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e acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el tercer trimestre de este año la economía mexicana registró su primer decrecimiento a tasa anual en una década. Se trata de un retroceso de 0.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) en comparación con el alcanzado en el periodo julio-septiembre de 2018, pero el sector industrial acusó un deterioro particularmente grave al caer 1.8 por ciento.
La contracción de la economía nacional se explica, en buena medida, por insoslayables factores externos que pueden resumirse en una generalizada incertidumbre acerca del rumbo del hasta hace poco incuestionable modelo del denominado libre comercio
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Así lo demuestra que Alemania y China, dos potencias que comparten con México el haber apostado su futuro a la expansión ininterrumpida del sector exportador, se enfrenten hoy a una recesión y a la tasa de crecimiento más baja en casi tres décadas, respectivamente. Sin embargo, los factores externos no bastan para dar cuenta del parón económico reportado a lo largo del año por el sector empresarial, como argumentan voces académicas e instituciones financieras, incluido el Banco de México.
Entre los factores internos cabe mencionar, en primer lugar, la lógica incertidumbre que se produce en el país con cada cambio de administración federal, magnificada en la coyuntura de la reorientación presupuestal emprendida por el gobierno de la Cuarta Transformación, la más significativa en la historia mexicana reciente.
A dicha incertidumbre, que de alguna manera ya se ha disipado, debe añadirse el persistente subejercicio presupuestal.
Está claro que el gasto gubernamental es un factor de importancia capital en la reactivación económica o en la falta de ella, por lo que la retención de esta enorme masa de recursos –para finales de septiembre se estimaba en 232 mil millones de pesos– no puede sino causar una perniciosa ralentización en todos los sectores de la economía.
Lo dicho no pasa por alto que en el arranque de la Cuarta Transformación esta prudencia en el gasto resultaba justificable, incluso obligada, por la necesidad de controlar el dispendio, detectar las vías del derroche y poner fin a las prácticas corruptas que fueron el sello de los sexenios anteriores, pero a 11 meses de gestión se ha vuelto preocupante la repetición de diagnósticos (y pronósticos) de falta de crecimiento o de franco decrecimiento. También es necesario señalar la reducción presupuestal en rubros considerados no prioritarios por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su apuesta por inducir la reactivación y el crecimiento económico desde abajo.
Aunque estas medidas respondan a una aplaudible sensibilidad política por las urgencias de los segmentos más desfavorecidos de la población, corren el riesgo de suprimir presupuestalmente aspectos no menos importantes que los programas sociales, el rescate de la industria energética o los planes regionales.
En suma, el gobierno debe tomar nota de que su primer año se ha saldado con un crecimiento nulo, y de que esto no sólo es nocivo en lo económico, sino también desgastante en el ámbito político.
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