A
la, en apariencia, interminable concatenación de problemas generados por la pandemia de coronavirus, y debido a los esfuerzos de los estados para frenar su propagación, debe sumarse ahora la situación de las personas que se encuentran fuera de sus naciones de origen o residencia, y que se ven impedidas a regresar debido a los cierres fronterizos (en especial, los aéreos) decretados por las autoridades de varios países.
Dichos cierres adoptan distintas modalidades. En su inmensa mayoría están dirigidos a personas extranjeras, pero pueden variar; depende de si prohíben el ingreso a todos los foráneos o sólo a quienes provengan o hayan estado en días recientes (14 es la cifra más habitual) en una región considerada de alta peligrosidad de contagio.
Esta medida suele acompañarse por el aislamiento de los ciudadanos del país en cuestión provenientes de determinadas regiones, las cuales dependen de criterios no siempre objetivos. Sin embargo, países como Ecuador y Perú han ido más allá de estas restricciones al decretar el cierre completo de sus fronteras, en un intento por frenar el ingreso de personas contagiadas que ha dejado varados en el extranjero a sus propios ciudadanos.
Las complicaciones se agravan porque, incluso si un país está permitiendo el regreso de sus propios pobladores, éstos podrían encontrarse con que no pueden emprender el regreso debido a las conexiones y escalas de los vuelos que pasan por naciones que les niegan la entrada, así sea de paso.
Por esta suma de circunstancias, desde el fin de semana los aeropuertos atestiguan escenas de pasajeros varados después de un viaje de placer, de negocios, de estudio, o incluso de una residencia prolongada fuera de su lugar de origen, porque el vuelo que proyectaban tomar se canceló debido a una nueva restricción fronteriza.
Estas decisiones gubernamentales pueden producir situaciones caóticas e incluso desfiguros y sinsentidos. Entre los primeros cabe destacar el protagonizado el lunes por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien impidió la llegada de un vuelo que partiría de México, procedente de Chicago, con el risible argumento de que a bordo se encontraban 12 personas confirmadas positivo
de Covid-19, afirmación para la que no contaba con prueba alguna. Como sinsentido debe anotarse que las autoridades peruanas decidieran no sólo impedir la entrada a su país (medida que se encuentran en plena potestad de adoptar), sino también retener a los visitantes extranjeros que se encontraban en su territorio, incluidos cientos de ciudadanos mexicanos. Por fortuna, la coordinación entre las cancillerías de Lima y México permitió salvar este engorroso trance.
Los casos referidos ilustran que en los cierres fronterizos, como en cualquier otra acción de las tomadas para encarar la emergencia epidemiológica en curso, es necesario proceder con el máximo de responsabilidad, sensibilidad y sentido común, de tal manera que a las afectaciones forzosas no se añadan otras plenamente evitables.
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