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Regidores de San José Iturbide impidieron obras en La Fragua-Tepozanes
Redacción Editorial
Los mismos regidores involucrados en el presunto peculado al municipio de San José de Iturbide (https://www.metronewsmx.com/2026/05/la-gran-estafa-de-los-regidores-sueldos.html ), vuelven a hacer de la suyas y ahora buscaron impedir una acción del alcalde iturbidense. Sin embargo, en dos sesiones de Cabildo extraordinarias -la LXVII y la LXVIII- mostraron la incongruencia de primero votar en contra y luego a favor, con tres horas de diferencia.
Para entender con precisión la gravedad de lo que ocurre en ese lapso, hay que desmenuzar la cronología exacta de los hechos del 19 de mayo de 2026. No fue ante un simple cambio de opinión, sino el uso faccioso de la normatividad municipal para subsanar un cálculo político fallido por parte de los mismos regidores quienes podrían estar mostrando la incapacidad para tomar decisiones en el Cabildo o el cinismo para buscar "monedas de cambio" para sus muy personales intereses.
La sesión de cabildo LXVII: La votación en contra
En la Sesión LXVII, el bloque de regidores opositores decide armar un frente común. Su estrategia consistió en usar un argumento técnico válido: "el expediente nos llegó hace dos horas, no podemos votar algo que no hemos analizado".
¿Cuál fue el error de los regidores? En su afán de presionar al alcalde Manuel Montes de la Vega y demostrarle que ellos tenían el control del Cabildo, votaron en contra de la propuesta del Ejecutivo y forzaron que el asunto se enviara a la Comisión de Desarrollo Urbano. Ellos pensaron que al "bajarlo a comisión" congelarían el tema, obligando al alcalde a sentarse a negociar bajo sus términos y tiempos en los días subsecuentes. No midieron que el Ejecutivo sabía perfectamente lo que estaba haciendo.
Al clausurarse la primera sesión a las 14:10 horas, el expediente pasa formalmente a la comisión. Es en estas tres horas y veinte minutos donde se cae la máscara de la legalidad:
-El alcalde, sabiendo que el municipio no expropia sino que solo remite el expediente al Estado, y urgido por liberar el camino, opera políticamente desde su trinchera.
-Se convoca de manera fast-track a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano. En una sesión relámpago, sin debates reales ni análisis de campo, se redacta y se firma el Dictamen 05/CDUIOET/2026 que aprueba por "unanimidad" de sus miembros el inicio de la expropiación.
-Para lograr que los mismos regidores que pretendían congelar el asunto firmaran ese dictamen a favor en un par de horas, tuvo que ocurrir algo que les dejaría ver su error, ignorancia o exhibición de cinismo.
La sesión extraordinaria LXVIII de la tarde: El "siempre sí" (17:32 a 17:46 hrs)
A las 17:32 horas se abre la Sesión LXVIII. El alcalde no se encuentra presente. La Síndico municipal preside una sesión que dura apenas 14 minutos.
Los mismos regidores que cuatro horas antes se desgarraban las vestiduras exigiendo dictámenes de terceros y derecho de vía, levantan la mano sumisamente para aprobar exactamente el mismo expediente que en la mañana calificaron de "improvisado".
Para intentar salvar el pellejo político ante el acta de cabildo, utilizan la justificación más cínica posible: el regidor Luis Martín Herrera toma la palabra para decir que "como ya pasó por comisión", ahora sí tienen la certeza jurídica. Es una simulación absoluta: nadie analiza, dictamina y subsana un expediente de expropiación rústica complejo en un intermedio de tres horas mientras se come.
Resultaría una burla para los iturbidenses, nuevamente, que los regidores abusen de un puesto que el pueblo les otorgó para servir al mismo pueblo y no para servirse ellos como ya se ha evidenciado mediáticamente (https://www.metronewsmx.com/2026/05/san-jose-iturbide-y-la-sesion-30-pacto.html ). Es importante ver el contraste del tiempo real con el tiempo burocrático. Un proceso administrativo real toma días; un proceso que se resuelve en tres horas entre dos sesiones extraordinarias el mismo día evidencia que la burocracia fue torcida para legalizar algo que por sí no requería de dos sesiones extraordinarias.
No se trató de un "procedimiento regular de comisiones", sino la convocatoria consecutiva de sesiones extraordinarias para votar lo mismo, lo que evidencia una anomalía democrática utilizada para romper resistencias políticas.
Se evidencia ahora una "docilidad" y el "sometimiento" de un cuerpo de regidores que priorizó la protección de sus prebendas sobre la congruencia legislativa.
Los regidores evidenciaron ¿ignorancia o cinismo?
Al revisar con precisión el dictamen y las intervenciones del secretario —quien lo recalca en la primera sesión al decirse «en el entendido de que solamente se autoriza con este acuerdo el inicio del procedimiento, no se está expropiando porque esa es facultad del gobierno del estado»— se evidencia que el municipio es un simple remitente. El ayuntamiento no tenía la facultad de decretar la expropiación, ni de fijar la indemnización, ni de validar los planos definitivos; su único papel era votar si enviaba o no el expediente a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato para que allá se realizara el verdadero análisis técnico y legal.
Al cruzar este dato con la investigación de los "sueldos dorados" presentada por Metro News la semana pasada (https://www.metronewsmx.com/2026/05/penas-de-2-10-anos-de-carcel-por.html ) y el cambio de postura en cuatro horas, la actitud de los regidores de San José de Iturbide queda expuesta bajo tres ópticas críticas.
La primera es la descomunal ignorancia o cinismo procedimental, ya que si los regidores opositores sabían perfectamente que el municipio era solo un puente de trámite y que la revisión de fondo le correspondía al Estado, sus argumentos de la mañana sobre "la falta de dictámenes técnicos de terceros" o "el análisis profundo del derecho de vía" fueron meros pretextos. Usaron tecnicismos legales de forma deliberada para entrampar la sesión, sabiendo que esos requisitos ni siquiera les correspondía validarlos a ellos en esa etapa. Si no lo sabían, demuestra una preocupante falta de preparación para el cargo que ostentan; si lo sabían, evidencia un cinismo absoluto para justificar el freno político.
El segundo aspecto es el "voto en contra" como herramienta de extorsión política. Al detectar que la expropiación no dependía de ellos, queda claro que el bloqueo matutino del bloque de Luis Martín Herrera, Celso Antonio Mata y Víctor Metodio Basaldúa no fue un acto de responsabilidad legislativa ni de protección a los derechos de la particular Rosa María García Aguilar.
Fue la activación de un mecanismo de presión. Detuvieron el trámite sabiendo la extrema urgencia que tenía el alcalde por enviar el expediente al Estado. Cuatro horas después, tras una negociación fast-track en la Comisión de Desarrollo Urbano, el discurso cambió radicalmente: el regidor Luis Martín Herrera Soto pasó de exigir estudios exhaustivos a decir que el expediente "no tiene ninguna ilegalidad" y que el municipio "es únicamente el puente". La velocidad del cambio confirma que el voto en contra de la mañana fue usado como mercancía de intercambio.
La actitud de los regidores que cambiaron su voto refleja una clara prioridad: la supervivencia de sus propias canonjías económicas. En un Cabildo exhibido por percibir salarios que superan los 100 mil pesos mensuales con nula productividad, confrontar permanentemente al Ejecutivo —quien maneja las partidas presupuestales y los bonos discrecionales— resulta contraproducente para sus bolsillos. El bloque opositor midió fuerzas en la mañana, forzó la negociación en la tarde y al final, quedarían como un grupo de gentes que muestran su poco interés por los asuntos de San José de Iturbide. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido
Jorge Espadas, Edith Moreno y los narcomunicipios en ¿Guanajuato?
Redacción Editorial
-La sombra de la infiltración criminal en los ayuntamientos de Guanajuato desata una guerra de acusaciones en la tribuna legislativa.
-Investigaciones federales de la FGR sobre narcopolítica acorralarían la legitimidad de alcaldes y diputados en el estado de Guanajuato.
-El fantasma de los narcomunicipios confrontó a las bancadas del PAN y Morena, convirtiendo el Congreso local en un campo de batalla.
-La delincuencia organizada exigió, según el alcalde, el control de dependencias clave en Celaya, exponiendo la vulnerabilidad de los gobiernos locales.
-Diputados recurrirían a la velada insinuación de nexos criminales, eludiendo la obligación de presentar denuncias penales formales.
-La legisladora Edith Moreno se blinda ante los embates panistas, calificando de calumnia política las sospechas.
-La FGR mantendría bajo la lupa judicial a por lo menos ocho alcaldes guanajuatenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.
-Alcalde de Celaya confesó presiones directas y exigencias de cargos públicos por parte de células de la delincuencia organizada.
-El Congreso de Guanajuato degradaría el debate de seguridad pública a una guerra sucia de desgaste con miras a rentabilidad electoral.
-El cruce de imputaciones por narcogobiernos evidenciaría la total descomposición institucional en los municipios de Guanajuato.
El debate público en el estado de Guanajuato alcanzó la semana pasada un punto de ebullición discursiva que trasciende la habitual confrontación de agendas partidistas para adentrarse en el terreno de las acusaciones de alta gravedad institucional. Las recientes declaraciones del legislador panista Alejandro Espadas (referido en el contexto parlamentario como Jorge Espadas) en la tribuna del Congreso del Estado, seguidas por la enérgica respuesta de la diputada local Edith Moreno Valencia, no son hechos aislados ni meras anécdotas de la crónica parlamentaria; constituyen el síntoma visible de un tejido político profundamente impactado por la crisis de seguridad y la sombra de la infiltración criminal en las estructuras municipales.
Desde una perspectiva de análisis acucioso, el planteamiento de Espadas alude a la existencia de "narcogobiernos" y "narcomunicipios", sugiriendo una revisión obligatoria "municipio por municipio" y "diputada por diputado". La retórica empleada, caracterizada por sentencias populares como "para hablar de esto hay que tener la lengua larga y la cola corta", opera en el plano de la insinuación generalizada. Si bien el legislador no pronuncia un nombre propio específico en su alocución, la dirección de su mensaje y las referencias a "eventos partidistas" y entornos distritales configuran una dedicatoria velada que la contraparte consideró directa.
La reacción de la diputada Edith Moreno Valencia a través de un comunicado oficial expone una clara disyuntiva política. Al revisar los contenidos, se observa un fenómeno de confrontación donde la legisladora opta por una postura de defensa anticipada, una estrategia conocida en el argot político como "curarse en salud". Al desmentir de forma tajante cualquier vínculo personal o familiar con grupos delictivos, Moreno Valencia busca desactivar el impacto de la insinuación antes de que esta adquiera la categoría de una acusación formal en la percepción ciudadana.
Existe una contradicción de fondo en la naturaleza de las argumentaciones: mientras Espadas apela al "saber general" y afirma que los medios de comunicación ya han dado cuenta de tales situaciones para validar su discurso sin aportar expedientes específicos en ese instante, la diputada Moreno exige el cumplimiento del rigor legal y ético, emplazándolo a presentar denuncias formales ante las autoridades competentes. La legisladora reconvierte el embate en un reclamo hacia la gestión histórica de la seguridad en la entidad por parte del partido gobernante, calificando la postura panista como una "cortina de humo".
La gravedad de este intercambio se fundamenta en un contexto histórico y legal documentado de manera amplia por la prensa nacional y regional. Las afirmaciones sobre la vulnerabilidad de las administraciones locales frente al crimen organizado no carecen de antecedentes periodísticos ni de líneas de investigación activas por parte de las instituciones de procuración de justicia.
Las palabras del diputado Jorge Espadas en el Congreso
Qué relevante. ¿Y quién dice representar a este poder legislativo? Qué relevante porque con el ejemplo se predica. Hoy estamos hablando de narcogobiernos y también hay narcomunicipios y tenemos que revisar también el estado de Guanajuato municipio por municipio y tenemos que revisar nuestras acciones diputada por diputado, diputada por diputado, porque para hablar de esto hay que tener la lengua larga y la cola corta. Y usted sabe, usted sabe a lo que me refiero y perfectamente lo sabe, y los medios de comunicación lo saben y han dado cuenta de ello.
Porque para hablar de construir la seguridad tenemos que ver cómo estamos abonando cada una y cada uno de nosotros desde nuestros entornos, desde nuestros distritos, desde nuestros municipios, desde nuestro quehacer público. Usted sabe a lo que me refiero. La paz la construimos todos y es responsabilidad de todos. Y en Guanajuato avanzamos en la construcción de la paz de la mano del gobierno federal con una coordinación con las autoridades de seguridad federal, estatal y municipal. Y lo vamos a seguir haciendo. Si les duelen los eventos partidistas ese es problema de ustedes. Sóbense. Vamos arrancando. Fue el primero. Faltan muchos. Muchas gracias.
La respuesta de la diputada celayense Martha Edith Moreno Valencia
En sus redes sociales, la diputada publicó lo siguiente:
COMUNICADO
Ante los delicados señalamientos realizados por el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Espadas, durante la discusión de asuntos generales de la sesión ordinaria de este jueves 14 de mayo, manifiesto lo siguiente:
De manera ambigua, imprecisa y sin presentar una sola prueba, el diputado pretendió insinuar que Morena en Guanajuato tiene vínculos con grupos delictivos. Más grave aún, buscó aludir de forma velada a mi persona, recurriendo a una estrategia de intimidación y desprestigio público.
Frente a ello, señalo de manera tajante:
1. Ni yo ni mi familia tenemos vínculo alguno con grupos delictivos, actividades ilícitas o intereses ajenos a la ley. Rechazo categóricamente cualquier insinuación en ese sentido.
2. Si el diputado Jorge Espadas afirma tener conocimiento de que alguna persona integrante de Morena mantiene vínculos de esa naturaleza, tiene la obligación legal y ética de acudir ante la autoridad competente y presentar la denuncia correspondiente. De no hacerlo, sus dichos no son más que calumnias políticas, utilizadas para ensuciar el debate público y evadir la discusión de fondo.
3. Exijo al coordinador de Acción Nacional que se retracte públicamente de sus señalamientos. Si no lo hace, procederé legalmente en su contra por las vías que correspondan.
4. No vamos a permitir que el PAN pretenda convertir el Congreso del Estado en una tribuna de difamación y guerra sucia.
Resulta irresponsable que, ante la crisis de seguridad que vive Guanajuato, quienes han gobernado el estado durante décadas pretendan lavarse las manos acusando sin pruebas a la oposición. El PAN debe responder por los resultados de sus gobiernos, no fabricar cortinas de humo para ocultar su fracaso.
ATENTAMENTE
EDITH MORENO
DIPUTADA LOCAL
Los antecedentes desde el 2024
Al contrastar las alarmas encendidas en junio de 2024 por el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo con la ríspida realidad parlamentaria e informativa de 2026, queda en evidencia una preocupante institucionalización del conflicto por la infiltración criminal en Guanajuato. Lo que en 2024 comenzó como una advertencia preventiva de la Mesa de Seguridad Estatal post-electoral, se ha transformado hoy en una abierta parálisis y en un arma de desgaste retórico en la tribuna del Congreso.
En 2024, el Ejecutivo estatal apuntó de manera general a un problema estructural, exhortando a los partidos políticos a revisar los perfiles de sus candidatos. En 2026, esa misma narrativa ha sido asimilada por las bancadas legislativas no como una ruta para la depuración formal, sino como una herramienta de descalificación mediática directa.
A pesar de que las carpetas de investigación pasaron de las mesas locales a la Fiscalía General de la República (FGR), el tránsito del tiempo demuestra que los señalamientos políticos corren a una velocidad infinitamente mayor que los procesos judiciales. Ninguno de los expedientes ha alcanzado una judicialización definitiva, lo que propicia que los actores políticos se "curen en salud" mediante comunicados de prensa en lugar de defenderse en los tribunales, perpetuando un estado de sospecha generalizada sobre los gobiernos municipales (como el caso documentado en Celaya).
La narrativa del "narcomunicipio" ha transitado de ser una preocupante alerta de seguridad del Estado a convertirse en un recurrente recurso discursivo de los partidos políticos para eludir su propia responsabilidad histórica en la crisis de violencia que golpea a la entidad.
El choque entre Alejandro Espadas y Edith Moreno Valencia en el Congreso de Guanajuato no representa un mero diferendo de criterios legislativos, sino la manifestación discursiva de una problemática estructural severa. La utilización de la tribuna para sembrar sospechas sin el acompañamiento inmediato de denuncias penales formalizadas corre el riesgo de degradar el debate político a una estrategia electoral de desgaste. Por otro lado, la enérgica negativa y el blindaje retórico de la oposición demuestran que el tema de los "narcomunicipios" es el flanco más sensible de la realidad política estatal. Mientras los datos duros de las agencias federales sigan acumulándose en expedientes de investigación, la obligación de la clase política guanajuatense de todos los signos partidistas radica en transitar de la acusación mediática a la depuración institucional demostrable, evitando el uso de la seguridad como un simple instrumento de confrontación estéril.
La información plasmada por los medios
Para dotar de sustento documental y objetividad periodística este análisis, se exponen las reseñas informativas de las coberturas clave que registran la génesis de esta problemática:
La Jornada
Este diario documentó el momento exacto en que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reveló que, según datos recabados por la Mesa de Seguridad, al menos ocho candidatos ganadores de los comicios de 2024 contaban con nexos directos o familiares con células delincuenciales, señalando que los expedientes correspondientes serían remitidos a las instancias del fuero federal por tratarse de delincuencia organizada.
Infobae México
El portal realizó un desglose analítico de las declaraciones del mandatario estatal, subrayando la gravedad institucional que implicaba la victoria de perfiles bajo sospecha criminal en las urnas y detallando la omisión de los partidos políticos locales que ignoraron los filtros de control previos al desarrollo de las campañas electorales en Guanajuato.
Proceso
A través de su corresponsalía, la revista destacó la dimensión política del anuncio oficial, vinculando la existencia de los ocho expedientes de alcaldes y legisladores electos bajo sospecha con el contexto de violencia directa ejercida contra candidatos en demarcaciones vulnerables de la entidad, como Tarimoro.
El Sol de México (Organización Editorial Mexicana)
La nota de la OEM ofreció un seguimiento puntual del impacto territorial del anuncio, confirmando que las investigaciones involucraban a distintas fuerzas partidistas y señalando cómo las alertas del gobierno estatal pretendían sacudir la conformación de los próximos cabildos antes de la toma de protesta formal de los presidentes municipales.
El Pípila
El medio nativo digital del Bajío analizó el clima de incertidumbre y sospecha generalizada que la declaración del Ejecutivo inyectó en el panorama político regional, remarcando el hermetismo inicial sobre las identidades y los municipios específicos para evitar la afectación de las indagatorias ministeriales en curso.
Milenio Diario
La cadena informativa dio cobertura a la confirmación de la apertura de indagatorias, detallando la colaboración requerida entre la Fiscalía General del Estado y las autoridades federales para el cruce de datos forenses y financieros que permitieran robustecer los señalamientos de cara al relevo de las administraciones locales.
El Universal
Reportó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía abiertas líneas de investigación dirigidas a presidentes municipales del estado de Guanajuato por presuntos nexos con organizaciones delictivas, señalando que existen al menos ocho alcaldes involucrados en estas indagatorias.
Infobae México
Expone el alcance de las investigaciones de la FGR, las cuales no solo se limitan a los niveles ejecutivos municipales, sino que también abarcan a diputados de la entidad, bajo la sospecha de mantener vínculos operativos o de protección con el narcotráfico.
La Jornada
Confirma el desarrollo de las carpetas de investigación por parte del ministerio público federal respecto a legisladores y alcaldes guanajuatenses, destacando la tensión institucional que esto genera entre las esferas de gobierno local y federal.
N+
Aborda las pesquisas de carácter federal sobre los alcaldes de la región, enfocándose en las implicaciones que estas sospechas tienen para la legitimidad de los mandatos locales y la urgencia de esclarecer los posibles nexos con el crimen organizado.
SPR Informa
Detalla el seguimiento informativo sobre las indagatorias federales a funcionarios locales de Guanajuato, vinculando el tema con el debate nacional sobre la necesidad de blindar las instituciones municipales frente a la delincuencia.
Unomásuno
Subraya la gravedad de las investigaciones conducidas por la FGR en territorio guanajuatense, apuntando a la vulnerabilidad del entramado político administrativo municipal ante las presiones e intereses de las células delictivas.
Proceso
Documenta un caso crítico de presión institucional directa, detallando las revelaciones del alcalde de Celaya, quien denunció públicamente que miembros del crimen organizado le exigieron formalmente el control de diversas dependencias clave de la administración municipal.
Metro News
El titular de la Fiscalía señaló que a pesar de las declaraciones mediáticas realizadas por Juan Miguel Ramírez Sánchez, alcalde de Celaya, y sus diálogos con la delincuencia organizada (https://www.metronewsmx.com/2025/11/juan-miguel-ramirez-la-valiente-victima.html ), este nunca interpuso ante la Fiscalía la denuncia respectiva. (https://www.metronewsmx.com/2025/11/exhibe-fiscal-alcalde-de-celaya-se-dijo.html ). Luego pediría a los delincuentes que respetaran los "códigos de antes" (https://www.metronewsmx.com/2025/09/alcalde-de-celaya-apela-al-crimen-como.html )
Aristegui Noticias
Recoge el testimonio directo del presidente municipal de Celaya, quien admitió haber tenido contactos con elementos del crimen organizado, precisando que rechazó de manera firme la entrega de recursos financieros y el otorgamiento de cargos públicos dentro de su gabinete.
#MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido
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