- El ISSSTE Celaya prometió remodelar el estacionamiento el 1 de octubre, obligando a quitar techumbres, pero la obra jamás inició.
-Denuncian graves fallas: insumos insuficientes, goteras en áreas críticas, plagas en cocina y pésima calidad en reparaciones.
-Trabajadores fueron obligados a desmontar sus propios tejabanes bajo amenazas, soportando abusos de la autoridad del hospital.
-Visitas de altos funcionarios como Martí Batres solo sirven para maquillar el hospital, ignorando los problemas reales de fondo.
-Acusan evidente colusión del SNTISSSTE con la administración local, replicando comunicados oficiales que encubren la crisis.
En la clínica hospital del ISSSTE en Celaya, Guanajuato, el delegado del Sindicato Nacional Progresista de Trabajadores del ISSSTE, Manuel Olvera, exhibió en entrevista a Metro News una serie de graves anomalías institucionales, señalando que se estaría incurriendo en simulación y obras incumplidas que afectan tanto al personal como a los derechohabientes.
Los hechos se dieron a conocer este dos de octubre de dos mil veintiséis, luego de que las autoridades emitieran un comunicado oficial firmado por el subdelegado de administración, Alan Manuel Castillo Alcántara, en el cual se ordenaba a los empleados retirar sus techumbres particulares bajo la promesa de iniciar la remodelación del estacionamiento el pasado primero de octubre, fecha que transcurrió sin que se iniciara ningún trabajo de construcción ni se viera personal laborando en el sitio.
El dirigente sindical detalló que esta situación evidencia un abandono prioritario, ya que mientras se priorizan anuncios estéticos similares a los realizados durante visitas previas de funcionarios federales como Martí Batres, (https://www.metronewsmx.com/2026/06/marti-batres-le-incumplio-celaya-la.html ) el hospital enfrenta carencias críticas como fallas en equipos de extracción e inyección de aire, deficiencias en la cocina, falta de insumos de curación y graves goteras en áreas sensibles como urgencias y pediatría, problemáticas que operan en detrimento de la base trabajadora y de la seguridad de los usuarios, situación que según el representante sindical se ve agravada por una presunta colusión con otro sector gremial para justificar tales omisiones.
La transcripción de la entrevista con Manuel Olvera, por Metro News
Eugenio Amézquita Velasco:
Tengo en la línea telefónica al delegado del Sindicato Nacional Progresista de Trabajadores del ISSSTE, que es uno de los varios sindicatos que existen en el ISSSTE, específicamente aquí para el estado de Guanajuato, Manuel Olvera. Y bueno, Manuel, tengo a la mano dos documentos: uno emitido por uno de los funcionarios del ISSSTE, se trata del licenciado Manuel Castillo Alcántara, subdelegado de administración, y otro emitido por el otro sindicato, donde están anunciando pues una serie de obras y de acciones que se van a hacer en el estacionamiento. Ustedes, desde su postura sindical, ¿cómo interpretan esto y qué es lo que están viendo? Gracias, Manuel.
Manuel Olvera:
Sí, al contrario, gracias. Pues estamos viendo que hay muchas anomalías en cuanto a la forma en que se están manejando las cosas, porque hay muchas prioridades dentro de lo que es el hospital, como se lo hicimos saber en un momento dado también al licenciado Alan Emmanuel, en referencia a carencias de insumos, de material de curación, equipos, fallas en equipos en el funcionamiento de la cocina con bichos, falta de fumigación, equipos de extracción e inyección de aire que no funcionan, tarjas que a raíz de una, se puede decir de denuncia u observación que hicimos, mandaron corregir una tarja, una mezcladora, la cambiaron.
Pero como eso se han hecho muchos trabajos también con mala calidad, se cambió el piso de urgencias que todavía ni lo entregaban y ya había piezas que estaban rotas; a la fecha siguen piezas que están rotas con unos parches también que no se han corregido, no se hace efectiva la garantía con los proveedores, entonces hay muchísimas cosas dentro del hospital, dentro de la clínica que corregir como para ponerse a invertir dinero en algo que realmente de alguna manera se había solucionado, como es el estacionamiento.
Entonces, hay muchos problemas en ese aspecto, hay mucha inconformidad con la gente también porque dijeron que cada compañero que tenía un tejabán o un resguardo de su auto para protegerlo de las inclemencias del clima, del sol, de la lluvia, tenía que quitar su tejabán, porque si no iban a llegar y a tumbárselos todos; dieron una fecha de inicio del trabajo que era el día primero de octubre, cada compañero si no podía, en el caso de ser mujeres, pues tuvieron que contratar quién quitara las estructuras, quitaron todo, ya está todo sin nada, y estamos a hoy día dos de octubre y no se han iniciado los trabajos de la remodelación que comentó la autoridad que tenía contemplados iniciar.
Eugenio Amézquita Velasco:
Este, perdón que interrumpa. Este estacionamiento del que estamos hablando, ¿es estacionamiento exclusivamente para uso del personal?
Manuel Olvera:
Es correcto.
Eugenio Amézquita Velasco:
Bueno, y yo estoy escuchando de las necesidades que tú estás planteando; hablábamos de urgencias, una obra que por ahí se realizó que parece no reúne las condiciones de calidad óptimas desde lo que tú me estás señalando, y otros aspectos que son en el interior del hospital y que de alguna forma también repercutirían en beneficio de los derechohabientes.
Te escucho y me viene a la mente lo que pasó ayer, la marcha de varios trabajadores del Seguro Social en diferentes partes del país, precisamente señalando de que no hay material para hacer su trabajo. Esto, con lo que te estoy escuchando más lo que vimos ayer del seguro, pues pareciera que, como se dice vulgarmente, parece que el ISSSTE tampoco canta mal las rancheras; o sea, también hay carencias, hay prioridades y no se atienden desde lo que estoy entendiendo, ¿o estoy mal?
Manuel Olvera:
Así es, así es, este sí hay muchísimas carencias, muchísimas necesidades también y hay goteras; ahorita en estos tiempos de lluvias, se han salido muchas goteras, se puede apreciar la entrada por ahí cerca de casi frente al laboratorio donde se cayeron algunas piezas del plafón por una gotera que había. Hay goteras también en el área de urgencias, en el hospital, en pediatría; o sea, hay muchos problemas que de verdad son prioritarios que deberían de atenderse cuando se enfocan en otras cosas, o sea, a lo mejor, como yo se lo dije al subdelegado de administración, a lo mejor son cosas que no se ven, pero que a final de cuentas repercuten más en el trabajo y en la atención tanto al personal como a los derechohabientes.
Eugenio Amézquita Velasco:
Oye, a mí me llamó mucho la atención hace unos meses, que fue en marzo, abril, por ahí, no recuerdo con exactitud, que vino el director general del ISSSTE, Martí Batres, y todo el mundo limpiando y todo el mundo arreglando, y los funcionarios ahí, los jefazos, los machuchones, ahí este, pues que todo se viera bonito, así como que un maquillaje, un maquillaje.
Manuel Olvera:
Sí, así es.
Eugenio Amézquita Velasco:
Este, pero pues entonces no ha habido realmente, así como me lo dices, no ha habido algo de fondo, no ha habido algo que realmente, insisto, repercuta no solamente en beneficio de los trabajadores que tú representas y de su seguridad también, sino también de los derechohabientes que finalmente son los que mantienen el ISSSTE con sus cuotas, ¿no?
Manuel Olvera:
Es correcto. Y pues ahora sí que las deficiencias que se ven, pues es no solamente hablando de la derechohabiencia, nosotros como trabajadores también somos parte de esa derechohabiencia y muchas veces, afortunadamente a mí no me ha tocado, pero hay compañeros que les toca vivir esas deficiencias que hay en carne propia, y el comentario generalizado que hay dicen, pues si me toca, o sea, si a mí me está pasando o me están haciendo esto a mí, que se supone que soy de casa, pues qué se puede esperar la gente que viene de fuera también en la atención o servicio que se le puede brindar.
Eugenio Amézquita Velasco:
¿Cuál podría ser la explicación de emitir un comunicado oficial diciendo que va a haber obras y luego las obras no se hacen? ¿Cuál pudiera ser la razón? Digo porque pues, bueno, yo lo veo aquí de dos maneras.
Manuel Olvera:
Sí.
Eugenio Amézquita Velasco:
Una, publicitarse para que vea la gente que están trabajando, pues con algo que de alguna manera se note, que sea visible; y la otra para justificar, porque al momento de hacer un anuncio de que se va a realizar un trabajo, pues es porque tienen definido ya un presupuesto.
Eugenio Amézquita Velasco:
Es que aquí estoy viendo en el último párrafo del documento que emite este subdelegado de administración, el licenciado Alan Manuel Castillo Alcántara, dice: "Por último, se iniciarán trabajos a partir del 26 de septiembre en los cuales se retirará de manera definitiva tubos y techumbres", que es lo que tú me estabas hablando, "faltantes, con el propósito de iniciar con la obra de remodelación del estacionamiento con fecha del 1 de octubre del año en curso". Entonces, pero no inició nada el día primero, no hay nada.
Manuel Olvera:
No.
Eugenio Amézquita Velasco:
No se ven trabajadores ahí escarbando o algo ahí y nada.
Manuel Olvera:
Nada. Y de hecho, los trabajos de retiro de techumbres y todo lo que había ahí, fue por parte de los mismos trabajadores que los obligaron a, o sea, les exigieron que los quitaran.
Eugenio Amézquita Velasco:
Ya.
Manuel Olvera:
Porque si no los quitaban, a final de cuentas, ahora sí que como decían los trabajadores, "es que yo lo puse, a mí me costó"; pues si te costó a ti, les dijeron, "si te costó a ti, quítalo y llévatelo".
Eugenio Amézquita Velasco:
Claro, lo que no sé, la pregunta sería, digo, pregunta ociosa, si pidieron o no permiso para poner esos techumbres, eso también sería otra cosa porque además estaría en la zona federal, pero a reserva de todo, el anuncio aquí dice que la obra de remodelación iba a empezar ayer y no ha empezado.
Manuel Olvera:
Así es, es correcto, no ha iniciado nada.
Eugenio Amézquita Velasco:
Y veo que también el sindicato, insisto, el otro sindicato (SNTISSSTE), también manda un comunicado que casi parece copia fiel de este oficio que, por cierto, no va con copia al sindicato, va dirigido a la Dra. Angélica Mendoza, directora de clínica, y al maestro Óscar Martínez Domínguez, director administrativo de la Clínica Hospital ISSSTE Celaya. Pero no va con copia al sindicato; a lo mejor se enteraron y pues ahí hicieron ellos su oficio para decirles, "miren, hay este aviso, ¿no?".
Este, pues no sé, sí nos gustaría que nos mantuvieras enterados, estimado Manuel, porque como tú bien dices, tú representas a un sector de la parte trabajadora del ISSSTE, y cualquier cosa que se haga bien o mal, finalmente repercute; el problema es que como el trabajador es el primer atendiente al servicio de los derechohabientes, pues cualquier cosa que haga mal la parte de los superiores, pues finalmente ustedes son los que tienen que dar la cara y son los que se llevan los coscorrones y las refrescadas.
Manuel Olvera:
Es correcto.
Eugenio Amézquita Velasco:
Bueno, pues vamos a estar al pendiente. ¿Algo más que quieras agregar, Manuel?
Manuel Olvera:
Este, no, sí hay otras situaciones, pero pues yo creo que vamos a checarlas y a platicarlas con más calma también, porque bueno, hay una colusión por parte del sindicato, por eso es una copia casi fiel del comunicado que saca el subdelegado de administración; entonces, hay mucha colusión por parte del sindicato con él.
Eugenio Amézquita Velasco:
¿Estás hablando del otro sindicato?
Manuel Olvera:
Del otro sindicato, del SNTISSSTE, así es.
Eugenio Amézquita Velasco:
Okay, okay.
Manuel Olvera:
Este, pero sí, sí, sería cuestión de checarlo ya un poco con más calma y platicar las otras situaciones que hay ya con pruebas, pues.
Eugenio Amézquita Velasco:
Perfecto. Bueno, pues te agradezco, Manuel, soy Eugenio Amézquita y esto es Metro News.
-Centro de acopio adeuda más de 1.5 millones de pesos en subsidios a campesinos de Abasolo por sus cosechas de grano Primavera-Verano 2025.
-Representante del centro de acopio faltó a la mesa de diálogo establecida para definir un programa de pagos.
-Apoyo estatal de 150 pesos por tonelada otorgado por la gobernadora está desfasado respecto al adeudo privado por las cosechas.
-Retención de pagos y recursos por parte de administradores aparentaría ser un fraude contra campesinos y gobierno estatal.
-Productores denuncian prácticas de coyotaje e intermediarismo que afectan gravemente sus ingresos y patrimonio familiar.
-Intermediarios aplican descuentos administrativos indebidos a los apoyos gubernamentales entregados a los agricultores.
-Autoridades reconocen que infraestructura entregada para silos sufre manoseo y desvío de fines por intereses particulares.
-Desesperación campesina ante el impago generaría amenazas extremas de protesta como la toma de instalaciones del centro de acopio.
-SECAM fija el 15 de octubre como plazo límite para exigir al centro de acopio una respuesta y programa de pagos urgente.
-Convenio oficial con el centro de acopio mantiene su vigencia fiscal oficial hasta el próximo 31 de diciembre.
-Mismo centro de acopio que adeuda maíz operaría actualmente recibiendo sorgo y pagando al contado, según comentarios de campesinos.
-Secretaría del Campo aclara que carece de facultades punitivas de fiscalía, limitándose a mediación y asesoría jurídica.
-Incumplimiento de convenios oficiales y retención indebida de subsidios estatales configurarían un delito de desviación de recursos.
-SECAM brindará acompañamiento jurídico continuo a los productores para asegurar que las denuncias legales prosperen.
-Autoridades advierten que agricultores no requieren intermediarios ni gestores para solicitar apoyos oficiales directamente.
-Funcionario distingue entre organizaciones campesinas serias y aquellas que lucran indebidamente con la confianza de productores.
-Falta de denuncias formales previas por parte de los afectados impidió a la dependencia actuar de manera oportuna ante el abuso.
-Crisis económica severa afecta el sustento de familias campesinas con deudas acumuladas y situaciones familiares vulnerables.
-Gobierno estatal ratifica su compromiso para evitar una escalada de conflicto social protegiendo los derechos de productores.
-Entrevistado coincide en que vulnerar y engañar a los campesinos del campo guanajuatense es un acto sumamente doloroso.
Productores agrícolas de la región de Abasolo y de diversos municipios dele stado de Guanajuato enfrentan una severa crisis económica y un adeudo prolongado por la comercialización de sus cosechas de grano, correspondientes al ciclo agrícola Primavera-Verano 2025, por parte de la empresa Comercializadora y Forrajes La Ordeña SPRL. Ante este panorama, la Secretaría del Campo (SECAM) del Gobierno del Estado interviene institucionalmente para mediar en el conflicto, luego de que los representantes de la empresa, Claudia Castro González y Raúl Castro, no se presentaran a la mesa de diálogo programada en las instalaciones de la dependencia estatal y asentado el hecho en una minuta.
El conflicto involucra a decenas de campesinos y productores agrícolas de la zona de Abasolo, Pueblo Nuevo, Valle de Santiago e Irapuato; a la empresa privada Comercializadora y Forrajes La Ordeña SPRL; y por parte de la administración estatal, al subsecretario de Recursos Naturales de la SECAM, Alberto Vargas Franco, entrevistado por Metro News. Asimismo, figuran como actores ausentes los representantes de la empresa citada, Claudia Castro González y Raúl Castro.
Los adeudos comerciales y la afectación directa a los agricultores se localizan en el municipio de Abasolo, Gto. y su zona de influencia de acopio, mientras que las gestiones de mediación, mesas de trabajo y comparecencias oficiales se desarrollan en las oficinas de la Secretaría del Campo en Guanajuato.
El incumplimiento en el pago de las cosechas data de los meses posteriores al levantamiento del ciclo agrícola Primavera-Verano 2025. Las reuniones de conciliación y presión institucional, marcada por la inasistencia injustificada de los administradores del centro de acopio, se realizó este 1 de octubre de 2026, destacando la reunión programada donde los particulares decidieron no acudir.
El conflicto estalla debido a que Comercializadora y Forrajes La Ordeña SPRL ha incumplido con el pago correspondiente a las cosechas de grano entregadas por los productores locales, acumulando además un adeudo en subsidios que supera el millón y medio de pesos y sumiendo a las familias campesinas en una situación crítica de endeudamiento.
Aunque el Gobierno del Estado dispersó un apoyo extraordinario de 150 pesos por tonelada a través de un programa del ejercicio fiscal 2026, las autoridades aclararon que este subsidio oficial se encuentra operativamente desfasado respecto al adeudo mercantil privado sostenido entre los productores y el centro de acopio.
Ante la negativa de los representantes de la empresa —Claudia Castro González y Raúl Castro— de asistir a la reunión acordada en minuta bajo diversos argumentos, la SECAM estableció una postura de exigencia directa. La dependencia gubernamental fijó como plazo límite el 15 de octubre para que el centro de acopio cumpla con los pagos atrasados, advirtiendo que, al tratarse de un acuerdo entre particulares con implicaciones sociales y el manejo de recursos e infraestructura vinculados al sector, se brindará acompañamiento jurídico puntual a los afectados para que las denuncias prosperen en las instancias legales correspondientes.
Las intervenciones de la autoridad estatal tienen como objetivo principal evitar una escalada de conflicto social, garantizar la protección de los derechos de los productores del campo guanajuatense, exigir que se honren los compromisos financieros de la comercializadora y asegurar que tanto los apoyos institucionales como el fruto del trabajo de los campesinos lleguen a buen término sin permitir abusos ni intermediarios deshonestos.
La transcripción de la entrevista con el subsecretario de Recursos Naturales de SECAM, Alberto Vargas Franco
Eugenio Amézquita Velasco:
Pues estoy con Alberto Vargas Franco, subsecretario de Recursos Naturales, correcto, de la Secretaría del Campo. Gracias por esta entrevista. Estamos sorprendidos verdaderamente de esto que estamos escuchando de los campesinos.
No lo aseguramos, pero huele a fraude, fraude contra los campesinos, ¿no? Y no solamente a los campesinos, sino también al Gobierno del Estado, porque un recurso, aunque usted me dice que hay plazos todavía, no se ha fenecido el plazo, pero no tiene explicación de un recurso que es para los campesinos usted aguantando y no se los entregue y tampoco les pague sus cosechas, ¿qué va a hacer el Gobierno del Estado ante esta situación y después de esta reunión que tuvieron con campesinos? Gracias, Alberto.
Alberto Vargas Franco:
No, bueno, un gusto. Saludo a tu auditorio. Y aquí de la Secretaría del Campo recibimos hace unas semanas una queja de algunos productores que no habían recibido el pago por sus cosechas. Entonces, a partir de ahí empezamos a darle seguimiento. Y bueno, es un centro de acopio que no ha pagado lo que compró.
Eugenio Amézquita Velasco:
¿Cómo, de dónde es este centro de acopio para ubicarnos, porque centros de acopio hay muchos, pero este de dónde es y quién lo tiene o qué asociación lo tiene o sociedad?
Alberto Vargas Franco:
Bueno, es un centro de acopio que está... acopia de Irapuato, Pénjamo y Abasolo, en aquella zona. Este centro de acopio, a petición de los productores, nos piden que los atendamos para escucharlos. Es un centro de acopio como muchos con los que trabaja la Secretaría del Campo, donde nosotros dispersamos el apoyo que la señora gobernadora les hizo llegar a los productores de 150 (pesos) por tonelada. Ese apoyo que se les dio se dispersó a través de los centros de acopio. Entonces, cuando nos alertan del tema de que no se les ha pagado la cosecha, les damos seguimiento. Esta es una segunda reunión ya con todo el conjunto de los productores...
Eugenio Amézquita Velasco:
Una reunión a la que debió de haber venido una representante del centro de acopio y no se presentó...
Alberto Vargas Franco:
Sí, de hecho...
Eugenio Amézquita Velasco:
había una minuta donde había ese acuerdo, ¿no es correcto?
Alberto Vargas Franco:
Se tuvo una primera reunión el día de antier, el día martes, donde asistió la representante del centro de acopio y asistieron los productores que convocamos nosotros como Secretaría del Campo y Gobierno del Estado para tratar de que se afinaran los detalles para que recibieran su pago como corresponde los productores. Asistió la representante, asistieron los productores y se levantó una minuta donde había un acuerdo para que el día de hoy se reunieran para tener un programa de pagos.
Ella avisa al personal de la Secretaría de Comercialización de la Secretaría del Campo que no iba a asistir por diversas circunstancias que ella argumentaba. Yo me comuniqué con ella en la mañana para poder decir qué proponía ella a los productores. Ahorita ya hice de conocimiento a los productores de lo que ella propone.
Sin embargo, bueno, nosotros lamentamos muchísimo que el productor no reciba el pago correspondiente a su trabajo y de su cosecha. Por supuesto...
Eugenio Amézquita Velasco:
Ya no estamos hablando del estímulo, es de su cosecha...
Alberto Vargas Franco:
Es el producto de su trabajo que no se lo han pagado...
Es correcto, Eugenio. La verdad es que entonces aquí la situación es que nos estamos comprometiendo a dar acompañamiento a los productores para que se llegue a buen término en donde ellos reciban el pago. Lógicamente, ya entrando en el tema legal, es un acuerdo entre privados, y pues ellos hicieron una negociación en donde el productor le vende el grano al centro de acopio y es un acuerdo entre ellos. Que sin embargo, al tratarse del campo y al tratarse de una falta de pago, de un falta de compromiso, pues le vamos a dar seguimiento nosotros hasta donde nos alcancen las facultades.
Eugenio Amézquita Velasco:
Bueno, ya no hablamos de un supuesto de adeudos, porque esos ya se ven que sí los hay, y ese es el caso del tema de entre particulares.
Sí, pero aquí hay un recurso de gobierno, ¿es correcto? Que le fue entregado a esta persona o a la asociación, no sé, o sociedad, no sé cómo se llame. Sí, y lo que esa es la parte que creo que a los campesinos no les entra o no les cabe, ni a mí en mi lógica, porque es muy lógico: si yo te estoy dando un dinero que la señora gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo aprobó, sí, a través de SECAM, para entregárselo a los campesinos, ha pasado un año y no les has entregado ese dinero, con todo respeto para la señora gobernadora y para el Gobierno del Estado, pero creo que no solamente le están viendo la cara a los campesinos, creo que también se la vieron a la gobernadora, aquí hay esa sensación que me da.
Alberto Vargas Franco:
Claro, Eugenio,
Eugenio Amézquita Velasco:
Y no creo que le agrade a la señora gobernadora escuchar lo que va a escuchar a través de este video, ¿eh?...
Alberto Vargas Franco:
Te platico, Eugenio, en los términos que lo manejaste y que lo pusiste sobre la mesa, por supuesto que tendría que coincidir. Sin embargo, hay unos factores a considerar. Cuando tú hablas de un año es cuando, seguramente, se cumple el año... no, cuando cosecharon nuestros productores y entregaron su grano al centro de...
Eugenio Amézquita Velasco:
hablamos del Primavera-Verano 2025, sí. Okay, pero a lo que quiero decirte es que, si bien han pasado muchos meses en que no se les ha pagado al productor su cosecha, el apoyo estatal no necesariamente va de la mano con la cosecha de los productores. El apoyo estatal se entregó... en primer lugar, el recurso es del 2026.
Eugenio Amézquita Velasco:
¿Cuánto fue lo que se le entregó?
Alberto Vargas Franco:
Se entregó lo del apoyo de 150 pesos por tonelada para todos los productores registrados en ese centro de acopio.
Eugenio Amézquita Velasco:
Que en el cálculo ya en monto total, ¿a cuánto ascendería esta cantidad?
Alberto Vargas Franco:
Te mentiría decirte un monto total porque no lo he sumado, pero sobrepasa 1 millón y medio de pesos.
Eugenio Amézquita Velasco:
Okay...
Alberto Vargas Franco:
Y aquí lo que te quiero comentar es que los tiempos de la cosecha y de la entrega del grano están desfasados con el del apoyo. El apoyo es un recurso 2026, y el acuerdo con el centro de acopio está vigente, porque nosotros les fuimos entregando una vez que se autorizó la señora gobernadora el apoyo, empezamos a gestionar: uno, los lineamientos para que tú recibas el apoyo; dos, se empezaron a generar convenios con centros de acopio; tres, se empezó a recabar la información a través de los centros de acopio para que nos pidieran el apoyo. Y eso nos llevó más de 6 meses. O sea, esta situación, y te lo quiero decir, no nos ha visto la cara y no hay...
Eugenio Amézquita Velasco:
ni van a permitir que se las vean...
Alberto Vargas Franco:
y no se los vamos a permitir. De hecho, le pedimos al centro de acopio que cumpliera pagándole al 15 de octubre, a pesar de que tiene mayor vigencia, y se lo exigimos de esa manera porque vemos la necesidad de nuestros productores de recibir algo y algo que le dio la gobernadora a los productores.
Pero sí cabe señalar, porque a mí no me gusta dejar lagunas de información: uno, no hay un incumplimiento del apoyo estatal del centro de acopio; dos, no es la misma vigencia de lo que es el adeudo de los productores; y tres, vamos a exigir y no vamos a permitir que se deje de cumplir la entrega de ese apoyo que dio la gobernadora para que... hasta que le llegue a todos los productores. Ese es un compromiso que yo hago públicamente porque sé dónde trabajo y sé... sabes dónde estás, sé dónde estoy parado.
Eugenio Amézquita Velasco:
Voy a un corte. Soy Eugenio Amézquita con el subsecretario de Recursos Naturales, Alberto Vargas.
Segunda parte de la entrevista con el subsecretario Alberto Vargas Franco
Eugenio Amézquita Velasco:
Regreso en esta entrevista con el subsecretario de Recursos Naturales, Alberto Vargas Franco, de la Secretaría del Campo aquí en el estado de Guanajuato. Hay dos momentos en la charla, en el diálogo que tuviste tú con todos los campesinos. Eh, te felicito, lo supiste llevar muy bien, porque sí estaban muy molestos y tienen razón
Alberto Vargas Franco:
Y tienen toda la razón para estarlo...
Eugenio Amézquita Velasco:
en que tanto Erasto Patiño Soto, que es el líder de Consuc, y un productor, el señor Fernando, los dos utilizaron en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, los mismos términos: hay coyotaje. Y Erasto Patiño fue claro en que pareciera que le están entregando las gallinas a los coyotes por haberle dado usted los recursos a esta persona, a esta asociación. Y del otro lado, pues un silo que originalmente —asociación a la que pertenece el señor Fernando— estaban trabajando, se la rentan a otros que ellos se identifican como coyotes, y las cosas no están funcionando bien. ¿No han pensado en un mecanismo para que los campesinos dejen de estar de manos de —pues son parásitos, porque nunca se les puede llamar de otra forma—, de que se queden con sus cosechas, se las paguen cuando ellos quieran y esta gente sufriendo de hambre? Ahí está el caso de esta señora, trescientos y tantos mil pesos, sí, con su padre enfermo, ellos enfermos, este, gente que ya debe... ¿Algo que se pueda hacer, este, Alberto?
Alberto Vargas Franco:
Fíjate, Eugenio, yo te quiero dejar claro que los apoyos en la Secretaría del Campo son muy diversos y nosotros tratamos, a través de las reglas de operación, de darle certeza para que cada apoyo llegue a buenas manos y sea para que aumente la productividad de los que trabajan las tierras. ¿Cuál es la situación? Y yo no voy a hablar en particular de ningún centro de acopio ni nada, pero los apoyos que ha dado el Gobierno del Estado para silos ha sido con el único objetivo precisamente de abatir ese intermediarismo y que puedan defenderse, porque se han entregado —quiero decirte que prácticamente un porcentaje altísimo de los productores agrícolas del estado de Guanajuato pertenecen a los distritos y a los módulos,
Eugenio Amézquita Velasco:
Así es, el 11 y el 85...
Alberto Vargas Franco:
Es correcto—, entonces a ellos se les ha fortalecido en la infraestructura precisamente para que puedan defenderse de los precios de los granos. Ahora, ¿cuál es la situación ya después en el manejo? No te imaginas cuántas ocasiones nosotros hemos tenido que actuar para poder regularizar la operación de las instalaciones de diferentes apoyos que hemos dado, porque desafortunadamente tú das apoyos para mejorar las condiciones y en cuanto llegan a algunas manos le dan un manejo con un interés personal,
Eugenio Amézquita Velasco:
Hay un manoseo, ¿no?...
Alberto Vargas Franco:
Es correcto... Entonces ya ven la posibilidad de llevarse un recurso propio para mejorar su situación, no la de los demás.
Y entonces, cuando intervienen esos intereses, Eugenio, corrompen el apoyo y entonces es por eso que de repente la medida está bien complicada. Hay productores reales que nos dicen: "Oye, ¿y por qué tanto requisito para darme un apoyo?", porque tratamos de dar golpes certeros y que tú, si eres productor en el campo, recibas el molino, recibas el remolque, recibas la sembradora y que te llegue a ti, que esté en las manos correctas y que eso signifique mejorar la vida de los productores del campo.
Desafortunadamente, los propios productores en algunas ocasiones permiten que líderes, coyotes, como tú lo mencionaste, usando tu término, hasta les cobran, cuando les hemos dicho, y voy a aprovechar tu medio para decirles: no necesitan gestores, nosotros tenemos una página, nosotros tenemos presencia, acérquense a los municipios y vamos a atenderlos allá, esa es la instrucción que tenemos de la gobernadora.
Eugenio Amézquita Velasco:
Pero me llama la atención también comentarios como este (en la reunión), ¿no? Tú le das, por decir, "das 10 pesos de apoyo por tonelada, por decir, ¿no?", sí, pero después el coyote o el que recibe, "ah, es que te tengo que descontar un peso por gastos administrativos", y yo no sé si eso en los convenios que ustedes firmen con ellos así viene.
Alberto Vargas Franco:
De ninguna manera..
Eugenio Amézquita Velasco:
Entonces, ¿a qué están jugando estas gentes?
Alberto Vargas Franco:
De manera, pero te voy a decir, se necesita que si nosotros nos damos cuenta, denuncien, claro, porque nosotros cuando no tenemos una retroalimentación de nuestros productores, no podemos nosotros entender que a ti te hayan quitado un peso, pero nosotros no lo vamos a permitir, nada más necesitan informarnos para nosotros poder atender, claro, si no hay información no se puede actuar.
Eugenio Amézquita Velasco:
Es correcto, Eugenio. ¿Qué solución les diste ahorita a los campiranos?
Alberto Vargas Franco:
Todos ellos, les vamos a dar un seguimiento puntual, un acompañamiento, nosotros no los vamos a dejar de acompañar, de asistir, y vamos a ir avanzando conforme se vaya presentando la información y como se vaya avanzando el tema. Te menciono, hoy hablé con el centro de acopio y le exigí que nos diera una respuesta a los productores de la situación que están padeciendo. También entendamos —y eso lo dejo claro—, nosotros no somos una instancia ni un juez
Eugenio Amézquita Velasco:
No son fiscalía, obviamente, no son fiscalía,
Alberto Vargas Franco:
No podemos. Sin embargo, el acompañamiento, la asesoría y la atención van a estar presentes porque no vamos a dejar a los productores, y esa es la instrucción que nos da la gobernadora.
Eugenio Amézquita Velasco:
Alcancé a escuchar que se buscará un diálogo con el departamento jurídico del Gobierno del Estado, con los abogados, para buscar que las denuncias que ellos creo que ya traen ahí en carpeta queden bien amarradas y prosperen y no se escapen los responsables, insisto, de esto que parece un fraude.
Alberto Vargas Franco:
La verdad es que tengo que ser responsable al hablar, claro, nosotros vamos a acompañar lo que los productores nos dicen hasta dónde llega,
Eugenio Amézquita Velasco:
Hasta donde llegue...
Alberto Vargas Franco:
Y quien va a determinar la culpabilidad, la responsabilidad, será en otras instancias. Nosotros lo que nos corresponde es estar con los productores para que en su proceso vayan acompañados y que lo hagan de la mejor manera para que encuentren el resultado favorable para todos.
Eugenio Amézquita Velasco:
Voy a un corte para la siguiente entrevista, los siguientes temas. Soy Eugenio Amézquita, estoy con Alberto Vargas Franco, quien es el subsecretario de Recursos Naturales de la Secretaría del Campo en Guanajuato.
Tercera y última parte de la entrevista con el subsecretario Alberto Vargas Franco
Eugenio Amézquita Velasco:
Bueno, en esta última cápsula, eh, hay una fecha límite del convenio, 15 de octubre, ¿no? ¿Qué fecha es esa?
Alberto Vargas Franco:
No. Es la fecha de compromiso que nosotros le pedimos al centro de acopio que atendiera a los productores por la emergencia económica que están padeciendo por la falta de pago de su grano. Claro, claro. La vigencia es hasta el 31 de diciembre, porque lo hacemos por ejercicio fiscal.
Eugenio Amézquita Velasco:
El convenio es el convenio de este recurso que el Gobierno del Estado pues les va a dar por su producción de su maíz y donde se llegue el 31 de diciembre, del primero de enero, y no haya cumplido,
Alberto Vargas Franco:
Bueno, ahí estaría incumpliendo un convenio que tiene firmado con la Secretaría del Campo y actuaríamos como corresponde a través de la parte jurídica, que yo quiero pensar y casi te podría asegurar que van a recibir sus pagos. De cómo lo hemos manejado y cómo hablamos con ella y cómo le pedí que lo hiciera, debe de haber atendido mucho antes y yo pienso que al 15 de octubre tengo la confianza de que tiene que cumplir porque es un recurso de ellos que se los dio la gobernadora.
Eugenio Amézquita Velasco:
Bueno, pero eh comentamos con algunos otros buenos amigos fuera de cuadro, ¿no?, de que los tiempos no están fáciles y además, pues si tú trabajaste y en este caso pues hay un producto que se llama maíz que tú lo produjiste, tú se produjo por parte tuya, lo entregaste para que te lo pagaran y no te lo pagan y estás empezando a tener deudas porque de eso vives, pues llega un momento en que le metes desesperación a la gente,
Alberto Vargas Franco:
Es correcto...
Eugenio Amézquita Velasco:
Y la gente desesperada ya no piensa, ya no reflexiona, y alcancé a escuchar a alguien que muy valientemente dijo: "Bueno, pues si no, si no entiende, pues le vamos a tomar entonces la reciba". Eso es algo muy extremo, pero que además es consecuencia pues de unos actos que no se debieron de haber dado, no sé si tú estás, digo, no estoy justificando que se dé eso, pero eso está conduciendo precisamente por un incumplimiento y por la desesperación que le está causando a los campesinos, no sé si coincidas conmigo.
Alberto Vargas Franco:
Bueno, eh creo que nos queda claro a todos cuáles son las atribuciones que cada uno tenemos y nosotros no tenemos atribuciones legales, sin embargo, estamos involucrándonos precisamente para evitar un tema social, porque queremos... a nadie convienen estos conflictos.
Una, no le conviene de ninguna forma a los que trabajaron, produjeron su grano y no se les pagó; no nos conviene a nosotros porque eso genera una crisis a las personas que viven del campo; y no creo que ni al centro de acopio le convenga. Pero como va avanzando, se va gravando la circunstancia debido a la necesidad que tienen los productores.
Entonces, nuestro acompañamiento será para tratar de establecer bases y que ojalá que el diálogo, la gestión alcance para que se resuelva el asunto de la mejor manera, que ese es el objetivo de nosotros de estar en estas reuniones, no nada más es hablar, no nada más es estar con ellos, sino tratar de ver cómo colaboramos para solucionar para bien de todos.
Eugenio Amézquita Velasco:
Pues no sé si tú lo sepas, lo digo porque lo escuché de parte de los productores, obviamente ahí en los corrillos, ya estamos en el periodo de la cosecha del sorgo, si es que no ha terminado ya el proceso de cosecha, y al parecer este centro, el mismo centro que estamos hablando, ya está recibiendo sorgo y está pagando de contado. ¿No tienes noticias de eso?
Alberto Vargas Franco:
Fíjate que no, no tengo, o sea, la realidad es de que nos empezamos a involucrar en el tema a partir de que los productores nos se quejaron. Sí te puedo decir que una parte de lo que nos menciona, cuando le cuestionamos al centro de acopio el pago para los productores, mencionaban de que el interés o la intención era seguir trabajando para poder generar y que todo lo que se genere sea para el pago de ellos, entre otras soluciones que nos mencionó, pero que nosotros lo único que haremos es ponérselas en la mesa a los productores y que ellos lo evalúen. Sabemos que creo que ellos también ya traen una representación jurídica,
Eugenio Amézquita Velasco:
Claro...
Alberto Vargas Franco:
Y pues bueno, a los que les corresponde y a quien le va a decir qué se tiene que hacer, pues será quien hoy los está asesorando jurídicamente.
Eugenio Amézquita Velasco:
Sí, sin entrar en especificaciones que es esto que te voy a decir, sería para este caso, pero cuando el Gobierno del Estado entrega recursos a alguien y no se cumplen los plazos y no se entregan a quien se tienen que entregar, como en este caso un subsidio, ¿estaríamos hablando de desvío de recursos?
Alberto Vargas Franco:
Se estaría hablando de una desviación, un incumplimiento de las obligaciones que marca un convenio, y actuaríamos correspondiente al tema. Ya se ha hecho, la verdad es que no es nuevo de que de repente haya algún incumplimiento en algún convenio. No es tan frecuente, pero cuando se ha hecho, se ha atendido con las instancias correspondientes y llegar a las últimas consecuencias.
Eugenio Amézquita Velasco:
¿Estás de acuerdo conmigo que hacérselo a los campesinos eso es muy doloroso y eso no se vale?
Alberto Vargas Franco:
Nos duele, la verdad. De entrada, ver las caras de los productores duele, duele el que no tengan ellos la certeza de ese pago para poder seguir trabajando o para lo que necesitan. Estoy completamente de acuerdo contigo y vamos a seguir tratando de que se resuelva este asunto porque ese es nuestro papel y ese es nuestro trabajo.
Eugenio Amézquita Velasco:
¿Algo más que quieras agregar, Alberto?
Alberto Vargas Franco:
No, bueno, solamente voy a aprovechar tu medio para, uno, agradecerte la oportunidad, y dos, para decirles que de verdad se acerquen con nosotros. No necesitan gestores, no necesitan personas que les ayuden a bajar los recursos o los apoyos de la Secretaría del Campo, porque estamos nosotros y los podemos atender personalmente. Solamente basta que nos enseñen qué quieren, que nos digan qué quieren y nosotros les vamos a guiar para que sepan cómo presentar un expediente. Desde ahí los podemos acompañar, entonces pues que cuenten con nosotros, que se acerquen y que estamos para servirles.
Eugenio Amézquita Velasco:
Eh, en esto último que dices, la labor de CONSUCC y AMIDA ha sido válida, y ahorita vi que lo reconocieron, o sea, que han sido honestos con los campesinos.
Alberto Vargas Franco:
Nosotros trabajamos con muchas organizaciones, estas dos organizaciones son dos de las con las que trabajamos...
Eugenio Amézquita Velasco:
¿Son serias?
Alberto Vargas Franco:
Fíjate que nosotros hemos tenido buena experiencia con varias organizaciones. De repente, tengo que hacer este paréntesis: hay gente que a las organizaciones las tiene etiquetadas como malas. Yo sí creo en unos productores agrícolas organizados, yo sí creo que una de las soluciones o uno de los pasos para poder tener mejores resultados en el campo es tener organizados, nos daría muchas ventajas: compras consolidadas, defensa de nuestro producto final, entre muchas otras cosas. Yo sí creo en la organización de los productores, llámese en asociaciones, en organizaciones. Te tengo que decir, hay serias y hay algunas otras que aprovechan la confianza de los productores para llevar dinero a su casa a costa de los productores.
Eugenio Amézquita Velasco:
A CONSUCC Y AMIDA, ¿en dónde los colocarías? ¿En los serios?
Alberto Vargas Franco:
Yo con ellos... tengo mucho tiempo trabajando con ellos y nunca hemos tenido una dificultad con ellos.
La revelación de la problemática que envuelve a los productores agrícolas de la región de Abasolo, Valle de Santiago, Pueblo Nuevo e Irapuato —en particular con el centro de acopio Comercializadora y Forrajes La Ordeña SPRL— destapa una cloaca añeja y dolorosa: el abandono, la indefensión y el sistemático abuso al que se enfrenta el eslabón más importante y frágil de la cadena agroalimentaria.
A través de la reveladora entrevista sostenida entre Metro News y el subsecretario de Recursos Naturales de la Secretaría del Campo (SECAM), Alberto Vargas Franco, se dibuja un panorama sombrío donde las promesas institucionales chocan contra la opacidad, el coyotaje y la retención injustificada de recursos que debieron aliviar la economía de las familias campesinas.
¿Aroma a fraude? El peso del tiempo y la zozobra campesina
Sostener que el caso presenta indicios graves de irregularidades no es una exageración sensacionalista, sino la cruda deducción lógica ante hechos insostenibles. Tras meses de haber entregado sus cosechas correspondientes al ciclo Primavera-Verano 2025, los campesinos enfrentan una profunda zozobra económica.
El tiempo transcurrido opera como el testigo mudo de una simulación: acuerdos incumplidos, representantes de centros de acopio que brillan por su ausencia en las mesas de conciliación pactadas —como ocurrió cuando la contraparte evadió presentarse con excusas endebles— y productores sumidos en deudas agobiantes, con padres enfermos y la imposibilidad material de avituallarse para los siguientes ciclos agrícolas.
Cuando la retención de pagos por el producto del sudor campesino se prolonga artificialmente mientras operan presuntamente otros ciclos comerciales de contado (como el sorgo), la presunción de irregularidades graves deja de ser una sospecha para convertirse en una agresión directa contra la supervivencia humana.
¿Existe justificación para retener los recursos y el subsidio estatal?
Desde la perspectiva de la Secretaría del Campo, se intenta trazar una línea divisoria técnica y administrativa: por un lado, el adeudo comercial entre particulares (el centro de acopio y los productores por la venta de maíz); por el otro, el subsidio gubernamental autorizado por la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo —de 150 pesos por tonelada, ascendiendo a más de 1.5 millones de pesos para este centro—, el cual, según la dependencia, responde a reglas y ejercicios presupuestales formalizados posteriormente y con vigencia extendida hasta el cierre de año.
Sin embargo, no existe justificación moral ni operativa válida para que este engranaje burocrático sirva de coartada a la impunidad. Aunque administrativamente los tiempos del subsidio y los de la cosecha no coincidan cronológicamente en el papel, en la realidad social y económica del campo forman parte de un mismo ecosistema de apoyo.
Permitir que los centros de acopio funcionen como cajas de resonancia donde se manosean los recursos públicos y se "jinetean" los recursos públicos, además de querer castigar el bolsillo del productor con "gastos administrativos" o retenciones injustificadas es muestra de una grave falla de supervisión. Si el gobierno aporta recursos públicos para fortalecer al productor frente al intermediarismo, tolerar que esos recursos o los pagos de las cosechas queden atrapados en manos de particulares podría ser, cuando menos, una complicidad por omisión institucional.
Marco legal y exigencia de investigación: ¿Qué figuras penales deben ser indagadas?
Ante los hechos expuestos y de acuerdo con el marco punitivo vigente en el estado, organizaciones y asesores jurídicos señalan que la conducta de los administradores de la comercializadora amerita ser investigada a fondo por la fiscalía bajo diversas figuras del Código Penal del Estado de Guanajuato.
Primero, el Abuso de Confianza (Artículo 198). Se configura cuando, con perjuicio de tercero, se retiene una cosa mueble o recursos de los cuales solo se transfirió la tenencia y no el dominio. Los productores entregaron su grano confiando en la custodia y pago del centro de acopio; retener el numerario o el valor de la cosecha vulnera presuntamente el patrimonio ajeno.
Segundo, la Administración Fraudulenta (Artículo 203): Establece sanciones equivalentes al delito de robo cuando quien tiene a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos realiza a sabiendas actos que perjudican el patrimonio del titular buscando un beneficio propio o de un tercero. Los centros de acopio operan como administradores de la confianza y el producto de los agricultores; desviar esos flujos financieros para fines ajenos encuadra en los supuestos que la autoridad está obligada a indagar.
El tercer aspecto, el Peculado y Desvío de Recursos Públicos (Artículo 248): Si bien el recurso proviene de un subsidio estatal destinado a los campesinos a través de un convenio, la retención indebida, el desvío de su destino final o su utilización para fines distintos a los legalmente establecidos por parte de los intermediarios constituye una hipótesis de peculado que obliga a la intervención directa de la Auditoría Superior del Estado y de la Fiscalía General del Estado.
Finalmente, entre otros, el Fraude Genérico (Artículo 201): Obtener un lucro indebido mediante el engaño o el aprovechamiento del error (simular capacidad de pago, captar cosechas sin solvencia real) en perjuicio de los agricultores.
El daño serio a los campesinos: Un sector históricamente abandonado
El agravio a los campesinos de Guanajuato no es un fenómeno aislado; es la crónica de una marginación estructural. El campo mexicano y guanajuatense ha cargado durante décadas con el peso del "coyotaje", de intermediarios parásitos que se enriquecen a la sombra del esfuerzo campesino mientras el productor absorbe todos los riesgos climáticos, financieros y operativos.
Ver a padres de familia endeudados, rozando la desesperación extrema al grado de advertir con tomar instalaciones por la falta absoluta de respuestas, refleja un daño social incalculable. No se trata únicamente de cifras económicas o de más de un millón y medio de pesos en el aire; se trata de dignidad humana quebrantada, de familias que pierden su patrimonio y de la destrucción del tejido social en comunidades rurales donde la tierra debería ser fuente de vida y prosperidad, no de miseria y litigios interminables.
El posicionamiento de la Secretaría del Campo al comprometerse a dar acompañamiento jurídico y exigir una respuesta límite al centro de acopio es un paso necesario, pero insuficiente si no va acompañado de una denuncia penal firme ante la Fiscalía. El gobierno estatal no puede permitirse el lujo de que se dude de su probidad ni de que redes de intermediarios "le vean la cara" a la administración pública y a los campesinos.
La ley debe aplicarse con todo su rigor: caiga quien caiga, el patrimonio de quienes garantizan la soberanía alimentaria del estado no puede ser moneda de cambio de la impunidad y la corrupción. El campo guanajuatense exige justicia, no discursos; resultados legales, no solo mesas de conciliación estériles.
¿Le están viendo la cara a los campesinos y a la Gobernadora del Estado?
El objetivo principal de un subsidio extraordinario —como el apoyo de 150 pesos por tonelada impulsado por el Gobierno del Estado— es inyectar liquidez y alivio directo a la economía de los agricultores en momentos de vulnerabilidad. Cuando los centros de acopio o intermediarios retrasan los pagos, condicionan los flujos o entrampan los recursos, la intención social original del Ejecutivo se desvía. Para el ciudadano y el campesino, el beneficio gubernamental pierde su efectividad práctica, lo que genera una brecha entre lo que el gobierno proyecta como ayuda y lo que el ciudadano percibe en su bolsillo.
El costo político e institucional para el Gobierno del estado
Aunque la Secretaría del Campo (a través de funcionarios como Alberto Vargas Franco) argumenta una defensa técnica y administrativa —señalando que se trata de recursos con vigencia legal y presupuestal definida (ejercicio 2026) y que los adeudos por la venta de maíz corresponden a un acuerdo comercial entre particulares—, la realidad política no opera con calendarios burocráticos.
Cuando un sector estratégico como el campo sufre una crisis de liquidez y los beneficiarios no ven reflejado el apoyo prometido debido a la opacidad de los intermediarios, se genera una erosión en la confianza institucional. En la percepción pública, se interpreta como una falla en la capacidad de supervisión del Estado para garantizar que los recursos públicos cumplan su cometido sin filtros nocivos.
El riesgo de la intermediación o "coyotaje"
El caso expone una debilidad estructural recurrente en las políticas de apoyo al campo: la dependencia de centros de acopio y figuras intermediarias que, en ocasiones, priorizan intereses comerciales o particulares por encima del fin social del subsidio. Como se discutió en la entrevista con Metro News, esto coloca a la administración estatal en una posición incómoda, obligándola a pasar de la planeación de apoyos a la gestión de conflictos y a la advertencia de acciones jurídicas coactivas (como el plazo fijado al 15 de octubre).
Más allá de calificarlo como una burla directa a la figura de la gobernadora, el fenómeno evidencia una falla en los mecanismos de blindaje y supervisión de los programas sociales. Si los apoyos institucionales terminan atrapados en las deudas y problemas financieros de los centros de acopio privados, la administración estatal enfrenta un doble daño: el colapso económico de los campesinos y el desgaste político de ver diluidos los beneficios de sus propias políticas públicas en manos de intermediarios ineficientes o abusivos. #MetroNewsMx
-Mientras los legisladores buscan consolidar su capital político mediante rituales de aclamación y devoción simbólica dentro del aparato legislativo, la ciudadanía interpreta estas acciones como una degradación profunda de la vida democrática
-El análisis a los comentarios en el post de Proceso revela un tajante 95.45% de rechazo ciudadano ante el estandarte con la efigie de la presidenta Sheinbaum
-El 31.82% de las opiniones acusan servilismo y lambisconería, señalando que los legisladores actúan por el hueso y las croquetas.
-Un 40.91% de los usuarios recurre a la descalificación directa e insultos contra la clase política por este acto de sumisión.
-La sátira y el humor negro representan el 16.67% de las reacciones, usando memes y burlas sobre altares para ridiculizar el hecho.
-El 6.06% exige destitución y denuncia la pérdida de poderes, evidenciando el total sometimiento del Congreso al Ejecutivo.
-El diputado petista José Antonio López Ruiz usó la comparecencia de Hacienda para desplegar un costoso estandarte con Sheinbaum.
-Cánticos como ¡Es un honor estar con Claudia hoy! y su apoyo incondicional eclipsaron el debate técnico económico en San Lázaro.
-La ciudadanía concluye que la actuación parlamentaria prioriza el beneficio utilitario personal sobre la dignidad institucional.
La nota publicada por la Revista Proceso donde se muestra cómo una comparecencia institucional —la del secretario de Hacienda, Édgar Amador— se transforma rápidamente en un escenario para la exaltación partidista plasma como el diputado José Antonio López Ruiz (https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/9/30/diputado-del-pt-despliega-estandarte-con-imagen-de-sheinbaum-durante-comparecencia-de-shcp-video-380949.html ) utiliza datos económicos para contraponer el modelo actual con el neoliberal de la década de 1990, un recurso discursivo habitual para validar los logros sociales de la administración. Sin embargo, el fondo técnico queda completamente opacado por la ejecución simbólica y el despliegue de lealtad.
El simbolismo visual y la erosión institucional
El culto a la personalidad: El uso de un estandarte con la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum dentro de la Cámara de Diputados evoca una iconografía cuasirreligiosa, trasladando la devoción política al centro del debate parlamentario.
Pérdida de contrapesos: Cánticos como "¡Es un honor estar con Claudia hoy!" y la declaración de un apoyo "incondicional" desdibujan el rol del Congreso como un poder autónomo encargado de fiscalizar y debatir con el Ejecutivo, reduciéndolo a un órgano de aclamación.
Del análisis de una situación de pobreza a un tema que pareció de culto
En su intervención, López Ruiz centró sus argumentos en defender las cifras oficiales de la actual administración y contraponerlas con el modelo neoliberal de la década de 1990. Dirigiéndose directamente al secretario Amador, a quien calificó de amigo de México y cuya designación consideró la mejor decisión del país respaldando las palabras del líder petista Alberto Anaya, el diputado lanzó críticas severas contra el ex titular de la dependencia, Guillermo Ortiz Martínez. En su discurso señaló que bajo su gestión, entre 1994 y 1997, la pobreza patrimonial escaló del 52.3% al 63.7%, mientras la inflación devoró el 51.97% en tan solo un año. En contraste, presumió los datos del modelo económico oficial, destacando que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza, lo que representa una reducción histórica de 12.3 puntos porcentuales, aunado a la recuperación del salario mínimo real y la premisa de buscar un bienestar compartido.
Las cifras de los comentarios exhiben que el estandarte resultó contraproducente
Sin embargo, el impacto de esta puesta en escena legislativa en el entorno digital contrastó de manera radical con el tono triunfalista de la tribuna. Un análisis estadístico y cualitativo de las reacciones y comentarios vertidos en la publicación de la revista Proceso —medio donde se originó la cobertura— revela un rechazo ciudadano masivo, vertical y contundente hacia la actuación del legislador. Del total de 73 interacciones registradas, que incluyeron siete reacciones vacías, el corpus de 66 comentarios válidos con una longitud promedio de casi once palabras permitió cuantificar el pulso social con absoluta precisión.
Los datos arrojan que el 95.45%, equivalente a 63 comentarios, manifestaron un tono categóricamente crítico, negativo o de abierto desprecio hacia la conducta del diputado, mientras que apenas un escaso 4.55%, representado por tres comentarios, mostró respaldo o defensas de carácter oficialista. Al profundizar en la naturaleza de las críticas ciudadanas, el 40.91% de las opiniones se concentraron en la descalificación generalizada y el uso de insultos directos contra la clase política.
De manera muy cercana, el 31.82% de las intervenciones se articularon en torno a la crítica severa al servilismo y la llamada "lambisconería", utilizando expresiones utilitarias y recurrentes como "el hueso", "tragar", "croquetas" o referencias a sueldos e impuestos para argumentar que el acto responde a beneficios económicos personales y oportunismo político antes que a una convicción ideológica genuina.
Asimismo, la sátira, el humor negro y los memes ocuparon el 16.67% de las interacciones, destacando el uso masivo de risas digitalizadas y paralelismos irónicos con altares religiosos y la iconografía mostrada en el recinto, en tanto que el 6.06% restante abordó una crítica de carácter estrictamente institucional y político, denunciando la pérdida de la división de poderes, el sometimiento del Congreso y exigiendo de manera directa la destitución y renuncia de los funcionarios involucrados.
Las conclusiones de este análisis periodístico evidencian una profunda y preocupante brecha entre la clase política y la sociedad. Mientras los legisladores buscan consolidar su capital político mediante rituales de aclamación y devoción simbólica dentro del aparato legislativo, la ciudadanía interpreta estas acciones como una degradación profunda de la vida democrática. La alta frecuencia de términos punitivos y el uso de la burla como válvula de escape demuestran que la opinión pública rechaza enérgicamente la sumisión institucional, percibiendo el desempeño parlamentario no como un ejercicio de representación republicana, sino como una transacción utilitaria donde la dignidad del Poder Legislativo se subordina a los intereses de poder. #MetroNewsMx
Interpretación de la medida en el contexto actual de Celaya
Anunciar una constructora municipal responde, según las autoridades locales, a un problema operativo real: la reticencia de los contratistas privados a participar en obras de bajo presupuesto debido a los márgenes de ganancia reducidos, sumado a los complejos retos de seguridad, extorsiones y retrasos que han afectado históricamente la obra pública en la región.
Sin embargo, desde una perspectiva económica y de gobernanza, esta decisión representa un giro hacia el estatismo local. En lugar de mejorar los incentivos o flexibilizar los procesos de licitación para atraer al sector privado, el municipio decide convertirse en juez y parte: la misma autoridad que planea, financia y supervisa la obra, ahora pretende ejecutarla directamente.
¿Qué enseña la historia de México sobre el gobierno como empresario?
La experiencia histórica de México con el modelo del "Estado empresario" —especialmente visible durante gran parte del siglo XX y en diversas etapas de la administración pública— muestra un patrón recurrente de ineficiencia.
Segundo, la inviabilidad financiera a largo plazo. Las empresas gubernamentales tienden a volverse deficitarias porque sus estructuras no responden a la lógica de la oferta, la demanda y la competitividad, sino a presiones políticas y presupuestales. Lo que comienza como un "ahorro" en obras pequeñas frecuentemente termina absorbiendo subsidios constantes del erario para subsistir.
Tercero, la obsolescencia y los costos ocultos. El mantenimiento de maquinaria pesada, la compra de insumos, el pago de nóminas permanentes y las pensiones generan pasivos laborales y operativos que los municipios rara vez pueden sostener de manera eficiente a lo largo de los trienios.
¿Nidos de corrupción o herramientas de autosustentabilidad?
El escepticismo encuentra un sólido respaldo en la realidad política del país. La historia de México demuestra que, con demasiada frecuencia, las figuras jurídicas de empresas paramunicipales, organismos descentralizados o constructoras estatales se convierten en zonas grises de opacidad más que en modelos de autosustentabilidad.
Las razones principales son estructurales y entre ellas se encuentra la debilidad en la fiscalización ya que a nivel municipal, los órganos internos de control -contralorías- suelen carecer de la autonomía técnica y política real para auditar con rigor a una empresa operada por la misma administración en turno.
Además, se presenta la elusión de licitaciones públicas, porque al justificar la creación de la constructora bajo el argumento de la "urgencia", la "necesidad social" o el "ahorro", se corre el riesgo de adjudicar de manera directa la compra de materiales, la renta de maquinaria y la contratación de personal, eliminando los mecanismos de transparencia que frenan la malversación de fondos.
El otro aspecto es el clientelismo político y sindicatos, esto porque estas estructuras frecuentemente terminan sobredimensionadas en sus nóminas, utilizadas para pagar favores políticos o incorporar bases corporativas, convirtiendo un proyecto técnico en un botín burocrático.
Si bien la intención declarada del municipio es resolver un cuello de botella logístico y social, la historia sugiere que la probabilidad de que se convierta en un foco de ineficiencia y corrupción es considerablemente alta si no se establecen contrapesos estrictos, auditorías ciudadanas independientes y candados legales muy claros.
El mensaje parece más bien electorero y una herencia pesada para el gobierno que sigue
A este anuncio, del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, colocado a 374 días de que termine su criticado gobierno, en la recta final de la administración municipal, le impregna un sabor muy particular en la política mexicana. Sabe a una mezcla de pragmatismo electoral de última hora y a una "herencia pesada" para el siguiente gobierno.
Crear una estructura orgánica nueva, adquirir maquinaria, comprometer presupuestos y eventualmente absorber una nómina cautiva a pocos meses de entregar el poder funciona como un ancla administrativa.
Si la "Constructora de la Esperanza" no logra ser autosuficiente de la noche a la mañana, el déficit operativo, los pasivos laborales y el mantenimiento de equipo pesado se convierten automáticamente en un "regalo envenenado" o un problema financiero crónico que heredará la siguiente administración, sea del signo político que sea.
Sabe a la clásica prisa de cierre y sus riesgos de opacidad
Históricamente, en el servicio público mexicano, los últimos meses de los gobiernos municipales son los periodos donde más se acelera el gasto bajo el argumento de la "urgencia" por terminar proyectos pendientes o atender demandas sociales acumuladas. La prisa es enemiga de la fiscalización: bajo la justificación de que "las constructoras privadas no quieren hacer obras chicas", un cierre de administración con una constructora propia abre una puerta sumamente ancha para la adjudicación directa exprés en compras de materiales, arrendamiento de maquinaria y contratación de personal, eludiendo los filtros rigurosos de transparencia.
Sabe a un intento de solución rápida para un problema estructural profundo
Si el rechazo de los contratistas a hacer obras pequeñas en Celaya está profundamente ligado a factores de inseguridad, extorsión y costos operativos de riesgo, crear una empresa municipal no elimina esas causas raíz; solo cambia de actor el riesgo. Mandar a trabajadores del municipio a pavimentar, bachear o levantar bardas en zonas complejas sin resolver el entorno de seguridad no hace el problema más seguro, solo expone al erario y a empleados municipales a las mismas presiones que ahuyentaron a la iniciativa privada.
Sabe al espejismo del "golpe de efecto" político
A menos de un año de que concluya el trienio, los gobiernos buscan desesperadamente obras tangibles, visibles y de impacto inmediato que se puedan inaugurar y presumir en los informes de gobierno o en la memoria colectiva antes de que inicie el proceso electoral sucesor. Una constructora propia promete inmediatez: presumir que "el municipio ahora sí resuelve" lo que otros ignoraron. Sin embargo, la política pública seria no se construye con soluciones exprés diseñadas para el lucimiento del tramo final, sino con planeación transexenal.
El anuncio sabe a una tirita temporal colocada sobre una hemorragia estructural, ejecutada en el momento políticamente más apremiante para la administración, donde el riesgo de que los costos reales los pague la ciudadanía a largo plazo supera por mucho los beneficios de la bandera inaugural.
¿"La Constructora de la Esperanza" tiene sabor a "Año de Hidalgo"?
En el imaginario y la picaresca política de México, la mención del "Año de Hidalgo" evoca de inmediato esa célebre y cínica máxima popular que alude al desfogue presupuestal y a la tentación de maximizar recursos antes de dejar el cargo.
Cuando un proyecto de la magnitud de crear una empresa paramunicipal —con compra de maquinaria, asignación de presupuestos para materiales y reestructuración operativa— surge o se acelera en la recta final de una administración, es completamente natural que la ciudadanía y los analistas sospechen de la sombra de este fenómeno.
Fundar una constructora desde cero no es un trámite menor: requiere adquirir maquinaria pesada, vehículos utilitarios, herramientas, inventarios de materia prima y contratar personal. En el tramo final de los gobiernos, la justificación de la "urgencia" y la "necesidad operativa inmediata" suele utilizarse para evadir las licitaciones públicas abiertas y transparentes, recurriendo masivamente a las adjudicaciones directas con proveedores de confianza, amigos o recién estrenados socios comerciales.
Ante la presión de cerrar el ejercicio fiscal y entregar la administración, existe el riesgo de que los recursos públicos (ya sea del municipio o fondos concurrentes) se liberen a marchas forzadas para capitalizar la nueva empresa. Un flujo fuerte de dinero movido deprisa y con poca planeación estructural es el caldo de cultivo ideal para que se diluya la rendición de cuentas, pues las contralorías internas rara vez alcanzan a auditar con profundidad la compra de activos antes de que cambie el cabildo.
Las figuras jurídicas descentralizadas o las empresas de participación municipal a menudo operan bajo regímenes administrativos más laxos que una Dirección General de Obras Públicas tradicional. Esto puede prestarse para que se firmen contratos multianuales, arrendamientos de equipo inflados o compras de inventario cuyos costos reales queden sepultados bajo el argumento de la autonomía técnica de la nueva empresa, dificultando que el siguiente gobierno o los ciudadanos accedan a los contratos originales.
Si bien las autoridades locales defienden la medida bajo el argumento técnico de resolver el bacheo y las obras menores que el sector privado rechaza, el "timing" político es lapidario. Anunciar una reingeniería institucional de este calado en la etapa de salida de un trienio siembra una desconfianza legítima.
Más que una solución de fondo al problema de la construcción, para muchos ciudadanos y sectores productivos sabe precisamente a una jugada adelantada de cierre de ciclo donde el riesgo de opacidad financiera eclipsa cualquier beneficio social. #MetroNewsMx
-Vecinos de La Fragua advierten un posible despoblamiento tras la venta del 10% de predios impulsada por la presión de su entorno.
-El fenómeno de presión de entorno provoca la devaluación y el aislamiento de los terrenos colindantes a la terminal de alto riesgo.
-Los habitantes de La Fragua se niegan a vender sus predios en defensa de su arraigo, historia centenaria y su patrimonio familiar.
-La venta de predios por parte de algunos particulares debilita severamente la solidaridad y resistencia colectiva de la comunidad.
-Vecinos exigen que las autoridades garanticen el cumplimiento de los reglamentos de protección civil y toda legalidad territorial.
-Una serie de hechos estarían violando los derechos humanos de los habitantes de La Fragua.
-La pregunta obligada: ¿Cuántas otras comunidades de San José de Iturbide y del estado de Guanajuato enfrentan la presión industrial que viola sus derechos más elementales?
SAN JOSÉ DE ITURBIDE.- Información periodística generada en 2021 y testimonios recabados entre vecinos de la comunidad de La Fragua apuntan a una preocupación constante: el temor de que las condiciones generadas en la zona fuercen la venta paulatina de predios, lo que —advierten los pobladores— podría derivar en el despoblamiento de esta comunidad con 100 años de existencia ante las denuncias sobre presuntas irregularidades en los permisos y normativas aplicables. Hasta el momento, según datos obtenidos en la localidad nacida en los años 30 del siglo XX, alrededor del 10% de los predios han sido vendidos.
Pablo Olvera, en 2021 delegado municipal de La Fragua, declaró al medio digital Libertad TV MX que "ésta es la decisión de ellos, es estar buscando cada quien en estos lugares distintos, distintos destinos. Hay unas personas que están pidiendo, más bien buscando ya terrenitos aquí para Santa Brígida, hay otras personas que tengo conocimiento que para acá para Pozo Blanco, pero son diferentes puntos a los que ellos están buscando cambiarse."
Este tipo de escenarios describe una práctica de presión corporativa conocida en el ámbito de desarrollo inmobiliario e industrial como expulsión por asfixia o presión de entorno.
En un análisis de dinámicas industriales, este proceso suele iniciar con una estrategia de devaluación fáctica. Desde una perspectiva mercantil, la instalación de una terminal de alto riesgo al lado de un asentamiento centenario genera un impacto inmediato: al volver la vida en La Fragua compleja, ruidosa y marcada por un factor de riesgo latente, el valor comercial y catastral de los terrenos colindantes se desploma.
Se genera así el aislamiento y el desgaste social. La presencia constante de un entorno de riesgo, la restricción de la tranquilidad comunitaria y el temor a una catástrofe crean un clima de zozobra donde algunos pobladores optan por ceder sus propiedades ante la imposibilidad de mantener un entorno seguro.
Se configura de este modo un escenario de presión industrial: un desplazamiento de facto por la vía de las condiciones del entorno, lo que limita la viabilidad de la vida comunitaria y permite modificar el uso del territorio original a costa del tejido social preexistente.
La dignidad comunitaria, el arraigo y la justicia social: la defensa de la historia de los habitantes de La Fragua
En la visión de la gente de la Sierra Gorda y los habitantes del noreste del estado de Guanajuato, primero está la dignidad del arraigo frente a la transacción económica. Desde una perspectiva humana y justa, la postura de los vecinos que se niegan a vender constituye una defensa legítima de su historia, de su patrimonio familiar y de su identidad de casi 100 años. Representa la resistencia de una comunidad que busca evitar la disolución de su tejido histórico frente a proyectos energéticos de alto impacto.
Es ahí donde resalta el valor incalculable de la tierra heredada. Para los habitantes, La Fragua no es solo un terreno comercializable; es el espacio donde crecieron generaciones, donde se encuentran sus raíces y sus escuelas. Ninguna contraprestación económica compensa la pérdida de la paz social y el derecho a vivir en un entorno seguro.
Se consolida entonces la resistencia como un acto de legalidad. Quienes se niegan a vender ejercen una defensa de la legalidad territorial; su persistencia frena el acaparamiento total de la zona y mantiene viva la exigencia de que la autoridad intervenga, demostrando que el territorio cuenta con una comunidad dispuesta a hacer valer sus derechos fundamentales frente a asimetrías de poder.
Mecanismos de afectación al tejido social en La Fragua
El hecho de que algunos particulares o intermediarios hayan decidido vender sus predios a sabiendas de que operaría una infraestructura de alto riesgo CRETIB (Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable) colindante con una zona habitacional rural y educativa refleja las profundas tensiones y dificultades económicas que fragmentan la solidaridad y el arraigo comunitario.
Quienes han optado por vender bajo estas circunstancias se convierten, voluntaria o indirectamente, en factores que modifican el equilibrio territorial, facilitando que se debilite la resistencia colectiva de una comunidad histórica.
En los asentamientos rurales, la estabilidad y la convivencia dependen de un pacto tácito de protección mutua. Cambiar el destino de estos predios prioriza transacciones individuales a corto plazo frente a la seguridad colectiva de las familias que optan por permanecer y resistir.
Ante este panorama, organizaciones y vecinos cuestionan la responsabilidad de las partes involucradas en la adquisición y operación de espacios para material peligroso junto a poblaciones escolares y habitacionales, insistiendo en la necesidad imperativa de que prevalezcan estrictamente los reglamentos de protección civil y el respeto a la legalidad territorial.
La posible violación de los Derechos Humanos de los habitantes de La Fragua
De acuerdo con el escenario descrito y los estándares nacionales e internacionales en la materia, la situación que enfrenta la comunidad de La Fragua sí constituye una amenaza y una posible violación a diversos derechos humanos de sus habitantes.
Entre algunos de dichos derechos estarían el derecho a un medio ambiente sano, a la salud y a la integridad física. La instalación de una terminal de materiales de alto riesgo (clasificación CRETIB: Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos e Inflamables) colindante con una zona habitacional y escolar vulnera directamente el derecho de los habitantes a vivir en un entorno seguro. La exposición a riesgos constantes, ruidos y contaminación genera un clima de zozobra que atenta contra la salud física y mental de las familias.
Otro derecho vulnerado sería el de la protección contra el desplazamiento forzado indirecto -la "expulsión por asfixia"-. Aunque formalmente algunos vecinos decidan vender sus predios, el derecho internacional reconoce que el desplazamiento no solo ocurre por la fuerza física directa, sino también mediante la creación deliberada o tolerada de condiciones de hostilidad, inseguridad y devaluación económica que vuelven insostenible la vida en el lugar. Esto obliga a las personas a abandonar su patrimonio en contra de su voluntad real.
La afectación a los derechos culturales, a la identidad y al arraigo. La Fragua es una comunidad con cerca de 100 años de historia. Los derechos culturales y colectivos protegen el tejido social, la memoria histórica y la identidad de los pueblos y comunidades rurales. Fragmentar este arraigo mediante la venta fraccionada y la disolución de la solidaridad comunitaria destruye un patrimonio inmaterial que no puede ser compensado únicamente con una transacción económica.
Otro de los importantes aspectos que estarían siendo vulnerados, es el derecho a la legalidad y a la debida diligencia del Estado. Si las autoridades permitieron el establecimiento de una planta de alto riesgo violando los reglamentos de protección civil, los usos de suelo o los estudios de impacto ambiental, el Estado estaría incurriendo en una omisión grave. Las instituciones tienen la obligación de proteger a la población frente a las asimetrías de poder entre grandes proyectos industriales y comunidades locales.
La resistencia de los vecinos que se niegan a vender no es solo una defensa de la propiedad privada, sino un ejercicio legítimo de defensa de sus derechos fundamentales ante un entorno que vulnera su dignidad comunitaria. #MetroNewsMx
