia o financiamiento del narco. Prefiere centrarse en prohibir "bots" en redes sociales, una medida que parece más orientada a silenciar la crítica digital que a pacificar el proceso electoral. Mientras los candidatos en el territorio son asesinados o bajados de la contienda por el crimen, el gobierno discute cómo bajar campañas de "narcopresidente" de las redes. Es una desconexión total con la realidad de las calles.

El anuncio de una ley contra el nepotismo para el año 2030 es una de las mayores muestras de cinismo político en la historia reciente. El actual gobierno ha normalizado la herencia de cargos y la colocación de familias enteras en puestos clave del gabinete, la Corte y el Congreso. Decir que el nepotismo se acabará cuando termine el actual sexenio y el siguiente es validar las estructuras de poder familiar que hoy sostienen al régimen. El nepotismo no se legisla a futuro; se combate con renuncias en el presente.

El reciente reporte de Bloomberg sobre el robo de 150 GB de información del gobierno, incluyendo el padrón electoral y datos del SAT, añade una capa de vulnerabilidad aterradora. Mientras el gobierno busca centralizar más poder y datos, su incapacidad técnica para resguardar la identidad de los mexicanos queda expuesta. Un Estado que no puede proteger el padrón electoral no tiene la autoridad moral para exigir un control total sobre el sistema de votación. El hackeo no es solo un problema de seguridad informática; es un golpe a la soberanía del voto.

México se encuentra en una encrucijada histórica. La reforma de Claudia Sheinbaum no busca la eficiencia, sino la hegemonía. Es el intento final por desmantelar el sistema que permitió la alternancia para instaurar un régimen de partido único con ropaje democrático.

Llamemos a las cosas por su nombre: la desaparición de los contrapesos parlamentarios, la asfixia del árbitro electoral y la indiferencia ante el financiamiento criminal son los ingredientes de una dictadura moderna. La democracia no muere siempre con un golpe militar; a veces muere con reformas "racionales" presentadas en láminas de Power Point que, paso a paso, le quitan al ciudadano el derecho a elegir a alguien distinto. Si los aliados del oficialismo (PT y Verde) y la oposición no logran frenar este asalto, el 2027 será el funeral de la transición mexicana.

La propuesta de reforma electoral de Claudia Sheinbaum representa un punto de inflexión donde el pragmatismo por el poder absoluto devora a la democracia. No es un ajuste técnico; es el desmantelamiento de un sistema que costó décadas construir.

Para dimensionar el retroceso, debemos mirar a 1977. La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) de Jesús Reyes Heroles fue el "big bang" de nuestra democracia. En ese entonces, el régimen entendió que un Congreso monocolor era invivible y peligroso. Se crearon los diputados plurinominales para que las minorías tuvieran voz y la disidencia se canalizara por las instituciones y no por las armas.

Hoy, la propuesta de 2026 hace exactamente lo contrario: clausura la pluralidad. Al eliminar la representación proporcional en el Senado, Morena busca que el ganador se lleve todo. Si esta reforma hubiera operado en la pasada elección, el oficialismo tendría el 66% de los escaños de forma automática, sin necesidad de negociar con nadie. Es el regreso al sistema de "carro completo" de los años setenta, pero con el agravante de una estructura de poder mucho más centralizada.

En 1977 se inició la profesionalización del arbitraje. Con el tiempo, esto nos dio el Servicio Profesional Electoral: ciudadanos expertos que garantizan que el voto se cuente bien. La reforma de Sheinbaum ataca este pilar al recortar el 25% del presupuesto del INE y desaparecer las juntas distritales permanentes.

Llamemos a las cosas por su nombre: es un sabotaje operativo. Sin juntas distritales, la logística de las elecciones queda en manos de personal eventual, abriendo la puerta a la impericia o a la manipulación. Un Estado que, además, es incapaz de proteger sus propias bases de datos —como lo demuestra el reciente hackeo masivo al padrón y al SAT— no tiene la solvencia para debilitar al custodio de la identidad ciudadana.

La diferencia más dolorosa entre 1977 y 2026 es el contexto de violencia. En el 77, el desafío eran las guerrillas ideológicas; hoy es el crimen organizado que controla territorios enteros. Resulta inaudito que la reforma ignore la infiltración de dinero del narco en las campañas. Al asfixiar el financiamiento público (bajo el pretexto de la austeridad) sin implementar castigos severos ni la anulación automática de elecciones por intervención criminal, el Estado le está entregando las llaves del poder local a los cárteles. Es, por omisión, la construcción de una narcodemocracia legislada.

Si la reforma de 1977 fue el andamiaje para construir una casa donde cupieran todos, la de 2026 es el mazo para derribar las paredes de carga. Se está confundiendo deliberadamente la ambición de un grupo político con la voluntad del pueblo. La desaparición de los plurinominales, la asfixia del árbitro y la ceguera ante el narcofinanciamiento son los ingredientes de un régimen autoritario. México no necesita una reforma que le quite el poder al ciudadano para dárselo al partido; necesita una que devuelva la paz a las calles y la honestidad a las urnas. El 2026 será recordado como el año en que el gobierno decidió que ya no necesitaba convencer a la oposición, sino simplemente legislar su desaparición. #MetroNewsMx

-El diputado local José Salvador Tovar Vargas oficializó su renuncia a la bancada de Acción Nacional tras un distanciamiento previo.

-La salida del legislador abre la puerta a una posible incorporación a Morena o Movimiento Ciudadano para fortalecer su plataforma.

-El movimiento político altera la configuración de las fuerzas en Guanajuato y debilita la mayoría absoluta del PAN en el estado.

-La salida de Tovar es una traición al mandato de sus votantes originales, pero es también una negligencia de la dirigencia del PAN que ha fallado en contener a sus cuadros

Tras meses de especulaciones y una notable ausencia en las actividades partidistas, José Salvador Tovar Vargas ha confirmado su separación definitiva del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Guanajuato. El legislador, quien ya había manifestado discrepancias con la dirigencia estatal, señaló que su decisión responde a una falta de apertura y diálogo interno, elementos que, según su postura, han erosionado la identidad del blanquiazul en la entidad.

La renuncia no llega de forma inesperada. Medios locales y analistas políticos habían advertido un "secreto a voces" debido a la baja participación de Tovar en las iniciativas de su bancada. Actualmente, el diputado se encuentra en una etapa de evaluación política, manteniendo conversaciones abiertas con liderazgos de Morena y Movimiento Ciudadano, lo que sugiere un inminente reacomodo en la geometría legislativa del estado de cara a los próximos procesos electorales.

Esta baja representa un golpe estratégico para el PAN en su bastión más emblemático. Al perder un integrante, la bancada oficialista ve reducida su capacidad de maniobra directa, obligándolos a una negociación más intensa con las minorías. Por su parte, la oposición recibe con interés la posibilidad de sumar un perfil que conoce las estructuras internas del panismo, lo cual podría inclinar la balanza en votaciones clave sobre presupuesto y reformas estructurales en Guanajuato.

La renuncia de José Salvador Tovar Vargas al Partido Acción Nacional en Guanajuato no debe leerse como un incidente aislado, sino como el síntoma de una patología mayor que afecta al sistema de partidos en México: la erosión de las lealtades ideológicas frente al pragmatismo de supervivencia. En Guanajuato, el último gran reducto del panismo nacional, el abandono de un diputado local es una fisura en el muro que durante tres décadas pareció inexpugnable.

Históricamente, el PAN en Guanajuato ha operado como una maquinaria aceitada donde la disciplina interna era la norma. Sin embargo, el marco legal que permite el "transfuguismo" o salto entre bancadas —amparado en el libre ejercicio del mandato legislativo— ha facilitado que los desacuerdos personales se conviertan en capital político de cambio. Legalmente, Tovar mantiene su curul, pero el costo simbólico lo paga la institución que lo postuló. Esta salida pone de relieve una crisis de identidad: el PAN está dejando de ser el destino aspiracional para convertirse en una plataforma de la que los cuadros técnicos y territoriales prefieren desmarcarse cuando el "sentido común" político dicta que el centro de gravedad del poder se está desplazando.

Desde una perspectiva sociopolítica, este movimiento profundiza el cinismo ciudadano hacia la clase política. Para el electorado que votó por una plataforma de derecha moderada, ver a su representante negociar con Morena o Movimiento Ciudadano genera una sensación de orfandad ideológica. La cultura política en Guanajuato, tradicionalmente conservadora y ligada a valores institucionales, se enfrenta ahora a la evidencia de que los intereses de grupo y las cuotas de poder suelen prevalecer sobre los programas de gobierno. El impacto comunitario es directo: la agenda legislativa se detiene o se desvía mientras los actores políticos se dedican a la "transacción de chalecos".

Llamemos a las cosas por su nombre: la salida de Tovar es una traición al mandato de sus votantes originales, pero es también una negligencia de la dirigencia del PAN que ha fallado en contener a sus cuadros. En México, y específicamente bajo la óptica de la legislación en Guanajuato que busca proteger el honor pero no puede legislar la ética política, estos saltos son legales pero moralmente cuestionables.

Si el PAN no logra detener la sangría de sus integrantes, se arriesga a una fragmentación irreversible. Mientras tanto, Morena y MC actúan como recolectores de despojos, fortaleciéndose no por convicción, sino por acumulación. La democracia en Guanajuato pierde calidad cuando los principios se canjean por conveniencia, y el ciudadano termina siendo, una vez más, el espectador de un juego de sillas donde lo único que no cambia es la búsqueda del presupuesto y la permanencia en la nómina pública.

https://kuali.com.mx/web/2026/02/25/renuncia-diputado-tovar-al-pan/ 

#MetroNewsMx

-El TEEG batea la denuncia de la regidora Diana Lino, confirmando que la crítica periodística no es violencia, sino un ejercicio democrático necesario.

-La sentencia de la magistrada Yari Zapata protege el "manto jurídico" de la prensa frente a los intentos de censura desde el poder municipal.

-Ana Luz Solís denuncia que el IEEG malgasta recursos públicos en perseguir periodistas mientras la integridad de las elecciones pende de un hilo.

La reciente sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato -TEEG-, bajo el expediente TEEG-PES-02/2026, no es solo un triunfo jurídico para los periodistas de News San Miguel; es una bofetada de realidad para una clase política que ha intentado, sistemáticamente, pervertir las leyes de protección a la mujer para convertirlas en un blindaje contra la rendición de cuentas. 

La regidora de Morena en San Miguel de Allende, Diana Carmín Lino Baena, pretendió utilizar la justicia electoral para silenciar una columna que simplemente exhibía nepotismo y conexiones de poder. El Tribunal, con una lucidez que se extrañaba en estas instancias, ha dicho: basta.

El reporte de Carlos García, corresponsal de La Jornada, publicado este 25 de febrero de 2026, detalla cómo la regidora intentó victimizarse alegando que mencionar a su esposo —director de Turismo en Celaya— o la presunta contratación de su hijo en la administración pública, la "invisibilizaba" por el hecho de ser mujer.

Esta narrativa, además de cínica, es profundamente peligrosa. La violencia política de género es una herida abierta en México, y utilizarla para intentar censurar a los comunicadores Ana Luz Solís Frías, Iván Joel Vázquez Huerta y Gabriela García es un insulto a las mujeres que realmente padecen violencia en la arena pública.

La columna "Tenemos que hablar Miguel Arcángel" no hizo más que ejercer un análisis acucioso sobre el actuar de una servidora pública. El hecho de que la regidora viviera en León antes de ocupar el cargo o que sus familiares directos estén incrustados en la nómina gubernamental son datos duros, de interés público y carácter estrictamente político. 

Informar no puede ser un acto "sospechoso". En Guanajuato, la legislación debe proteger la vida y la integridad, pero nunca debe usarse para amordazar la verdad bajo el pretexto de una "sensibilidad de género" malentendida. 

La regidora Diana Lino Baena olvidó que el escrutinio público es parte intrínseca del cargo por el que cobra y representa a los ciudadanos; si la exhibición de sus vínculos familiares y su trayectoria le parece "incómoda", el problema no es el periodista que lo señala, sino la falta de ética o la debilidad de los argumentos de quien ostenta el poder.

La sentencia del TEEG puntualiza que los periodistas gozan de una presunción de licitud en su actividad. Este es un concepto fundamental que los políticos en Guanajuato parecen ignorar: el periodista no tiene que probar su inocencia cada vez que publica una verdad incómoda; es el denunciante quien debe probar, con rigor, que hubo una violación a la ley. 

En este caso, la duda siempre debe favorecer a la libertad de prensa. La resolución deja claro que el uso de declaraciones incómodas es parte del debate público y que las figuras políticas tienen un umbral de tolerancia mucho más alto que el ciudadano común, precisamente por la naturaleza de su encargo.

El caso de News San Miguel pone de relieve una táctica cobarde: el hostigamiento judicial. Al alargar investigaciones por meses y obligar a los comunicadores a defenderse de cargos espurios, los organismos electorales se convierten en cómplices de la censura por cansancio. 

Es imperativo que el IEEG revalúe sus prioridades. La estructura electoral debe estar para vigilar la democracia, no para servir de garrote a regidores que no saben lidiar con la opinión pública.

El llamado a la responsabilidad

Llamemos a las cosas por su nombre: lo de la regidora fue un intento de censura judicial. Fue un uso faccioso de las leyes de género para intentar borrar del mapa informativo una crítica legítima. La sentencia del TEEG no solo absuelve a tres periodistas, sino que rescata el sentido común en la aplicación del derecho electoral. Guanajuato no necesita funcionarios que se escondan tras victimizaciones de papel; necesita representantes que respondan por sus actos y por la gente que colocan en la nómina.

Hoy, la libertad de expresión respira en San Miguel de Allende, pero la vigilancia sobre los órganos electorales que se prestan a estas farsas debe ser más férrea que nunca. No permitiremos que la lucha legítima de las mujeres por la igualdad sea utilizada como moneda de cambio para el silencio y la opacidad. 

La verdad, aunque incomode a la regidora Lino, seguirá circulando mientras existan periodistas con la valentía de exhibirla y tribunales con la entereza de protegerla. El mensaje es claro para la clase política: el género se respeta, el nepotismo se denuncia y la prensa se defiende.

Esta información no solo le da la razón a la sentencia del Tribunal Electoral, sino que desnuda una dinastía de la opacidad que se extiende como un cáncer burocrático entre San Miguel de Allende y Celaya. Lo que señala la periodista Ana Luz Solís en su columna "Tenemos que hablar Miguel Arcángel" no es un ataque de género; es una radiografía del "chapulinismo" y el nepotismo en su estado más puro.

El "Turismo de gorra", Carlos Olvera en Celaya

Resulta insultante para la ciudadanía de Celaya que la dirección de Turismo —un área vital para la reactivación económica y la imagen de una ciudad golpeada por la inseguridad— esté en manos de un personaje con los antecedentes que se le atribuyen.

Si los señalamientos sobre su salida de PROFECO en Aguascalientes por "malas prácticas" son ciertos, estamos ante un funcionario que no busca servir, sino servirse.

El hecho de que se le señale por "gorrear" en los establecimientos locales bajo el escudo de su cargo no es solo una falta de ética; es una extorsión velada hacia el sector que debería estar protegiendo y promoviendo. Un director de Turismo que espera que todo sea gratis es un lastre para el gremio restaurantero y hotelero.

La columna toca una fibra sensible: la falta de arraigo. Si Carmín Lino vivía en León meses antes de ser regidora en San Miguel de Allende, estamos ante una imposición cupular que ignora las necesidades de los sanmiguelenses.

El escudo de género como distracción: Ahora queda claro por qué la regidora intentó judicializar la columna. No le dolió la "invisibilización", le dolió la exhibición de su árbol genealógico en la nómina.

El hijo "bendecido": Que el hijo de la pareja tenga un sueldo del erario y pase el día "arranado" en la oficina de su madre es el epítome del descaro. Es una burla para miles de jóvenes preparados en Guanajuato que no encuentran empleo por no tener el apellido "adecuado".

Este caso demuestra cómo ciertos grupos de Morena —un partido que llegó al poder con la bandera de "no robar, no mentir y no traicionar"— han replicado las peores prácticas del viejo régimen.

-Sueldos como botín: Ven las regidurías y las direcciones no como espacios de gestión, sino como una caja chica familiar.

-Incompetencia compartida: El señalamiento de que el gobierno de Juan Miguel Ramírez en Celaya ha llegado con "gente sin experiencia ni capacidad" se confirma al ver perfiles como el de Olvera al frente de carteras estratégicas.

Lo que Ana Luz Solís describe no es periodismo de espectáculos; es periodismo de denuncia sobre el desvío de fines del poder público. Carlos Olvera y Carmín Lino representan esa clase política "vividora" que no tiene ideología, sino hambre de presupuesto.

"La dignidad política no se compra en el mercado de Cañitos, y por lo visto, en esta familia ni siquiera saben a qué sabe": Ana Luz Solís.

Es patético que, ante señalamientos tan directos sobre el uso del erario para mantener a su hijo y sobre su conducta errática en puestos anteriores, la respuesta de la regidora haya sido ir al Tribunal a decir que "la minimizan por ser mujer". Minimizar la política es lo que ellos hacen al convertir un Cabildo y una Dirección de Turismo en una extensión de su sala de estar.

Celaya y San Miguel de Allende merecen funcionarios que paguen su cuenta, que tengan arraigo y que no necesiten que el Tribunal Electoral les limpie la cara cuando la verdad les salpica. #MetroNewsMx

-Tras ocho años de militancia, la diputada Luz Itzel Mendo renuncia al PVEM en Guanajuato, denunciando una ruptura con la dirigencia estatal por defender su postura en favor de la vida.

-El voto de Mendo González fue el factor decisivo que frenó la despenalización del aborto en el Congreso local, dejando una votación de 19 contra 17 que envió la iniciativa al archivo.

-La salida de la legisladora del Distrito XVII evidencia la fragilidad de las alianzas ideológicas frente a temas de conciencia y el choque entre agendas partidistas y convicciones.

La política en Guanajuato ha dejado de ser un ejercicio de consensos para convertirse en un campo de batalla donde la disciplina partidista suele aplastar la libertad de conciencia. La renuncia de la diputada Luz Itzel Mendo González a la militancia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no es solo un trámite administrativo o un cambio de siglas; es la radiografía de una fractura profunda entre la identidad personal de los representantes y las agendas impuestas por las cúpulas.

Mendo González, una figura que escaló desde la dirección del Instituto de la Mujer en Apaseo el Grande hasta una diputación de mayoría, ha decidido dar un paso al costado tras ocho años de trayectoria. El motivo de fondo es claro y se aleja de los eufemismos: su rechazo rotundo a la despenalización del aborto en el estado, una postura que chocó frontalmente con la línea dictada por la dirigencia estatal del PVEM, encabezada por Virginia Magaña Fonseca.

El contexto legislativo es determinante. En una sesión que quedará marcada en la historia parlamentaria del estado, el Congreso de Guanajuato rechazó la propuesta de legalizar la interrupción del embarazo con una diferencia mínima: 19 votos a favor del rechazo y 17 en contra. El voto que inclinó la balanza fue el de Mendo. Al negarse a tratar el aborto como "un servicio más", la legisladora no solo ejerció su voto; firmó su sentencia de salida de un partido que, a nivel nacional y estatal, ha intentado mimetizarse con una progresividad que sus propios cuadros no siempre comparten.

Desde una perspectiva legal y política, el caso de Mendo pone sobre la mesa el debate sobre el mandato imperativo versus el mandato representativo. En México, los legisladores se deben a sus electores, no exclusivamente a sus partidos. Sin embargo, la realidad pragmática muestra que disentir de la "línea" conlleva el ostracismo. La diputada denuncia un distanciamiento evidente y señalamientos públicos por parte de su dirigencia tras su voto, lo que en el argot político local se traduce como una purga por falta de sumisión.

El impacto comunitario y cultural en Guanajuato es innegable. Este estado se mantiene como uno de los bastiones más conservadores del país, donde la defensa de la vida desde la concepción es una bandera que aún moviliza a grandes sectores sociales. Mendo, al actuar conforme a lo que ella denomina "convicción de ejercer el cargo con congruencia", ha validado el sentir de una parte considerable de su distrito en el XVII, pero al mismo tiempo ha encendido la ira de los colectivos que buscaban convertir a Guanajuato en la entidad número 23 en despenalizar el aborto.

Llamemos a las cosas por su nombre: el Partido Verde en Guanajuato atraviesa una crisis de identidad. Por un lado, busca aliarse con fuerzas de izquierda para asegurar su supervivencia electoral y, por otro, se enfrenta a la realidad de sus propios perfiles, muchos de los cuales poseen raíces ideológicas que no compaginan con el pragmatismo de sus dirigentes. La salida de Mendo deja al PVEM con un vacío de representación real y con la etiqueta de una institución que privilegia la agenda política por encima del respeto a la pluralidad interna.

La conclusión editorial es contundente: la democracia se fortalece cuando el legislador recupera su voz frente al aparato del partido. Luz Itzel Mendo ha preferido la orfandad partidista a la claudicación de sus principios. Este movimiento garantiza que el tema del aborto no se retome hasta septiembre, otorgando un respiro a los sectores conservadores y obligando a los partidos a replantearse si sus candidatos realmente representan la plataforma que dicen defender. En Guanajuato, la política de principios sigue cobrando facturas altas, y hoy, el costo fue la permanencia de una diputada en las filas del tucán.

Virginia Marie Magaña Fonseca

Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal PVEM en Guanajuato

PRESENTE:

Por este medio informo que presento mi renuncia a la militancia del Partido Verde Ecologista de México tras ocho años de trayectoria y después de una reflexión seria, profunda y responsable.

Durante ocho años formé parte de este instituto político. En ese tiempo fui candidata a diputada local, directora del Instituto de la Mujer en el municipio de Apaseo el Grande, regidora representando al partido y actualmente diputada local de mayoría en Distrito Local XVII. Agradezco al Partido Verde el espacio y las oportunidades que me permitieron servir a la ciudadanía y construir una trayectoria pública.

La representación popular exige coherencia entre las convicciones personales, la agenda que se defiende y la ruta institucional que se respalda.

Con el paso del tiempo se han hecho evidentes diferencias de fondo en temas sustantivos que forman parte de mi identidad política y del compromiso que asumí frente a quienes me otorgaron su confianza. Particularmente en asuntos relacionados con la defensa de la vida y otros principios que he sostenido con claridad y transparencia.

Desde que ejerció mi voto conforme a mis convicciones y las de la ciudadanía a quien represento, se generó un distanciamiento evidente por parte de la dirigencia estatal; más allá de la diferencia legítima de posturas, se optó por el señalamiento una decisión basada en principios y en la convicción de ejercer el cargo con congruencia.

Mi reconocimiento y gratitud al Partido Verde como institución permanecen. Las diferencias son claras y específicas con la conducción actual en el estado, que ha optado por una agenda y una narrativa que no coincide con los principios que represento.

Continuaré desempeñando mi función legislativa con responsabilidad, apertura al diálogo y respeto a todas las fuerzas políticas, privilegiando siempre el interés público por encima de cualquier interés partidista.

La democracia se fortalece cuando las decisiones se toman de frente, con claridad y congruencia.

Hoy concluye una etapa. Continúo trabajando por Guanajuato con la misma determinación y compromiso de siempre.

Atentamente

(Firma)

Luz Itzel Mendo González

Diputada local Distrito XVII

Sello de recibido: PARTIDO VERDE. Fecha: 25/02/2026.

-El abatimiento del Mencho no fue un triunfo de la estrategia nacional, sino el resultado de un ultimátum humillante de Washington.

-Héctor Berrellez revela que agencias como la CIA y la DEA mantienen un control operativo total sobre los objetivos de alto impacto.

-La presidenta Sheinbaum fue colocada entre la espada y la pared: o actuaba el Estado mexicano o las tropas de Trump invadían el suelo.

-Manuel Bartlett Díaz es señalado directamente como el enlace histórico entre la CIA y los intereses más oscuros del narcotráfico.

-La sombra de la Operación Leyenda proyecta una realidad aterradora: la colusión histórica entre la CIA y los cárteles de la droga.

-El ex agente asegura que existe inteligencia de que figuras del gabinete actual y expresidentes han sido financiados por el narco.

-La corrupción en las altas esferas militares mexicanas impide cualquier victoria real; los generales protegen a quienes deben cazar.

-Estados Unidos no utiliza su vasta información para hacer justicia, sino para chantajear y doblegar a la clase política de México.

-El caso Camarena sigue siendo una herida abierta que demuestra cómo el gobierno americano sacrifica agentes por intereses sucios.

-Se cuestiona la versión oficial sobre la muerte del Mencho: ¿fue un operativo legítimo o un asesinato para silenciar confesiones?

-Berrellez denuncia que Caro Quintero no tiene cargos en EE. UU. por el asesinato de Camarena para evitar que la CIA sea expuesta.

-México es visto internacionalmente como un país controlado por el crimen organizado, perdiendo todo respeto en la arena diplomática.

-La estructura delictiva sobrevive gracias a los políticos corruptos que crían narcos para sostener sistemas de poder y de control.

-El fentanilo ha causado más muertes en EE. UU. que la guerra de Vietnam, lo que justifica para Trump la etiqueta de terrorismo.

-La seguridad nacional de México es una ficción mientras la inteligencia extranjera sea la que dicte quién vive y quién debe morir.

-Reconoce la existencia de jueces norteamericanos corruptos y que han sido aprehendidos

La reciente caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ha sido presentada por la narrativa oficial como un hito de la administración de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, las revelaciones del ex agente de la DEA, Héctor Berrellez, en entrevista con Adela Micha, desmantelan esta puesta en escena para mostrar una realidad cruda y vergonzosa: México no actuó por voluntad soberana, sino bajo la bota de un ultimátum estadounidense. La afirmación de Berrellez es tajante: "O actúas tú o actuamos nosotros". Esta sentencia no solo liquida la idea de una estrategia de seguridad autónoma, sino que confirma que la política criminal en México se dicta desde las oficinas de Washington y se ejecuta bajo amenaza de invasión.

El análisis de Berrellez, veterano de la Operación Leyenda, no es el de un espectador, sino el de alguien que conoce las cloacas donde se funden la política y el crimen. Según su testimonio, la presidenta Sheinbaum fue arrinconada por Donald Trump y Marco Rubio. La inteligencia que permitió la ubicación del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no fue fruto de las instituciones mexicanas, sino una entrega masticada de la CIA, el FBI y la DEA. Aquí se desvela el primer gran fracaso del Estado: su ceguera voluntaria. Las agencias estadounidenses sabían desde hace años la ubicación del Mencho, pero guardaron la carta para el momento político oportuno, utilizándola como un mecanismo de presión para doblegar a la nueva administración.

El impacto social de estas revelaciones es devastador. Se nos dice que el país está en un proceso de transformación, pero la estructura medular que sostiene al narcotráfico permanece intacta: la narcopolítica. Berrellez es implacable al señalar que el problema no son los narcos, sino "quienes los crían", refiriéndose a una clase política y militar que ha hecho del soborno su principal fuente de ingresos. La mención de que generales del ejército protegen activamente a los capos no es una novedad, pero que se diga con tal seguridad que la presidenta está "entre la espada y la pared" porque su propio gabinete y cúpula militar podrían estar infiltrados, coloca a la seguridad nacional en un estado de indefensión absoluta.

El contexto histórico aportado por la Operación Leyenda sirve como un espejo deformante de lo que ocurre hoy. La muerte de Enrique "Kiki" Camarena en 1985 no fue solo una ejecución del Cártel de Guadalajara, sino, según Berrellez, un crimen político donde la CIA estuvo involucrada para proteger el financiamiento ilegal de la contra nicaragüense con narcodólares. El señalamiento directo a Manuel Bartlett como el enlace entre la CIA y los carteles no es solo un golpe al pasado, sino una crítica feroz al presente, dado que Bartlett ha sido una figura protegida por el sistema político actual. Esta continuidad del horror sugiere que los nombres de los capos cambian, pero los facilitadores en el poder son los mismos.

México es hoy un país bajo tutela. La supuesta victoria contra el CJNG es una cortina de humo que esconde la incapacidad del gobierno para purgar sus propias filas. Si la presidenta actuó "obligada", como afirma la fuente, entonces el Estado mexicano ha renunciado a su función primordial de garantizar orden por convicción, limitándose a reaccionar ante amenazas externas. 

Además, Berrellez arroja una duda razonable sobre la forma en que murió el Mencho, sugiriendo un posible asesinato extrajudicial para evitar que hablara, similar a lo ocurrido con Arturo Beltrán Leyva. Un muerto no testifica; un muerto no señala a los generales que le daban paso libre; un muerto no revela qué políticos recibieron sus maletas de dinero.

La conclusión es amarga. Mientras Estados Unidos utilice la información de inteligencia como moneda de cambio para doblegar voluntades políticas en lugar de buscar justicia en tribunales, y mientras México siga poniendo los muertos en una guerra cuyas órdenes vienen de afuera, la soberanía será solo un discurso para las plazas públicas. La caída del Mencho no es el fin de una era, es el inicio de una fase de mayor subordinación. El narcoestado no se ha ido; solo ha cambiado de administrador bajo la vigilancia estricta del vecino del norte.

Y justamente para analizar la caída del Mencho y la estrategia de seguridad contra el narcotráfico en México implementada, perdón, presidenta, pero con su administración, es que nos vamos a enlazar ahora con Héctor Berrellez. Él es un exagente de la DEA les decía, pero además uno de los hombres a los que le tocó en su momento investigar muy de cerca detrás de la muerte de Enrique el Kiki Camarena, esto que se le llamó la Operación Leyenda. Héctor, ¿qué tal? Buen día.

Buenos días. Mucho gusto estar con usted. Un placer estar con ustedes.

Igualmente, igualmente, Héctor. Bueno, pues ya hablaremos de la Operación Leyenda, pero ahora me gustaría preguntarte como exagente de la DEA y que sigues pues siempre muy de cerca todo esto que ocurre en nuestro país y que tiene que ver con esta relación México-Estados Unidos. ¿Cómo viste el operativo de la caída del Mencho?

La caída del Mencho. Ah, son muy buenas noticias. Hay que terminar con todos los narcos, desmantelar todos los carteles. Mis respetos al presidente Trump, mis respetos a la presidenta Sheinbaum, pero mis más respetos a los militares y a los policías que intervinieron en este evento tan significante.

Héctor, el operativo en sí mismo, ¿qué te pareció? Porque ayer el presidente Trump dijo pues casi casi que él había sido el autor de este operativo, cuando lo que sabemos en México es que sí hubo colaboración por parte de Estados Unidos solamente con inteligencia que quizá sin ella no se hubiera podido dar el operativo.

Hay que decirlo. Para mi conocimiento y mi experiencia me dice, y lo sé, que tuvo mucha participación la DEA, el FBI y la CIA en este evento. No participación física, pero participación proporcionando proporcionarle a México pues inteligencia a dónde se ubicaba el Mencho en el momento de que fue abatido a balazos, sobre todo con inteligencia.

Ahora, supongo que es un operativo que se hizo en el momento en que se consideró oportuno, pero que ya se venía planeando, ¿no?

Héctor Berrellez: 

Ah, mire, hace tiempo que la DEA y las agencias de inteligencia americanas han sabido dónde está el Mencho. Han sabido y han pedido ayuda, pero hasta ahora que pusieron a esta Claudia Sheinbaum, a la presidenta de México, entre la pared y la espada, se tuvo que llevar a cabo este evento porque Donald Trump y las agencias americanas, tanto como el secretario de seguridad aquí, Marco Rubio, la presionaron. Le dijeron: "O o actúas contra el Mencho o actuamos nosotros". Entonces fue a más obligada a tomar pues ejercimiento contra el Mencho porque si no lo hubiera hecho Donald Trump iba a entrar con tropas y no iba a ser Donald Trump. Inclusive hace una semana Donald Trump en una prensa que dio dijo que la presidente Sheinbaum era muy buena mujer pero que les tenía mucho temor a los carteles.

Sí, sí.

Y hay que tenerle temor a los carteles, Adela, por esto: porque los carteles controlan a muchos de los generales militares. Es decir, los sobornan a generales militares que los están protegiendo, tanto como la presidenta Sheinbaum sabe de que dentro de su mismo gabinete existen políticos, gobernantes, que están recibiendo dinero o estaban recibiendo dinero del Mencho.

Eh, a ver, yo insisto, es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Héctor, ¿se puede acabar con el narcotráfico y se puede acabar con los carteles en México?

Sí se puede acabar, pero la única manera de acabar con los carteles es acabar con los que protegen a los carteles. No más en México, Adela, aquí también en los Estados Unidos existe mucha corrupción. Y por mientras los mandatarios, los gobernantes, se dejen sobornar, se dejen controlar y se dejen mandar inclusive por estos narcos, no va a acabar nunca. El problema no son los narcos, el problema son los que crían a los narcos, que son los corruptos políticos.

¿Qué información tiene Estados Unidos? ¿Qué información? Eh, yo sé que tú tienes muchos contactos hasta el día de hoy, Héctor, pero se dice mucho que Estados Unidos tiene un montón de información de muchos políticos mexicanos, de la clase política mexicana, le llaman los narcopolíticos. Pero en realidad, ¿qué información tiene Estados Unidos sobre México en ese sentido?

Tienen mucha información. Inclusive se dice que está cooperando este el Mayo Zambada con el gobierno americano, que Caro Quintero también está cooperando. El que el que no ha cooperado, y no sé por qué, es García Luna. Pero que los Estados Unidos, las agencias antinarcóticos aquí en Estados Unidos, tienen mucha información. Tienen mucha información.

¿Y qué hacen con esta información? Porque es información que no conocemos en México. Luego allá se convierte en una especie de testigos protegidos, tienen algunas prebendas, ¿no?, algunas mejoras en condiciones de prisión, etcétera. Pero, ¿qué hacen con esta información?

Héctor Berrellez: 

Lo que hacen con esta información, muchas veces lo que deberían de hacer... voy a decir primeramente lo que deberían de hacer, es ir ante un gran jurado y sacar la aprehensión para esta gente. Pero muchas veces los políticos usan información para amenazar a otro político, para doblegar, por ejemplo, a políticos mexicanos, colombianos, de otros países, diciendo: "Mira, tenemos información de que tú estás recibiendo dinero, si no quieres que actuemos contra ti entonces coopera con los Estados Unidos". Entonces es lo que hacen con la información. No siempre se lleva la información a un gran jurado, a una corte pues para hacerlo. Lo que deben de hacer es sacar la aprehensión. Sabemos, y hay mucha inteligencia, de que varios expresidentes mexicanos estaban a estaban a recibir sobornos de los narcos. No nomás no nomás se sabe que hay inteligencia de que López Obrador, por ejemplo, agarró dinero de los narcos. Hay inteligencia que inclusive Sheinbaum también cuando antes de que fuera presidente fue sobornada por los carteles. Hay información de que Peña Nieto también recibió dinero. Entonces toda esa información la tienen los Estados Unidos y la saben y no siempre la usan como deben de usarla para mi criterio, de llevar esas esas diferencias a una corte y sacar orden de aprehensión para estas personas corruptas.

Ahora, mucho se ha dicho que es México quien pone los muertos, ¿no? ¿Qué qué hemos hecho mal en México que no ha habido una estrategia exitosa para acabar con el narcotráfico y la violencia?

No ha habido operaciones exitosas porque no han querido, por lo mismo que estoy diciendo, por la corrupción. Cuando antes de que entrara la Guardia Nacional, los que se enriquecieron fueron los comandantes de la judicial federal antes. Entonces entra la Guardia Nacional y ¿qué pasa? se comienzan a corromper. ¿Quién? Los generales. Y eso es muy peligroso para una presidenta como Sheinbaum. Porque si los generales apoyando a los narcos se van contra la presidenta, digamos en ejemplo aquí Sheinbaum, la pueden sacar de la oficina o la pueden eliminar también. Entonces ella está, como dije, entre la pared y la espada. 

Ella ella en realidad no sabe para qué lado brincar. Satisfacer a las demandas de Marco Rubio, secretario de acá de los Estados Unidos, o apoyar a Trump o apoyar a los narcos. Y desafortunadamente los narcos tienen mucho dinero y pueden sobornar a casi todos los generales militares. Y ahora es lo que se ha visto, que ahí está el general Cienfuegos, que según lo soltaron acá y que le iban a hacer cargos en México, llega a México y lo reciben como un héroe. No lo llevaron a juicio como prometieron. Igual igual igual ha pasado también en el tiempo pasado con lo de Camarena. Hemos cooperado con ellos diciendo: "Por favor, tenemos evidencias contra el Dr. Álvarez Machain que participó en la tortura de Camarena, por favor cooperen, extradítenlo para acá por la muerte de Camarena". 

Nunca lo extraditaron. Tuvimos que... yo estoy ordenado tomar órdenes de secuestrarlo porque el gobierno de México no cooperaba. ¿And qué pasa cuando se regresa Machain a México? Lo reciben como un héroe. Entonces eso todo hace ver a México como un país corrupto, muy sucio. México ahorita no es respetado. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que México es un país controlado por los narcos.

¿Cuál fue la estrategia que siguió Colombia, por ejemplo, Héctor?

Mire, Colombia sí sí se fue contra Pablo Escobar totalmente. Y mire la guerra que se desató en Colombia cuando Escobar mandó matar a todos los jueces, a todos los fiscales y a todos los policías. Y así va a pasar en México. Ahorita se está desatando este tipo de guerra contra el gobierno corriente. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Le van a echar la culpa a la presidenta. Por eso digo que ella está en una posición bastante delicada. Porque si se va contra los narcos se le pueden echar encima los generales que protegen a los narcos y ella ella va en peligro hasta que la puedan hasta asesinar. Por eso ella no estaba tomando decisiones. Esta decisión se tomó porque fue obligada. Porque yo tengo información que el gobierno americano le dijo: "Ahí está el Mencho, o actúas o actuamos, tú decide".

¿Tú tienes información real de que eso ocurrió?

Sí, tengo fuentes que me están diciendo que eso fue lo que pasó, porque la obligaron. La obligaron. La inteligencia con el donde estaba el Mencho fue americana. Es americana.

Ahora, ¿qué crees que pase? ¿Cuáles van a ser las consecuencias en México con el abatimiento del Mencho?

Héctor Berrellez: 

Mire, la violencia va a seguir hasta que no haya otro jefe de plaza que reemplace al Mencho número uno. O es posible también que siga el Cártel de Sinaloa, cártel oponente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Puede ser que ellos van a agarrar la posición número uno como el cártel más grande de México. Y acuérdense que han estado en guerra el Cártel Jalisco Nueva Generación con el Cártel de Sinaloa manejado por el Flaco Mayo, el hijo del Mayo Zambada. Esas han sido todas las muertes que se han llevado a cabo antes de este evento. 

Sabemos bien de que de que de que el Mencho, al hacerse jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, se unió fíjese con Los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, para hacerle contra al Cártel de Sinaloa. De modo que la guerra va a seguir entre los cárteles. Eso va a seguir y la violencia va a seguir. Lo que tiene que hacer la presidenta es poner juicio, parar toda la violencia en México, insistir que haya orden. Y eso va a durar tiempo y es difícil para que la presidenta, en la posición que está ahorita, está en una posición para mí delicada. Y va a seguir recibiendo presiones por parte de Estados Unidos y de Donald Trump, que pues tiene Trump muchísimo interés en acabar con el narcotráfico, en especial con el fentanilo, ¿no?

Héctor Berrellez: 

Mire, el problema es de que aquí aproximadamente cien mil personas anual se mueren de sobredosis del fentanilo. Okay. En la guerra de Vietnam, en siete años que tuvimos en esa guerra, no se murieron más de cincuenta y ocho mil militares. ¿Cómo es posible de que en los últimos tres cuatro años aquí en los Estados Unidos se estén muriendo de sobredosis más de cien mil personas anuales? Entonces es una pandemia de muerte aquí. Y muchas familias, tanto aquí como en México, sufren que tienen parientes que son drogadictos. 

Y luego hay que también ver todas las gentes, todos los individuos que han muerto de sobredosis, Adela. Aquí meses aquí se están muriendo gente por todos lados de las sobredosis de las drogas. Vea usted por qué Donald Trump con toda razón los nominó Foreign Terrorist Organizations, organizaciones terroristas, porque matan más americanos ellos con las drogas que mataba Osama bin Laden y los enemigos que teníamos allá con los talibanes. La verdad eso está ocurriendo y ya la gente aquí está apoyando mucho a Trump porque están diciendo: "Ya basta, ya basta con tanto muerto aquí en los Estados Unidos, con tanta violencia, con tanto lavado de dinero". Y también voy a decir esto y lo digo sinceramente: aquí también existe la corrupción, aquí también estamos infectados totalmente. 

Aquí también hay gobernantes políticos corruptos. Se han arrestado varios jueces en en el estado de Texas, en este lado, que han que se han comprobado están recibiendo sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación. De modo que la situación no nomás existe en México. Y no voy a decir que los mexicanos todos son corruptos. Los americanos estamos tan corruptos aquí también que le podemos dar lecciones a los mexicanos en corrupción. Vean toda la corrupción, todo el dinero que se está robando aquí de los impuestos. Vea el estado de Minnesota cómo está, está destruido. Ya ya ya ya. Yo no sé cómo no han quebrado el país con tanto robo de impuestos que han ocurrido aquí en los Estados Unidos. Y también aquí hay gobernantes corruptos que protegen a los narcos.

Adela Micha: 

Ahora, vamos a hablar un poco de la Operación Leyenda, porque a raíz de eso es que tú conoces también lo que ha venido ocurriendo en nuestro país y cómo opera Estados Unidos en nuestro país. Eh, la Operación Leyenda buscaba saber qué estaba detrás de la muerte de Enrique Camarena. ¿Qué fue? ¿Cómo fue, Héctor?

Héctor Berrellez: 

Mire, la muerte de Enrique Camarena fue una muerte una muerta una muerte política, perdón. El gobierno americano se asoció con el Cártel de Guadalajara en aquellos tiempos operado por Ernesto Fonseca Carrillo, Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Eran los jefes del cártel entonces de Guadalajara. Cuando yo entré en la investigación, pues yo ya tenía mucha experiencia porque había trabajado en México. Yo ya había visto y vivido la corrupción en México. Yo sabía que en México los narcos no existirían si no tuvieran la protección que tenían del gobierno mexicano. Cuando me asignaron a mí a la investigación, a mí me dieron órdenes de irme contra los narcos. Pero al entrar a la investigación a mí me dijeron que a Camarena lo habían matado por haber participado en las destrucciones de los plantíos de marihuana en El Búfalo. 

El que llevó esa investigación de la DEA era mi compadre Charlie Lugo. Y yo le pregunté a él: ¿cómo qué participación tuvo Kiki Camarena en los decomisos del rancho El Búfalo? Y me dijo: "No participó, Héctor". Pero me están diciendo que a Camarena lo mataron los narcos por su participación en destruir el rancho El Búfalo, los plantíos en el rancho El Búfalo. Dice: "Mentiras" dice. Lo único que hizo Kiki en esa investigación es prestarnos el piloto Alfredo Zavala, que Camarena lo controlaba en Guadalajara, para que volara y tomara fotos de los plantíos de El Búfalo porque nosotros por tierra no podíamos entrar porque estaban todos los caminos bloqueados por el Ejército Mexicano y agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces como no pudimos entrar porque estaban todas las carreteras bloqueadas, pagamos a Alfredo Zavala que él volara, tomara fotos y lo regresara, y lo regresó a Guadalajara y las negativas de las fotos las entregó a Camarena. Camarena las llevó al DF y se las proporcionó al jefe de nosotros en México City. Esa fue la total participación de Camarena en el decomiso de rancho El Búfalo. Entonces yo, como había trabajado en México, digo: bueno, está raro esto que me estén diciendo que esto fue lo que pasó cuando mi compadre Lugo, que fue el que dirigió todo el operativo en El Búfalo, me está diciendo que Kiki ni estuvo presente. 

Esto a mí me puso en duda de que me estaban dando a mí mala información mi mismo gobierno. Entonces comienzo yo a investigar y me enfoqué más en traer testigos que estuvieron presentes cuando Camarena fue interrogado por los según los narcos. Y recluto yo no a uno ni a dos, recluto a tres personas que estuvieron presentes en diferentes tiempos. Primero el primero que recluté fue Jorge Godoy. Al año recluté a René López Romero y a los seis meses después de eso recluté a Ramón Lira, que eran sicarios, eran pistoleros, eran parte de la seguridad de Ernesto Fonseca Carrillo, Caro Quintero y los jefes entonces del Cártel de Guadalajara. Cuando comencé a interrogar me mencionaron que una persona que interrogaba mucho a Camarena era un cubano. Y para mí se me hizo muy extraño, ¿qué negocio está haciendo un cubano en México interrogando con los narcos? Bueno, le pregunté ¿quién es este cubano? Me dieron otro nombre, ¿no?, Félix Rodríguez, Pérez Rodríguez, Max Gómez. Un Max Gómez fue el que participó y es un cubano. Busqué cielo y tierra por ese Max Gómez y no lo hallé en ninguna parte. Entonces por fin me traigo a Ramón Lira y él también me dice que una de las personas que interrogó mucho a Kiki fue Max Gómez. 

Y le digo: ¿quién es él? Él es un agente de la CIA americana de nombre Félix Rodríguez. Entonces abro una investigación en Félix Rodríguez y me doy cuenta que en efectivo fue el mismo Félix Rodríguez que mató o mandó matar al Che Guevara en Bolivia. Entonces comienzo a investigar más y me doy cuenta de que... les pregunto yo a ellos: ¿qué motivo tiene la CIA metido con esto? Entonces recluté a una persona, un americano de la CIA, a Lawrence Harrison que estaba en México, lo recluté y me lo traje para los Estados Unidos también como testigo. Y él me dijo: "Héctor, todo esto es manejado por la CIA. El Congreso no quiso solventar a la guerrilla en Nicaragua y la CIA escondidamente, clandestinamente, se asoció con el Cártel de Guadalajara para financiar a los contras en Nicaragua". Y a la misma vez estando aquí en Los Ángeles se oye de que anda un negrito que se llama Freeway Ricky Ross. Dicen Freeway Ricky Ross y él estaba moviendo mucha cocaína. Y nos damos cuenta que los que le estaban surtiendo cocaína a Freeway Ricky Ross aquí en Los Ángeles eran dos generales del contra, Danilo Blandón y otro que ahorita me acuerdo el nombre. Entonces comencé a investigar yo a estos personajes de los contras que estaban destruyendo mucha coca en el área de Los Ángeles. 

Entonces voy poniendo toda la investigación junta y digo: sí es posible que es cierto de que la CIA se asoció con el Cártel de Guadalajara para agarrar dinero para solventar una guerra no autorizada por el Congreso americano. Entonces me estoy dando cuenta no nomás la participación corrupta del gobierno de México con la participación corrupta de la CIA. Y el que hizo el enlace entre los gobernantes mexicanos y la CIA fue Manuel Bartlett Díaz. Yo quise... Manuel Bartlett Díaz está muy investigado y no viene para los Estados Unidos porque él fue el que enlazó a la CIA americana, porque Manuel Bartlett Díaz es y ha sido siempre informante de la CIA americana, como han hecho otros políticos americanos que trabajan para la CIA, muchos de ellos y la CIA les paga muy buen dinero. Entonces ya me di cuenta yo de que todo estaba sucio de lo de Camarena y lo sigo diciendo Adela, es la verdad, los testigos no están mintiendo, ellos estuvieron ahí. Félix Rodríguez sin duda interrogó a Kiki Camarena y ahí lo traen como un héroe en Miami, entonces no le hacen nada. Y ahora Rafael Caro Quintero ya está en Estados Unidos, fue enviado a Estados Unidos acusado de la muerte de Kiki Camarena. Adela, por favor investiguen eso y sáquenlo a la luz, que a Rafael Caro Quintero no le han hecho cargos por la muerte de Camarena. 

No tiene cargos en Estados Unidos por la muerte de Camarena. Le hicieron cargos de Rico Statues por el narcotráfico y por manejar una organización criminal, pero no le han hecho cargos por la muerte de Enrique Camarena. Inclusive el caso de la muerte de Camarena estaba bajo la jurisdicción del centro distrito de California aquí en Los Ángeles. La orden de aprehensión contra Caro Quintero por la muerte de Kiki Camarena está aquí en Los Ángeles, no en Nueva York, Adela. Entonces lo que no quieren es hacerle cargos de la muerte de Camarena a Caro Quintero porque todo esto que es lo que estoy hablando de la CIA, de Félix Rodríguez, de que Oliver North, todos los gobernantes mexicanos tuvieron juntas con los cárteles de México y usaron los cárteles de México y la droga para financiar la guerrilla en Nicaragua. El gobierno americano en aquellos entonces no quería entrar a una guerrilla en Suramérica porque acabábamos de salir de la guerra de Vietnam y ahí en la guerra de Vietnam perdimos. 

Entonces la gente americana no iba a apoyar entrar a otra guerra y por eso el Congreso americano dijo: "No vamos a solventar ni meternos en la guerrilla en Nicaragua". Pero la CIA, terca, clandestinamente lo hizo y lo hizo con narcodólares. Por eso yo digo y siempre he dicho que yo quiero mucho a México. Todo el mundo dice México corrupto, México sucio, ¿y aquí cómo estamos aquí también? Si siguen tapando una muerte de Camarena y como periodista investiga, investiga por qué no le han hecho cargos formales en Los Ángeles donde existe la orden de aprehensión a Caro Quintero por la muerte de Enrique Camarena.

Pues lo lo vamos a investigar sin duda. ¿Tú esto lo tienes documentado y lo tienes escrito, Héctor?

Héctor Berrellez: 

Todo está documentado, todo ha sido escrito. Más importante Adela que tenerlo documentado, ahí están los testigos, existen. Aquí los tenemos, aquí está Ramón Lira, aquí está René López que estuvo en el levantón de Camarena, él fue con los agentes de la dirección que levantaron a Kiki Camarena enfrente del consulado, él iba en el carro. Aquí está este testigo, aquí está Jorge Godoy. Tenemos no nomás la documentación, aparte tenemos los testigos, testigos que han tomado poligrafía que no están mintiendo. Entonces por eso yo siempre he dicho no voy a aguantar que digan: "Ay México corrupto y México sucio". ¿Y nosotros acá qué somos? ¿No estamos corruptos cuando estamos protegiendo eso, que nos metimos a solventar una guerra con narcodólares?

Adela Micha: 

Pues sí, la misma corrupción. Héctor, siempre es interesante conversar contigo y espero regresar contigo próximamente y seguir comentando todos estos asuntos. Vamos a ver qué consecuencias trae pues el abatimiento del Mencho, ¿no?, que se antojaba difícil que fuera una operación en la que resultara detenido que no muerto el Mencho, Héctor.

Mire, a lo que tienen que enfocarse, yo digo, es en investigar si no lo asesinaron al Mencho. Porque obviamente al gobierno de México corrupto, a los corruptos de México, no les convenía que viviera el Mencho. Hay que investigar cuáles eran las heridas que tuvo él en el incidente y si en realidad no lo mataron en camino a Guadalajara donde lo llevan al hospital. Porque también se sospecha que hicieron lo mismo cuando mataron a Arturo Beltrán Leyva. La Marina luego enseñó fotos de Arturo Beltrán Leyva donde estaba sin pantalones, en calzoncillos y todo baleado. Entonces si para mí como investigador si veo a una persona así en calzoncillos, sin camisa, baleado, eso me indica a mí que esa persona fue asesinada, que no se resistió.

Pues exacto. Y eso tienen que investigar bien allá los periodistas mexicanos porque mucho no se ha dicho de cómo fue en realidad, cómo respondieron, se ha dicho pero de manera muy superficial.

Mire, yo lo voy a decir nada más la verdad. Es un placer haber estado con ustedes y muchas gracias. Aquí voy a estar para servirle cuando quieran hablar conmigo.

Estaremos en contacto si me permites. Muchas gracias. Un abrazo, Héctor.

#MetroNewsMx

-La cerrazón burocrática en la sede Celaya de la UPN 112 ante el reclamo de títulos en San José Iturbide evidencia un colapso ético y administrativo.

-El uso de guardias privados para filtrar el escrutinio periodístico transforma a la universidad pública en un búnker de opacidad.

-Tres años de omisión en la entrega de títulos profesionales constituyen una violación flagrante al derecho humano a la educación y al trabajo.

Directivos de la Unidad 112 de la UPN en Celaya mantienen un muro de opacidad y evasión a responder a cuestionamientos serios sobre el caso de San José Iturbide, sobre el tema de presunta omisión de entrega de títulos a egresados de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 112 extensión San José Iturbide.

La vigilancia privada en el acceso de la Unidad 112 de la Universidad Pedagógica Nacional en Celaya, cuestiona al periodista sobre que se le ofrece. El periodista se identifica y le responde que se desea dialogar con la directora del plantel, Mtra. Patricia Valadez Ramírez. o en su caso, con la subdirectora Maestra María Imelda Valencia López; el vigilante llama vía teléfono interno con las oficinas, comenta sobre el particular y la respuesta es: "no está la directora". 

Se insiste en dialogar con otra persona, en este caso la subdirectora, y la respuesta es: "está ocupada". Se le vuelve a decir al vigilante la gravedad del asunto: se está acudiendo a pedir información sobre el presunto caso de no entrega de títulos, desde hace tres años, a la extensión San José Iturbide.

El vigilante, a insistencia del periodista de que no había inconveniente en esperar, y le pide el guardia que espere en la calle. Ante esta actitud se le insiste, vuelve a hablar, y una secretaria de nombre "Adi" -dicho por el mismo vigilante en su llamada a las oficinas- es enfática y el guardia le dice al periodista: "no puede entrar".

Esta escena no es un simple malentendido de oficina; es una radiografía de la opacidad institucional y el desprecio por la rendición de cuentas en el sistema educativo de Guanajuato. 

El episodio descrito en la entrada de la Unidad 112 de la Universidad Pedagógica Nacional en Celaya no es un hecho aislado, sino una manifestación técnica de la obstrucción informativa. Cuando una institución educativa financiada con recursos públicos utiliza a la vigilancia privada como escudo para evitar responder sobre la presunta retención de títulos profesionales —un proceso que suma ya tres años de retraso—, la universidad deja de ser un espacio de saber para convertirse en un ente de encubrimiento.

Es una táctica común en administraciones bajo sospecha: delegar la negativa a un tercero sin autoridad académica. El guardia de seguridad, al cumplir órdenes de la oficina de la Mtra. Patricia Valadez Ramírez, se convierte en un agente de censura previa. 

La respuesta "no está" o "está ocupada" ante un tema de gravedad extrema —la vida profesional de egresados de la extensión San José Iturbide— es una salida que falta a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El periodista no busca un favor personal, sino el cumplimiento de una obligación oficial.

La mención de una secretaria que, desde la comodidad de una línea interna, ordena que el periodista "espere en la calle" y finalmente decreta un "no puede entrar", revela una estructura de mando que ha normalizado la vulnerabilidad del usuario.

Si la administración de la Unidad 112 no tiene nada que ocultar respecto a la crisis de los títulos en la sub sede de San José Iturbide, la respuesta natural sería la apertura. La cerrazón solo confirma la sospecha: existe un desorden administrativo o, peor aún, una negligencia jurídica que no saben cómo explicar.

Retener un título por tres años es secuestrar el futuro laboral de un docente. En el contexto legal de Guanajuato, este acto puede tipificarse como un daño al patrimonio y a la integridad profesional de los afectados. La extensión San José Iturbide parece haber sido tratada como una "sucursal de segunda", donde la sede Celaya cobra y gestiona, pero no responde por los resultados académicos finales.

La conclusión es clara y contundente: la UPN 112 en Celaya atraviesa una crisis de legitimidad. El hecho de que sus directivas, Valadez Ramírez y Valencia López, evadan su responsabilidad de ofrecer una postura oficial tras un mostrador de vigilancia y una secretaria enfática, demostraría que la institución  vulnera los principios de transparencia y servicio público. Una universidad que no puede entregar títulos en tiempo y forma, y que además expulsa a la prensa a la vía pública, es una institución que ha fallado a la sociedad.

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) no puede seguir siendo cómplice por omisión. Es necesario que se abra una auditoría externa inmediata sobre el estado de las actas de examen y los procesos de emisión de cédulas en la extensión San José Iturbide. La educación no termina en el aula; termina en la entrega del documento que acredita el esfuerzo, y hoy, ese documento es un rehén de la burocracia en Celaya.

Esta escena no es un simple malentendido de oficina; es una radiografía de la opacidad institucional y el desprecio por la rendición de cuentas en el sistema educativo de Guanajuato. A continuación, presento el análisis editorial bajo el rigor y la estructura solicitada.

De acuerdo con la información cartográfica, la distancia desde la Unidad 112 de la UPN en Celaya -ubicada en Av. Irrigación- hasta el centro de San José Iturbide es de aproximadamente 100 kilómetros, con un tiempo de traslado estimado de 1 hora y 22 minutos por la carretera México 45D y el libramiento norponiente de Querétaro.

Si el origen del traslado fuese de municipios más alejados del noreste como Xichú o Santa Catarina, el trayecto supera los 210 kilómetros, traduciéndose en más de 4 horas de viaje de ida y otras 4 de regreso, cruzando la Sierra Gorda.

Si el periodista que buscaba la entrevista y la información, hubiera sido de la prensa nativa en San José Iturbide y acude a la sede de la Unidad 112 -para tener información presencial y no vía telefónica- tendría que haber viajado 100 kilómetros (o más) para buscar una declaración oficial, para al final recibir solamente la respuesta institucional: "venga otro día" o "está ocupada".

Ante una situación así, no se estaría ante una falta de agenda, sino ante un acto de negligencia administrativa. Pedir a un profesional de la comunicación que invierta tres horas de carretera y gastos de traslado para encontrar un búnker cerrado es una táctica de desgaste deliberado. 

Es la apuesta de la institución por el silencio, esperando que la distancia geográfica funcione como una barrera natural para el escrutinio público. Es, en esencia, una falta de respeto al derecho a la información y al ejercicio periodístico.

Si se cambia el escenario y el caso hubiera sido el de un alumno proveniente de Tierra Blanca, Victoria o Xichú, acompañado por sus padres -quienes probablemente han costeado con sacrificio esa educación-, recibiendo el mismo trato que el periodista, es una violencia institucional incalificable.

Para una familia del noreste, acudir a Celaya no es un trámite sencillo; representa un gasto económico significativo y la pérdida de una jornada laboral. Que se les impida la entrada y se les deje "en la calle" después de haber esperado tres años por un título, es una humillación.

La UPN 112 estaría tratando a sus egresados como "clientes molestos" y no como profesionales formados en sus aulas.

Existe un "centralismo cruel". La sede en Celaya ejerce el poder administrativo, pero desprecia la realidad de sus extensiones en las zonas más alejadas y necesitadas del estado.

Que la Mtra. Patricia Valadez Ramírez o la Mtra. María Imelda Valencia López presuntamente no reciban a un alumno -de darse el caso- que viaja desde la Sierra Gorda para preguntar por su título profesional —el cual es la culminación de años de esfuerzo— podría ser un síntoma de deshumanización burocrática. Un título no es un favor; es una obligación legal de la universidad. Si el tratamiento dado al periodista de Metro News de querer dejarlo en la banqueta, hubiera sido el mismo al alumno y a sus padres, bajo la vigilancia de un guardia privado, sería convertir un centro educativo en una entidad que parece tener miedo de su propia ineficiencia.

De ser el caso, la UPN 112 en Celaya estaría erigiendo una muralla que castiga la pobreza y la distancia. La administración actual no solo está fallando en la gestión técnica de los títulos; está fallando en la dignidad humana mínima. Si se han dado casos de egresados del noreste del estado de Guanajuato que buscan respuestas tras tres años de espera sería, moralmente, un abuso de autoridad administrativa que debería ser sancionado de oficio por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

Ante la gravedad de los hechos —que incluyen la presunta retención de títulos profesionales por tres años, el maltrato a usuarios y el bloqueo a la labor periodística— es fundamental que los afectados interpongan denuncias formales. En el estado de Guanajuato, existen mecanismos específicos para sancionar la negligencia de funcionarios públicos y la violación de derechos.

Los conductos a seguir para hacer valer la ley: Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC)

Es la instancia estatal encargada de vigilar el desempeño de los servidores públicos. El incumplimiento administrativo -no entregar los títulos- y el maltrato son faltas administrativas.

Se puede presentar queja en línea a través de https://sh.guanajuato.gob.mx/

La otra instancia es la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG)

El derecho a la educación incluye la certificación de la misma. En caso de que se impida el acceso a las instalaciones a personas que viajan desde el noreste -Xichú, Victoria, etc.- y negar información pública a periodistas constituye una violación a los derechos humanos.

El enlace de denuncia es https://www.derechoshumanosgto.org.mx/

La Secretaría de Educación de Guanajuato -SEG-, a través de su Órgano Interno de Control es otro canal de denuncia. Dado que la UPN 112 opera bajo la vigilancia de la SEG en el estado, el Órgano Interno de Control de esta secretaría podría investigar a la Mtra. Patricia Valadez Ramírez y a la Mtra. María Imelda Valencia López.

Enlace para denuncia directa: https://www.seg.guanajuato.gob.mx/

Los afectados podrían presentar la queja abordando los siguientes aspectos.

-Violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas: El retraso de tres años en la entrega de títulos contraviene el principio de eficiencia y legalidad del servicio público.

-Incumplimiento de la Ley General de Educación: Las autoridades universitarias están obligadas a garantizar la certificación de estudios de sus alumnos.

-Discriminación y maltrato: El trato diferenciado y, en caso de darse, la expulsión a la vía pública de ciudadanos provenientes de zonas rurales o alejadas -Sierra Gorda- atenta contra la dignidad humana.

-Obstaculización a la Libertad de Expresión: Negar el paso a un periodista para evitar cuestionamientos sobre un tema de interés público es una forma de censura indirecta.

Para los alumnos del noreste -San José Iturbide, San Luis de la Paz, Xichú, etc.-, lo más efectivo es presentar una Queja Colectiva. Una denuncia firmada por 10, 20 o 50 alumnos tiene un peso legal mucho mayor ante la STRC y la SEG, obligando a una intervención inmediata en la Unidad 112 de Celaya. #MetroNewsMx