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E

l presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard se reunirán hoy con William Barr, secretario de Justicia de Estados Unidos, quien arribó ayer a México para abordar cuestiones de seguridad. El fiscal general estadunidense también sostendrá conversaciones con su homólogo Alejandro Gertz Manero y con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, durante una visita enmarcada de manera inevitable por la intención del presidente Donald Trump de incluir a los cárteles mexicanos de las drogas en la lista de organizaciones terroristas elaborada por su país.

Si se considera que el titular del Ejecutivo se pronunció ayer en contra del regreso de las políticas de seguridad supeditadas a Washing-ton, y que el martes el canciller hizo lo propio con respecto a la pretensión de Trump de convertir la compleja problemática del narcotráfico en una cruzada antiterrorista, parece claro que el encuentro de hoy ocurre entre posturas confrontadas.

Como se ha sostenido en este espacio, la amenaza del político republicano supone un disparate y una perversidad: más allá de las distintas definiciones de terrorismo que pueda haber en juego, el incluir en esta categoría a los grupos mexicanos del crimen organizado conlleva graves amenazas para el país.

No debe olvidarse que esa clasificación por parte de Washington para cualquier grupo político o delictivo implica una inmediata desestabilización de la nación en la que opere, detona masivas violaciones a los derechos humanos, propicia el inicio o el recrudecimiento de conflictos armados y crea las condiciones para intervenir de manera violenta en otros países. Aunque el nefasto papel de Estados Unidos en Medio Oriente es bien conocido, también puede recordarse el más cercano caso colombiano, donde la declaratoria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como grupo terrorista constituyó uno de los mayores obstáculos para el logro de la paz, a la vez que sustentó la barbarie del paramilitarismo de ultraderecha.

Por otra parte, el dislate de Trump supone un intento de ocultar el preponderante rol de su país en el fenómeno de violencia que padece México. En este sentido, el tráfico de armas hacia el sur de su frontera es sin duda preocupante, pero dista mucho de ser la única vinculación causal entre Estados Unidos y el fortalecimento de la delincuencia organizada mexicana: el vasto mercado estadunidense es asimismo el principal cliente del narcotráfico mexicano (y latinoamericano) y de las redes de explotación sexual; asimismo, los circuitos financieros de Wall Street y el sector inmobiliario de plazas como Miami encabezan el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Todo esto ocurre bajo la mirada del mismo gobierno que pretende imponer al resto de las naciones una estrategia de combate al narcotráfico que nunca ha implementado en su propio territorio, en el cual permanecen intactas las grandes estructuras de distribución de estupefacientes.

En suma, es fundamental que las autoridades mexicanas expongan a su visitante las realidades descritas, y que insten a la Casa Blanca a asumir sus responsabilidades en el tratamiento de sus ciudadanos adictos, el combate al lavado de dinero, el desmantelamiento de las redes de narcotráfico de su lado de la frontera y, por supuesto, la restricción del envío de armas a México. Asimismo, resulta imperativo desmontar el maniqueo retrato de Estados Unidos como víctima del narcotráfico latino, y poner en su justa dimensión los ingentes beneficios económicos y políticos que sus empresas, bancos, casas de bolsa y autoridades extraen de una actividad ilegal a la que oficialmente dicen oponerse.

C

on el pueblo como bandera y con un bono democrático muy alto, AMLO entraba hace un año al frente del Poder Ejecutivo; iniciaba un gobierno con altas expectativas sociales. El descontento generalizado en los gobiernos anteriores se vio fuertemente canalizado mediante las urnas, que dieron voto legítimo y mayoritario a una campaña que, tras 12 años, rindió fruto para un gobierno de izquierda con el lema permanente de Por el bien de todos, primero los pobres.

A nadie escapa que AMLO ha cambiado drásticamente las coordenadas y el propio ecosistema del quehacer político. Se trata de un gobierno poco convencional centrado en buena medida en una figura presidencial que se observa más como líder de movimiento social que como un jefe de Estado. Lo cierto es que el primer año ha capitalizado su imagen a partir de la estrategia de comunicación, como lo indican las encuestas sobre percepción de la ciudadanía, pues su aprobación social se mantiene realmente alta.

Ahora bien, lo que AMLO, su gabinete y Morena entienden como Cuarta Transformación aún genera dudas entre propios y extraños en cuanto a si será un cambio de régimen o sólo una alternancia política con énfasis diferenciados propios de las pautas ideológicas de quien gobierna. Un año es poco tiempo para tener dicha certeza, pero lo que no está en duda es que han existido luces y sombras en su forma de gobernar.

La política de austeridad, si bien pudo implementarse de manera más ordenada y estratégica, es ampliamente reconocida en términos sociales. La lucha contra los dispendios, despilfarros y las brechas de desigualdad que han caracterizado al servicio público ha sido bandera de este gobierno durante el primer año, lo mismo que la lucha contra la corrupción –que ha llevado a la emisión de órdenes de captura y a la cárcel a funcionarios de otros gobiernos bajo su probable responsabilidad en delitos como el enriquecimiento ilícito.

Otra dimensión muy aplaudible es la prohibición de la condonación fiscal. Investigaciones provenientes de la sociedad civil –como Fundar, Centro de Análisis e Investigación– dan cuenta de que se trataba de un mecanismo de corrupción en agravio del erario, que ascendía a miles de millones de pesos y que era utilizado como un instrumento político para premiar compadrazgos o simplemente contubernios tanto en los gobiernos del PAN como en el de Peña Nieto.

La agenda de los derechos laborales ha tenido durante este año avances considerables. Un aumento del salario mínimo sin precedentes en los pasados años (16 por ciento), la democratización normativa de la vida sindical (Convenio 98 de la OIT) y también la regulación digna de las trabajadoras del hogar, quienes ya pueden tener seguridad social y prestaciones, sin duda son avances valiosos.

Hay mayores dimensiones en torno a luces, como la intencionalidad expresa de redistribuir el ingreso, nuevos programas sociales, una visión prioritaria de desarrollo social hacia el sur-sureste, entre otras dimensiones que, si no ahora, probablemente con más tiempo rindan resultados.

Ahora bien, son también muchas las sombras que ponen en duda si estamos en un proceso de cambio de régimen o sólo de alternancia política.

Es innegable que durante los primeros 11 meses de este gobierno se han registrado 31 mil 632 homicidios, lo que supera números de años anteriores. Junto con el combate a la violencia habría que agregar el papel que el gobierno les ha dado a las fuerzas armadas, pues en ellas radica su estrategia fundamental para la pacificación mediante la Guardia Nacional. Si bien se trata de un problema que se ha enraizado en por lo menos 12 años –y por tanto es irrisorio pensar que en un año se abatirían los altos índices delictivos–, pareciera que este gobierno olvidó un plan integral de pacificación que contemple estrategias de prevención, de reconstrucción del tejido social, modificaciones a la política de drogas, fortalecimiento del estado democrático de derecho para la no impunidad, entre otras.

Los anteriores gobiernos también acudieron a la militarización de la seguridad como estrategia, sin que la violencia bajara. La misma preocupación aplica para el papel que este gobierno asigna a los órganos constitucionales autónomos. Es cierto que en ellos, en otros momentos, se han dado abusos y distorsiones, pero ahora pareciera que el gobierno desdeña por completo la institucionalidad sana que debería ser propia de la democracia. Basta recordar lo sucedido con la CNDH.

Mención especial merece el llamado a la descalificación hacia quienes discrepan. Las dicotomías calificativas de fifís, conservadores o adversarios hacia medios de comunicación, personas, opinadores e instituciones generan un ambiente de crispación que no es saludable para la vida nacional, dentro de otras cosas porque frena la generación de alternativas que no se adscriben en algunos de los polos –ya sea como amlovers o como opositores.

Además, AMLO sigue acumulando poder frente a una oposición política raquítica que aún busca asidero en figuras que generan un amplio rechazo social, como los anteriores presidentes Fox y Calderón.

Podríamos seguir con este ejercicio de luces y sombras, por ejemplo, con la dimensión económica, en donde tenemos alta estabilidad en los indicadores macros pero cero crecimiento. Lo cierto es que a un año del gobierno que se autorreivindica como de la 4T, aún no podemos resolver si estamos frente a un cambio de régimen. Más aún, hay aristas de la agenda nacional que son volátiles y pueden ser peligrosas, como la relación con Trump, la relación con el poder privado para el crecimiento económico y la inseguridad, que deben ser atendidas con urgencia.

Pareciera que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina de morir, como lo dijo el propio presidente citando a Bertolt Brecht.

Reuters

Periódico La Jornada
Jueves 5 de diciembre de 2019, p. 7

Seúl. El actor sudcoreano Cha In-ha fue hallado muerto en su casa el martes, anunció ayer la policía. Es la tercera celebridad joven del país que muere en dos meses en medio de un creciente debate sobre las presiones sociales que enfrentan los artistas.

Un oficial de policía detalló que la causa de la muerte aún se desconoce. Cha, de 27 años, cuyo nombre real es Lee Jae-ho, debutó en cine en 2017 y antes fue integrante de la banda Surprise U, que lanzó dos álbumes. El cantante y actor dejó a sus fans en Instagram un mensaje de una línea el día anterior a ser hallado muerto: Todos tengan cuidado de no resfriarse.

No hay reportes que sugieran que haya sido víctima de ataques y acoso cibernético. Aunque la cultura pop sudcoreana proyecta en general una imagen saludable en el escenario y la pantalla, se ha visto afectada por muertes prematuras y casos penales que han revelado un lado más oscuro de la industria. La industria también ha sido golpeada por escándalos sexuales. La semana pasada, dos ex miembros de una banda de K-pop fueron condenados por agresiones sexuales y sentenciados a prisión.