Editorial: UNAM: la deuda con las mujeres
E
l rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, anunció ayer la creación de la Coordinación de la Igualdad de Género como parte de un plan de medidas y acciones para buscar la igualdad entre universitarias y universitarios, y que la violencia contra las mujeres se castigue y se erradique
. Además de instituir la coordinación que estará a cargo de Diana Tamara Martínez, el plan dado a conocer por Graue incluirá la integración de unidades de atención de denuncias sobre violencia de género, la elaboración de un código de conducta para prevenir la violencia de género en las relaciones universitarias, la identificación de espacios problemáticos, el reforzamiento de la vigilancia en los principales puntos del transporte público interno, la adecuación del protocolo en casos de asesinatos o desapariciones de estudiantes, entre otras medidas.
A los cambios referidos debe sumarse la reforma al Estatuto General aprobada el pasado 13 de febrero en sesión del Consejo Universitario, con la cual se estableció que la violencia de género es una causa especialmente grave de responsabilidad
para todos los integrantes de la comunidad, tanto trabajadores de todas las áreas como estudiantes. El mismo día se avaló que la integración del Tribunal Universitario se lleve a cabo con paridad de género.
Todas estas medidas, catalizadas por la presencia del vigoroso movimiento estudiantil feminista en un número creciente de unidades académicas, vienen precedidas por la creación, en los años recientes, de instrumentos legales y dependencias cuyo propósito declarado es reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, y atajar la violencia de género: los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género, el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género, el Documento Básico para el Fortalecimiento de la Política Institucional de Género, la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, las Comisiones Internas de Equidad de Género creadas en distintas entidades académicas, y la Secretaría de Igualdad de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, entre otros.
Con todos sus aspectos perfectibles, el conjunto de estos cambios refleja dos realidades. Por un lado, que existe entre las autoridades de la máxima casa de estudios un reconocimiento y una conciencia acerca de la gravedad del problema de falta de equidad y de violencia hacia las mujeres, punto remarcado por el rector en su pronunciamiento de ayer. Por otro, que entre la comunidad persisten inercias que han saboteado, de manera abierta o soterrada, los esfuerzos para hacer de los espacios académicos un lugar libre de agresiones e inequidades contra las universitarias; de otro modo, resultaría inexplicable que tantas estudiantes se encuentren en pie de lucha para exigir el fin de una violencia normalizada durante largo tiempo.
Sin duda, el gran pendiente de la Universidad es lograr que la sucesión de modificaciones normativas y administrativas sea acompañada por una evolución en lo estructural y cultural que garantice a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos en sus vidas estudiantil, académica o laboral. Es impostergable avanzar en esa dirección.
