Constructora Municipal en Celaya: ¿Ocurrencia, nido de más corrupción o "Año de Hidalgo?
Equipo Editorial Metro News
- Celaya crea su constructora municipal convirtiendo al gobierno en juez y parte de la obra pública.
-La constructora estatal no resuelve la extorsión ni la inseguridad que ahuyentó a los privados.
-La historia demuestra que el "Estado empresario" genera ineficiencia y mercados distorsionados.
-Las empresas gubernamentales terminan siendo deficitarias y succionando subsidios del erario.
-Maquinaria pesada y nóminas permanentes crean pasivos laborales insostenibles para municipios.
-Las paramunicipales operan frecuentemente como zonas grises de opacidad financiera.
-Las contralorías municipales carecen de autonomía real para auditar a estas empresas.
-La "urgencia" justifica adjudicaciones directas exprés, eludiendo licitaciones públicas.
-Estas estructuras suelen usarse como botín burocrático y para pagar favores políticos.
-El proyecto deja una pesada herencia de déficit operativo y deudas al próximo gobierno.
-Anunciarla a 374 días de concluir la administración sabe a pragmatismo electorero.
-Exponer a empleados municipales a zonas de alto riesgo equivale a ignorar la violencia.
-Es una tirita temporal sobre una hemorragia estructural y de seguridad profunda.
-Busca un golpe de efecto político inmediato antes de iniciar el proceso sucesor.
-El desfogue presupuestal de cierre evoca directamente el fantasma del "Año de Hidalgo".
La decisión del gobierno municipal de Celaya de crear su propia empresa constructora —denominada en el debate público local como la "Constructora de la Esperanza" (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/celaya-propone-constructora-municipal-para-concluir-obras-publicas-detenidas-28930286 )— para encargarse de obras menores como bacheo, techumbres, bardas escolares o reparaciones menores que las empresas privadas rechazan o encarecen, (http://articulo7.net/noticias/celaya/celaya-tendra-la-constructora-de-la-esperanza/ ) es una medida que plantea un dilema profundo entre la pragmática local y las lecciones de la macroeconomía y la historia política mexicana.
Interpretación de la medida en el contexto actual de Celaya
Anunciar una constructora municipal responde, según las autoridades locales, a un problema operativo real: la reticencia de los contratistas privados a participar en obras de bajo presupuesto debido a los márgenes de ganancia reducidos, sumado a los complejos retos de seguridad, extorsiones y retrasos que han afectado históricamente la obra pública en la región.
Sin embargo, desde una perspectiva económica y de gobernanza, esta decisión representa un giro hacia el estatismo local. En lugar de mejorar los incentivos o flexibilizar los procesos de licitación para atraer al sector privado, el municipio decide convertirse en juez y parte: la misma autoridad que planea, financia y supervisa la obra, ahora pretende ejecutarla directamente.
¿Qué enseña la historia de México sobre el gobierno como empresario?
La experiencia histórica de México con el modelo del "Estado empresario" —especialmente visible durante gran parte del siglo XX y en diversas etapas de la administración pública— muestra un patrón recurrente de ineficiencia.
Primero, la distorsión del mercado. Cuando el Estado compite o suple al mercado en áreas que corresponden a la iniciativa privada, suele desplazar la inversión formal y generar fricciones con cámaras empresariales, como ya lo ha advertido el Consejo Coordinador Empresarial en Celaya (https://informadordelbajio.com/cce-advierte-impacto-a-constructoras-por-proyecto-de-empresa-municipal/ ).
Segundo, la inviabilidad financiera a largo plazo. Las empresas gubernamentales tienden a volverse deficitarias porque sus estructuras no responden a la lógica de la oferta, la demanda y la competitividad, sino a presiones políticas y presupuestales. Lo que comienza como un "ahorro" en obras pequeñas frecuentemente termina absorbiendo subsidios constantes del erario para subsistir.
Tercero, la obsolescencia y los costos ocultos. El mantenimiento de maquinaria pesada, la compra de insumos, el pago de nóminas permanentes y las pensiones generan pasivos laborales y operativos que los municipios rara vez pueden sostener de manera eficiente a lo largo de los trienios.
¿Nidos de corrupción o herramientas de autosustentabilidad?
El escepticismo encuentra un sólido respaldo en la realidad política del país. La historia de México demuestra que, con demasiada frecuencia, las figuras jurídicas de empresas paramunicipales, organismos descentralizados o constructoras estatales se convierten en zonas grises de opacidad más que en modelos de autosustentabilidad.
Las razones principales son estructurales y entre ellas se encuentra la debilidad en la fiscalización ya que a nivel municipal, los órganos internos de control -contralorías- suelen carecer de la autonomía técnica y política real para auditar con rigor a una empresa operada por la misma administración en turno.
Además, se presenta la elusión de licitaciones públicas, porque al justificar la creación de la constructora bajo el argumento de la "urgencia", la "necesidad social" o el "ahorro", se corre el riesgo de adjudicar de manera directa la compra de materiales, la renta de maquinaria y la contratación de personal, eliminando los mecanismos de transparencia que frenan la malversación de fondos.
El otro aspecto es el clientelismo político y sindicatos, esto porque estas estructuras frecuentemente terminan sobredimensionadas en sus nóminas, utilizadas para pagar favores políticos o incorporar bases corporativas, convirtiendo un proyecto técnico en un botín burocrático.
Si bien la intención declarada del municipio es resolver un cuello de botella logístico y social, la historia sugiere que la probabilidad de que se convierta en un foco de ineficiencia y corrupción es considerablemente alta si no se establecen contrapesos estrictos, auditorías ciudadanas independientes y candados legales muy claros.
El mensaje parece más bien electorero y una herencia pesada para el gobierno que sigue
A este anuncio, del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, colocado a 374 días de que termine su criticado gobierno, en la recta final de la administración municipal, le impregna un sabor muy particular en la política mexicana. Sabe a una mezcla de pragmatismo electoral de última hora y a una "herencia pesada" para el siguiente gobierno.
Crear una estructura orgánica nueva, adquirir maquinaria, comprometer presupuestos y eventualmente absorber una nómina cautiva a pocos meses de entregar el poder funciona como un ancla administrativa.
Si la "Constructora de la Esperanza" no logra ser autosuficiente de la noche a la mañana, el déficit operativo, los pasivos laborales y el mantenimiento de equipo pesado se convierten automáticamente en un "regalo envenenado" o un problema financiero crónico que heredará la siguiente administración, sea del signo político que sea.
Sabe a la clásica prisa de cierre y sus riesgos de opacidad
Históricamente, en el servicio público mexicano, los últimos meses de los gobiernos municipales son los periodos donde más se acelera el gasto bajo el argumento de la "urgencia" por terminar proyectos pendientes o atender demandas sociales acumuladas. La prisa es enemiga de la fiscalización: bajo la justificación de que "las constructoras privadas no quieren hacer obras chicas", un cierre de administración con una constructora propia abre una puerta sumamente ancha para la adjudicación directa exprés en compras de materiales, arrendamiento de maquinaria y contratación de personal, eludiendo los filtros rigurosos de transparencia.
Sabe a un intento de solución rápida para un problema estructural profundo
Si el rechazo de los contratistas a hacer obras pequeñas en Celaya está profundamente ligado a factores de inseguridad, extorsión y costos operativos de riesgo, crear una empresa municipal no elimina esas causas raíz; solo cambia de actor el riesgo. Mandar a trabajadores del municipio a pavimentar, bachear o levantar bardas en zonas complejas sin resolver el entorno de seguridad no hace el problema más seguro, solo expone al erario y a empleados municipales a las mismas presiones que ahuyentaron a la iniciativa privada.
Sabe al espejismo del "golpe de efecto" político
A menos de un año de que concluya el trienio, los gobiernos buscan desesperadamente obras tangibles, visibles y de impacto inmediato que se puedan inaugurar y presumir en los informes de gobierno o en la memoria colectiva antes de que inicie el proceso electoral sucesor. Una constructora propia promete inmediatez: presumir que "el municipio ahora sí resuelve" lo que otros ignoraron. Sin embargo, la política pública seria no se construye con soluciones exprés diseñadas para el lucimiento del tramo final, sino con planeación transexenal.
El anuncio sabe a una tirita temporal colocada sobre una hemorragia estructural, ejecutada en el momento políticamente más apremiante para la administración, donde el riesgo de que los costos reales los pague la ciudadanía a largo plazo supera por mucho los beneficios de la bandera inaugural.
¿"La Constructora de la Esperanza" tiene sabor a "Año de Hidalgo"?
En el imaginario y la picaresca política de México, la mención del "Año de Hidalgo" evoca de inmediato esa célebre y cínica máxima popular que alude al desfogue presupuestal y a la tentación de maximizar recursos antes de dejar el cargo.
Cuando un proyecto de la magnitud de crear una empresa paramunicipal —con compra de maquinaria, asignación de presupuestos para materiales y reestructuración operativa— surge o se acelera en la recta final de una administración, es completamente natural que la ciudadanía y los analistas sospechen de la sombra de este fenómeno.
Fundar una constructora desde cero no es un trámite menor: requiere adquirir maquinaria pesada, vehículos utilitarios, herramientas, inventarios de materia prima y contratar personal. En el tramo final de los gobiernos, la justificación de la "urgencia" y la "necesidad operativa inmediata" suele utilizarse para evadir las licitaciones públicas abiertas y transparentes, recurriendo masivamente a las adjudicaciones directas con proveedores de confianza, amigos o recién estrenados socios comerciales.
Ante la presión de cerrar el ejercicio fiscal y entregar la administración, existe el riesgo de que los recursos públicos (ya sea del municipio o fondos concurrentes) se liberen a marchas forzadas para capitalizar la nueva empresa. Un flujo fuerte de dinero movido deprisa y con poca planeación estructural es el caldo de cultivo ideal para que se diluya la rendición de cuentas, pues las contralorías internas rara vez alcanzan a auditar con profundidad la compra de activos antes de que cambie el cabildo.
Las figuras jurídicas descentralizadas o las empresas de participación municipal a menudo operan bajo regímenes administrativos más laxos que una Dirección General de Obras Públicas tradicional. Esto puede prestarse para que se firmen contratos multianuales, arrendamientos de equipo inflados o compras de inventario cuyos costos reales queden sepultados bajo el argumento de la autonomía técnica de la nueva empresa, dificultando que el siguiente gobierno o los ciudadanos accedan a los contratos originales.
Si bien las autoridades locales defienden la medida bajo el argumento técnico de resolver el bacheo y las obras menores que el sector privado rechaza, el "timing" político es lapidario. Anunciar una reingeniería institucional de este calado en la etapa de salida de un trienio siembra una desconfianza legítima.
Más que una solución de fondo al problema de la construcción, para muchos ciudadanos y sectores productivos sabe precisamente a una jugada adelantada de cierre de ciclo donde el riesgo de opacidad financiera eclipsa cualquier beneficio social. #MetroNewsMx
