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E

l subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó el miércoles pasado que por cada caso confirmado de la enfermedad Covid-19, hay un estimado de 10 a 12 personas contagiadas sin que exista registro de ello, ya sea porque los pacientes no consideraron necesario asistir a consulta, porque lo hicieron, pero no mostraron síntomas, porque el médico que los atendió no identificó los signos de la infección o por otros motivos. El encargado de mantener informada a la población acerca del desarrollo de la emergencia sanitaria estimó en 26 mil el número total de casos en el país.

Dichas estimaciones se basan en el uso del sistema de vigilancia epidemiológica de tipo centinela, aplicado para el seguimiento del coronavirus SARS-Cov-2 en México, y cuyos antecedentes en la nación se remontan a 2006. Como señaló el funcionario, tal método fue desarrollado en colaboración con los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS), se le considera la manera más eficaz de recopilar datos oportunos y de buena calidad y se realiza con la vigilancia basada en indicadores que incluye recopilar datos de un número limitado de sitios representativos de vigilancia de manera sistemática y rutinaria, según la definición contenida en la Guía operativa para la vigilancia centinela de la infección respiratoria aguda grave ( IRAG)“ elaborada por esa organización internacional (2014). Con base en la información obtenida es posible detectar tendencias y situaciones de riesgo y tomar las decisiones correspondientes.

Es importante remarcar que México, como hace el conjunto de la comunidad internacional, planifica su respuesta a la pandemia en curso mediante un método de estimación estadística porque el número real de contagios es inconmensurable, es decir, que en términos prácticos resulta imposible medirlo. En efecto, es evidente que poner en marcha un ejercicio de tipo censal para establecer la situación sanitaria de cada uno de los más de 127 millones de mexicanos sería impracticable e inútil, no sólo por el costo de tal despliegue logístico, sino porque tomaría tanto tiempo llevarlo a cabo que la pandemia habría concluido antes de que estuvieran listos los resultados de semejante ejercicio.

Pese a que el origen de la diferencia entre los casos confirmados y los estimados es de sobra conocida, y de que tal situación aplica a todas las naciones que enfrentan la propagación del coronavirus, las declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell fueron utilizadas para generar un ruido político-mediático que resulta sumamente pernicioso por dos razones: en primer lugar, porque constituye un intento de deslegitimar la información oficial, la cual hoy por hoy es el principal instrumento de control de la epidemia, en ausencia de una vacuna, de un medicamento de eficacia probada para curar la enfermedad y de medidas de aislamiento absoluto que imposibiliten por completo el contagio, la comunicación de López-Gatell con la ciudadanía ha demostrado ser la herramienta más importante para reaccionar de manera social y científicamente adecuada ante la crisis; en segunda instancia, pero inseparable de lo anterior, el ruido es nocivo en tanto que contribuye a sembrar el pánico y a estimular conductas antisociales e incluso autodestructivas a las que dan pie las percepciones catastróficas y hasta apocalípticas.

Estas acciones destinadas a deslegitimar la información oficial y crear un clima de desconfianza entre ciudadanía y autoridades no sólo son equivocadas, sino incluso ruines en la medida en que tienen como principal víctima a la propia población: es plenamente sabido que el miedo, la desinformación y la difusión de rumores son los mejores aliados de la pandemia para multiplicar sus estragos.

E

l ala más recalcitrante de la oligarquía que perdió el control del poder presidencial y sus voceros oficiosos han pretendido convertir la crisis sanitaria y económica del momento en una oportunidad para descarrilar a la Cuarta Transformación. Pero, como se ha dicho, para que este designio pudiera tener una mínima perspectiva de éxito tendrían que concretarse escenarios de catástrofe epidémica de enormes proporciones y de demolición de la economía. El plan ha sido concebido desde una tremenda incapacidad para entender las lógicas del actual gobierno y las que operan en el grueso de la sociedad mexicana desde hace algunos años y sus probabilidades de triunfo son, por ello, muy escasas. En realidad, la epidemia de Covid-19 –y los quebrantos que conlleva en la producción, el comercio, el empleo y las finanzas– representa para ese sector de la casta desplazada una gran oportunidad para empezar a comprender lo que ocurre en el país desde el derrumbe del programa neoliberal en adelante.

Es claro, por ejemplo, que desde diciembre de 2018 esta vertiente de la reacción oligárquica dio por hecho que, en lo sustancial, y por intolerable que le resulte la toma de Palacio Nacional por los plebeyos, el gobierno de López Obrador era una sucesión presidencial más, que el programa político del tabasqueño era mera demagogia y que en lo sustancial la vida pública del país habría de seguir en el rumbo impuesto en el tramo Salinas-Peña, en el que las instituciones fueron convertidas en instrumentos de enriquecimiento personal y corporativo. En consecuencia, la crisis del coronavirus era para ella una doble bendición: por un lado representaba el ataúd de la Cuarta Transformación y por el otro, la astronómica oportunidad que cualquier crisis ofrecía, en los tiempos previos, para detonar un nuevo ciclo de concentración de riqueza, depauperación de las mayorías y saqueo de las arcas públicas. Y como daba por hecho que la diferencia entre López Obrador y sus antecesores es sólo de modales, discurso y símbolos, esa reacción oligárquica fue corriendo a Palacio a pedir un plan de rescate, es decir, una nueva transferencia multimillonaria de recursos públicos a bolsillos privados.

El error de cálculo se hizo evidente de inmediato: este gobierno no tiene la menor intención de seguir las reglas del régimen oligárquico y entre sus objetivos coyunturales no está el de crear condiciones para que unos cuantos multipliquen su riqueza; sus propósitos son, en cambio, cuidar la salud pública del embate del virus y aliviar hasta donde sea posible la penuria que se cierne sobre las mayorías. Tales son las orientaciones prioritarias del presupuesto en la presente circunstancia y el poder presidencial no va a doblarse ante la presión empresarial. El desconcierto y el berrinche de algunos de los dueños del dinero ante esta respuesta dice mucho de lo equivocados que estaban sobre la naturaleza de este gobierno. Ellos y sus voceros en los medios y las redes sociales –tanto los de carne y hueso como las hordas de cuentas falsas que siembran odio y mentiras en Twitter y Facebook– se debaten entre la rabia y la incredulidad y buscan desesperadamente amplificar su propio descontento y contagiarlo, con cierto éxito, hacia las clases medias.

En el ámbito de la salud pública y en el de la economía, los desplazados del poder y el privilegio llegan a extremos como calificar de ocurrencia o simulación el sistema de vigilancia epidemiológica centinela –adoptado por la Organización Mundial de la Salud y sus países miembros– o de tuitear con afán pontificador de verdades evidentes: El Presidente cree que los empleos los crea el gobierno. Como si el sector público en su conjunto, y el gobierno federal en particular, no hubiese sido, no sea y no habrá de seguir siendo, por mucho, el mayor empleador del país.

Para mayor enojo de este grupo, la Presidencia sigue siendo la Presidencia, es decir, la jefatura del Estado y la institución que establece los lineamientos generales de política pública, y los empresarios más prominentes de México –o para decirlo abiertamente: los más acaudalados– aceptaron los lineamientos del plan lopezobradorista para hacer frente a la emergencia económica: demandar el pago puntual de impuestos y exhortar a que no se despida a nadie y se preserven los salarios; por su parte, el gobierno redujo significativamente los precios de los combustibles, comprometió 25 mil millones de pesos para apoyar a un millón de micro y pequeñas empresas, extendió algunos de los programas sociales para beneficiar a cientos de miles y dio una nueva y severa vuelta de tuerca al gasto de las oficinas públicas.

Ese grupo oligárquico político-empresarial y los comunicadores a su servicio bien podrían aprovechar la reclusión para empezar a entender en qué país viven. Ojalá.

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