Metro News Mx

-El 61.5% de los mexicanos se siente inseguro, revelan datos del INEGI; la crisis institucional frena cualquier avance real.

-Desaparecer policías locales es un atajo simplista que ignora la profunda complejidad del tejido delictivo en todo el país.

-Más de 500 policías asesinados entre finales de 2024 y 2026 exponen la vulnerabilidad extrema de las fuerzas municipales hoy.

-El mando único centralizado no garantiza seguridad; existe el riesgo de crear un monopolio de fuerza más difícil de auditar.

-Irapuato destaca negativamente con una percepción de inseguridad del 92.1%, superando drásticamente el promedio nacional hoy.

-David Saucedo advierte: las policías municipales no son una muralla, sino un blanco estratégico para el crimen organizado.

-La violencia en México ha derivado en actos de narcoterrorismo, buscando mandar mensajes públicos de control y dominio total.

-La seguridad requiere una recomposición ética y operativa de toda la cadena de justicia, más allá de una simple reforma legal.

-El gobernador de Michoacán reactiva el debate sobre desaparecer policías municipales ante la infiltración del narco en la zona.

-Investigaciones confirman colusión de mandos policiales con el CJNG en diversos municipios michoacanos durante este año 2026.

La reciente discusión sobre la posible desaparición de las policías municipales en México ha sido reactivada principalmente por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en julio de 2026.

El planteamiento surge tras una serie de incidentes críticos de seguridad en municipios michoacanos -específicamente Zacapu, Coeneo y Ecuandureo-, donde investigaciones oficiales han señalado la presunta colusión de mandos y elementos policiales locales con grupos del crimen organizado, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El gobernador Ramírez Bedolla ha sugerido que, ante la fuerza y despliegue territorial que posee actualmente la Guardia Nacional, sería "factible" que esta institución asumiera las funciones de policía nacional, eliminando las corporaciones municipales. El debate se intensificó tras el asesinato de cinco policías estatales en Nahuatzen en junio de 2026, evento por el cual fueron detenidos el director y subdirector de Seguridad Pública de Zacapu.

Este no es un tema nuevo en la agenda política mexicana; se trata de un debate recurrente que ha surgido en años anteriores, siendo uno de los casos más recordados el impulso que dio el gobierno de Enrique Peña Nieto tras la crisis de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, cuando se propuso la creación de "policías únicas" estatales. Aunque el tema ha vuelto a la mesa de discusión por la coyuntura en Michoacán, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, desde finales de 2024, ha mantenido una línea de trabajo enfocada en el fortalecimiento y profesionalización de las capacidades policiales a nivel regional y local, en lugar de su extinción.

El debate pone de relieve la tensión persistente entre la necesidad de profesionalizar a las policías locales —que a menudo enfrentan carencias de equipamiento y capacitación— y la preocupación constante por su vulnerabilidad ante la infiltración delictiva.

La crisis de seguridad pública en México ha alcanzado niveles de fatiga institucional donde el debate sobre la desaparición de las policías municipales se presenta como un atajo simplista. Los datos recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, al primer trimestre de 2026, revelan que el 61.5 % de la población adulta en áreas urbanas se siente insegura en su ciudad, una cifra que ilustra un fracaso sistémico. La tentación de eliminar el escalón municipal para centralizar el mando es, en el mejor de los casos, una ilusión de control que ignora la complejidad del tejido delictivo.

El debate sobre la eficacia policial se ha estancado en una dicotomía estéril entre el mando único y el modelo tradicional. Mientras se discute la desaparición de corporaciones locales, se omite que al menos 516 municipios en el país carecen de policía, y en aquellos donde sí existe, el déficit de equipamiento es dramático: solo el 32 % de los agentes posee chalecos antibalas y apenas el 24 % dispone de armas de fuego. La infiltración del crimen organizado no es una falla exclusiva de las policías municipales, sino una consecuencia de la debilidad del Estado en su conjunto para ofrecer condiciones mínimas de operación y vida a sus agentes, cuya mortalidad ha superado los 500 efectivos asesinados entre finales de 2024 y principios de 2026.

Sustituir la policía municipal por un mando centralizado, sin haber resuelto las fallas en el sistema de procuración de justicia y los controles de confianza, corre el riesgo de crear un monopolio de fuerza vulnerable a una infiltración mayor y más difícil de auditar. El problema no reside únicamente en el nivel administrativo del cuerpo de seguridad, sino en la ausencia de una doctrina policial profesional, programas de desarrollo humano y servicios de carrera sólidos que blinden a los elementos frente a las presiones predatorias del narcotráfico. La seguridad requiere más que una reestructuración orgánica; exige una recomposición ética y operativa de toda la cadena de justicia.

La idea de que desaparecer las policías municipales erradicará la corrupción es una falacia que ignora la naturaleza predatoria de los grupos criminales. Estos grupos, conscientes del impacto mediático y estratégico que generan, han convertido a las corporaciones locales en su primer objetivo de captura. Al poseer facultades de detención, sistemas de videovigilancia y armamento, el policía municipal, mal equipado y peor pagado, se convierte en un botín político para los cárteles. Sin embargo, trasladar estas facultades a un mando único o estatal no garantiza la inmunidad; solo traslada el epicentro de la corrupción a una escala donde, de ser corrompida la cabeza del mando, la vulnerabilidad del territorio se multiplica.

La evidencia internacional y las experiencias locales, como el caso de estados que han mantenido modelos tradicionales con éxito verificable, sugieren que la seguridad es un proceso de proximidad. En comunidades donde existe una policía con vocación comunitaria y una relación directa con el ciudadano, la incidencia delictiva encuentra mayores obstáculos. El problema actual es que el "municipio" ha sido abandonado a su suerte: sin recursos, sin equipo y sin respaldo institucional, lo que ha generado un vaciamiento de las instituciones formales.

Concluir que la solución definitiva es la eliminación del orden municipal es omitir que el Estado democrático requiere contrapesos. El desafío de México no es puramente logístico, sino profundamente institucional. La desaparición de las policías locales no vendría a ser una "solución final", sino una abdicación más de la responsabilidad democrática local en favor de una centralización que, hasta hoy, no ha demostrado ser más eficiente ni menos vulnerable a los intereses de quienes, en la sombra, intentan controlar la vida pública.

El análisis que se presenta a continuación se basa estrictamente en el contenido de las páginas 1 a 9 del reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de marzo de 2026, enfocado en el contexto de las ciudades del estado de Guanajuato y sus indicadores comparativos.

El reporte de la ENSU, publicado el 24 de abril de 2026 con datos correspondientes al primer trimestre de 2026, ofrece una radiografía crítica de la percepción de inseguridad en las áreas urbanas del país. A nivel nacional, el 61.5 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad durante marzo de 2026, registrando una reducción estadísticamente significativa frente al 63.8 % reportado en diciembre de 2025.

En el estado de Guanajuato, las ciudades monitoreadas -que omiten, por razones desconocidas a Celaya y Salamanca- presentan disparidades significativas en su percepción de seguridad. Es fundamental destacar los siguientes datos:

-León: Muestra una percepción de inseguridad del 76.2 % en marzo de 2026, una cifra prácticamente estable comparada con el 76.0 % de diciembre de 2025. Al contrastar con marzo de 2025 (79.0 %), se observa una ligera tendencia a la baja, aunque sin alcanzar una diferencia estadísticamente significativa.

-Guanajuato (ciudad): Reportó un 73.1 % de percepción de inseguridad en marzo de 2026, aumentando respecto al 68.7 % de diciembre de 2025. En comparación anual, la cifra es superior al 71.2 % registrado en marzo de 2025.

-Irapuato: Destaca negativamente como una de las áreas urbanas con mayor percepción de inseguridad, alcanzando un 92.1 % en marzo de 2026. Este dato marca un incremento preocupante frente al 87.3 % de diciembre de 2025 y al 88.4 % de marzo de 2025, reafirmando una tendencia al alza en la percepción de riesgo por parte de sus habitantes.

Al analizar la posición de las ciudades guanajuatenses dentro del espectro nacional, Irapuato se sitúa entre las ciudades con la mayor percepción de inseguridad del país (92.1 %), superando a ciudades como Guadalajara (90.2 %). Esta cifra es drásticamente superior al promedio nacional de 61.5 %.

La disparidad es notable si se compara, por ejemplo, con San Pedro Garza García, que reportó apenas un 4.4 % de inseguridad, evidenciando las brechas de percepción según la ubicación geográfica y el contexto local de cada área urbana.

El diseño de la ENSU es probabilístico y de tres etapas, con una muestra de 27,300 viviendas a nivel nacional. Los datos revelan una brecha constante en la percepción según el sexo de los encuestados. En marzo de 2026, a nivel nacional, el 67.2 % de las mujeres consideró inseguro vivir en su ciudad, frente al 54.6 % de los hombres. Esta tendencia se mantiene constante en las mediciones desde 2023, donde la percepción femenina de inseguridad supera sistemáticamente a la masculina, reflejando una vulnerabilidad diferenciada ante el entorno urbano. Es de considerar también que en México los censos muestran mayor cantidad de mujeres que de hombres.

De acuerdo con el apartado de "Percepción de inseguridad por espacio físico específico", la población identifica claramente los lugares donde se siente más vulnerable. A nivel nacional, el orden de mayor inseguridad es el siguiente:

1. Cajeros automáticos en vía pública: 70.6 %.

2. Calle: 65.3 %.

3. Transporte público: 64.1 %.

4. Carretera: 60.1 %.

Las mujeres reportan niveles significativamente más altos de temor en todos estos espacios; por ejemplo, el 77.0 % de las mujeres se siente insegura en cajeros automáticos, en contraste con el 63.5 % de los hombres. En la calle, la cifra es de 70.7 % para mujeres frente a 58.7 % para hombres.

La expectativa social sobre la seguridad pública ofrece un ángulo sobre la confianza ciudadana hacia el futuro inmediato. En marzo de 2026, el 30.1 % de la población nacional consideró que la situación de inseguridad seguirá "igual de mal" en los próximos 12 meses, una disminución respecto al 33.7 % registrado en diciembre de 2025. Sin embargo, preocupa que un 27.1 % opine que la situación "empeorará", un aumento significativo frente al 25.6 % del trimestre previo. Este pesimismo estructural sobre las condiciones de seguridad sugiere que, a pesar de las fluctuaciones en la percepción actual, una parte sustancial de la ciudadanía no visualiza una mejora sustancial a corto plazo.

El estado de Guanajuato, representado por León, la capital y Irapuato, se mantiene bajo una presión persistente en cuanto a seguridad pública, destacando el caso de Irapuato como un foco de alta alerta social. Mientras que algunas áreas del país muestran reducciones estadísticamente significativas en su percepción de inseguridad, ciudades guanajuatenses enfrentan retos específicos donde la tendencia no ha sido favorable o se ha mantenido en niveles críticos. La combinación de una percepción de inseguridad por encima del promedio nacional y la vulnerabilidad reportada en espacios cotidianos como calles y cajeros, subraya la necesidad de revisar las políticas de prevención local y el impacto de las estrategias gubernamentales en la tranquilidad ciudadana.

El 25 de noviembre de 2024, en una entrevista realizada en CNN por Carmen Aristegui a David Saucedo, consultor en políticas públicas y seguridad, se abordó la crisis de violencia en Tabasco y su conexión con un patrón nacional de disputa criminal. Saucedo señala que, aunque las autoridades han mostrado resistencia para reconocer la profundidad del conflicto, la violencia actual obedece a una guerra entre cárteles —específicamente células del Cártel Jalisco y del Cártel de Sinaloa— por el control territorial y de los puntos de venta de drogas.

Carmen Aristegui Flores: 

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, ha dicho que este brote de violencia registrado en Tabasco obedece a la disputa de dos grupos del crimen organizado que mantienen para controlar la venta de drogas, que tiene que ver con las adicciones, un tema que antes no teníamos en el estado. ¿Qué te dice esta declaración, David Saucedo?

Está diciendo estamos sorprendidos porque esto no ocurría en Tabasco y es de reciente llegada a nuestra entidad, dice el gobernador. El consumo de drogas ilícitas en Tabasco más bien se incrementó desde hace cuando menos unos cinco o seis años aproximadamente, pero en efecto, la disputa criminal por el control de la plaza más bien es reciente, quizá tenga lo más dos años y medio aproximadamente. No es que no hubiera consumo de drogas en Tabasco, en Veracruz, en Chiapas, en Campeche, que son, habían sido estados que durante algún tiempo habían tenido periodos largos de paz y estabilidad, más bien había un solo grupo criminal que tenía el control de la actividad delictiva. Cuando llegan dos o más grupos a disputar la actividad criminal, se generan las guerras de cárteles. Ha habido una resistencia por parte de las autoridades estatales y federales para reconocer la existencia de grupos del crimen organizado, grupos de macrocriminalidad, sobre todo porque Tabasco es la capital sentimental de la 4T, es el estado del que es originario el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que vemos en estas regiones del sureste son enfrentamientos entre las mafias locales, que son auténticas guerras civiles por el control de la actividad criminal, en donde están por un lado las células del Cártel Jalisco, las células locales, y en el caso de Tabasco lo que no comentó el gobernador en esta conferencia de prensa, fue que además están apuntaladas por el Cártel de Sinaloa, apuntaladas por el Cártel de Sinaloa, eso no lo mencionó.

Efectivamente, y bueno pues, ¿hay alguna conexión, te pregunto, de lo que ocurrió en Tabasco este fin de semana con lo que ocurrió hace unos días en Querétaro, donde también personas armadas acribillaron a jóvenes que estaban en ese bar?

Bueno, esto último lo veo posible pero improbable. Definitivamente hay un patrón de conducta, lo que vemos es que los grupos del crimen organizado utilizan los centros de sano esparcimiento, restaurantes, bares, cantinas, con el objeto de comercializar en ellos drogas ilícitas. Por supuesto que hay una disputa de los grupos del crimen organizado por el control de los puntos de venta y en este sentido, los puntos de venta se invierten también en escenarios de conflicto en donde los grupos del crimen organizado tratan de comercializar sus productos y erradicar la venta de drogas de la competencia. Por un lado, pero por el otro, los grupos criminales que son muy conscientes del daño que generan y el impacto mediático que producen con estas balaceras, están incurriendo de manera sistemática en la realización de actos de narcoterrorismo. Entiendo perfectamente la resistencia del Gobierno Federal a caracterizar estos eventos como de narcoterrorismo, porque tienen miedo de que se activen los mecanismos de intervención que hay en los Estados Unidos para enfrentar a los grupos del terrorismo internacional. Sin embargo, todos estos eventos no solo son con el objeto de calentar la plaza o de asesinar a un líder criminal o tratar de imponer la comercialización de drogas propias en un espacio en donde se venden drogas de la competencia, también tienen el objeto de mandar un mensaje muy público a las autoridades, a los comensales, para que resistan de estar en ciertos espacios públicos, sabiendo de que pueden ser blanco del crimen organizado. Estamos hablando de que una parte importante de la criminalidad en México en los últimos años se ha centrado básicamente en los municipios de México, hay una lista, no tengo el dato porque es un dato incluso que ni siquiera es único, hay varias versiones de cuántos presidentes municipales han sido asesinados o perseguidos o impedidos a seguir gobernando en los últimos, ¿Qué te gusta?, siete años, ocho años, tú me dirás.

Así es.

Eso se deriva del esquema que tenemos en México, se copió el esquema de seguridad pública de los Estados Unidos, en donde los municipios tienen facultades en materia de seguridad pública. En América Latina la experiencia es diferente, hay ya sea policías regionales o incluso nacionales. Si lo entiendo bien, a la larga lo que se busca por parte del Gobierno Federal es conformar una única policía nacional, que en este caso sería la Guardia Nacional, que tendría atribuciones en materia de seguridad. Pero en tanto que los municipios tengan constitucionalmente estas facultades, cuentan con un estado de fuerza, directores de policía, patrullas, elementos armados, y se convierten no en una muralla que impida la labor del narcotráfico, sino en un objeto, en un blanco del crimen organizado, porque dependiendo del municipio, hay municipios que tienen cinco, diez, pero también hay municipios que tienen más de quinientos elementos de seguridad pública. Se convierten en un botín para los cárteles; las policías municipales, ya sean grandes o pequeñas, tienen facultades para realizar detenciones, cuentan con sistemas de videovigilancia, elementos armados, pueden hacer retenes, y estas facultades son muy valiosas para los integrantes del crimen organizado que quieren tener el dominio territorial de alguna región del estado que están invadiendo o del cual ya tienen un control desde hace tiempo. En mi opinión, lo que se tiene que hacer ya desde hace tiempo es retirarle a los municipios estas facultades de seguridad pública, porque es imposible tener corporaciones de seguridad con estas características que sean eficientes, eficaces, que puedan combatir al crimen organizado. Definitivamente no las tienen, habría que evolucionar a mandos únicos estatales o bien al mando único nacional que se intenta con la Guardia Nacional.

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Transportes Marva, empresa de gran escala con presencia nacional, enfrenta graves señalamientos por parte de excolaboradores tras la falta de pago de utilidades y presuntas tácticas coercitivas para evitar el cumplimiento de sus obligaciones legales. La empresa, que opera unidades en ciudades como Puebla, Ciudad de México, Monterrey, Nuevo Laredo y Guanajuato, ha sido denunciada ante las autoridades laborales por trabajadores que, tras concluir su relación laboral, se enfrentan a una administración que condiciona los pagos a trámites interminables o simplemente los niega.

El denunciante, -quien entregó prueba documental de su denunci ante las autoridades- cuya identidad se mantiene bajo resguardo debido al proceso legal en curso ante el centro de conciliación, detalla que la empresa incumplió la fecha límite de pago de utilidades establecida por la ley. A pesar de que los trabajadores fueron citados para entregar documentación y llenar formatos específicos, la administración no ha proporcionado fechas concretas para el pago, una práctica que, según el testimonio, ha afectado históricamente a extrabajadores de ejercicios fiscales anteriores.

La problemática se extendería a la gestión interna del capital humano, donde los empleados son clasificados bajo esquemas de confianza o administrativos para evitar su sindicalización. El extrabajador denuncia que la empresa utilizaría de manera sistemática hojas de renuncia en lugar de procesos de despido formales, intentando eludir el pago de las prestaciones que corresponden por ley. Además, se habrían reportado irregularidades constantes en el pago de salarios, faltantes inexplicables en las nóminas y la negativa a entregar cartas de recomendación, a pesar de haber cumplido satisfactoriamente con jornadas extendidas y tiempos extras.

-La empresa utilizaría tácticas dilatorias al solicitar documentación y formatos, sin establecer plazos reales para cumplir con el reparto de utilidades, violando los términos legales establecidos.

-El esquema de contratación de personal administrativo o de confianza se utilizaría estratégicamente para limitar el derecho a la sindicalización y reducir la presión colectiva frente a abusos laborales.

-Existen denuncias sobre la coacción para firmar hojas de renuncia en blanco, práctica empleada que buscaría evadir responsabilidades legales y obligaciones financieras ante el cese de la relación laboral.

Este medio informativo intentó contactar a la matriz de Transportes Marva, ubicada en Puebla, a través del número 800 838 4681, con el objetivo de conocer la postura oficial de la empresa. A las 17:30 horas, el personal que atendió el conmutador indicó que no había responsables disponibles en ese momento y señaló que se contactarían nuevamente al mediodía del día siguiente. Ante la negativa de otorgar una respuesta inmediata, Metro News procede a publicar la información basada en las pruebas documentales y testimoniales en su poder, dejando este espacio abierto para recibir los comentarios o aclaraciones de la empresa

Basado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual es aplicable en todo el territorio nacional y por ende en el estado de Guanajuato, Transportes Marva estaría incurriendo en las siguientes faltas:

-Incumplimiento del reparto de utilidades (PTU): De acuerdo con los artículos 117 y 123 de la LFT, las empresas están obligadas a realizar el reparto de utilidades dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. La omisión o dilación injustificada es una violación directa a este derecho constitucional.

-Coacción y simulación de renuncia: La práctica de hacer firmar hojas de renuncia en blanco o forzar la firma de documentos sin fecha constituye una simulación y un vicio del consentimiento, lo cual contraviene el artículo 33 de la LFT, que establece la nulidad de cualquier renuncia de derechos de los trabajadores.

-Irregularidades en la nómina: El artículo 82 y subsecuentes de la LFT obligan al patrón a realizar el pago íntegro del salario. Los faltantes injustificados y la omisión de pago por horas extras trabajadas son faltas graves a la legislación.

-Impedimento a la libre sindicación: Clasificar a trabajadores como "personal de confianza" para evitar la formación de sindicatos o la aplicación de contratos colectivos, cuando sus funciones no corresponden a tal categoría (según el artículo 9 de la LFT), sería una estrategia para evadir la representación sindical.

-Obstrucción a la colocación laboral: La negativa sistemática a entregar cartas de recomendación o referencias laborales, afectando la posibilidad del trabajador de reinsertarse en el mercado laboral, contravendría el derecho humano fundamental al trabajo y la libertad de profesión.

Bueno, pues tengo tengo en la línea telefónica a un extrabajador de la empresa Marva, que se dedica a transportes de diferente tipo. Me comentó fuera de audio que se trata de autos, contenedores, también es nodriza, cajas secas, etcétera. Pero el tema no es hacerle publicidad a la empresa en lo que hace, sino en el problema que se está generando con los trabajadores por la falta del cumplimiento de obligaciones de la empresa para con ellos y muy específicamente lo que es el pago de utilidad. Quiero agradecerle, quiero hacer la observación que estamos guardando el anonimato y la identidad de nuestro entrevistado, precisamente porque él está llevando un proceso, está llevando un proceso precisamente para que la empresa cumpla con sus obligaciones y no entorpecerle este proceso, pero sí manifestar la queja porque se está dando tardanza y no es el único al parecer por lo que nos explica que está en este caso. Muchas gracias por la entrevista y nos gustaría que nos platicara qué está pasando entre la empresa Marva y sus trabajadores, gracias.

Pues mire este yo soy trabajador de la empresa Transportes Marva.

Extrabajador.

Extrabajador.

Extrabajador, ok.

Extrabajador de Marva:  

Extrabajador, sí, sí. Y nos estaban eh nos sindicaron que el pago de utilidad sería hasta el último día de junio, no el 30 de mayo como lo marca la ley. Eh pasó el último día de junio, no nos dieron respuesta, este entonces se hizo un poco de presión. Y resulta que la empresa nos nos solicitó ir a llenar un formato y nos solicitó los documentos para realizarnos supuestamente, iniciar el trámite y darnos la el pago de utilidades. Pero al momento de llenar la solicitud y entregar los documentos te dicen que no tienen fecha de cuando se van a pagar las utilidades. Entonces, ya es algo muy lógico porque pues se supone que por ley ya venció el plazo, pero de lo que nos venimos enterando pues es que a personas que también son extrabajadores de años anteriores como el 2024, 2023, les hacían prácticamente lo mismo, le solicitaban la documentación, les hacían llenar el formato, pero resulta que a muchos jamás les dieron utilidades porque pasó su año que tenían de derecho para expedir sus utilidades. O sea, la empresa jamás se las entregó. A unos sí, a unos no, a unos a los 6 meses, a unos jamás. Entonces, es lo que estamos nosotros exigiendo, este tratar de buscar ayuda para ejercer un poco de presión para ver si así la empresa ya nos da nuestras utilidades que, pues obvio ya, claramente se pasó por mucho tiempo, sería prácticamente como 2 meses. Entonces, esto es lo que está pasando. No solo a una persona, sino esta empresa está haciendo esto a todo nivel nacional, eh no solamente en un estado, sino a nivel nacional. Entonces, es lo que estamos tratando de exigir que cumpla con con lo que marca la ley, no estamos exigiendo otra cosa, entonces es lo que lo que viene pasando aquí con esta empresa.

Estábamos platicando fuera de fuera de entrevista que eh diera la impresión, lo digo yo, me gustaría que que en un momento usted me dijera si tengo o no razón, pero a veces diera la impresión que para algunas empresas, no para todas, hay que aclarar, pareciera que los trabajadores son como piezas de un tablero de ajedrez que pueden ser desechadas cuando se le pegue la gana a esa empresa o correrlo o no o no cumplir con las obligaciones que corresponden y el trabajador a veces no se puede defender, no puede hacer nada. Eh esa sensación me da, que hay un abuso, esa es la palabra. ¿Coincide usted conmigo que esto es lo que está sucediendo, que se está abusando de los trabajadores?

Pues sí se está abusando bastante, porque de hecho ahorita hay personas que que están en esta misma situación igual que yo y no han hecho nada, o sea ellos mmm como que confían, pero no saben en realidad lo que la empresa eh ya ha venido haciendo con anterioridad, o sea esto no es algo nuevo. Entonces, como que a la empresa la verdad pues sea extrabajador o extrabajador le viene saliendo la verdad.

No sé, no sé el tamaño de esta empresa en cuántas partes del país está, cuántas unidades maneja, contenedores, plataformas, nodrizas, es una empresa pequeña o es una empresa de gran escala?

Pues es una empresa de gran escala, lo que yo más o menos tengo un conocimiento, tiene presencia lo que es en en Puebla, en Ciudad de México, Monterrey, en Nuevo Laredo, eh Guanajuato y pues me parece que en muchos más lugares, o sea es una empresa muy grande, tiene bastantes unidades de de transporte de de todo tipo y tiene también bastante personal.

Digo sabiendo que para tener una empresa de este tamaño, insisto no sé cuántas unidades, este tractocamiones o o este otros elementos pueda tener, cuál pudiera ser el motivo que se le pase a usted por la mente para que no les quieran dar las utilidades, que está en quiebra, que a lo mejor este pues no es solvente o o qué, cuál podría ser el motivo?

Mire a a a mi o sea a mi ver es el mal manejo de de pues ahora sí que de las personas que la administran, porque pues la empresa por lo que se ve no es una empresa que esté en quiebra ni que ande ya batallándole por pues por insumos, por para movimiento de la misma empresa, o sea es el por los mismos directivos, porque yo aquí este luego tenía temas con ellos y y pues prácticamente te dicen en en casi en su cara, "¿sabes qué? Aquí por por esto, por lo mío, no te voy a dar", y así, pues, por ellos. A mi ver es eso, que es el mal manejo de los directivos.

O sea, no le han dicho eso, pero es lo que les hacen sentir.

Pues sí, la verdad. Es lo que lo hacen sentir a uno.

Qué, si si tuviera usted aquí, estuviese frente a usted, es más que en este instante estuviera leyendo o escuchando esta entrevista el dueño o los accionistas de la empresa, ¿qué les diría usted, si los tuviera aquí en frente?

Pues yo que la verdad que estuvieran un poco más al pendiente de de este ahora sí que de su empresa porque, la verdad, no todos los Así como hemos tal, bueno, no no me mencionan los malos, pero yo sé que así como luego hay personas que no cuidan su trabajo, habemos muchas personas que lo cuidábamos, lo valorábamos, pero pues o sea buenos elementos en sí en pocas palabras y y por sus directivos o sus administrativos, pues son personas que terminan ellos mismos prácticamente corriéndolos, obligándolos a pues ya sea al renuncio o a o irse así por sin nada porque, digo, son muy muy tienen muy malas prácticas. Los que tuvieron un poquito más como de cuidado en en en en en las personas que tienen al frente.

Creo que usted acaba de decir algo importante. Eh posiblemente, ¿cree usted que se les está olvidando que tratan con personas, que tratan con trabajadores y que los trabajadores son los que con su trabajo ayudan a que la riqueza de la empresa crezca?

Extrabajador de Marva: 

Sí, la verdad, sí.

Hay un olvido de este aspecto.

Sí, hay un si hay un olvido. Eh bueno, no se puede hacer voy un pequeño comentario extra, yo en mi caso este apoyaba en todo lo necesario y al al al final de de o sea de de semana eh pues apoyaba en en en todo lo que se me requiriera, con tiempos extras, con todo. Eh la verdad no no obtenía más más que lo que era mi sueldo y a veces faltantes y reclamaba uno y y prácticamente nunca había respuestas.

O sea, o sea que, o sea que...

Y eso no lo más pasó, ¿ok? Si escucho, escucho, escucho, escucho. Eso no lo más pasaba, o sea, con conmigo, porque pues como digo es una empresa grande, hay más personal. Entonces, eso mismo era lo que uno comparte luego como compañeros, este "ah no, a mí me faltó, no manches yo apoyé tal día, yo vine tal y me falta" y y hablabas, por decir, a nóminas o cosas así, y jamás tenías una solución real, o sea, jamás más bien ni real ni nada, ni ni había veces que ni respuesta te daban, ni te contestaban ni la llamada.

O sea que eso aparte de esto que estamos platicando de que la empresa o quien corresponda, los responsables que llevan en la empresa este asunto, no solamente es no pagar las utilidades, sino que también juegan o jugaban con el salario del trabajador.

Extrabajador de Marva:  

Exactamente, sí. Exactamente así, así así pasa. Este pues como que uno es ahí para ellos una persona súper reemplazable de que no te parece, órale, adiós. Y de hecho como le comento, no llegan con una hoja de despido, llegan con una hoja de renuncia.

O sea que al hacer esto es precisamente para no pagar lo que por ley, o sea te voy a correr, pero no te digo, en los documentos no te digo que te corro, sino que te tú estás renunciando, lo estás haciendo por tu propia voluntad, para no pagarte lo que por ley correspondería porque es un despido.

Exactamente, sí. De hecho, este, para hacer otro pequeño comentario, este a muchas personas, a muchos compañeros y extrabajadores les hicieron firmar una hoja en blanco. Muchos la firmaron, algunos no, pero por lo mismo, por el miedo, por la necesidad de que ocupan un un trabajo para llevar el sustento a sus hogares. Pero o sea la empresa tiene muy malas prácticas en muchos aspectos.

Bien, sé que está usted presentando ante ante los tribunales laborales lo correspondiente. Eh eh mmm mmm me imagino que que pues que qué lástima, ¿no?, que que una relación laboral que iba bien o que, por lo menos, por lo que usted me argumenta, pues no había problema, se tenga que romper de esta manera, ¿no?

Pues sí, la verdad sí.

Y la otra y la otra cosa es esta. Eh si se ve que se actúa de esta manera, ¿qué riesgo corren los trabajadores, por ejemplo, que son despedidos de una empresa, que luego quieren ir a buscar una empresa del mismo ramo, no se dan caso de que los boletinan y les avisan, "ésta no lo vayas a contratar porque aquí me dio lata", no no no no se no no ha habido noticias de eso? O que, o que cuando van a buscar trabajo les cuesta más trabajo obtenerlo?

Pues pues de hecho un poco porque hay que escuchar de casos que eh en armadoras o en medios de transporte igual eh pues tienen obvio como contacto porque pues son como del mismo rubro, eh y sí hay esos casos. De hecho, si usted, bueno, si yo como trabajador solicito mi carta de recomendación porque sé que no quede mal, te dicen que sí, pero jamás te la entregan. O sea, te dicen sí, sí, sí te la damos, pero jamás jamás te la dan.

O sea, o sea, si una carta de recomendación ahí no existe, aunque haya sido usted un buen trabajador.

Sí, no existe, o sea si te dicen sí, sí, sí te la damos, pero jamás, jamás te la dan.

Pues la verdad, la verdad es que está todo muy extraño, pero bueno, pues ahí, ahí está este pues no sé si le podamos llamar reclamo, aviso, información para los accionistas, dueños, no sé cuál sea el término de Transportes Marva de un extrabajador que está exhibiendo una situación difícil. Y y sí, pues, aquí tenemos su su testimonio y además algunos documentos que avalan precisamente de que lo que estamos aquí platicando no es no es un chisme, es una realidad, y ojalá también las autoridades este volteen a ver esta empresa y y pues no sé, a lo mejor, eh no sé si usted considere necesario que que la Secretaría del Trabajo o las autoridades laborales correspondientes les caigan y les hagan una visita para revisar cómo se están comportando con sus trabajadores.

Extrabajador de Marva: 

Pues sí, la verdad estaría muy bien, porque pues luego lamentablemente uno no tiene la información correcta hacia dónde acudir o hacia dónde hacer como no sé, un reporte y es donde pienso que pues las empresas, las empresas como dijimos no todas, pero pues algunas como en mi caso eh pues se puede decir que abusan de de de que uno no tiene esos conocimientos.

Eh y bueno, una última pregunta de mi parte, espero que no se me ocurra ahorita otra más, ¿que ustedes no tienen sindicato que los defienda o no existe el sindicato?

Eh pues supuestamente por lo que sé, porque como la empresa tiene en en muchas partes, supuestamente yo llegué a escuchar alguna ocasión, no me consta, que en una de las de de estas de la ciudad, no sé si Monterrey, sí había, pero no me consta, o sea tampoco es algo que yo pueda confirmarle al 100%, pero pues en los demás puntos no, no existe ninguno.

O sea, usted usted no era trabajador sindicalizado.

No.

Okay.

De hecho, esta pregunta da otras respuestas, de hecho nos a a la mayoría lo tienen en en nóminas como administrativo que supuestamente por lo que nos comentaron es por lo mismo, nos tienen como tipo de confianza para no tenernos sindicalizados.

Ah, caray. Bueno, pues está está interesante. Bueno, pero aún así, este, en que esté en nómina, pues tiene unos derechos, este, laborales que son que le paguen, que le den sus utilidades, que le paguen lo justo. Bueno, pues habrá habrá habrá que estar al pendiente de qué sucede y y no sé si algo quiere usted agregar algo más sobre sobre este asunto.

No, pues de mi parte pues ya sería que espero, espero llegue a ahora sí que a las autoridades para ver si así nos hacen un poco pues de caso y ya se nos otorga lo que pues por ley y derecho tenemos ya ya ganado prácticamente, ya es, trabajamos todo el año fiscal para que tener acceso a ese derecho del reparto de utilidades y como para que no se nos otorgue pues sí, sí esto uno pues ahora sí con un poco de incertidumbre y espero llegue solamente a las autoridades correspondientes.

Bueno, pues le agradezco la entrevista.

#MetroNewsMx

-Madre denuncia acoso escolar reiterado e impunidad ante la falta de acción del personal directivo y docente del plantel.

-Violencia física contra un menor incluyó la pérdida de una pieza dental sin que las autoridades escolares actuaran debidamente.

-Estudiantes instigaron agresiones físicas contra un compañero ofreciendo dinero a cambio, ante la omisión total del colegio.

-Directivos minimizaron agresiones físicas y verbales sistemáticas, calificándolas erróneamente como conflictos entre madres.

-El personal docente omitió reportar agresiones graves y se negó a levantar actas, ignorando protocolos de convivencia escolar.

-Familia exige justicia a la SEG tras agresiones físicas, instigación y la sistemática falta de protección al menor agredido.

Ante la inacción de las autoridades de un plantel educativo privado, una madre de familia presentó una denuncia formal ante la Delegación Regional de Educación Región V, encabezada por el Mtro. Aldo Sahib Velásquez Velázquez, para exigir justicia por las agresiones reiteradas que ha sufrido su hijo y que oportunamente fueron dadas a conocer por Metro News (https://www.metronewsmx.com/2026/07/escuela-privada-en-celaya-alumno-de.html ).

La denunciante relata una cronología de violencia escolar que se ha prolongado desde el ciclo escolar 2023-2024 hasta la fecha. El menor ha sido víctima de agresiones físicas, incluyendo una que resultó en la pérdida de una pieza dental, así como violencia verbal sistemática. A pesar de los intentos de diálogo iniciales y la intervención parcial del personal docente, el acoso ha persistido, escalando a situaciones de mayor gravedad.

El episodio detonante ocurrió a principios del mes pasado, durante una actividad extracurricular. Según el testimonio, otro alumno agredió físicamente al menor en dos ocasiones, revelando que actuaba bajo la instigación de un tercer estudiante, quien presuntamente le ofreció dinero a cambio de perpetrar los golpes.

La madre de familia señala con indignación las omisiones por parte del personal docente y directivo. Denuncia que el instructor de la actividad extracurricular no reportó el incidente a la dirección, y que, al solicitar la intervención de las autoridades escolares, recibió una respuesta insuficiente. La institución se limitó a aplicar suspensiones temporales a los menores involucrados, negándose a levantar un acta de hechos formal y minimizando la situación al clasificarla como un conflicto entre particulares.

La denunciante enfatiza que la institución ha ignorado sus propios reglamentos internos y la legislación estatal sobre convivencia libre de violencia en el entorno escolar. Ante la falta de protocolos claros y la ausencia de acciones para salvaguardar la integridad de su hijo, la madre exige una investigación administrativa profunda.

La denuncia presentada ante la Delegación Regional solicita puntualmente:

-El inicio de una investigación administrativa sobre el actuar del personal directivo y docente.

-La verificación de la correcta aplicación de los protocolos contra la violencia escolar.

-La aclaración de por qué se omitió el reporte de las agresiones y la elaboración del acta de hechos.

-El deslinde de responsabilidades por omisión ante los antecedentes de violencia.

-La implementación de medidas correctivas y preventivas urgentes para garantizar un entorno seguro.

Los padres de familia afectados, quienes manifiestan su indignación ante el manejo institucional de los casos, ha reiterado su total disposición para colaborar con la autoridad educativa, buscando que se garantice el derecho de su hijo a estudiar en un entorno libre de violencia, impunidad y acoso.

Tras la presentación de una denuncia formal por violencia escolar ante la Delegación Regional de Educación (SEG), el proceso se regiría por la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

A partir de este momento, la Delegación y la autoridad educativa tienen las siguientes obligaciones y procedimientos conducentes:

-Obligaciones Inmediatas de la Autoridad Educativa

Una vez recibida la denuncia, la autoridad (incluyendo la dirección escolar y la Delegación) tiene el deber legal de actuar para que la violencia cese. Sus acciones deben incluir:

-Atención y protección: Garantizar la integridad física y psicoemocional de la víctima. Esto incluye dictar medidas cautelares si existe riesgo.

-Registro formal: Es obligatorio dejar constancia documental de los hechos (acta de hechos). La omisión en la atención o registro es considerada una falta sancionable por ley.

-Activación de Protocolos: Se deben activar los mecanismos de atención, que pueden incluir la asesoría y canalización a instancias especializadas.

-Procedimientos Conducentes (Lo que presuntamente ocurrirá)

El proceso administrativo seguirá una ruta de investigación y seguimiento:

-Investigación administrativa: La Delegación Regional debe investigar si el personal docente y directivo actuó conforme al Reglamento Escolar Interno y la legislación vigente. Esto implica entrevistar a las partes involucradas (previa autorización de padres o tutores) y revisar la actuación del personal.

-Canalización interinstitucional: Si la naturaleza del caso lo requiere, la Delegación debe canalizar a las instancias correspondientes como el Ministerio Público, el DIF, instituciones de salud o la Procuraduría de los Derechos Humanos.

-Evaluación de responsabilidades: Se determinará si existió una omisión o negligencia por parte del personal escolar al no reportar o documentar incidentes previos. En caso de responsabilidad, se pueden aplicar correctivos administrativos (extrañamientos, amonestaciones o notas en la hoja de servicio).

-Seguimiento: La autoridad está obligada a informar al denunciante sobre el curso de la investigación y las medidas preventivas implementadas.

-Recomendaciones y Recursos

Si el afectado considera que la resolución de la autoridad es insuficiente o viola los derechos del menor, tiene el derecho de:

-Recurrir a otras instancias: Puede presentar una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

-Acompañamiento: Puede solicitar asesoría jurídica y psicológica en la SEG.

La autoridad debe actuar de manera pronta para frenar la situación y evitar la revictimización del menor. #MetroNewsMx 

-Cifras oficiales revelan una alarmante frecuencia de incidentes violentos en las aulas estatales durante 2025, evidenciando una crisis latente en el tejido social escolar.

-De los 602 reportes de violencia sistematizados por la Secretaría de Educación, apenas 196 fueron calificados como procedentes bajo los protocolos de atención vigentes.

-La disparidad entre denuncias y casos procedentes expone la complejidad de los procesos de investigación y la urgente necesidad de reformar la gestión de la convivencia.

-El sistema educativo estatal reportó en 2024 un total de 561 incidentes de violencia durante el ciclo analizado, exigiendo una intervención inmediata de las autoridades escolares.

-De esta cifra total, 279 fueron clasificados como procedentes, evidenciando una grave crisis de convivencia que traspasa los límites administrativos del aula.

-La escalada de las agresiones alcanzó niveles críticos, obligando a dar vista al Ministerio Público en 39 expedientes debido a posibles conductas delictivas, en el 2024.

Tras el caso reportado a Metro News sobre violencia escolar en el interior de un colegio privado ubicado al noroeste de la ciudad, donde un alumno pagó a otro de sexto grado para golpear a un compañero de cuarto año de primaria (https://www.metronewsmx.com/2026/07/escuela-privada-en-celaya-alumno-de.html ), las cifras de violencia escolar saltan a la vista en el estado de Guanajuato con casi mil 200 reportes, según precisan publicaciones con base en datos de la misma Secretaría de Educación en Guanajuato.

La problemática de la violencia en el entorno educativo de Guanajuato se mantuvo como un foco de atención crítica durante el ciclo anual anterior. Según datos confirmados por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), un total de 602 reportes de violencia escolar fueron documentados a lo largo de 2025, cifra que refleja la persistencia de conductas agresivas dentro de las aulas. Este reporte, detallado originalmente por El Sol de León el miércoles 25 de marzo de 2026 (https://oem.com.mx/elsoldeleon/local/violencia-escolar-en-guanajuato-602-casos-en-2025-pero-solo-196-procedieron-29150854 ), pone en evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades para gestionar el clima de convivencia en los centros educativos de la entidad.

De acuerdo con el análisis de las autoridades educativas, no todos los reportes recibidos derivaron en acciones procedentes. De la cifra global de 602 casos, únicamente 196 fueron validados como incidentes que requerían la activación de protocolos de intervención específicos. Esta diferencia estadística, donde poco menos de un tercio de las denuncias alcanzaron la clasificación de procedencia, subraya un fenómeno de gran relevancia: el contraste entre la percepción de los hechos por parte de la comunidad escolar y los criterios técnicos bajo los cuales la Secretaría de Educación evalúa la violencia.

El desglose de los datos permite observar que, aunque la cifra de 602 reportes es significativa, la autoridad educativa estatal insiste en colocar estos números en perspectiva. En sus declaraciones, el organismo subrayó que, si bien cada incidente constituye un evento lamentable y un llamado a la acción, el volumen total de denuncias representa solo una fracción mínima en comparación con el universo total de la población estudiantil en Guanajuato. Sin embargo, para los padres de familia y las organizaciones de la sociedad civil, este dato estadístico no resta gravedad a las implicaciones individuales de cada caso de violencia.

El informe publicado el 25 de marzo de 2026 por El Sol de León recalca el compromiso de la SEG por atender de manera puntual cada una de las quejas presentadas por los padres de familia. La mecánica de atención actual se basa en el seguimiento administrativo y la aplicación de los reglamentos escolares, los cuales buscan, en teoría, restaurar la paz y el orden. No obstante, la existencia de 406 casos que no fueron catalogados como "procedentes" sigue generando dudas sobre la eficacia con la que se están detectando y previniendo los conflictos desde sus etapas iniciales.

La discusión sobre este balance estadístico sigue vigente en la opinión pública. Mientras las instituciones defienden sus mecanismos de filtrado y atención, los sectores que monitorean la seguridad escolar advierten que la burocratización de estos procesos podría estar invisibilizando una realidad más profunda. Para las autoridades, el reto es claro: transitar de un sistema de registro de incidencias a uno que garantice, de manera efectiva, la integridad física y emocional de los estudiantes frente a una cultura de violencia que, al día de hoy, parece haber echado raíces profundas en el sistema educativo.

El panorama de la violencia escolar en Guanajuato reveló datos alarmantes sobre el deterioro de la convivencia en los centros educativos durante el periodo analizado. Según la información difundida originalmente por El Sol de León el miércoles 26 de marzo de 2025 (https://oem.com.mx/elsoldeleon/local/guanajuato-registra-561-reportes-de-violencia-escolar-39-en-proceso-penal-22377788 ), la Secretaría de Educación recibió 561 reportes totales de violencia, de los cuales 279 fueron catalogados como casos procedentes. Esta cifra subraya una realidad innegable: las aulas, lejos de ser espacios seguros, están enfrentando una conflictividad que desborda las capacidades de gestión de las propias instituciones.

El desglose de los 279 casos procedentes es un reflejo de la diversidad de peligros a los que se exponen los estudiantes. Se identificaron 148 incidentes de acoso escolar entre alumnos, distribuidos en 119 casos detectados en escuelas públicas y 29 en planteles de carácter privado. A esta cifra se suman 131 eventos adicionales donde se vio involucrada la conducta de adultos dentro del ámbito educativo. Lo anterior pone de manifiesto que la violencia no es un fenómeno exclusivo de la relación entre compañeros, sino una problemática transversal que compromete a todo el ecosistema escolar.

El dato más preocupante del informe publicado por El Sol de León es la activación de la vía penal. En 39 de estos casos, la naturaleza de las agresiones —específicamente bajo la sospecha de acoso sexual— obligó a las autoridades educativas a dar vista inmediata a la Fiscalía General del Estado. Esta acción marca un precedente claro sobre la postura estatal de "cero tolerancia", al reconocer que existen conductas que no pueden ser resueltas mediante los reglamentos internos escolares y que requieren, por su gravedad, la intervención del sistema judicial para garantizar la justicia.

La estadística de 39 expedientes en proceso penal es un recordatorio de que, cuando se ignora la violencia en sus etapas tempranas, las consecuencias pueden ser devastadoras. La existencia de una brecha entre los 561 reportes recibidos y los 279 confirmados como procedentes mantiene el debate sobre si los protocolos actuales son los adecuados para la detección temprana. Mientras la Secretaría de Educación sostiene su compromiso de atención, los padres de familia continúan exigiendo mayores garantías de seguridad, hartos de que la burocracia escolar sea el único muro ante la violencia.

La publicación original del 25 de marzo de 2026 dejó patente que la violencia escolar en Guanajuato no es un fenómeno homogéneo; es una crisis que requiere soluciones diferenciadas según el tipo de agresión y los actores involucrados. La transición de una falta escolar a un proceso ante el Ministerio Público es un camino que ningún estudiante debería recorrer, por lo que la prevención, más que la sanción, debe ser la estrategia central para recuperar la paz en nuestras escuelas.

¿Es suficiente la intervención de la Fiscalía para disuadir la violencia sexual en nuestras escuelas?

¿Por qué las instituciones privadas reportan significativamente menos casos que las públicas, es realmente menor la violencia o hay subregistro?

¿Se considera que el proceso de investigación escolar es suficiente para proteger a los estudiantes de la violencia?

¿Qué papel deben jugar los padres de familia cuando la autoridad escolar determina que un caso de agresión no es "procedente"?

MetroNewsMx

Una queja enviada a la redacción de Metro News, por personas plenamente identificadas, precisaron su inconformidad en contra de un plantel educativo ubicado al noroeste de la ciudad, por la violencia escolar no atendida y posible bullying contra un niño de cuarto año por parte de uno de sexto grado.

La institución educativa, que ofrece desde preescolar hasta bachillerato al noroeste de Celaya, enfrenta una severa crisis de gobernanza ante graves casos de violencia escolar que han escalado a agresiones físicas reiteradas y esquemas de intimidación con incentivos económicos entre estudiantes para ejercer esa violencia, asemejando a un "sicariato".

"DENUNCIA PÚBLICA":

"En la escuela de mi hijo, un niño de 9 años le pide a otro niño, dos años mayor, que golpee a mi hijo de 10 años a cambio de dinero. Después de que lo hace, el primero le ofrece más dinero si lo golpea con más fuerza, y el otro niño vuelve a hacerlo. Al solicitar un establecimiento de hechos, las autoridades escolares suspenden a los niños por dos días y restan importancia al incidente, argumentando que el resto es una situación entre las madres2.

"Hay repetición de violencia física por parte del mismo niño hacia mi hijo y las autoridades escolares están desviando la atención hacia mi reacción como madre del niño afectado en lugar de analizar la conducta del niño que originó el conflicto".

El peligro para el resto de alumnos del plantel

La administración del plantel ha sido señalada por evadir su responsabilidad institucional ante una serie de incidentes que involucran a un alumno de cuarto grado, quien ha hostigado sistemáticamente a un compañero de segundo año. Entre los antecedentes, figura la pérdida de una pieza dental del menor afectado en un evento previo, mientras que la agresión más reciente ocurrió durante una clase extraescolar de ajedrez.

En lugar de aplicar protocolos de prevención y justicia, la dirección escolar ha minimizado el conflicto, intentando reducir una problemática de conducta violenta a una supuesta disputa personal entre madres de familia. Esta postura ha sido calificada como una táctica para encubrir la falta de control en el plantel, lo que genera cuestionamientos profundos sobre el ambiente formativo que se ofrece a quienes pagan por un servicio de seguridad y educación.

El caso ha trascendido las fronteras de la institución, escalando hacia la Delegación Regional de Educación V y la Procuraduría de Derechos Humanos. Asimismo, se analiza la intervención de PROFECO bajo el argumento de incumplimiento de contrato por parte de la escuela, al no garantizar un entorno seguro y pacífico, convirtiendo un espacio educativo en un sitio de riesgo. Los padres afectados han responsabilizado tanto a la institución como a la familia del agresor por cualquier represalia o daño adicional que pueda sufrir su hijo.

Si fueran mayores de edad, ¿En qué delitos se estaría incurriendo en este caso?

En el ordenamiento jurídico mexicano, y específicamente bajo el Código Penal para el Estado de Guanajuato, si los involucrados fueran mayores de edad, la conducta descrita —pagar a una tercera persona para ejercer violencia física contra otra— configuraría distintos grados de responsabilidad penal que podrían agruparse de la siguiente manera:

-Instigación (Determinador)

La persona que paga u ofrece un incentivo económico para que se cometa la agresión actúa como instigador (o determinador). Según el Artículo 21 del Código Penal de Guanajuato, es instigador quien dolosamente determina a otro a la comisión dolosa de un delito.

Esta figura es fundamental, ya que aunque el instigador no ejecute el golpe directamente, su responsabilidad es equiparable a la del autor material, pues sin su voluntad y pago, el delito no habría ocurrido.

-Autoría Material

El sujeto que recibe el dinero y ejecuta los golpes sería el autor material. De haber causado lesiones, enfrentaría cargos por el delito de lesiones, cuya penalidad se determina según la gravedad, el tiempo de sanación o la naturaleza de las secuelas (como la pérdida de una pieza dental, que se clasifica como una lesión que afecta la integridad física de manera permanente).

-Concurso de Delitos y Agravantes

Dependiendo de las circunstancias, podrían configurarse otras figuras delictivas:

Lesiones: El delito base contra la integridad corporal.

Amenazas: Si el pago o la dinámica incluyen intimidación para que la víctima no denuncie o para forzarla a hacer algo (Artículo 282 del Código Penal Federal, aplicable por analogía en principios generales).

Responsabilidad Agravada: El Código Penal de Guanajuato permite agravar la punibilidad hasta en un tercio si el delito se comete aprovechándose de una persona incapaz o en situaciones donde hay una clara disparidad de poder.

-La responsabilidad de la institución (Omisión)

Si bien el centro educativo es una entidad privada, su responsabilidad ante estos hechos, si fuera probada una omisión dolosa o negligencia grave que permita la continuidad de estos actos, podría derivar en:

Responsabilidad civil: Reparación del daño (médico, psicológico y moral) por incumplimiento del contrato de prestación de servicios educativos.

Responsabilidad administrativa: Ante instancias como la Delegación Regional de Educación, por no garantizar el ambiente seguro que la ley exige para los centros educativos.

En el derecho penal mexicano, la distinción entre autor intelectual (quien ordena o paga) y autor material (quien ejecuta) no exime a ninguno de los dos; el sistema los trata bajo una misma lógica de responsabilidad penal. En este caso hipotético, el hecho de que exista una transacción económica para provocar daño añade un componente de premeditación que suele elevar las penas.

Las preguntas que quedan en el aire:

¿Es esta institución un centro de formación académica o un espacio que permite la consolidación de conductas violentas?

¿Qué garantías de seguridad real ofrece una escuela que prioriza la omisión sobre la protección de sus estudiantes?

¿Es admisible que un colegio privado eluda su responsabilidad institucional ante la reincidencia de agresiones físicas?

La reciente entrevista con la licenciada Adriana Tinoco Aviña, comisionada de la CECAMED, ha puesto nuevamente sobre la mesa la crisis de atención en las instituciones públicas de salud en México. Durante la charla, se analizó el caso del fallecimiento del señor Irineo Mancera, quien, tras esperar tres horas para recibir atención en una clínica del ISSSTE, perdió la vida, detonando una investigación formal sobre posibles negligencias.

Tinoco Aviña reconoció que el 99% de las quejas recibidas en CECAMED tienen un denominador común: la ruptura de la relación médico-paciente. Según la comisionada, si bien la saturación hospitalaria y la presión administrativa sobre el personal médico son factores reales que inciden en el estrés laboral, estos no pueden ser utilizados como justificantes para el maltrato o la falta de empatía hacia los derechohabientes.

"No es lo mismo morirse en una silla que en una cama de hospital", se preció durante la entrevista, subrayándose la angustia que viven los familiares de pacientes crónicos ante la falta de una comunicación efectiva. Ante esto, la comisionada enfatizó que los protocolos de triage -el sistema de clasificación de gravedad por colores- deben ser aplicados con estricto rigor y sensibilidad humana.

El caso de la familia del señor Mancera ha servido como ejemplo para destacar la importancia de los canales institucionales. La licenciada Tinoco hizo un llamado a evitar la revictimización en redes sociales, la cual puede entorpecer los procesos legales, e invitó a los afectados a acudir a las vías oficiales de conciliación, donde se evalúa si los hechos son procedentes de una queja médica formal.

La investigación continúa en curso para determinar si el fallecimiento fue producto de un mal manejo médico o de la propia evolución del padecimiento renal crónico del paciente.

Estamos de regreso en esta entrevista muy interesante, la cual nos va a arrojar mucha luz sobre el caso del señor Irineo Mancera, quien falleció tras una larga agonía; bueno, tres horas en la clínica del ISSSTE y que actualmente está siendo sujeto a investigación. Licenciada Adriana Tinoco Aviña, decíamos en la cápsula anterior, antes de finalizar, que cuando las personas llegan aquí a la conciliación de CECAMED —donde está el médico con su abogado, quienes obviamente tienen derecho a defenderse— la familia afectada muchas veces les dice: "Doctor, si esto que usted me está diciendo aquí me lo hubiera dicho allá, o si su actitud hubiera sido diferente, no una actitud soberbia y prepotente, no estaríamos aquí". ¿Hay algo de eso, licenciada?

No te preocupes, fíjate que sí. El 99% de las quejas surgen porque se fractura la relación médico-paciente. Hablamos de cuando hay esa cercanía; claro, a veces, cuando son instituciones públicas tan grandes, no hay tanto contacto, pero definitivamente existe una falta de empatía. Tendríamos que ser muy conscientes también de que los servicios médicos están saturados, y el médico tiene obligaciones que el mismo sistema y la institución le imponen; tienes que atender tantos pacientes al día, etcétera.

Perdón que la interrumpa, pero me llama la atención que me diga que los servicios médicos están saturados, cuando nos dijeron que tenemos un servicio médico como el de Dinamarca. Pero bueno, eso me inquieta.

Es que sí somos el mejor sistema de salud, pero hay cuestiones que se deben de cumplir, y pienso que eso puede afectar el estrés del médico al tener que cumplir con el número de pacientes. Sin embargo, eso no justifica de ninguna manera la falta de empatía, el maltrato, la mala comunicación o incluso la grosería que a veces puede pasar. Aquí nos llegan quejas incluso por la persona que está en la entrada, alguien que no los deja pasar o que quizás tiene un perfil sin ninguna sensibilidad con las personas. Te decía que las personas que llegan aquí ya traen un problema encima, una situación de dolor o de preocupación; a veces están hasta endeudados y tienen que pagar. Están en el hospital y no hallan a dónde correr porque la situación se complica, les dicen que hay que referir al paciente y no hay nadie con quien preguntar. Para eso exactamente existe CECAMED, para esos momentos de crisis.

Licenciada, me llama la atención el hecho de que, si yo tengo a mi papá esperando tres horas sentado a que lo atiendan y se muere, todos sabemos que nos vamos a morir, especialmente si padezco una enfermedad crónica. No soy insensible a ese hecho, tengo el temor y la ansiedad; no le digo a una persona con cáncer que siente que se va a morir, esa es la sensación, pero no es lo mismo morirse en una silla que en una cama de hospital.

Sí, claro. Aquí tuvimos la oportunidad de escuchar a la hermana, quien es quien acudió, y que también quede claro eso; Marco es su hijo y está huérfano de padre y madre, pero la hija fue quien vivió de cerca el problema. Estamos buscando acercarnos a ella para que nos diga qué vio y qué sucedió, porque ella estaba presente en el lugar de los hechos; ella lo llevó. Tengo entendido que vivía con él y era la cuidadora principal; ella tenía muy claro los momentos de crisis de su papá, porque ya era una persona con enfermedad renal crónica. Este día acudió al hospital del ISSSTE y lo que tengo entendido es que sí le tomaron sus signos vitales. 

No sé si lo sabes bastante bien, pero hay un procedimiento que tienen las instituciones que se llama triage, donde hacen una valoración de acuerdo a un color, como un semáforo; de acuerdo a eso califican la urgencia. También existe la otra parte de las urgencias sentidas, de los pacientes que no nos cuidamos y cuando vamos ya estamos muy mal; no hay una medicina preventiva de uno mismo. Esa es otra parte en la que también nos estamos enfocando. Ahí es donde empezó la crisis, porque aparentemente, si le toman los signos vitales, de acuerdo al momento en que llegó, no estaba en un momento crítico. No quiero ahondar mucho en ese tema, no porque se esté ocultando algo, sino porque sé que se está empezando un procedimiento de investigación.

Eugenio Amézquita Velasco:  

Ya hubo quien cometió el error de ir a las redes sociales a hablar y echó a perder la investigación.

Sí, tienes toda la razón. Yo me estaba enfocando en lo que ella nos platicó; como ya habíamos atendido una vez a Marco, quiso venir a que en Secamed le dijéramos qué podía proceder. Uno de nuestros principales objetivos es recibir las quejas de las y los pacientes; lo hice junto con uno de mis subcomisionados médicos, los atendimos para ver si era procedente o no la queja, que por supuesto tiene todos los elementos para ingresar como una queja médica.

Eugenio Amézquita Velasco:  

Voy a un corte, que esto se está poniendo interesante, para conocer —sin entrar en si hubo un mal manejo— la causa real del fallecimiento del señor Irineo Mancera. Soy Eugenio Amézquita y estoy con la licenciada Adriana Tinoco Aviña, comisionada de la CECAMED.

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