A
primera vista, pareciera buen indicio lo que el Presidente de la República declaró en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el pasado 9 de noviembre, en torno al tren que llaman Maya. Primero describió el proyecto de un tren que cruzará por cinco entidades; se trata, dijo, de un tren rápido para turistas, de pasajeros y de carga, y en la construcción se van a dar muchos empleos y se cuidará no afectar a la naturaleza porque se va a hacer en el derecho de vía que se tiene del ferrocarril del sur-sureste desde hace mucho tiempo
. Ninguna mención al factor arqueológico.
Enseguida reconoció que hay oposición, pero no se refirió a los pueblos, sino a los llamados por él conservadores que promovieron amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía. En ese contexto afirmó algo que parece novedoso: ordenó al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que realice de inmediato una consulta, pueblo por pueblo, dijo, y si no están de acuerdo no se hace el tren porque él no quiere dejar obras inconclusas . Esta fue la noticia en varios medios. En primer lugar, no se afirmó como lo ha venido haciendo que el pueblo quiere el Tren Maya, no repitió el va porque va, no reivindicó su consulta ciudadana múltiple del año pasado y el hecho de que la encomendara al INPI suponía reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de la consulta. Sin embargo, cerró su intervención con su clásica consulta a mano alzada. Para medirle el agua a los camotes
una señora levantó la mano por el no y no le preguntó por qué no y el sí fue abrumador. Al día siguiente en la comunidad de Xpujil, del municipio de Calakmul, en Campeche, repitió lo relativo al Tren Maya, y agregó a los conservadores el disfraz de ambientalistas; ahí introdujo un matiz que puede no ser casual: le llamó consulta ciudadana, que se consulte a todos, dijo. Cerró con su consulta a mano alzada. ¿Cuál es el problema central? Que el Presidente de la República sólo habló de un tren, un derecho de vía y sólo con ello seguramente habrá aceptación. Sin embargo, se omitió lo central, que es la creación de polos de desarrollo urbano en todas las estaciones que tendrá el tren. Hasta hoy no se ha publicitado el proyecto completo; sin embargo, se ha reconocido la creación de los llamados Fibra compuesta por fideicomisos, uno por cada estación del recorrido, con los terrenos alrededor de cada una donde los actuales dueños cambiarían tierra por participación en los desarrollos inmobiliarios que se levantarán. Esta opción no ha sido bien aceptada por la mayoría de los ejidos ubicados en la ruta del tren. El Fondo Nacional de Turismo, (Fonatur) ha considerado en documentos parciales que reubicarán alrededor de 250 poblaciones, construirán viviendas, hoteles, comercios, parques lineales, puentes de fauna, lo que dejará ganancias no será el tren, sino la infraestructura y los servicios que se establezcan en cada estación. De tratarse de sólo un tren carecería de sentido que Fonatur haya mencionado la expropiación de 2 mil 500 hectáreas en los ejidos de Bacalar, Felipe Canillo Puerto y Cobá. Así que de tratarse de un simple tren, tampoco tendría sentido lo declarado por el propio Presidente de la República de que se reunió con empresarios de la industria de la construcción para licitar la obra el próximo mes, además de que ya se ha comenzado a avanzar con los estudios de ingeniería básica.
Heber Uc, del colectivo de semillas Much’Kanan l’naj Bacalar, Quintana Roo, se refirió a la simulación de un simple tren: Este proyecto, que el gobierno ha denominado de reordenamiento territorial, nos recuerda cómo ordenaron Bacalar, cómo ordenaron Playa del Carmen y cómo ordenaron Cancún. Se trata de ir quitando más tierras, de desplazar las actividades que la gente tiene para sobrevivir, como la agricultura y la apicultura. Nosotros como pueblos indígenas mayas de la Península hemos estado en la defensa del territorio también desde la parte jurídica. En esta experiencia hemos visto que los procesos de consulta que se están llevando a cabo en nuestro país son consultas a modo, que no cumplen con el mínimo de los lineamientos establecidos en los convenios internacionales. Estas consultas son sólo procesos administrativos para la validación de proyectos de despojo. Lo que exigimos continuamente es que nos reconozcan nuestro derecho a la libre determinación, nuestra libertad de decidir el tipo de proyecto que nosotros como pueblos indígenas queremos. No necesitamos que nos vengan a preguntar si estamos de acuerdo o no con el Tren Maya, esa no es la pregunta. La pregunta tendría que ser qué es lo que nosotros necesitamos como pueblos indígenas para vivir dignamente en nuestro territorio
(presentación del proyecto multimedia Derecho de réplica
, producido por Desinformémonos, 15/10/19). Es tiempo ya de que se hable claro, que se acerque la mirada al destino de los pueblos que en la región han sido despojados y cuyos integrantes hoy están en el área de servicios del turismo.
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