Eugenio Amézquita

Reunión con  los Diputados Michel González Márquez y Absolón García Ochoa en una discusión y análisis del presupuesto para el campo en el ejercicio 2020, tema que nos preocupa por el recorte presupuestal y la desaparición de varios programas que se venían dando para fortalecer la producción y la productividad en el campo, al mismo tiempo vimos el tema de la Reforma Fiscal donde se pretende imponer impuestos al uso de agua agrícola.

El líder de la CONSUCC en el estado de Guanajuato,  Erasto Patiño Soto, señaló que el sector agropecuario tendrá un duro golpe en caso de que el Senado de la República apruebe el nuevo gravamen a los derechos de uso de agua, que la Cámara de Diputados incluyó en la Ley Federal de Derechos, con argumentos falsos y rompiendo la palabra del Presidente de no crear nuevos impuestos en los primeros tres años.

Precisó que los productores agropecuarios se verán afectados ya que tendrán mayores costos de producción y, en consecuencia, habrá un aumento generalizado en el precio de los alimentos a los consumidores finales, eso sin contar que aumentarán las importaciones poniendo en riesgo la soberanía alimentaria del país y la viabilidad de los programas de lograrla.

Es una doble tributación aumentar o gravar los derechos de agua, ya que los distritos de riego y las asociaciones de usuarios reciben ya las cuotas de los productores para la infraestructura hidroagrícola propiedad de la nación, las cuales ascienden a 5,000 millones de pesos anuales.

Explicó que solo este gravamen podría significar un costo adicional a los productores de hasta 3 mil pesos por hectárea, lo cual sería totalmente inviable para muchos cultivos.



En la iniciativa se argumenta de manera errónea que el sector agropecuario solo aporta el 3% del PIB nacional, cuando en realidad las cadenas productivas del sector y los servicios colaterales que se benefician de esta actividad llegan casi al 20% del PIB.

Finalizó señalando que un compromiso que ha reiterado el Presidente es que no se crearán nuevos impuestos en los primeros tres años de su administración, que además tiene como objetivo lograr la autosuficiencia alimentaria en algunos productos básicos; por lo que este gravamen que se pretende establecer a los productores sería un incumplimiento a su palabra y un duro golpe a los productores mexicanos.