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L

os actos de discriminación y de agresión contra el personal médico y hospitalario que se han reportado en diversas localidades de la República se originan por la angustia que genera este agente desconocido, dijo ayer el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, en referencia al temor que provoca en la sociedad la expansión del coronavirus.

A su vez, el subsecretario del ramo, Hugo López-Gatell, señaló que no hay razón alguna para considerar una fuente especial de contagio a médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud, pues que estén en contacto con los enfermos de Covid-19 no quiere decir que sean la fuente de propagación. El funcionario destacó asimismo que ellos merecen respeto, pero además son necesarios, indispensables para el país.

En esta perspectiva, es saludable la medida anunciada por el Gobierno de la Ciudad de México de reforzar su sistema de denuncias por vía digital que permitirá iniciar querellas por discriminación y agresiones contra el personal médico y hacia pacientes afectados por Covid-19, tal como informaron los titulares de la Fiscalía capitalina, Ernestina Godoy,y de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Peña.

A decir de la fiscal Godoy, su oficina tiene abiertas cuatro carpetas de investigación relacionadas con ataques contra personal del sector salud y una por discriminación contra una persona afectada por el coronavirus.

La grotesca paradoja de las agresiones a médicos, enfermeros y trabajadores hospitalarios no es con certeza exclusiva de México; ha ocurrido en otras naciones y, como lo señaló el secretario de Salud, tienen entre sus causas el miedo irracional a posibles contagios, el cual nace a su vez de la ignorancia sobre las características de la enfermedad.

No obstante, para que estas carencias emocionales y culturales se materialicen en actos de discriminación, o incluso en ataques físicos directos –como los que han sufrido enfermeras y enfermeros en diversas ciudades del país– debe existir también una falla en la cultura cívica y en la ética social.

Esa falla –que es el asunto más preocupante– se ha expresado en otras circunstancias, como los brotes de xenofobia y racismo registrados en meses anteriores en el contexto de la llegada de grupos de migrantes al territorio nacional y, en la medida en que la gran mayoría de las víctimas son mujeres, está estrechamente relacionada con la misoginia y el machismo.

Más allá de la tarea necesaria y ardua de erradicar esas miserias de la mentalidad social, en la circunstancia actual resulta urgente emprender una campaña educativa focalizada a sectores y lugares en las que las agresiones son más frecuentes; un caso concreto es el transporte público concesionado. Debe hacerse entender a las personas con déficit de atributos civilizatorios que la agresión a secas es inadmisible, pero hacia quienes pueden salvarles la vida es, además, estúpida.

M

ientras en medio de un confinamiento cuasi global de masas, las grandes corporaciones mediáticas y de la tecnología digital nos suministran a diario el macabro conteo de los muertos por y con el Covid-19, en las sombras, un puñado de oligopolios de las industrias financiera y bancaria se frota las manos con el negocio del rescate.

Ante la emergencia del año de la peste con su caótica danza de las cifras (Mike Davis dixit), el papel de un reforzado Estado interventor ha vuelto a ocupar un lugar central y muchos economistas avizoran que a la salida de la pandemia ya nada será igual. Que sucumbiría el Estado nana neoliberal −como lo llamó Noam Chomsky hace 20 años− que privatizó y concentró las ganancias en el llamado 1% y socializó los costos; que ante la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, ese ­po­deroso Estado de bienestar al servicio de la plutonomía (Citicorp), que sujeta a la disciplina del mercado a los pobres y los trabajadores, mientras redistribuye la riqueza de abajo hacia arriba, tendrá ahora que cambiar.

La gran transformación fue el lema del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en 2012, que según su entonces presidente, Klaus Schwab, obligaba a buscar nuevos modelos de poder político, económico y social, un crecimiento sostenible y la creación de empleo, mientras continuaban los efectos de la crisis financiera de 2008-09. Viniendo de Schwab, y dado que Davos es el centro neurálgico de la ideología que sustenta al capitalismo neoliberal, no dejaba de ser un cínico guiño intelectual a Karl Polanyi, quien en 1944 escribió La gran transformación.

En su obra, Polanyi predijo una crisis de civilización y refirió que tras la Gran Depresión (crac de 1929), todos los regímenes de la época –fuera la Alemania nazi, el estalinismo soviético o el New Deal de Roosevelt− coincidieron en descartar el laissez-faire (la doctrina de dejar hacer, dejar pasar caracterizada por una abstención de dirección o injerencia gubernamental en los asuntos económicos), y lo que siguió fue la Guerra Civil española, las invasiones a Etiopía y a China y la Segunda Guerra Mundial, con su deriva, la caída del patrón oro, el equilibrio de las potencias, el Estado liberal y el mercado autorregulado, que habían regido el mundo durante los anteriores 100 años.

Tras la crisis del Covid-19, ¿qué caerá ahora? ¿El dólar? ¿El capitalismo financiero? ¿La hegemonía de Estados Unidos en el mundo? ¿O la reforzada intervención del Estado llevará a una reorganización hegemónica del capitalismo tutelada por EU, China y Rusia, con una criptomoneda global y una nueva élite financiera trasnacional? ¿A un reforzado Estado panóptico digital, de vigilancia y castigo masivo militarizado urbi et orbi y con el distanciamiento social como paradigma? ¿ De la mano de próximas pandemias surgirán nuevas tesis ­reaccionarias neomalthusianas?

Según el Instituto de Finanzas Internacionales, el endeudamiento mundial alcanzará 265 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2020. Y debido a que las medianas y pequeñas empresas nacionales son los últimos eslabones de grandes cadenas industriales y de suministro global, profundamente integradas e hiperespecializadas, la actual desconexión intracadenas de valor generará miles de quiebras.

Así, de la gran depresión de 2020 −que venía incubándose desde 2018 y el Covid-19 sólo vino a agravar− emergerá un nuevo fenómeno que cobrará muchas vidas: la pandemia del desempleo. Para el gran capital, el desempleo masivo significa población sobrante, no funcional y que puede desaparecer. Sólo de febrero a abril se perdieron en Estados Unidos 15 millones de empleos formales y la Reserva Federal (Fed) estima que otros 47 millones de puestos de trabajo se perderán en el segundo trimestre del año; lo que de manera conservadora significaría una tasa de desempleo de 32 por ciento.

A su vez, los estados, las instituciones y el ciudadano de a pie dependen en gran medida de la banca privada para desarrollar tareas básicas, como pagar (o cobrar) salarios, pensiones y prestaciones por desempleo o recaudar impuestos, establecer una empresa, ob­tener una tarjeta de crédito o acceder a una vivienda mediante alquiler o hipoteca.

Es previsible que en la inmediata pospandemia las bancarrotas estarán a la orden del día, y para que las grandes corporaciones financieras davosianas y los megabancos de la plutocracia puedan seguir acumulando vía la economía de casino, los estados nana utilizarán fondos públicos para salvarlos –socializando las pérdidas y privatizando las ganancias− y la industria del rescate, con sus malas prácticas y conflictos de interés, volverá a hacer su agosto.

Es el caso de BlackRock, la mayor firma de gestión de activos del mundo −que además opera a dos bandas como consultora de bancos y gobiernos, el de México incluido−, que ha sido llamada por la Reserva Federal para gestionar de 6 a 10 billones de dólares de bonos y compras de activos respaldados por hipotecas. La división Financial Markets Advisory, que realiza labores de consultora, actuará como gestora de inversión de dos vehículos respaldados por la Fed que comprarán deuda corporativa y un programa que comprará activos respaldados por hipotecas, emitidos por agencias gubernamentales. Con lo que Black­Rock y su director, Larry Fink –que controlan más de la mitad de las cuentas de pensiones en México− se beneficiarán (ya que podrían invertir en esos activos), cayendo en un virtual conflicto de interés, como sugirieron The Wall Street Journal y el Financial Times.