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E

n diversos ámbitos políticos, empresariales y sociales del país se generó en días recientes la expectativa de que el presidente Andrés Manuel López Obrador habría de anunciar medidas novedosas, cambios en el gabinete, rectificaciones de gran calado en el manejo de la economía y también, desde luego, modificaciones sustanciales a la estrategia epidemiológica adoptada a raíz de la expansión del coronavirus.

No ocurrió así. Como lo ha hecho en sus alocuciones trimestrales previas sobre la situación nacional y de su gobierno, el jefe del Ejecutivo federal, si bien dedicó una parte importante del discurso a la crisis sanitaria y económica por la que atraviesan México y el mundo, informó sobre los avances de los programas sociales característicos de su sexenio e insistió sobre el rumbo adoptado por el gobierno desde el 1º de diciembre de 2018.

En el ámbito de la salud pública es importante recordar que la presente administración realizó desde su inicio el saneamiento de las finanzas de ese sector, devastadas por una acendrada corrupción, y el rescate de la infraestructura hospitalaria, severamente deteriorada por décadas de desatención, restricciones presupuestales, desvíos y saqueos. Así, en la lógica gubernamental, una de las claves para hacer frente a la pandemia de Covid-19 es dar continuidad a esa tarea, además de la adopción de medidas emergentes como el reclutamiento de personal de salud por decenas de miles, la incorporación de la capacidad médica de las fuerzas armadas a la batalla nacional contra el coronavirus y la delegación de las decisiones técnicas en el equipo de especialistas que ha venido informando desde hace un mes sobre el avance de la pandemia y que ha tomado las determinaciones y directrices para contenerla y mitigar sus efectos.

No es muy distinto el razonamiento de López Obrador en lo que se refiere a la atenuación de los desastrosos efectos económicos que causa y seguirá causando la paralización de buena parte de las actividades productivas para reducir los contagios: el gobierno apuesta a la continuación, expansión y profundización de los programas sociales como principal instrumento para asistir a quienes han perdido parcial o totalmente sus ingresos debido al parón económico generalizado.

Ciertamente, buena parte de los afectados por la crisis coyuntural, ubicados en el sector informal, no están incluidos en ninguno de esos programas, y para ese efecto se ha anunciado la otorgación de microcréditos y créditos de vivienda adicionales y creación de más empleos en el marco de los programas sociales y de los proyectos regionales de desarrollo. Está por verse si tales medidas podrán abarcar al conjunto de los damnificados económicos o si se requerirá de acciones adicionales. Lo cierto es que el apoyo gubernamental requerido es urgente y cabe demandar que se materialice a la brevedad.

Para las grandes empresas, es claro que esta vez no habrá medidas de rescate con dinero público ni con exenciones, aplazamientos o créditos fiscales y que no se cumplirán las expectativas de quienes pretendían ver en la emergencia epidémica una oportunidad para un cambio en los lineamientos fundamentales de la Cuarta Transformación. En esta ocasión la contratación de deuda adicional para hacer frente a la crisis tendrá que corresponder a la inciativa privada y no al Estado.

En suma, para bien o para mal, el discurso presidencial de ayer conlleva el mensaje de que la coyuntura sanitaria y económica del momento no va a traducirse en virajes sustanciales y que está siendo abordada en la perspectiva de la transformación nacional en curso.

A

principios de febrero el sistema de salud de México supo del arribo del coronavirus al país. Lo trajeron viajeros procedentes de Estados Unidos (EU). Luego, de Italia y España. Muy publicitado fue el caso del destacado empresario José Kuri Harfusch, ligado familiarmente al ingeniero Carlos Slim. Kuri llegó procedente del centro turístico de Vail, EU, el 7 de marzo, sin que presentara ­síntomas. Pero comenzaron a manifestarse dos días después y fue hospitalizado en estado crítico. El periodista Raymundo Riva Palacio anunció su fallecimiento. Lo desmintieron indignados los familiares. En el vuelo mencionado también estaba Jaime Ruiz Sacristán, presidente del consejo de administración de la Bolsa Mexicana de Valores y ex secretario de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio de Ernesto Zedillo. También resultó positivo de Covid-19.

En febrero también se supo oficialmente del virus en California. Y un mes después, en Nueva York. Pero mientras en el estado más rico del vecino país procedieron a tomar las medidas más adecuadas, en la Gran Manzana y áreas conurbadas se tardaron en hacerlo. Hoy la ciudad turística por excelencia de EU ocupa el primer lugar en muertes y contagios. Además, ese país encabeza la lista mundial en contagios y será el que tenga mayor número de víctimas mortales.

No debemos sorprendernos, pues el presidente Trump estuvo durante varias semanas alardeando de que no afectaría a su país y celebrarían la Pascua como cada año. Que tenían un servicio de salud de primera y no había motivo para tomar medidas en la economía. En paralelo le endilgó a China la culpa de lo que pasaba. Pronto tuvo que reconocer la realidad, comenzando por que han perdido su empleo más de 10 millones de trabajadores.

El neofascista presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también restó importancia al coronavirus. Lo calificó de una gripita que no debía detener la actividad económica. Criticó a los 27 gobernadores del país por decretar aislamiento social, algo que pide la Organización Mundial de la Salud (OMS) para detener la expansión del virus. Los llamó exterminadores de empleo. Como Trump, Bolsonaro maneja a su gusto conceptos y cifras sobre la pandemia. Cabe recordar que cuando visitó al magnate en la Casa Blanca, se contagiaron del virus 25 integrantes de su comitiva. Y que ha acusado a los medios de comunicación de sembrar la histeria y el pánico por la gripita.

Recientemente mintió al decir que la OMS le daba la razón cuando pidió a los trabajadores informales de Brasil no abandonar actividades. En realidad esa organización sugiere a los gobiernos de los países pobres dar asistencia social a quienes laboran en la informalidad a fin de que permanezcan en casa. En México una parte muy importante de la economía recae en ese segmento poblacional y requiere todo el apoyo de las instancias oficiales. Los informales suman de­cenas de millones en América Latina.

Otra afirmación que unió por semanas a Trump y a Bolsonaro fue la de que contaban con los recursos necesarios para atender a los infectados. Sin embargo, EU arrastra severos problemas sanitarios: faltan hospitales, centros de salud primaria, médicos y enfermeros. Y millones no tienen garantizada la atención que requieren para cuidar su salud pues viven en situación precaria. A ellos se suman los trabajadores indocumentados, la mayoría de origen mexicano. Luego de satanizar el Medicare (progra­ma de cobertura de seguridad social del gobierno que brinda atención a todos los mayores de 65 años o los considerados discapacitados por graves problemas de salud), ahora Trump ordena cubrir todos los gastos que por coronavirus demanden decenas de millones de estadunidenses carentes de servicio médico.

La pandemia ha mostrado en otros países los frutos de no reforzar los sistemas de salud pública por privatizar la atención médica. Los resultados se ven ahora en España, Italia y Francia, por ejemplo. También en México, donde el Presidente reconoce que hay un déficit de 9 mil especialistas en terapia intensiva. En las demás ramas el panorama es igualmente desalentador. Pero el mandatario dice que vamos a triunfar sobre el virus con dignidad y felicidad. Si de eso se trata, los primeros que necesitan atención son los millones de habitantes que laboran en la informalidad y hoy están sin trabajo. Una prueba más de que fracasó el modelo neoliberal establecido en el país desde fines del siglo pasado. Y con el agravante de que hasta hoy no existe el programa de justicia social y económica que lo remplace.

De la Redacción

Periódico La Jornada
Lunes 6 de abril de 2020, p. 5

Los datos personales de todas aquellas personas contagiadas por el Covid-19 o que sean sospechosas de tener la enfermedad deben ser protegidos, pues en caso de difundirse, correrían el riesgo de ser perseguidos, marginados, excluidos y discriminados, señaló el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas.

En entrevista, llamó a las instituciones de salud (públicas y privadas), a las autoridades, a los medios y a la ciudadanía a cuidar la información personal de esas personas. Y también hizo un exhorto para que durante este proceso no se estigmatice al personal de salud que está en contacto con los enfermos, pues se generaría más exclusión y discriminación.

El estado de salud de las personas es uno de los puntos más delicados (en cualquier caso o enfermedad), por lo que merece la mayor protección. Se trata de un dato personal confidencial, que no se debe ni puede revelar (de acuerdo con la ley en la materia), a menos que el titular lo autorice de manera escrita. Pero cuando hay una pandemia como la que hoy enfrentamos, revelarlo juega una condición de alto peligro y se puede utilizar como un elemento para propiciar marginación, exclusión y por consecuencia discriminación, aseveró el comisionado.

Por ello, en los hospitales, laboratorios, consultorios médicos que cuenten con registros de casos el Covid-19, incluso los sospechosos o quienes se hayan recuperado, deben resguardar esa información, manejarla con absoluto cuidado y respetar la confidencialidad.

En días recientes, el Inai ha insistido en sus redes sociales, con comunicados y posicionamientos la importancia de la confidencialidad de los datos personales de quienes puedan padecer el coronavirus. Hasta ahora, señalaron funcionarios del instituto, no se tiene aún denuncia de algún ciudadano que haya sido afectado por la difusión de ese tipo de información.

Si bien la ley en la materia no obliga a los servidores públicos a hacer del conocimiento general si fueron o no infectados por el virus, el comisionado Acuña Llamas reconoció a los mandatarios locales, diputados y otros representantes populares haber informado que dieron positivo del Covid-19, pues a su parecer esos casos pueden ser ejemplo para la prevención y cuidado general.

El resguardo de este tipo de datos, no obstante, señaló el presidente del Inai, no quiere decir que el gobierno no esté obligado a informar sobre el número de casos confirmados y sospechosos, así como de las muertes relacionadas con esta enfermedad.