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Redacción

-Contraloría de San José Iturbide turna expediente al Tribunal de Justicia Administrativa por pagos irregulares a empresa privada.
-Se imputa a la exalcaldesa el delito de Abuso de Funciones tras detectar un perjuicio al erario por más de nueve millones de pesos.
-La falta administrativa calificada como grave contempla inhabilitación de hasta 20 años y posibles sanciones penales de prisión.
-Cindy Arvizu podría seguir diversos caminos para librarse de sanciones, aunque tendría que aportar elementos que obligadamente deshagan las pruebas presentadas. Aunque la pregunta a responder sería: ¿Y dónde quedó el dinero?

SAN JOSÉ DE ITURBIDE, GTO.- El Órgano Interno de Control (OIC) de San José Iturbide formalizó el envío del expediente de responsabilidad administrativa PRA-015/2025 a la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato (TJA), tras hallar pruebas de un presunto daño patrimonial que asciende a $9,767,200.00. La investigación señala directamente a la exalcaldesa Cindy Abril Arvizu Hernández como la principal responsable de estas irregularidades financieras.

El mecanismo de la imputación de este caso

De acuerdo con el documento oficial firmado por el Lic. Ignacio Alonso García Castillo, titular del área de Substanciación del OIC, se le imputa a la ex munícipe la conducta de Abuso de Funciones. Los hechos que sustentan la acusación indican que Arvizu Hernández utilizó su posición jerárquica para inducir a la Dirección de Servicios Municipales a gestionar pagos mensuales de $976,720.00 en favor de la empresa Accounting Tools de México, S.A. de C.V.


El punto crítico de la investigación periodística y jurídica radica en que dichos pagos, realizados bajo el amparo del contrato PM/DJ/10/2022, se ejecutaron sin que existiera evidencia documental o física de que la empresa cumpliera con el objeto del servicio contratado.

La conducta ha sido catalogada por la autoridad investigadora como grave, lo que activa un marco normativo estricto bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Para este caso, podrían aplicarse las sanciones administrativas señaladas en los artículos 51 y 57. Al ser una falta grave, el TJA tiene la facultad de imponer la inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos por un periodo de 10 a 20 años, además de la sanción económica que puede alcanzar hasta el doble del beneficio obtenido o del daño causado, lo que superaría los 19 millones de pesos.


En lo que es la vertiente penal plasmada en el Código Penal del Estado de Guanajuato, los hechos descritos encuadran en los delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, señaladas en el artículo Art. 251 y Abuso de Autoridad, citado en el artículo Art. 248. Al superar las 500 Unidades de Medida y Actualización -UMA-, las penas de prisión podrían oscilar entre los 2 y 12 años, dependiendo de la configuración del delito y la reparación del daño.

Este Acuerdo de Remisión significa que el municipio ha agotado su etapa de investigación inicial y ha encontrado elementos suficientes para que un juez administrativo estatal juzgue y dicte sentencia. El traslado del caso a las instalaciones del Parque Guanajuato Bicentenario en Silao, sede de la Sala Especializada, retira el caso de la esfera política local para colocarlo en la instancia judicial definitiva.

El texto íntegro del documento emitido por la Contraloría

"San José de Iturbide, Guanajuato, a 21 veintiuno de enero de 2026 dos mil veintiséis".

"Visto: El contenido del acta de Audiencia Inicial que antecede, celebrada en fecha 20 veinte de enero de la presente anualidad, y desahogada en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 208 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, en la que se tuvo a la presunta responsable Cíndy Abril Arvizu Hernández, por presentando sus manifestaciones por escrito mediante su defensor administrativo Lic. Óscar Guadarrama Pérez, las cuales constan de 14 catorce hojas tamaño oficio útiles por un solo lado, así como también las pruebas que constan de 02 dos fojas tamaño oficio útiles por un solo lado, firmadas por su representada, así como el oficio de designación de defensor administrativo, como como también las respectivas manifestaciones del citado profesionista, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa registrado con folio número PRA-015/2025, instruido en este Órgano Interno de Control en contra de la citada ex servidora pública, quien al momento en que acontecieron los hechos se desempeñaba como Presidenta Municipal de San José de Iturbide, Gto., imputándosele por parte del Titular del Área de Investigación, Quejas, Denuncias y Declaraciones de esta Contraloría Municipal, haber incurrido en Abuso de Funciones, al haberse valido de sus atribuciones como Presidenta Municipal, para inducir o influir a que la Directora de Servicios Municipales, -se omite el nombre por razones legales-, gestionara los pagos mensuales por $976,720.00 -novecientos setenta y seis mil setecientos veinte pesos 00/100-, a favor de la empresa Accounting Tools de México, S.A. de C.V., sin que se haya acreditado el cumplimiento del objeto del contrato PM/DJ/10/2022, causándole con ello un perjuicio al erario público por la cantidad de $9,767,200.00 -nueve millones setecientos sesenta y siete mil doscientos pesos 00/100 m.n.-, conducta que se cataloga como grave en términos de lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, incurriendo la ex servidora pública en Abuso de Funciones, por adecuarse a la hipótesis prevista en el artículo 57 del mismo ordenamiento jurídico".

"Por lo anterior, el Lic. Ignacio Alonso García Castillo, Titular del Área de Asuntos Jurídicos, Sustanciación y Resolución del Órgano Interno de Control Municipal de San José de Iturbide, Guanajuato acuerda: Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 209 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, remítanse las constancias originales del presente procedimiento de responsabilidad administrativa y sus anexos a la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que, por cuestión de competencia continúe conociendo del presente asunto..." y finaliza este párrafo destacando "notifíquese el sentido del presente acuredo al Titular del Área de Investigación Quejas, Denuncias y Declaraciones de este mismo Órgano Interno de Control, así como a quienes fungen como denunciantes dentro del presente asunto, y del mismo modo a la sujeta al procedimiento Cindy Abril Arvizu Hernández...",   
"Notifíquese personalmente y cúmplase".

"Así lo acordó y firma el Lic. Ignacio Alonso García Castillo, titular del Área de Asuntos Jurídicos, Substanciación y Resolución de la Contraloría Municipal de San José Iturbide, Guanajuato".

El posible camino de Cindy Arvizu para defenderse ante los señalamientos

Para una defensa legal en este tipo de procedimientos de responsabilidad administrativa y penal en Guanajuato, la exalcaldesa Cindy Arvizu tendría que atacar tanto el fondo -la existencia de la falta- como la forma el procedimiento seguido por la Contraloría.

La imputación principal dice que "no se ha acreditado el cumplimiento del objeto del contrato". La defensa más sólida consistiría en presentar los entregables que la Contraloría dice que no existen.

Presentaría diagnósticos, manuales, asesorías o bitácoras que la empresa Accounting Tools de México debió generar. Citaría a personal de la Dirección de Servicios Municipales para que declaren que el servicio sí se recibió y fue de utilidad para el municipio.

El documento señala que ella "indujo o influyó" en su subordinada. La defensa argumentaría que la alcaldesa actuó dentro de sus facultades de coordinación y supervisión.

Alegaría que solicitar la gestión de un pago no es "inducir a lo ilícito", sino dar seguimiento a un contrato previamente firmado por el Comité de Adquisiciones. Argumentaría que la responsabilidad de validar que el servicio se cumplió era de la Directora de Servicios Municipales -como área requirente- y no de la Presidenta Municipal, quien confía en los vistos buenos de sus directores.

La defensa buscaría reclasificar la conducta de grave a no grave. Si logra demostrar que no hubo dolo -intención de dañar- o que el perjuicio no fue tal, el caso regresaría al Órgano Interno de Control municipal y no al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), donde las sanciones son mucho más leves.

La denunciada podría verificar si los hechos ocurrieron hace más tiempo del que la ley permite para iniciar un proceso -aunque en faltas graves el plazo es amplio-. El documento menciona que se le debe notificar personalmente en Silao. Cualquier error en este trámite podría ser usado para promover un Juicio de Nulidad y "tirar" el procedimiento por fallas en la forma.

Si la defensa logra demostrar que, aunque hubo desorden administrativo, el dinero se aplicó en un servicio que sí benefició al municipio, el "daño al erario" desaparecería. Sin daño patrimonial, la acusación penal por Peculado o Uso Ilícito de Atribuciones pierde su sustento principal.

Si el caso llega a la vía penal, su defensa podría buscar un Acuerdo Reparatorio. Esto implica aceptar el hecho y devolver los 9.7 millones de pesos a las arcas municipales a cambio de la extinción de la acción penal -evitar la cárcel-. Sin embargo, esto no la eximiría necesariamente de la inhabilitación administrativa. #MetroNewsMx


Redacción Editorial

-El 8M en Celaya derivó en un linchamiento mediático contra el clero y los católicos, basado en rumores de redes sociales y sin pruebas legales.
-Un medio local difundió imágenes de TikTok para acusar de pederastia, ignorando la falta de denuncias ante la fiscalía estatal.
-La abogada Nancy de Santiago confirmó que no existen expedientes civiles ni eclesiásticos que sustenten los ataques al clero.
-El rostro de temor de una persona ante la turba evidencia el peligro real que genera la irresponsabilidad de la prensa local.
-Usuarios en redes exigen justicia basada en evidencias, señalando que el vandalismo y la difamación no resuelven ningún delito.
-La defensa de los templos por ciudadanos fue una respuesta ante la narrativa de odio sembrada por publicaciones sin rigor ético.
-Publicar acusaciones graves sin documentos probatorios constituye malicia efectiva según la ley de honor vigente en Guanajuato.
-El estigma de pederastia impuesto por un medio local genera una muerte civil que difícilmente podrá ser reparada con el tiempo.
-La presunción de inocencia fue vulnerada al priorizar el tráfico digital sobre la verificación de fuentes y la verdad jurídica.
-El activismo radical encontró un aliado en la prensa sensacionalista, transformando la exigencia social en un juicio sumario.
-Grupos católicos y de otros no identificados con esa Iglesia, apelaron al respeto y al derecho ajeno, cuestionando por qué se ataca a la institución sin presentar un proceso.
-La repetición de imágenes calumniosas tras ser desmentidas por expertos legales sugiere una campaña de acoso dirigida al clero.
-El periodismo de "clic" en Celaya ha sustituido los tribunales por muros de Facebook, poniendo en riesgo la paz de la comunidad.
-Las cifras de denuncias citadas por usuarios carecen de vinculación directa con los rostros expuestos por el medio de comunicación.
-La justicia se imparte con datos duros y carpetas de investigación, no con capturas de pantalla de procedencia anónima y viral.

Una nota emitida por el espacio digital Tabloide News, fue suficiente para mostrar lo que, en parte y mucho, generó un medio local generó por hacer señalamientos de pederastia contra un sacerdote de la Diócesis de Celaya, sin mostrar una sola prueba documental o una investigación seria.



A partir de la transcripción de los comentarios, obtenida del artículo de Tabloide News, se identifican las cuentas de Facebook que presentan diversos nombres de presuntas personas -sin saber si algunos pudieran ser "bots"- que emitieron juicios críticos hacia la Iglesia católica o sus integrantes, vinculándolos con la pederastia o la falta de protección a menores, en el contexto de una manifestación y la protección de recintos religiosos.

Estas cuentas Facebook generaron los siguientes comentarios y cuestionaron la prioridad de proteger inmuebles frente a la protección de menores.

"Paola González": Cuestionó que se prefiera "proteger paredes" antes que a los niños abusados, afirmando que existen casos denunciados en redes sociales sin justicia.
"Claudia Paola Martinez Klug": Sugirió que se debería cuidar a los niños de los curas con el mismo ímpetu.
"Georgina Sarabia": Mencionó que desearía ver la misma protección para los niños frente a los "saCERDOTES" (sic).
"Natalia Castro": Preguntó si se actúa con la misma disposición cuando hay abusos a menores.
"Yeye Jimenez": Afirmó que en los templos es donde ocurren más actos de violencia sexual a menores.
"Silvia Martinez": Expresó el deseo de que se vigile que los sacerdotes no abusen de los niños.
"Gloria Nashielly Cirilo": Comentó que ojalá protegieran a las infancias de los pederastas.
"Michelle Hernández": Calificó de "ridículos" a quienes protegen los templos, sugiriendo que deberían proteger a las infancias abusadas dentro de las iglesias.
"Santiago Aldrete": Tachó de fanáticos a quienes resguardan el lugar y pidió proteger a los hijos de "sacerdotes pederastas".
"Susana González Cornejo": Llamó a los presentes "protectores de pedófilos en nombre de Dios".
"Sofía Patiño": Indicó que deberían cuidar a los niños de los "monstruos pedófilos" en la iglesia.
"Mar Gar Jeilin": Coincidió en que se debería proteger a los niños de sacerdotes pederastas.

Usuarios que citaron contextos específicos o nombres

"Scarlette Olvera Farias": Proporcionó un texto de contexto alegando que en Guanajuato existen 26 denuncias por delitos sexuales en los últimos 11 años vinculadas a la Iglesia. Mencionó específicamente que un sacerdote de Celaya fue señalado en redes sociales por presunto abuso, citando al vocero de la Diócesis, José de Jesús Palacios, sobre el conocimiento de estos señalamientos (aunque sin denuncia formal hasta esa fecha).
"Veronica Arauz": Mencionó el nombre de" Ricardo Lara Lagunas" acompañado de una expresión de burla -"jajajaja"-.

La lista de los defensores de la Iglesia y el patrimonio

Se identifican al menos 25 cuentas de usuarios con una postura clara de defensa, ya sea por convicción religiosa, respeto al patrimonio o rechazo a las formas de protesta:

"Martin Rafael Ponce Chavez": Cuestionó la falta de evidencias en las acusaciones y señaló que el vandalismo no soluciona problemas sociales; instó a denunciar legalmente.
"Keli Arce": Acusó que se difama sin pruebas y se usan las redes con falsos argumentos.
"Arturo Herezp": Criticó duramente la postura feminista y defendió la integridad de la institución.
"Mariboquitas Boquitas": Reprobó los comentarios críticos hacia la Iglesia con lenguaje asertivo.
"Kukis Ceballos": Señaló que el cuidado de los niños es responsabilidad familiar y que el peligro también existe en el entorno cercano -padres, tíos-.
"Ruben Tierrablanca Aguilar": Argumentó que el cuidado de los hijos es responsabilidad de los padres, no de los curas.
"Noris Edi": Advirtió que sin denuncia formal se es cómplice o "mitotera mentirosa", defendiendo la presunción de inocencia.
"Ricas Donas": Defendió que no se está cuidando a los curas específicamente y que "no todos son iguales".
"Mauricio Ojeda": Enfocó la responsabilidad del cuidado infantil en los padres.
"George Casique": Se declaró "1000% a favor" de la protección del templo.
"Jon As": Calificó la marcha como vandalismo y pidió la intervención de la fiscalía.|
"Monica Almanza": Se identificó como feminista pero apoyó la protección de la Iglesia como "nuestra casa".
"Dante Huerta": Argumentó que no se deben adjudicar causas sociales para dañar templos y que quemarlos no resuelve nada.
"Ruben Silvadoray": Utilizó la analogía de una casa: si un hijo es malo, no se destruye la casa; pidió ir contra el abusador individual, no contra la institución.
"Jorge Cazares": Instó a levantar denuncias legales en lugar de vandalizar.
"Rogelio Jimenez": Expresó su apoyo con un "bien hecho".
"Tavo Garcia": Calificó de "gente honrada" a quienes protegen el patrimonio cultural.
"Mel Musk": Saludó a quienes resguardaban el templo llamándolos "hermanos".
"Claudia Cazares": Bendijo el valor de quienes se pararon a proteger el edificio.
"Isabel María Rodríguez": Afirmó que "la fe es más grande que las ideologías".
"Alicia Oria Tovar": Señaló que el feminismo debe empezar por el respeto para ser un buen ejemplo.
"Miguel Reyes": Argumentó que la libre expresión termina donde empieza el derecho ajeno y que no se debe vandalizar por gusto.
"Marcela Dominguez": Atribuyó las marchas violentas a un hartazgo y criticó el apoyo gubernamental a las mismas.
"Armando Calzada": Enfatizó que el respeto es la base de todo y criticó las reacciones de burla.
"Alfonso Jimenez Diaz": Celebró la defensa del patrimonio contra lo que llamó "jauría de deserebradas".

Los argumentos de este grupo se concentran en cuatro pilares:

-Presunción de inocencia: Exigencia de pruebas, expedientes y denuncias ante el Ministerio Público antes de señalar a individuos -como el caso de la cuenta "Ricardo Lara Lagunas").
-Responsabilidad Parental: Afirmación de que la seguridad de los menores corresponde primordialmente a la familia.
-Protección del Patrimonio: El valor histórico y cultural de los edificios debe respetarse independientemente de las ideologías.
-Vías Legales: El vandalismo es visto como un delito que no aporta soluciones reales a la violencia de género o el abuso.

No existe ningún elemento de peso ni dato duro que sustente una acusación legal de pederastia en los comentarios

Se detallan las razones por las cuales las intervenciones del grupo crítico carecen de validez probatoria en este contexto y la primera es la ausencia de evidencia documental. En ninguna parte del texto se presentan números de carpeta de investigación o expedientes judiciales; sentencias condenatorias firmes contra individuos específicos; documentación pericial o pruebas físicas. Las acusaciones se limitan a "menciones en redes sociales" o "videos", los cuales, sin un proceso judicial de por medio, permanecen en el terreno de la especulación o la difamación.

Varias cuentas Facebook -como "Paola González" o "Michelle Hernández"- utilizan el argumento de que "se ha mencionado mucho en redes", lo cual constituye una falacia *ad populum*. El hecho de que un señalamiento sea viral no lo convierte en un hecho jurídico. La justicia no se determina por el volumen de publicaciones, sino por la presentación de pruebas ante el Ministerio Público.

La cuenta de "Scarlette Olvera Farias" es la única que intenta aportar cifras -26 denuncias en 11 años-. Sin embargo le falta especificidad ya que no detalla el estatus de esas denuncias -si fueron desechadas, están en instrucción o resultaron en absolución-.

También falta la desvinculación del caso señalado por esta cuenta, ya que menciona que la propia Diócesis reconoce "señalamientos", pero confirma que no existe denuncia formal hasta el 4 de marzo de 2026. Legalmente, un "señalamiento" en redes no equivale a un delito mientras no sea denunciado y probado.

De acuerdo con la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen del Estado de Guanajuato, imputar un delito a sabiendas de que es falso o sin tener las pruebas mínimas para sustentarlo, constituye una intromisión ilegal en el honor.

En el caso específico de la cuenta "Ricardo Lara Lagunas", los comentarios que lo señalan sin presentar un solo documento incurren directamente en este supuesto, pues afectan su reputación y patrimonio moral basándose únicamente en juicios de valor y no en realidades jurídicas.

El grupo que defiende la institución se apoya en un argumento legal sólido que es el de la presunción de inocencia. Mientras el grupo crítico no transite del "activismo digital" a la "denuncia formal con pruebas", sus argumentos carecen de peso específico para sostener una acusación de tal gravedad en un análisis serio y objetivo.

Las consecuencias de lo que hizo un medio local al publicar sin pruebas un caso de pederastia que no ha comprobado legalmente

Todo lo señalado anteriormente, sumado al hecho de la publicación que hizo un medio local en semanas anteriores al reproducir el caso de "pederastia" de un sacerdote de la Diócesis de Celaya, sin presentar una sola prueba y solamente basándose en imágenes de Tik Tok, generó parte de estas redacciones luego de detectarse de que algunas de las imágenes que ahora aparecen en redes sociales son las mismas que publicó el medio digital local.

Se trata de un escenario de linchamiento mediático con consecuencias jurídicas y sociales devastadoras. La difusión de acusaciones de pederastia basadas únicamente en contenido de redes sociales (TikTok o Facebook), sin el sustento de una denuncia formal ante el Ministerio Público o el Tribunal Eclesiástico, representa una violación flagrante a la ética periodística y a la legalidad en el estado de Guanajuato.

El concepto de muerte civil en este contexto se refiere a la anulación de la reputación de una persona de tal forma que se le impide seguir ejerciendo su rol en la comunidad. Para un sacerdote o un obispo, cuya labor depende enteramente de la confianza y la solvencia moral, una acusación de este calibre —aunque sea falsa— genera la estigmatización permanente, ya que el algoritmo de internet mantiene la acusación vigente mucho después de que se aclare la verdad.

Se genera además el riesgo a la integridad física.Uno de los comentarios hace notar el "rostro de miedo" de alguien ante la turba, y muestra que este tipo de publicaciones actúan como detonantes de violencia civil.
Se genera finalmente una aniquilación profesional. La pérdida de la capacidad de guiar a su comunidad, independientemente de si un juez lo declara inocente después.

El medio de comunicación que replica imágenes de redes sociales sin verificar la existencia de un expediente o carpeta de investigación incurre en una responsabilidad civil directa. Según la legislación de Guanajuato se incurre en malicia efectiva. Si el medio publicó la nota sabiendo que no había denuncias o con un "desprecio temerario" por la verdad, está obligado a la reparación del daño moral. la otra parte es la difusión de contenido de terceros, ya que el hecho de que la acusación "esté en TikTok" no exime al medio. Al darle carácter de "noticia", el medio valida la difamación y amplifica el daño.

La intervención de una experta legal, como la abogada Nancy de Santiago, que confirma la ausencia de denuncias en los fueros civil y eclesiástico es un dato duro que evidencia las faltas de seriedad y crediilidad en la información. Esto refuerza la tesis de que la publicación no buscaba informar -derecho a la información-, sino generar impacto o seguir una agenda política/ideológica -intencionalidad de daño-.

Cuando un medio local actúa como "juez y verdugo" basándose en capturas de pantalla y sin investigar o comprobar la real existencia de personas detrás de lo que se publica, deslegitima las causas reales. Se utiliza el dolor de las víctimas de abuso real como un arma de golpeteo, lo cual es profundamente inmoral así como genera un precedente peligroso. El día de mañana cualquier ciudadano podría ser el blanco de una campaña similar si el medio decide que un video viral es prueba suficiente.

Estamos ante una consecuencia grave de irresponsabilidad editorial. El daño generado no es solo hacia los individuos -el Obispo y el sacerdote-, sino hacia el tejido social de Celaya, al fomentar el odio y la justicia por propia mano. La repetición de las imágenes, tras haber sido desmentida la existencia de denuncias, sugiere una campaña de acoso mediático sistemático. #MetroNewsMx


Redacción Editorial

-Cien cirugías fetales en Guanajuato confirman que el no nacido es un paciente clínico, desarmando el dogma de la interrupción libre.
-Llamar "progreso" a la eliminación de una vida que la medicina ya puede curar es una contradicción que solo se sostiene mediante una ceguera lógica voluntaria.
-Mientras el progresismo busca despenalizar el aborto, la ciencia médica invierte en salvar vidas antes del parto con alta tecnología.
-El éxito del tamizaje prenatal otorga estatus de persona al feto, contradiciendo la lógica legal que lo reduce a un tejido desechable.
-Operar con éxito dentro del vientre evidencia una vida independiente, rompiendo el discurso de autonomía corporal sin límites éticos.
-La medicina fetal visibiliza la humanidad del feto y expone la fractura moral de un sistema que sana a unos y permite descartar otros.
-El pediatra que defiende el aborto incurre en una negación de su propia disciplina, ignorando que la cirugía fetal ya identifica al no nacido como un paciente real.
-Basar la existencia del derecho a la vida en el deseo de la madre es una regresión ética que convierte la medicina en un instrumento de conveniencia política.
-La ciencia en Guanajuato demuestra que el feto siente, reacciona y sana, dejando sin sustento a quienes intentan deshumanizarlo bajo el eufemismo de la salud pública.
-La distinción por etapas gestacionales es una construcción arbitraria que ignora la continuidad biológica del ser humano desde su concepción inicial.
-Suprimir un cigoto o un feto quirúrgico produce el mismo resultado ontológico: la aniquilación de una persona con un código genético único e irrepetible.
-El éxito de la medicina fetal en Guanajuato ratifica que la vida no se adquiere por semanas, sino que se posee de forma intrínseca desde el origen.
-El derecho a la vida de un paciente prenatal no puede ser revocado por el origen traumático de su concepción sin incurrir en una grave injusticia ética.
-Permitir el aborto por falta de deseo materno reduce al ser humano a la categoría de objeto, contradiciendo la dignidad que la medicina fetal ya le otorga.
-La coherencia legal exige que el Estado proteja a toda persona, reconociendo que la inocencia biológica del feto prevalece sobre cualquier circunstancia externa.

Cirugías in útero en Guanajuato, prueba del paciente que el "dogma del progresismo" abortista niega

La medicina y la tecnología, cuando se aplican con rigor científico, terminan por desmantelar las narrativas ideológicas que intentan deshumanizar al no nacido. La nota sobre las 100 cirugías in útero en Guanajuato (https://www.guanajuatodesconocido.com/2026/03/ssg-concreto-100-cirugias-in-utero-para.html ) es una prueba irrefutable de que, para la ciencia médica, el feto no es un "tejido" o un "apéndice", sino un paciente con derechos médicos.

La cifra es contundente y el hecho es científico: cien cirugías in útero realizadas por la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG). Este hito médico no es solo un logro de la ingeniería clínica; es una bofetada de realidad para la retórica del progresismo contemporáneo que, en su afán de normalizar la interrupción del embarazo, se empeña en negar la humanidad del feto. 

La existencia de una "cirugía fetal" implica, por definición semántica y práctica, la existencia de un "paciente". No se opera al aire, ni se interviene un tumor; se opera a un individuo con patologías específicas para garantizarle una vida digna tras el parto.

Desde una perspectiva de análisis acucioso, la contradicción es flagrante. Por un lado, el aparato legal y los movimientos sociales de corte progresista impulsan la idea de que el aborto es un derecho basado en la autonomía absoluta del cuerpo de la mujer, tratando al feto como una extensión biológica prescindible hasta cierto número de semanas. 

Por otro lado, la misma ciencia médica, financiada por el Estado, trata a ese mismo feto como una entidad distinta, capaz de recibir tratamiento, anestesia y correcciones quirúrgicas complejas. ¿Cómo puede algo ser un "derecho a eliminar" y, al mismo tiempo, un "sujeto de cuidados intensivos"?

El contexto histórico y legal en Guanajuato ha sido un campo de batalla constante. Mientras la legislación local y federal se ve presionada por criterios de la Suprema Corte para despenalizar el aborto, la infraestructura de salud pública del estado camina en sentido opuesto: hacia la preservación de la vida prenatal. Esta dualidad genera un impacto comunitario profundo. 

Al salvar a un bebé de la espina bífida o de una hipoplasia pulmonar antes de que respire por primera vez, el sistema de salud está validando el valor intrínseco de esa vida. La sociedad recibe un mensaje claro: la vida en el vientre tiene un valor tal que justifica el despliegue de los especialistas más capacitados y los equipos más costosos.

La lógica del aborto se sostiene en la invisibilización del feto. Sin embargo, la tecnología de tamizaje y la fetoscopia lo hacen visible, lo nombran y lo sanan. Llamemos a las cosas por su nombre: La "interrupción del embarazo", que es la manera eufemística de llamar al aborto, es el cese de una vida que la propia medicina ya considera lo suficientemente humana como para operarla. 

La contradicción del progresismo radica en que celebra el avance científico pero ignora las conclusiones ontológicas de ese mismo avance. 

Si el feto es un paciente, es una persona. Si es una persona, tiene derechos.

La argumentación se sostiene en tres pilares que exponen la contradicción del progresismo frente a la evidencia clínica.

El primero, es el reconocimiento jurídico-médico del acto quirúrgico. En la praxis médica, una cirugía no se realiza sobre un objeto o un tejido inerte; se realiza sobre un paciente. La medicina fetal en Guanajuato trata al no nacido como un sujeto receptor de cuidados paliativos y correctivos. 

Desde el momento en que el Estado asigna recursos, personal especializado y tecnología para intervenir a un feto, le está otorgando, de facto, la categoría de "sujeto de derecho a la salud". Si no fuera persona, no habría diagnóstico, no habría consentimiento informado y no habría un esfuerzo por preservar su integridad física para el futuro.

El segundo pilar, es la autonomía biológica y el "tercer interesado". La lógica de la interrupción del embarazo suele basarse en que el feto es una extensión del cuerpo de la mujer. Sin embargo, la cirugía in útero demuestra lo contrario: el cirujano debe anestesiar al feto de forma independiente porque este posee un sistema nervioso propio y reacciona al dolor. 

Al intervenirlo para corregir una malformación -como la espina bífida-, la ciencia está validando que ese ser tiene una biografía biológica que trasciende la voluntad de terceros. Es una persona porque posee una identidad clínica única que la medicina se obliga a proteger.

El tercer pilar y que es la contradicción ontológica del estado. Aquí radica la base del análisis. El mismo Estado que, bajo presión ideológica, podría facilitar la eliminación del feto, es el que presume el éxito de salvarlo mediante cirugía fetal. Si el feto es lo suficientemente "alguien" para ser operado y curado, es lo suficientemente "persona" para ser protegido por la ley. 

No se puede ser paciente para la ciencia y "cosa" para el derecho de forma simultánea sin incurrir en una distorsión jurídica de la realidad. La capacidad de ser sanado es el reconocimiento último de su humanidad.

La nota de la SSG es un recordatorio de que la realidad biológica siempre termina por imponerse sobre el capricho ideológico. Guanajuato, al concretar estas cien cirugías, no solo cura cuerpos, sino que también pone en evidencia la fragilidad de los argumentos que sostienen que el aborto es un acto sin víctimas. La medicina ha hablado, y su diagnóstico es que la vida comienza y se defiende mucho antes del primer llanto. 

Este manifiesto se redacta bajo un análisis técnico-quirúrgico y jurídico, contrastando los protocolos oficiales de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) con la narrativa de la interrupción del embarazo. El objetivo es evidenciar la distorsión administrativa de la realidad, en un sistema que reconoce y desconoce la vida simultáneamente.

Manifiesto: La verdad quirúrgica frente al dogma ideológico

El progreso no es la eliminación del indefenso, sino la capacidad tecnológica de sanarlo. Cuando la ciencia entra al útero con un trocar y una cámara, la discusión metafísica termina y empieza la realidad biológica. Este manifiesto expone las contradicciones insalvables entre la medicina fetal y el aborto.

El reconocimiento del "paciente cero"

En una cirugía in útero, el feto no es un tejido de la madre; es el sujeto principal de la intervención.

El protocolo quirúrgico le asigna un código como paciente, se monitorea su frecuencia cardíaca de forma independiente y se calcula una dosis de anestesia específica para su peso estimado.

El progresismo afirma que "no es una persona", pero la medicina le otorga un expediente clínico, un diagnóstico de malformación y un plan de recuperación postoperatoria. Nadie opera a una "cosa".

La autonomía del dolor y la respuesta fisiológica

La ciencia médica de Guanajuato utiliza anestesia fetal porque reconoce que el sistema nervioso del no nacido procesa el estrés quirúrgico. El feto libera cortisol y noradrenalina ante el estímulo doloroso. El cirujano debe inmovilizar al feto para que no sufra ni se desplace.

Mientras el aborto se promueve como un procedimiento sobre "el cuerpo de la mujer", la cirugía fetal demuestra que hay dos cuerpos, dos sistemas nerviosos y dos pacientes en la misma mesa de operaciones.

La inversión del estado: Sanar vs. descartar

Existe una fractura lógica en el uso de los impuestos y recursos públicos. El Estado invierte millones en formación de especialistas en neurocirugía fetal y equipos de alta definición para salvar vidas de 24 semanas de gestación.

Es una perversión jurídica que el mismo Estado que traslada en helicóptero a un feto para salvarle la columna vertebral -espina bífida-, sea presionado para financiar la destrucción de ese mismo ser si se alega "salud reproductiva". La dignidad de la vida no puede ser un interruptor que el Estado encienda o apague a conveniencia política.

La fetoscopia: El fin de la invisibilidad

El aborto sobrevive gracias a la oscuridad y el eufemismo. La cirugía in útero aporta la luz de la cámara. Al introducir la óptica en el útero, el médico ve manos, pies, rostro y latidos. El feto tiene nombre para sus padres y diagnóstico para sus médicos. El progresismo llama "interrupción" a lo que la cámara muestra como un ser humano formado y funcional. La visibilidad médica es el peor enemigo de la narrativa pro-aborto; no se puede deshumanizar lo que se puede ver y tocar para sanar.

Desde una perspectiva estrictamente lógica, científica y ética, un pediatra -cuya razón de ser profesional es el cuidado de la salud infantil- enfrenta una contradicción insuperable si intenta defender el aborto ante la evidencia de la cirugía fetal. Si el pediatra acepta que el feto es un paciente -como lo demuestra la medicina materno-fetal en Guanajuato-, su código ético lo obliga a proteger esa vida.

Sin embargo, para sostener la defensa de la interrupción del embarazo, un médico suele recurrir no a la lógica médica, sino a argumentos extra-clínicos e ideológicos. 

Buscan asirse del argumento de la "deseabilidad" -subjetividad vs. biología. La razón principal que esgrimen es que la condición de "persona" o "paciente" no emana de la biología del feto, sino de la voluntad de la madre.

Si la madre desea al hijo, el feto es un paciente y se le opera. Si no lo desea, el feto es un "problema de salud pública" que debe ser removido.  Esto reduce la dignidad humana a un estado de ánimo. Convierte la medicina en un servicio "a la carta" donde el valor de la vida es relativo y no intrínseco.

El argumento de la "salud integral" de la madre

Muchos pediatras o médicos alineados al progresismo utilizan la definición amplia de "salud" de la OMS -bienestar físico, mental y social-. Argumentan que obligar a una mujer a llevar un embarazo no deseado afecta su salud mental y social, y que esa salud "prevalece" sobre la vida del feto.

Aquí es donde entra la pérdida de la noción jurídica de la realidad. Para salvar la "salud social" de uno, se elimina físicamente al otro. Es una jerarquización arbitraria que ignora que el feto también es un paciente con derecho a la vida.

La distinción artificial entre "vida humana" y "persona"

Algunos médicos intentan salvar su conciencia haciendo una división filosófica: admiten que hay vida biológica humana, pero niegan que sea una "persona" con derechos legales. Dicen que el feto solo es persona cuando nace y respira por sí mismo.  La cirugía in útero destruye este argumento. Si el feto no fuera persona, no se le trataría con la delicadeza quirúrgica y el respeto clínico que se le da en un hospital de alta especialidad en Guanajuato. Nadie aplica ética médica a un conjunto de células sin valor.

La pediatría y aborto: una traición a la conciencia

Es profundamente contradictorio que un médico especializado en la salud de los niños pueda, simultáneamente, avalar la destrucción de un ser que la medicina moderna ya puede operar y curar. La pediatría, por definición, busca la preservación de la vida en sus etapas más vulnerables. Al defender el aborto, el médico deja de ser un científico para convertirse en un ejecutor de ideología.

En Guanajuato, la realidad de las 100 cirugías exitosas pone al médico pro-aborto en un rincón lógico: si ese feto que hoy operamos para salvarle la movilidad de las piernas es el mismo que mañana podría ser abortado legalmente en otro estado, la medicina ha perdido su brújula moral. No hay argumento "lógico" que resista este choque: o se es médico para salvar vidas, o se es facilitador de su terminación. Ambas posturas no pueden habitar el mismo estetoscopio sin fracturar la ética profesional.

Si aceptamos la premisa científica de que el éxito de las cirugías in útero en Guanajuato confirma que el feto es un paciente y una persona, retroceder en el tiempo gestacional no cambia la naturaleza del ser, solo su etapa de desarrollo.

El fraude de la temporalidad: La continuidad biológica vs. la arbitrariedad legal

El cigoto, el embrión y el feto son simplemente nombres para distintas etapas de un mismo proceso vital continuo. No hay un momento "mágico" donde aparezca la humanidad; esta está presente desde la concepción en el código genético único.

La falacia de establecer que a las 12 semanas es "interrupción" y a las 24 es "homicidio" o "cirugía fetal" es una distorsión técnica de la realidad. Es el mismo individuo en diferentes estadios de crecimiento.

Si un médico en Guanajuato opera a un feto de 24 semanas, es porque ese feto existió como embrión a las 6 semanas. Suprimir la vida en la semana 1 o en la 20 produce el mismo resultado: la eliminación de un individuo que, de no ser interrumpido, llegaría a ser el paciente que la ciencia hoy se jacta de salvar.

El tamaño no define la dignidad

Utilizar el desarrollo físico -si tiene sistema nervioso, si late el corazón, si siente dolor- para decidir si se puede suprimir una vida es una forma de discriminación biológica. Si la dignidad humana dependiera de la complejidad del organismo, un adulto valdría más que un niño, y un niño más que un bebé. El sentido común dicta que la esencia es la misma.

La semana es el eufemismo: la vida es una sola

La narrativa progresista ha intentado segmentar la vida humana en plazos legales para aliviar la carga moral del aborto. Nos dicen que antes de tal semana "no hay nadie", pero la ciencia que hoy celebra cien cirugías in útero nos dice lo contrario. El éxito de estas intervenciones demuestra que el desarrollo es una línea recta. Si el feto de 24 semanas es un paciente digno de la más alta tecnología, el embrión de 4 semanas es ese mismo paciente en su fase inicial.

Llamar "huevo" o "cigoto" a las primeras etapas es una estrategia semántica para deshumanizar por parte de la ideología abortista. El sentido común nos indica que nadie puede ser operado en el vientre si no comenzó existiendo con toda su carga de humanidad desde el primer segundo. 

La diferencia entre abortar un cigoto o un feto desarrollado es meramente estética y de grado de violencia, pero el fondo es idéntico: la supresión de una vida humana que el Estado tiene la obligación de proteger, especialmente cuando presume ser líder en medicina fetal.

Guanajuato no puede ser, simultáneamente, el santuario de la cirugía fetal y el terreno de la deshumanización prenatal. La coherencia exige reconocer que la vida es una unidad indivisible. No hay "menos vida" al principio; solo hay una vida más pequeña y vulnerable.

El caso de la violación: No hay culpabilidad en la víctima prenatal

Desde un análisis objetivo, la violación es un acto atroz que genera una víctima inmediata: la mujer. Sin embargo, aplicar el aborto como "solución" implica crear una segunda víctima que es biológicamente inocente del crimen cometido.

Eliminar al feto por el crimen del padre es una forma de castigo capital aplicado a quien no cometió la falta. Si el feto es una persona -como lo confirma la cirugía fetal-, su derecho a existir es independiente del acto violento que le dio origen. La justicia debe perseguir al agresor, no eliminar al paciente.

El "embarazo no deseado": El deseo no otorga humanidad

Como discutimos previamente, el valor de una vida humana no puede ser subjetivo ni depender de la aceptación de un tercero. Si el sistema de salud de Guanajuato opera a un feto para salvarlo, lo hace basándose en su necesidad médica, no en si es "deseado" o no. Tratar la vida como un objeto de consumo que se acepta o se descarta según el deseo personal es la máxima expresión de la distorsión jurídica de la realidad.

Vida incondicional, la justicia no admite descartes: El valor de la vida es absoluto

Llamar a las cosas por su nombre implica reconocer que una tragedia -como la violación- no se repara con otra desaparición de vida. El argumento del progresismo intenta presentar el aborto en casos de violación o falta de deseo como un acto de "compasión" o "libertad", pero bajo la luz de la medicina fetal, esto se revela como una ejecución selectiva. 

Si el feto es un paciente en el hospital de alta especialidad de Guanajuato, lo es sin importar si fue concebido en un matrimonio o en un acto de violencia. Su ADN, su capacidad de sentir dolor y su estatus biológico de persona son idénticos.

La lógica del "embarazo no deseado" es aún más frágil. Si permitimos que el deseo sea el juez de la existencia, estamos abriendo la puerta a una sociedad donde la humanidad es una concesión otorgada por el más fuerte. El sentido común dicta que la responsabilidad del Estado es proteger al más vulnerable, especialmente a aquel que, por su etapa de desarrollo, no puede defenderse.

En conclusión, la vida humana no es un derecho negociable. Si Guanajuato se enorgullece de su vanguardia médica para salvar fetos, debe ser coherente en su marco legal: no se puede proteger la vida con tecnología y, al mismo tiempo, autorizar su eliminación por conveniencia o por trauma. La verdadera justicia protege a ambas víctimas, sin sacrificar a ninguna.
#MetroNewsMx


Redacción Editorial

-El rechazo masivo en redes delata la fractura social: el pueblo ve en el retiro del tren una cobardía en comparación ante el crimen impune diario.
-La indignación ciudadana es total; acusan al municipio de tener hambre de dinero mientras solapa la anarquía de las motos.
-Celaya vive una esquizofrenia política: el alcalde predica sensibilidad mientras Fiscalización opera como una milicia represora.
-El retiro del trenecito no parece ordenamiento, es una ejecución burocrática que desnuda la nula ética de la administración municipal celayense.
-Imponer multas impagables de 11 mil pesos a un trabajador humilde es una condena de muerte económica bajo el disfraz de la ley.
-Fiscalización abandonó su naturaleza regulatoria para ser un brazo de choque que asfixia al ciudadano y agrede a la prensa.
-El alcalde sugiere una vaquita para pagar multas; una respuesta frívola que evade su deber de generar justicia administrativa.
-Existe un hilo conductor entre la porra y la multa: el desprecio absoluto de la autoridad municipal por la dignidad humana.
-Condicionar el trabajo a pagos inalcanzables es una simulación de diálogo diseñada para fabricar culpables y castigar la fe.
-El municipio aplica la ley al débil pero guarda silencio ante la anarquía de motociclistas y la delincuencia que azota Celaya.
-El derecho al mínimo vital podría estar siendo pisoteado en el Jardín Principal; el Estado no puede recaudar a costa del hambre del ciudadano.
-La soberbia institucional ignora el pulso social: el 82 por ciento de la gente rechaza el autoritarismo contra el trenecito.
-Llamar a la caridad ciudadana es confesar que el sistema administrativo está roto y que la autoridad renunció a su función.
-Podría verse el uso de la legalidad como castigo contra Jesús Nava por impugnar multas; un mensaje claro de que defenderse tiene consecuencias.
-Mientras el trenecito es llevado al corralón, el desorden y el crimen real gozan de total libertad en las calles de la ciudad.
-El silencio del trenecito es el grito de una sociedad traicionada por un gobierno que prefiere el garrote sobre los tan sobados "bienestar", "esperanza" y "paz".
-Eduardo Griss Kauffman es el rostro represor de una administración que insulta la inteligencia y el sustento de los celayenses.



Fiscalización en Celaya: El garrote del desgobierno

El escenario político en Celaya ha mutado en una puesta en escena de lo absurdo. Por un lado, el alcalde Juan Miguel Ramírez Garibay sostiene una narrativa de puertas abiertas y sensibilidad social; por el otro, su Dirección de Fiscalización opera como una milicia administrativa dedicada a la cacería de ciudadanos vulnerables. El reciente retiro del "trenecito" del Jardín Principal, propiedad de Jesús Nava, no es un acto de ordenamiento público, sino una ejecución burocrática que desnuda la falta de brújula ética en el Ayuntamiento. Al dueño de esta atracción tradicional se le imponen multas superiores a los 11 mil pesos —un adeudo que el trabajador califica como impagable—, condicionando su derecho al sustento a una capacidad recaudatoria que el municipio no aplica con la misma severidad a otros sectores.

Esta conducta no es aislada. Los antecedentes de agosto de 2025, donde se documentaron agresiones físicas contra periodistas y ciudadanos, confirman que la Dirección de Fiscalización ha abandonado su naturaleza regulatoria para convertirse en un brazo de choque. La premisa es clara: quien no se somete al arbitrio de la ventanilla, es borrado del espacio público. La "esquizofrenia política" mencionada en la crítica mediática reciente apunta directamente al corazón del problema: un gobierno que dice defender al pueblo mientras le arrebata las herramientas de trabajo bajo el pretexto de una legalidad selectiva. ¿Cómo puede el alcalde hablar de paz social mientras su gabinete ejerce violencia administrativa contra un hombre cuyo único pecado es pasear niños en una plaza pública?

El caso de Jesús Nava es emblemático de la violación al derecho humano del "mínimo vital". La Constitución Mexicana, en su artículo 5°, protege la libertad de trabajo, y la jurisprudencia ha establecido que el Estado no puede ejercer una presión fiscal tal que prive al individuo de lo necesario para vivir. Sin embargo, en Celaya, la autoridad parece ignorar que el trenecito es un modo de vida. Al ofrecer permisos temporales de apenas tres meses condicionados a pagos onerosos, el municipio no busca la regularización, sino la rendición del ciudadano. Es una simulación jurídica diseñada para fabricar un culpable y justificar el uso del corralón como mecanismo de castigo.

La desconexión con la ciudadanía es absoluta. Mientras la población abraza al trenecito como parte de la identidad cultural de Celaya, la autoridad argumenta una "molestia" que nadie siente, excepto los burócratas encargados de limpiar la plaza de lo que ellos consideran "informalidad". Esta falta de sensibilidad es la misma que permitió que periodistas fueran agredidos por documentar la realidad. Existe un hilo conductor entre la porra y la multa: el desprecio por el ser sintiente. La administración municipal ha olvidado que detrás de cada permiso negado hay un drama humano y que la legitimidad de un gobierno no emana de la fuerza de sus inspectores, sino del bienestar de sus gobernados.

Desde una perspectiva legal, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato -PRODHEG- tiene elementos de sobra para intervenir. La desproporcionalidad de las multas, la falta de una alternativa real de pago y el uso del espacio público como una propiedad privada del Ayuntamiento son agravios que vulneran el Estado de Derecho. Si el municipio argumenta que el orden es su prioridad, debería empezar por ordenar la conducta de sus funcionarios, quienes parecen disfrutar del ejercicio del poder sobre los más desprotegidos.

En conclusión, Celaya vive bajo un régimen de contradicciones. El acalde Ramírez Sánchez decidir si su gobierno será recordado por el diálogo que promete o por el garrote que su Dirección de Fiscalización blande diariamente. El retiro del trenecito es una mancha que no se borra con discursos de campaña; es una herida a la economía popular y un insulto a la tradición. 

La justicia no es aplicar la ley de forma gélida y deshumanizada, sino garantizar que la norma sirva para el desarrollo del hombre. Hoy, en el Jardín Principal, el silencio del trenecito es el grito de una ciudadanía que se siente traicionada por quienes juraron protegerla. "Esquizofrenia política" es, quizá, el análisis más benevolente ante una realidad que raya en la crueldad institucional.


La reacción de los celayenses: Info Celaya, con un espejo de muestra

A partir del análisis cuantitativo y cualitativo de los más de 300 comentarios vertidos en la publicación de Info Celaya, que se desprenden de un video publicado el 2 de marzo de 2025 a las 3:37 de la tarde, desde el se presenta una nota de conclusión que refleja el pulso social ante el retiro del "trenecito".

Este análisis divide las opiniones para entender no solo el "qué" dicen, sino el "por qué" de su malestar o aprobación.

El análisis de sentimiento Ciudadano: Caso del "Trenecito de Celaya"

En un balance cuantitativo -estimación basada en muestra de 300+ comentarios-, el 82% de los comentarios está en contra del retiro, lo que echaría por tierra de que el trenecito es algo que la sociedad exige quita. Los señalamientos de los comentarios plasman la nostalgia infantil, icono cultural así como el "hambre" de la autoridad, y la inacción contra criminales reales.

Sólo el 12% de la muestra está a favor del retiro del trenecito. Los argumentos son la necesidad de regularización, "piso parejo" en impuestos, cobro excesivo del servicio.

Finalmente, el 6% donde se encuentran los comentarios que van desde el escepticismo hasta lo político manejan las teorías sobre la llegada de un "tren guinda" o beneficios para allegados del partido en el poder.


La crítica más feroz y recurrente -aproximadamente 6 de cada 10 comentarios- señala una asimetría en la aplicación de la ley

Los ciudadanos perciben que Fiscalización y Tránsito son implacables con un vehículo infantil, pero "omisos o miedosos" ante "motosicarios" y motociclistas, muchos de ellos sin placas, ruidosos, circulando por banquetas y cometiendo delitos. El comercio informal mayor, donde se perciben otros puestos en el centro o la Alameda que no son tocados. y la inseguridad, es decir el sentimiento de que el gobierno da un "golpe histórico al crimen" capturando un juguete mientras la ciudad sufre violencia real.

Muchos usuarios coinciden en que el trenecito es "patrimonio cultural e infancia" de Celaya. Hay testimonios de personas que se subieron hace 20 o 30 años y ahora llevaban a sus hijos. Para la población, el valor tradicional del tren supera la falta administrativa de un permiso.

Existe una narrativa de desconfianza hacia la administración de Juan Miguel Ramírez. Los comentarios sugieren que el retiro tiene tintes políticos -quitar lo "azul" para poner lo "guinda"- o meramente recaudatorios. La frase de que el gobierno tiene "hambre" de dinero se repite como un mantra.

Una minoría, pero presente, sostiene que ser una tradición no exime de responsabilidades. Argumentan que el dueño "gana bien" y que es justo que pague impuestos y permisos como cualquier otro comerciante, evitando que se convierta en un "dueño del centro".

El análisis de la reacción digital ante el caso del trenecito revela una fractura profunda entre la administración municipal y la ciudadanía. Mientras que para el presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez el retiro es un acto técnico de fiscalización y ordenamiento, para el celayense promedio es una agresión a la nostalgia y un acto de soberbia institucional.

La objetividad de los datos muestra que la mayoría no aboga por la anarquía, sino por la proporcionalidad. El sentimiento generalizado es de burla y coraje: se percibe como una "cobardía administrativa" que el gobierno municipal despliegue operativos para "encarcelar" un vehículo de madera y lámina, mientras las calles de las colonias populares permanecen bajo el control de la delincuencia real y el desorden de los motociclistas.

La autoridad ha ganado un expediente administrativo, pero ha perdido una batalla de legitimidad social. La percepción de que "el gobierno tiene hambre" y que "el profesor -el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez- solo hace acciones de relumbrón" se ha solidificado. Si el municipio no logra resolver este conflicto con sensibilidad —y no solo con el reglamento en la mano—, el trenecito se convertirá en el símbolo de un gobierno que prefirió "ponerse guapo" en el discurso, pero actuó con el garrote en la plaza pública y de paso ratificaría por qué en las encuestas de Mitofsky el alcalde tiene meses y meses reprobado y no es aceptado por la ciudadanía celayense. (https://www.metronewsmx.com/2026/02/juan-miguel-ramirez-sigue-reprobado-por.html )

Los derechos de Jesús Nava y la fuente de trabajo

El caso de Jesús Nava y el retiro de su trenecito en Celaya pone en relieve una tensión jurídica clásica entre el derecho constitucional al trabajo y la facultad regulatoria del Estado.

Desde una perspectiva legal y constitucional, el análisis de hasta dónde se vulneran sus derechos se divide  en el Derecho a la Libertad de Trabajo (Artículo 5°) donde la Constitución Mexicana establece que a nadie se le puede impedir que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siempre que sean lícitos.

Si la autoridad impone requisitos imposibles de cumplir o cobros desproporcionados -como las multas de más de 11 mil pesos que el dueño consideró "caras"- que de facto anulan su fuente de ingresos, se podría argumentar una vulneración al derecho al sustento.

Este derecho no es absoluto; está sujeto a que la actividad no ofenda los derechos de terceros ni de la sociedad, lo que faculta al municipio a exigir permisos de Fiscalización para el uso de la vía pública. La simple encuesta generada por los comentarios de Info Celaya muestran que la sociedad no está en contra del trenecito, comprobándose que no ofende a terceros.

La Suprema Corte ha interpretado que el Estado no debe ejercer una presión recaudatoria tal que prive al ciudadano de los recursos básicos para una vida digna. Al ser el trenecito su modo de vida y fuente de empleo, el retiro del vehículo y el condicionamiento de su regreso al pago de adeudos acumulados desde 2017 podría considerarse una afectación al mínimo vital si Nava.

No obstante, la autoridad argumenta que ofreció un permiso temporal de tres meses para facilitar su regularización, el cual no fue aceptado por el propietario.

Nava tiene derecho a que cualquier acto de molestia -como el retiro del trenecito al corralón- esté fundado y motivado por escrito. El hecho de que Nava haya impugnado legalmente cerca de 60 infracciones es un ejercicio de su derecho a la seguridad jurídica, buscando que un tribunal determine si las multas fueron justas o arbitrarias.

El municipio sostiene que el retiro no es arbitrario, sino la consecuencia de años de operar en la informalidad y de ignorar las notificaciones de regularización.

La ley ampara al ciudadano en su derecho a trabajar de forma honesta, pero también otorga al municipio la potestad de cobrar derechos por el uso exclusivo de un espacio que es de todos -el Jardín Principal-. La violación de derechos ocurriría si se demuestra que el municipio utiliza las multas como un mecanismo de exclusión en lugar de fomento, o si el proceso de retiro careció de las formalidades legales.

El gran "Pero...": Fiscalización ha venido actuando con política de intolerancia, abusos a los derechos humanos y de "garrote vil"

A partir de antecedentes mediáticos, pruebas documentales y el conflicto actual con el propietario del trenecito, se puede deducir que la Dirección de Fiscalización de Celaya opera bajo un patrón de conducta que prioriza la coerción administrativa y el autoritarismo sobre la sensibilidad social y el respeto a la dignidad humana.
Al observar casos previos, como la agresión a periodistas y trabajadores en agosto de 2025, queda claro que el retiro del trenecito no es un hecho aislado, sino parte de una política de intolerancia.

Los antecedentes muestran que Fiscalización ha incurrido en el uso excesivo de la fuerza y en la vulneración de derechos fundamentales, lo que sugiere que la dependencia se ha convertido en un brazo ejecutor que ignora los protocolos de respeto a la integridad física y moral de los ciudadanos.

En el caso de Jesús Nava, esta actitud se traduce en un acoso administrativo donde se acumulan multas -cerca de 60- no con un fin de ordenamiento, sino como una estrategia de asfixia para forzar el retiro de un trabajador independiente.

La deshumanización del servicio público: "El ciudadano como enemigo"

La actitud de la dependencia revela una profunda desconexión con la realidad social de Celaya.

Mientras los medios señalan que "los periodistas también son sintientes" —apelando a la humanidad que se pierde en el ejercicio del poder—, en el caso del trenecito se ignora que detrás de la "falta de permiso" hay un modo de vida y el sustento de una familia.

Fiscalización parece operar bajo la premisa de que la ley debe aplicarse a rajatabla solo cuando se trata de ciudadanos vulnerables o críticos, mientras que el argumento de la "molestia ciudadana" se utiliza de forma subjetiva, pues la población no ve al trenecito como un estorbo, sino como parte de la identidad del Jardín Principal.

Se deduce que la autoridad municipal utiliza el marco legal no para regular, sino para excluir. El ofrecimiento de un permiso de apenas tres meses condicionado a pagos "caros" -más de 11 mil pesos- es, en la práctica, una simulación de diálogo. Es una técnica para poder decir "les ofrecimos una salida", sabiendo que las condiciones son inalcanzables para el nivel de ingresos de ese oficio.

Al igual que en las agresiones previas contra la prensa, donde se intentó silenciar la verdad mediante la fuerza, con el trenecito se intenta eliminar una tradición mediante la burocracia impositiva, castigando al ciudadano posiblemente por haber impugnado legalmente sus multas previas.

Finalmente, se deduce una actitud de soberbia institucional. Ignorar el respaldo ciudadano y los llamados a la destitución del titular de Fiscalización demuestra que a la dependencia no le interesa la paz social ni el bienestar comunitario, sino demostrar un poder absoluto sobre el espacio público. Este tipo de acciones, sumadas a los ataques previos contra quienes documentan la realidad -periodistas-, crean un clima de desconfianza donde el gobierno municipal es visto como un ente recaudador y represor, y no como un facilitador del trabajo y la armonía ciudadana.

La actitud de Fiscalización es la de una autoridad que ha perdido la brújula del servicio público. Existe un hilo conductor entre la agresión a la prensa y el retiro "legal" del trenecito: en ambos casos se desprecia la dignidad del individuo en favor del control estatal arbitrario.



La frivolidad de Juan Miguel Ramírez Sánchez de "ponerse guapo", declarada a El Sol del Bajío

La frase expresada a El Sol del Bajío de "ya saben que yo me pongo guapo siempre" resulta altamente problemática por tres razones (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/exigen-destitucion-de-eduardo-griss-kauffman-por-retirar-el-trenecito-del-jardin-principal-28797669
 )

La primera, el desplazamiento de responsabilidad. Al sugerir una "vaquita" -colecta-, el alcalde traslada la solución de un conflicto legal y administrativo a la caridad ciudadana. Es una renuncia implícita a su deber como autoridad de generar esquemas de regularización justos y proporcionales.

La segunda, el tono condescendiente. Mientras un ciudadano pierde su patrimonio y sustento (el trenecito), el lenguaje del alcalde suena a una "dádiva" personal en lugar de una política pública. Trata un derecho constitucional -el trabajo- como un asunto de favores personales.

La tercera, el contraste con la realidad. Resulta paradójico decir que se "pone guapo" cuando su Dirección de Fiscalización actúa con una rigidez absoluta, negando prórrogas reales y enviando la grúa a una atracción infantil.

La simulación del diálogo de Juan Miguel Ramírez Sánchez

El alcalde afirma que "se le ha querido ayudar", pero los hechos narrados por los afectados dicen lo contrario. Ofrecer un permiso de solo tres meses condicionado a pagar más de 11 mil pesos de adeudos históricos -muchos de ellos impugnados- no es ayuda; es una sentencia de muerte económica para un pequeño negocio. Es una táctica de "negociación de mala fe" donde se imponen condiciones que se saben inalcanzables para luego culpar al ciudadano de "no querer arreglarse".

La doble vara de medir del presidente municipal

Existe una contradicción flagrante entre el discurso del "Gobierno del Pueblo" y las acciones de Fiscalización.

Se exhibe una actitud de "con el débil, la ley; con el fuerte, el silencio". El alcalde pide legalidad absoluta para un trenecito, pero su administración ha sido señalada por permitir la anarquía de motociclistas y por la violación de derechos humanos de sus funcionario contra periodistas de parte de su propio director de Fiscalización.

La otra es el uso de la legalidad como castigo. Las declaraciones sugieren que el municipio está castigando a Jesús Nava por haber impugnado sus multas. La autoridad parece decir: "si te defiendes legalmente, te quito el derecho a trabajar".

El impacto en la paz social: Gris actuación de Griss Kauffman en Fiscalización

Al descalificar las protestas que exigen la destitución de Eduardo Griss Kauffman y sugerir que "hagan una vaquita", el alcalde minimiza el descontento social. No entiende —o no quiere entender— que la gente no protesta solo por el dinero, sino por la arbitrariedad y el autoritarismo de una dependencia que se ha vuelto el rostro represor de su gobierno.

Las declaraciones contenidas en la nota de El Sol del Bajío son el retrato de un gobernante que busca mantener una imagen de "bondad" ante los micrófonos mientras permite que su gabinete actúe con el "garrote".

Llamar a pagar una multa mediante una colecta es la confesión de que el sistema administrativo de Celaya está roto: si la ley fuera justa y proporcional, no se necesitaría que el alcalde "se pusiera guapo" ni que la ciudadanía limosneara el derecho a trabajar. Esta actitud no solo vulnera el derecho al sustento de Jesús Nava, sino que insulta la inteligencia de una ciudadanía que ve cómo, mientras el trenecito está en el corralón, la delincuencia real y el desorden administrativo siguen libres en las calles (https://www.metronewsmx.com/2026/02/16922-delitos-en-celaya-durante-2025-y.html ). #MetroNewsMx

Fuentes Informativas



Eugenio Amézquita Velasco

-El Padre Naim denuncia que en Irak ser cristiano es una sentencia de muerte ejecutada por el odio sectario del grupo terrorista Daesh.
-Tras el asesinato de su hermano por su fe, el sacerdote afirma que en Oriente Medio los cristianos deben estar preparados al martirio.
-El grupo Daesh impuso a miles de familias elegir entre la conversión forzada al Islam, el pago de tributos de humillación o el exilio.
-El testimonio revela que la población cristiana en Irak colapsó de dos millones a solo 250 mil debido a la persecución sistemática.
-Shoshandy relata el drama de dormir en las calles de Erbil tras abandonar toda su vida en Qaraqosh para no renunciar a Jesucristo.
-El sacerdote critica la omisión del gobierno iraquí, señalando que el Estado no brindó ayuda ante el genocidio de las minorías.
-Los cristianos en Irak son tratados como ciudadanos de segunda clase, sin derechos plenos y bajo el constante asedio de milicias.
-La destrucción y quema de iglesias y hogares en la llanura de Nínive buscó borrar milenios de historia y presencia cristiana en Irak.
-Shoshandy destaca que Ayuda a la Iglesia Necesitada fue el único milagro que permitió reconstruir la esperanza en un país en ruinas.
-El entrevistado urge a no tener miedo y ofrece el perdón a sus perseguidores como la única vía para romper el ciclo de la violencia.

La irrupción del Estado Islámico en Irak no fue un fenómeno coyuntural ni un accidente histórico, sino el clímax de una tendencia sistemática de erradicación religiosa en el Medio Oriente. La geopolítica regional ha dejado a las minorías en una indefensión absoluta, mientras el silencio de las potencias occidentales y la indiferencia de la comunidad internacional terminan normalizando una tragedia humanitaria que apenas comienza a comprenderse en su real dimensión.

La presencia del Padre Naím Shoshandy se da en el marco de la visita a Cañada de Caracheo, comunidad del municipio de Cortazar y perteneciente a la Diócesis de Celaya, para acudir junto con Mons. José Antonio Concensao Ferreira, venezolano; secretario general de la Conferencia del Episcopado venezolano -CEV-, y obispo de Puerto Cabello así como el Padre Sergio Chuela, mexicano y Misionero de Guadalupe, a venerar las reliquias del Beato Fray Elías del Socorro Nieves así como participar en la llamada "Noche de los testigos", en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, de Cortazar, con la presencia de Mons. Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, obispo de la Diócesis de Celaya así como de los párrocos Adolfo Manzano y Martín Álvarez Torres, respectivamente delas parroquias antes citadas, además de los padres vicarios y el Pbro. Samuel Damián Pascual, responsable de Dimensión de Misiones en la Diócesis de Celaya. Dominik Kustra, de origen polaco responsable de la zona Centro Norte de México de la Fundación Pontifica Ayuda a la Iglesia Necesitada y Julieta Appendini, mexicana y directora nacional de AIN México.



El tejido social iraquí se ha desmoronado bajo el peso de un sectarismo que instrumentaliza la fe para dividir a la población, convirtiendo a los cristianos en ciudadanos de segunda categoría. Este proceso no solo destruye la convivencia pacífica, sino que fuerza un éxodo masivo que despoja a la nación de su pluralidad histórica, borrando siglos de convivencia y riqueza cultural que eran fundamentales para la identidad nacional de Irak.

Ante el vacío dejado por un Estado fallido, incapaz o cómplice, la Iglesia se alza como el único baluarte de resiliencia y reconstrucción. Su labor no se limita al ámbito espiritual, sino que se convierte en un ejercicio político de resistencia. Al priorizar la dignidad humana sobre la revancha, demuestra que la fe sobrevive incluso a los intentos de aniquilación física, convirtiéndose en el último refugio de la esperanza frente al autoritarismo sectario.

La persecución religiosa en el siglo XXI ha mutado. Ya no se trata únicamente de la violencia física, del acero o la metralla, sino de la implementación de una estrategia de muerte civil. El testimonio del Padre Naim Shoshandy, originario de Qaraqosh, es una radiografía brutal de cómo el Estado puede abandonar sus funciones primordiales para convertirse en verdugo o espectador pasivo de la tragedia de sus propios ciudadanos. Cuando un gobierno permite que grupos extremistas emitan ultimátums bajo la amenaza de la espada para elegir entre la conversión forzada, el pago de impuestos de sumisión o el destierro, el contrato social se rompe de forma irreversible. La experiencia iraquí nos enseña que, cuando el derecho a la libertad de culto se vulnera, todos los demás derechos humanos se encuentran inevitablemente en la antesala de su desaparición.

Es necesario llamar a las cosas por su nombre: lo que ocurrió en la llanura de Nínive fue un intento de limpieza sectaria. La metodología utilizada por grupos como Daesh no fue improvisada; obedeció a una lógica de poder que buscaba la homogeneización forzada de una sociedad diversa. La respuesta del Estado iraquí, caracterizada por la omisión, revela una complicidad estructural. La supervivencia de las comunidades cristianas en Irak no ha dependido de la justicia gubernamental ni del apoyo de los organismos internacionales, sino de la resiliencia comunitaria y del soporte de instituciones privadas como la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esto plantea una interrogante ineludible sobre la legitimidad de los Estados modernos en la región: ¿puede un gobierno ser considerado legítimo si es incapaz de proteger a sus minorías de la violencia sistemática?

La distorsión filosófica que observamos en estos regímenes es peligrosa. Se postula que el Estado es el dador de derechos y que la convivencia debe estar supeditada a una mayoría hegemónica que impone su visión del mundo mediante el miedo. Esta es la base de la tiranía. La persecución de los cristianos en Irak sirve como un espejo para otras democracias que, aunque no enfrentan la violencia directa de grupos terroristas armados, sufren procesos de erosión institucional similares. En muchos países, la descalificación del adversario, la estigmatización de las instituciones religiosas y la creación de narrativas de odio son el preludio de una fractura social que, si no se detiene, termina en la imposición de una ideología única.

El análisis de la realidad iraquí nos obliga a reflexionar sobre el concepto de purificación de la memoria. El Padre Shoshandy no aboga por el olvido, ni por una justicia ciega que busque la venganza. Al contrario, propone un camino de perdón que es, en sí mismo, un acto de suprema inteligencia política. Reconstruir una nación después de años de conflicto sectario no se logra mediante la negación del dolor, sino mediante el reconocimiento de los hechos y la voluntad de no repetición. La Iglesia, al posicionarse como una voz que exige verdad sin buscar el poder político, se convierte en el referente moral indispensable para que la sociedad pueda sanar sus heridas.

El impacto del éxodo cristiano es devastador. No solo se trata de una pérdida demográfica; es la pérdida de una memoria histórica que actuaba como puente entre culturas. Irak ha pasado de ser un mosaico de religiones a un territorio fragmentado donde el pensamiento crítico y la diversidad son vistos como amenazas al control político. La presencia de milicias sectarias, muchas de ellas vinculadas a intereses extranjeros, complica aún más la soberanía del país, transformando a Irak en un tablero de ajedrez donde la población civil es la gran sacrificada. Las tensiones geopolíticas entre potencias globales y regionales utilizan al territorio iraquí como campo de batalla, ignorando por completo la dignidad de quienes habitan la tierra de Abraham.

En conclusión, la lección que nos deja el testimonio del Padre Shoshandy es clara: la libertad religiosa es el termómetro de la salud democrática de una nación. Cuando un Estado fracasa en proteger a sus ciudadanos, o peor aún, cuando los divide mediante discursos de odio o negligencia deliberada, está sentenciando su propio futuro. La reconstrucción de la paz requiere de algo más que acuerdos políticos de élite; requiere del compromiso de cada individuo con la verdad y la defensa de la dignidad humana. La Iglesia Católica, con su presencia capilar y su enfoque en la caridad universal, está demostrando ser el actor más capaz de sostener el tejido social en las condiciones más adversas. La solidaridad internacional no es solo un deber moral, es una necesidad estratégica para evitar que los totalitarismos terminen por homogeneizar el pensamiento humano a costa de la libertad. El martirio de los cristianos en Irak nos debe alertar sobre la fragilidad de nuestra propia libertad y la urgencia de fortalecer las instituciones que protegen la pluralidad y el respeto a la conciencia individual.

Transcripción de la entrevista al Padre Naim Shoshandy con el periodista Eugenio Amézquita Velasco

Eugenio Amézquita Velasco: 
Bueno pues tengo el agrado de estar con el padre Naim él es de Irak y y y está presente aquí en Cañada de Caracho quiso él venir a visitar a venerar los restos de de uno de del primer beato de la de la diócesis de Celaya el padre Fray Elías del Socorro Nieves eh perseguido escuchó toda la historia y bueno pues pues es una historia fuerte pero eh Irak no se queda atrás irak donde pues toda la mucha de mucha de las Sagradas Escrituras está en la zona donde él es el nuestro padre Abraham el nuestro padre en la fe ¿verdad y también este pues Nínive que dónde de dónde es usted originario ya me decía el profeta Jonás que le quiso correr y que al final tuvo que ir a hacer lo que el Señor le decía eh en estos tiempos actuales los cristianos son somos minoría pero somos perseguidos y son perseguidos precisamente por porque por causa de la fe en Jesús así es entonces ¿qué nos puede decir de o sea cómo es esta persecución ¿cómo se da ¿cómo afecta a las familias y sobre todo que me doy cuenta que hay un éxodo también o sea hay gente que se exilia se va a Europa o se va a otras partes del mundo gracias padre Naim.

Padre Naim Shoshandy: 
Nada gracias a usted y gracias a todas las comunidades a todos los pueblos de México por vuestra acogida y ya yo me siento estoy en mi tierra y nada lo más importante también fui a visitar a mi madre a nuestra madre la Virgen de Guadalupe y que me da a mí en este la fuerza ¿no seguir eh testimoniar mi fe mi esperanza a la gente es de verdad cuando estabas me contaron la historia de Beato Nieves y estaba recordando muchos muchos cristianos en especialmente de mi en Oriente Medio y casi la misma historia me daban su vida porque primero no creían en ganear en la fe en en Jesucristo y luego no tenían miedo para decir la verdad y es también un mensaje para todos nosotros para que eh decir siempre la verdad no hay falta que decimos de tener miedo ¿no pues eh yo estoy aquí entre a todos ustedes y yo llevo en mi corazón tres palabras: perdón fe y oración rezar ¿no pues hoy puedo dar fe de que Dios nunca está lejos de las personas que sufren él ha estado con nosotros con todos los cristianos de Irak y Oriente Medio eh esta experiencia de de fe yo he vivido en mi vida eh yo he vivido tres momentos muy difíciles primero el asesinato mi hermano y luego la muerte de de mi padre y luego la salida del Daesh.

Padre Naim Shoshandy: 
Pues mi familia somos cinco hermanos yo nací en una familia católica creyente practicante doy gracias a Dios y somos cinco hermanos dos chicos tres chicas mi hermano era el mayor pues un día salía a trabajar yo nací en una ciudad se llama Caracos la mayoría son cristianos y bueno es la zona de la llanura de Nínive y está cerca de Mosul o Nínive casi 33 km. Mosul es la segunda ciudad más importante en Irak después de capital Bagdad pues un día él salió a trabajar a Mosul pues asesinaron por ser cristiano para vivir como cristiano en esta zona hay que preparar para ser mártir no hay que falte de que tenga ese miedo para dar tu vida por Jesucristo ¿no? pues eh su muerte se puso duro en mi personal en mi familia mucha gente y pero doy siempre gracias a Jesús quien nos enseña a nosotros en la cruz ¿no nos enseñe la cruz el perdón nos enseña la cruz el amor porque donde está la cruz está el amor de Dios pues yo rezo a todo a todas las personas lo que han hecho daño a mi familia a todos mucha gente también murieron por ser cristianos para que el Señor perdone a estas personas y para que sepan que nuestro Dios es el Dios de amor ese Dios de paz un Dios eh también de perdonar pues el segundo momento es la muerte de mi padre fue mi padre pues fue enfermo de de cáncer y murió tan solo 57 años.

Padre Naim Shoshandy: 
El ver a mi padre eh sufriendo pues e de su momento de la enfermedad eran también momentos muy difíciles ¿no eh porque mi padre era el pilar soporte de de las casas pero bueno yo doy gracias a Dios también por su vida ¿no el último momento que estamos todavía viviendo en nuestro corazón ese fue del día 6 de agosto 2014 cuando un grupo teorista un grupo islámico eh se llama Dash das una palabra árabe que significa Estado Islámico en Irak y Levante levante que es en Siria pues es un grupo son los jóvenes islamistas quieren establecer un estado islámico en en este zen oriente medio pues este grupo cuando entra una ciudad un pueblo tiene tres sujeciones a las personas que no son de relación musulmana la primero es convertir al Islam o pagar puesto islámico o abandonar la ciudad inmediatamente bajo amenaza a la espada pues eh todos sabemos los cristianos de de Irak tenemos una fe muy fuerte nadie deja al lado su fe o a convertirse al Islam y prefieren morir para que no vamos a convertir a Islam pues en estos momentos pues teníamos pues hemos tenido que abandonar mi ciudad Carajos y los demás ocho pueblos de la llanura de Nínibe pues miles de familias eh hemos dejado toda la vida atrás toda la historia en nuestras casas nuestras iglesias demás sitios porque no queríamos abandonar la fe en Jesús porque queríamos dar en este testimonio que somos seguidores verdaderos de Jesús.

Padre Naim Shoshandy: 
Pues e para mí es para recordar estos momentos es muy difícil ¿no a veces le cuesta mucho es como una película de recuerdas momentos así tan dolorosos ¿no si duele dentro doloros e pues teníamos que dejar todo fuimos a refugiamos el primeros en fuimos a una ciudad se llama Arbir está en capital de Kurdistáquistá en el norte pues los primeros días eran muy difíciles porque faltaba comida bebida faltaba algún sitio para dormir pues ahí nosotros hemos dormido en en la calle la calle pues donde hay algún sitio puedes sentarte pues ahí nosotros hemos sentado para ahí a ver lo que está pasando eh mucha gente preguntaba dónde está la vida dónde por qué qué está pasando pues eh mucha gente también tenía un tenían miedo por futuro especialmente a los niños a los jóvenes y es de verdad algunos momentos también hemos sentido que la pérdida de nuestra dignidad que ya nuestra ha muerto ya no somos nada ¿no pero lo más importante es teníamos esta esperanza tenemos esa fe en Jesús que está siempre con nosotros pues ahí hemos vivido casi en el campo de del campo refugiados 3 años y con sufrimiento pero también dentro del sufrimiento hubo esperanza si un día vamos a volver así y yo trabajaba como sacerdote y ahí en el campo visitaba los enfermos se daba catequesis celebraba las misas y bueno de vivía también la liturgia ¿no? y pues fue poco a poco casi 13 años en el campo después este grupo de el año 2017 y han podido la gente volver.

Padre Naim Shoshandy: 
Pero el problema eran difíciles porque primero robaron todas las cosas de los cristianos y luego han quemado las casas y las iglesias además sitios por eso eran momentos difíciles por eso hubo un grupo grande porque la cifra de los cristianos antes 2003 hubo casi 2 millones cristianos católicos en todo el país y ahora pues yo creo son casi 250,000 eh cristianos en todo el país y pues pues estos fueron momento muy difíciles por eso estoy diciendo porque mucha gente ya no tenían como poco la esperanza empezar de nuevo volver a confianza por eso fueron a otros países en Europa América Latina Estados Estados Unidos a Canadá Australia pues cada donde sea había alguna oportunidad y se han ido a buscar futuro para para sus hijos y como todos sabemos pues es la libertad ¿no cada persona es libre tiene la libertad donde quiere ir pues e pero mira de pues hemos eh en aquellos momentos e estuvimos en este el sufrimiento del dolor eh venía hemos ha llegado para nosotros la fundación ayuda de la Iglesia necesitada eh ese llega a nosotros como era un milagro un milagro el Señor y ahí empiezan ellos ayudarnos porque el el gobierno no ayudó nada ¿por qué digo esto porque el gobierno muchas gente muchos países en árabe quieren acabar con cristianismo en esta zona y por eso ayuda iglesia necesitada eh han podido a reconstruir las casas las iglesias demás sitios y también a volver la presencia de cristianismo por eso gracias a todos de los voluntarios los que trabajan la fundación de ayuda de la iglesia necesitada.

Padre Naim Shoshandy: 
Y especialmente gracias a benefactores por su generosidad hemos podido volver mucha gente eh en sus casas eh la situación hoy de los cristianos no han mejorado mucho porque hoy yo creo estamos viendo también la guerra ¿no lo que está pasando Estados Unidos con Irán y ahí también Irak entra ¿y por qué en Irak entra porque en dentro de Irak hay milicias pertenecen a Irán porque Irán ya pagan de pues de las armas de todo pues también están atacando Irak por este milicias eh en esto en Irak un problema es de la zona de Oriente Medio hay falta de recho la libertad no solo la libertad religiosa la falta de recho a la de la libertad de la vida por eso hay ¿no por eso es preocupante ¿no eh por ejemplo hoy los cristianos en esta zona somos de segunda nivel y sí somos de segunda ciudadanos de segunda exacto ciudadanos somos de segunda vamos decir no somos iguales ¿no o sea soy aquí otro ir aquí pero no el otro porque es musulmán es el primero yo soy segunda no pues este también le duele ¿no pero bueno ya después del sufrimiento del dolor de tristeza fíjate los cristianos hoy pueden rezar y perdonar en estas personas lo que han hecho el daño en nuestras vidas ¿por qué porque queremos dar testimonio queremos vivir lo que Jesús nos enseñó en su vida perdonar y también a rezar por estas personas por eso doy gracias a Dios por todas las personas que rezan por nosotros la oración está a nosotros la fuerza y hoy cada familia cristiana de Irente puede contar un un drama de historia de de sufrimiento del dolor de esperanza y también de alegría ¿no pues pueden hoy contarla con toda la libertad ¿por qué por la presencia del Señor.

Padre Naim Shoshandy: 
Eh mi mensaje es eh porque los cristianos eh tenemos una misión la misión de cada uno de nosotros en todo el mundo es eh dar la esperanza hay que dar esperanza donde hay guerra donde hay dificultad porque nosotros somos eh eh hijos de un Dios vivo no de un Dios muerte no somos de de de un Dios vivo y somos muy importantes en los ojos de Dios cada uno de nosotros luego no tengamos miedo a seguir a Jesús porque abrimos en nuestros corazones al Señor para decirle "Señor aquí estoy para hacer tu voluntad" y dejamos en nuestras vidas también las manos a nuestra madre la Virgen María nuestra Señora de Guadalupe ella también nos acompaña en estos pasos de difíciles pero ella nos da a nosotros ¿no este empuje empuje a nosotros de para que seamos testigos y dando el testimonio como seguidores eh de Jesús.

Eugenio Amézquita Velasco: 
Pues yo creo que como le decimos a todos aquellos que cuando hablan de la Virgen de Guadalupe nos sentimos identificados podemos decir "Naim hermano ya eres mexicano." Padre regálenos la bendición para nuestro público por favor.

Padre Naim Shoshandy: 
Pues mira yo quiero voy a dejarte si no importa la oración el Padre Nuestro en arameo el idioma que hablaba Jesús ¿sabes idioma oficial en en ir árabe pero los cristianos hablamos todavía arameo en nuestra liturgia idioma que hablaba Jesús.

Abun d'bashmayo nethqadash shmokh, tîthe malkuthokh, nehwé tsebionokh aykano d'bashmayo oph bar'o. Hab lan lakhmo d'sunqonan yawmono, washbuq lan khobayn aykano d'oph khnan shbaqnan l'khayobayn. Wlo te'lan l'nesyuno elo patson men bisho. Metul d'dîlokh hî malkutho wkhaylo wteshbukhto l'olam olmîn. Amîn.

Y como no también a nuestra madre la Virgen de Guadalupe le merece a todo amarla quererla cada día más díce te quiero mi madre porque eres hermosa lo más linda en mi vida.

Shlom lekh Maryam, mlyath taybutho, Moran amekh. Mbarkhto at bneshe, wmbarkho hu phiro d'karsekh Yeshu. Morti Maryam, emeh d'Aloho, saloy hlofayn khâtayé, hosho wbsho'tho d'mawtun. Amîn.

Muchas gracias y que Dios bendiga a todos ustedes gracias a Guanajuato Desconocído.

Daesh: La maquinaria del terror y su rastro de sangre

Daesh, acrónimo árabe de al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham (Estado Islámico en Irak y el Levante), es la organización yihadista que sumió a Oriente Medio en una de las eras más oscuras de la historia contemporánea. Surgido de las cenizas de Al-Qaeda en Irak y fortalecido por el caos de la guerra civil siria, este grupo no solo buscó el control territorial, sino la instauración de un califato basado en una interpretación extremista y deformada de la ley islámica (sharía), donde cualquier disidencia se pagaba con la vida.

Lo que diferencia a Daesh de otros grupos terroristas es su metodología del horror. No se limitaron a perpetrar atentados; gobernaron mediante el pánico. En su apogeo, entre 2014 y 2015, controlaron vastas extensiones de Irak y Siria, donde implementaron un sistema de purga social. Sus acciones incluyen el genocidio de minorías como los yazidíes, la esclavitud sexual de mujeres y niñas, el reclutamiento forzado de menores —los llamados "cachorros del califato"— y la destrucción sistemática del patrimonio histórico de la humanidad, como las ruinas de Palmira.

La cifra de muertes atribuida a Daesh es difícil de calcular con exactitud debido a las fosas comunes que aún se siguen descubriendo, pero organismos internacionales y observadores como la ONU estiman que sus víctimas se cuentan por decenas de miles. Solo en Irak, entre 2014 y 2016, se documentó la muerte de más de 30,000 civiles, mientras que en Siria las ejecuciones masivas y los bombardeos elevaron la cifra significativamente. A esto se suman las víctimas de sus "franquicias" en Libia, Afganistán y los atentados en suelo europeo (París, Bruselas, Niza), que dejaron cientos de muertos adicionales.

La forma de ejecutar a sus víctimas fue diseñada para la propaganda global. Daesh transformó el asesinato en un espectáculo cinematográfico de alta definición para infundir miedo y reclutar fanáticos. Sus métodos incluyeron la decapitación pública, el fusilamiento masivo, el lanzamiento de personas desde edificios, la inmolación con fuego en jaulas y el uso de explosivos amarrados a los cuellos de los prisioneros. Cada ejecución era grabada con múltiples cámaras y editada con estética profesional para ser difundida en redes sociales.

El por qué de esta crueldad radica en su ideología takfiri. Bajo esta premisa, Daesh considera "infiel" (kafir) no solo a los cristianos, judíos o yazidíes, sino a cualquier musulmán que no jure lealtad a su califa o que practique una rama distinta del Islam, como los chiíes. Para ellos, la violencia extrema es una herramienta de "limpieza" divina y un método de control político: al eliminar físicamente al adversario y aterrorizar a los sobrevivientes, aseguran la sumisión absoluta. Daesh no busca el diálogo, busca la aniquilación de todo lo que no sea su propia imagen distorsionada del mundo.

Fuentes consultadas sobre Daesh
-Investigación sobre crímenes de Daesh en Irak
-Informe sobre el genocidio Yazidí y minorías:

Documentación de Ejecuciones y Métodos (Amnistía Internacional)
-Campaña de limpieza étnica y ejecuciones en el norte de Irak:

Estadísticas de Víctimas y Atentados (Global Terrorism Database - GTD)
-Perfil de perpetrador: Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)

Análisis de la Ideología y Propaganda (Counter Extremism Project)
-Reporte sobre la estructura y tácticas de ISIS

El Impacto en el Patrimonio Cultural (UNESCO)
-Respuesta de la UNESCO ante la destrucción en Irak

La objetividad de estos datos se basa en la triangulación de fuentes: testimonios de sobrevivientes, análisis forense de fosas comunes y la propia evidencia videográfica que el grupo criminal publicaba para sus fines de propaganda.
#MetroNewsMx

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