-Dos notas editoriales de José Luis Ramírez Sánchez describen un escenario de fragilidad y deterioro donde el tiempo del gobierno ya se agotó sin haber dado resultados tangibles.
-Se denuncia que la administración ha perdido el tiempo en discursos vacíos mientras la siniestralidad escala a niveles alarmantes.
-El texto concluye que el gobierno de Juan Miguel Ramírez ha fallado en entender la movilidad como un principio de justicia social.
-La sentencia final es un llamado a la acción ciudadana para detener la desmesura de una administración que ya se siente ausente.
-José Luis Ramírez señala que la ciudad no está para experimentos de prueba y error a mitad de un mandato que ya luce desgastado.
-La gestión de Juan Miguel Ramírez es tachada de ligera e inconsistente, revelando un profundo desconocimiento de la administración pública.
-El anuncio de desaparecer la Dirección de Movilidad es calificado por el hermano del alcalde como un acto de autosabotaje gubernamental.
-Las notas de los medios celayenses ponen de manifiesto un alcalde que primero dice una cosa, luego dice otra y luego ya no sabe qué dijo.
-El análisis destaca que el alcalde prefiere la mano dura contra grafiteros mientras muestra sumisión ante los grupos criminales.
-Se denuncia que el sistema de transporte público está estancado y con una tendencia a la baja que lo vuelve financieramente inviable.
-El hermano del edil critica los discursos oficiales de honestidad, señalando que las inercias de corrupción y deficiencia persisten.
-Se califica como un cuento chino la promesa de autobuses eléctricos, mientras las unidades actuales son obsoletas y están fuera de norma.
-La falta de pericia técnica ha provocado que el sistema de semaforización colapse, dejando la seguridad vial a la deriva en la ciudad.
-Se señala una criminalización irrespetuosa y sin pruebas por parte del alcalde hacia los anteriores directores de la dependencia.
-La administración es señalada por reducir la política de inclusión a simple publicidad y pintura roja en rampas mal diseñadas.
-José Luis Ramírez advierte que desaparecer Movilidad es un desatino que atenta contra el derecho constitucional de los ciudadanos.
-La propuesta de ahorro por la desaparición de la oficina es exhibida como irrelevante frente al derroche en festejos y ferias.
-El autor asegura que la autoridad moral y política se ha perdido en el gobierno municipal de Celaya ante tanta improvisación.
-La conclusión del hermano es lapidaria: el actual gobierno es una desmesura irresponsable que debe ser arrancada de raíz.
-El crecimiento del 150% en el padrón de motocicletas ha tomado por sorpresa a una administración sin capacidad de planeación.
-José Luis Ramírez denuncia que el gobierno municipal ignora que la moto es hoy el motor de inclusión social para los más pobres.
-Se señala que los accidentes de motocicleta generan un impacto económico invisible de 72 millones de pesos anuales para la ciudad.
-El hermano del alcalde critica que no existan carriles compartidos ni infraestructura segura, condenando a los jóvenes al riesgo.
-La falta de un plan de movilidad condena a Celaya a una motorización individual desordenada y altamente contaminante.
-Se califica como una amenaza al derecho constitucional de movilidad el desmantelar las áreas técnicas encargadas de la seguridad.
-El autor afirma que la autoridad municipal es corresponsable de las muertes viales al no garantizar condiciones de seguridad mínima.
-Se tacha de desatino que el alcalde priorice el ahorro administrativo sobre la vida y la integridad física de los celayenses.
-El análisis revela que el transporte público es tan deficiente que obliga a los trabajadores a arriesgarse en vehículos de dos ruedas.
-José Luis Ramírez propone que reducir los accidentes en un 50% ahorraría 36 millones de pesos, algo que el gobierno ni siquiera proyecta.
-La infraestructura actual es descrita como excluyente y diseñada solo para el automóvil, ignorando la realidad social de Celaya.
-El hermano del edil exige justicia espacial para que ciclistas y motociclistas dejen de ser estigmatizados por la autoridad.
En dos artículos publicados por José Luis Ramírez Sánchez (https://reportebajio.com/autosabotaje-en-movilidad-y-transporte-doble-o-nada/ y https://reportebajio.com/la-motocicleta-y-la-carrera-de-la-movilidad-doble-o-nada/ ), hermano del presidente municipal de Celaya Juan Miguel Ramírez Sánchez, más las publicaciones realizadas por diversos medios locales desde el 14 de enero hasta casi finalizar el mes de enero, exhiben a una administración municipal que está dañando a Celaya y a los celayenses. Una exhibición de ineptitud señalado desde el dedo acusador del mismísimo hermano del alcalde y que pone en claro que el gobierno emanado de Morena y que llegó al poder quién sabe mediante qué "maromas", le ha estado mintiendo a la ciudadanía y haciendo experimentos que le están costando millones de pesos al erario
Crónica de un desgobierno anunciado: El análisis de José Luis Ramírez
La administración municipal de Celaya, encabezada por Juan Miguel Ramírez Sánchez, enfrenta un juicio severo y frontal proveniente de su propio núcleo familiar. José Luis Ramírez Sánchez, a través de un análisis técnico y político de gran calado, ha desnudado las carencias, omisiones y lo que él denomina como un autosaboteo constante en una de las áreas más sensibles para la población: la movilidad y el transporte. Lo que se desprende de sus textos no es solo una crítica administrativa, sino una denuncia de la falta de seriedad de un gobierno que parece navegar sin brújula.
El punto de ruptura más evidente es la intención del alcalde de desaparecer la Dirección de Movilidad y Transporte. Para José Luis Ramírez, esto no es una estrategia de optimización, sino un error garrafal. El calificativo de autosabotaje resuena con fuerza, especialmente cuando se considera que Celaya, con casi 600 mil habitantes, requiere de instituciones sólidas y no de la fragmentación de responsabilidades. El hermano del edil señala que esta decisión es un balazo a la reelección y una muestra clara de que se está gobernando bajo la dinámica de prueba y error, un lujo que una ciudad con la complejidad de Celaya no puede permitirse.
La movilidad en Celaya se encuentra en un estado de fragilidad alarmante. El sistema de transporte público, lejos de avanzar hacia la modernización prometida, se encuentra en un proceso de involución. José Luis Ramírez destaca que, tras la pandemia, el número de usuarios y de unidades en operación ha caído drásticamente. De las 400 unidades que circulaban antes de 2020, hoy solo quedan 288, y de ellas, 66 son chatarra. La promesa de los autobuses eléctricos de origen chino es fustigada como un cuento chino y un banderazo de aire, ya que no existe ni siquiera la infraestructura de carga necesaria para que operen. Mientras tanto, los ciudadanos padecen retrasos que van de los cinco minutos hasta las dos horas.
El análisis profundiza en la incapacidad técnica de la administración. Se menciona con ironía y severidad que el mayor aporte en materia de accesibilidad ha sido pintar de rojo los accesos para personas con discapacidad, sin atender el diseño universal ni el mantenimiento. Más grave aún es la situación de la semaforización, donde la falta de gestión ha llegado al extremo de culpar a las ratas por el robo de cables, una excusa que para el autor revela la desatención total de la seguridad vial. El incremento de accidentes, con un promedio de 200 por mes y un costo social millonario, es la prueba tangible de un gobierno que ha fallado en proteger a su gente.
Uno de los puntos más críticos del señalamiento de José Luis Ramírez es la ligereza con la que el alcalde toma decisiones de gran impacto. Juan Miguel Ramírez ha argumentado que desaparece la dirección porque no encuentra a alguien honesto para el cargo, una afirmación que su hermano califica como una generalización irrespetuosa que criminaliza a los profesionales del sector sin presentar pruebas. Este vacío de liderazgo, con una dirección que ha pasado meses sin titular, ha derivado en una dispersión de funciones que solo agrava los problemas de congestión y contaminación que asfixian a la ciudad.
El hermano del alcalde también pone el dedo en la llaga sobre la incongruencia financiera. El argumento del ahorro para justificar el desmantelamiento de Movilidad se desmorona cuando se compara con el gasto excesivo en la Feria de Celaya, donde se dilapidaron casi tres millones de pesos diarios sin dejar un beneficio social real. Para el analista, esto demuestra que las prioridades del gobierno municipal están volcadas hacia lo electoral y lo político, ignorando que la movilidad es un derecho humano que facilita el acceso al trabajo y la salud.
Finalmente, la crítica trasciende el tema técnico para tocar la fibra de la seguridad y la moralidad pública. José Luis Ramírez cuestiona duramente la postura del alcalde frente a la delincuencia. Mientras Juan Miguel Ramírez declara que no vino a combatir a los grupos criminales, presume mano dura contra jóvenes grafiteros. Esta sumisión a los criminales frente al castigo a conductas menores es vista como la pérdida total de la autoridad moral y política. La sentencia es clara: Celaya merece un buen gobierno y el actual, por su desmesura e irresponsabilidad, parece haber agotado ya su tiempo y su legitimidad.
Esta es la segunda y última entrega del análisis editorial, enfocada en el fenómeno de la motocicleta, la crisis de seguridad vial y la conclusión del juicio político-administrativo que José Luis Ramírez Sánchez sostiene contra la gestión de su hermano.
La tragedia sobre dos ruedas: El fracaso en la seguridad de Celaya
La segunda parte del análisis de José Luis Ramírez Sánchez es una bofetada de realidad estadística y social para la administración de Juan Miguel Ramírez. El foco se traslada de las oficinas burocráticas a las calles, donde la motocicleta se ha convertido en el síntoma más evidente de un sistema de transporte público colapsado y una autoridad municipal que ha decidido mirar hacia otro lado. Para el hermano del alcalde, la proliferación de motocicletas no es un accidente, sino la respuesta desesperada de una población que no encuentra en el gobierno soluciones de movilidad dignas.
El crecimiento explosivo del 150% en el uso de motocicletas entre 2018 y 2025 es presentado como una "carrera" que el gobierno municipal está perdiendo por goleada. Mientras el ayuntamiento se enreda en discusiones sobre desaparecer dependencias para ahorrar unos pesos, miles de ciudadanos, principalmente jóvenes y trabajadores de bajos ingresos, se ven obligados a usar la motocicleta para sortear la ineficiencia de un transporte público caro e irregular. José Luis Ramírez es enfático: la moto es hoy una herramienta de inclusión social que la administración de su hermano criminaliza o ignora, en lugar de integrar con infraestructura segura.
Lo más crudo del análisis es el señalamiento de la alta siniestralidad. Con datos de la propia Dirección de Tránsito, se revela un escenario de guerra urbana: 200 accidentes mensuales, de los cuales una cuarta parte termina con lesionados graves. El autor le pone precio a la negligencia: cada accidente grave cuesta, en promedio, 100 mil pesos. Al año, esto suma una sangría de 72 millones de pesos en costos médicos, pérdida de productividad y daños materiales. Es un "gasto invisible" que el alcalde prefiere no ver, pero que desangra la economía de las familias celayenses.
El hermano del edil no se tienta el corazón al calificar esta situación como una violación al Artículo 4º Constitucional. Sostiene que el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad es una obligación que el municipio está evadiendo. Al intentar fragmentar la Dirección de Movilidad, el alcalde no solo comete un error administrativo, sino que comete un atentado contra la seguridad pública. José Luis Ramírez argumenta que, si el gobierno tuviera un gramo de visión técnica, entendería que invertir en cultura vial y carriles compartidos no es un gasto, sino una inversión que podría ahorrarle a la ciudad hasta 36 millones de pesos anuales tan solo reduciendo los accidentes a la mitad.
La crítica final es una estocada a la esencia misma del actual gobierno. José Luis Ramírez describe a una autoridad municipal que ha perdido la brújula y la moral. El contraste es doloroso: un alcalde que persigue a grafiteros pero que se muestra sumiso ante la delincuencia organizada, y que prefiere "ahorrar" desapareciendo una dirección estratégica mientras derrocha millones en ferias que no dejan rastro de beneficio social. La infraestructura de Celaya, bajo esta lógica, se mantiene como un modelo excluyente que favorece el automóvil y desprecia la vida de quienes se desplazan a pie, en bici o en moto.
En el cierre de este análisis profundo, queda claro que para José Luis Ramírez, el tiempo de la administración de Juan Miguel Ramírez se ha agotado. Los calificativos de "desmesura" e "irresponsabilidad" no son gratuitos; son el resultado de observar un gobierno que ha sustituido la planeación técnica por vaguedades políticas. La conclusión es una advertencia para los ciudadanos: la movilidad y la seguridad de Celaya no pueden dejarse en manos de quienes han demostrado que su única estrategia es el desmantelamiento institucional. La consigna es lapidaria: el gobierno actual ya se fue, y Celaya sigue esperando a alguien que realmente sepa gobernar.
-Nancy de Santiago denuncia una actitud contradictoria y agresiva del alcalde de Celaya hacia la Iglesia y los medios locales.
-El análisis vincula las tácticas municipales con directrices del Foro de São Paulo para relativizar instituciones religiosas.
-De Santiago señala que el alcalde atribuye responsabilidades falsas a párrocos sobre el uso de pirotecnia en festividades.
-La abogada califica de intimidación la sugerencia del alcalde de encarcelar sacerdotes por tradiciones populares ajenas a ellos.
-Se expone una preocupante opacidad en cifras oficiales de obra pública y percepciones salariales en la administración actual.
-La entrevista destaca la victimización del alcalde como herramienta para movilizar a su base política contra la prensa crítica.
-De Santiago defiende que el derecho a la información es nulo sin una prensa que investigue y verifique los datos del gobierno.
-Se critica la apropiación gubernamental de tradiciones como las posadas, vaciándolas de su contenido religioso original.
-La abogada advierte sobre la violación de los artículos 6 y 24 constitucionales respecto a la libertad de fe y expresión.
-El análisis subraya el uso de un "discurso de odio" que busca polarizar a la ciudadanía celayense frente a sus instituciones.
-Se denuncia que la administración municipal prefiere "generadores de contenido" que evitan hacer preguntas difíciles al poder.
-La entrevista revela la existencia de quejas ante Derechos Humanos por parte de periodistas que sufrieron censura u hostigamiento.
-De Santiago califica como "banalización de la fe" el gasto de recursos públicos en rituales ajenos a la cultura local predominante.
-El liderazgo del alcalde es definido como "carismático-manipulador", buscando lealtad emocional por encima de la rendición de cuentas.
-La nota concluye que la ciudadanía debe exigir transparencia absoluta y respeto a la autonomía de los ministros de culto en Celaya.
El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez y la mentira como estrategia
La reciente entrevista de Metro News con la abogada Nancy de Santiago destapa una cloaca de tensiones políticas en Celaya que trasciende la simple anécdota local. El análisis de De Santiago no es superficial; sitúa las acciones del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez dentro de una narrativa de confrontación ideológica que, según ella, busca socavar las instituciones tradicionales, específicamente la Iglesia Católica, y someter a la prensa mediante la victimización y el hostigamiento.
El eje central del análisis radica en la contradicción sistemática. De Santiago expone cómo el alcalde utiliza incidentes de pirotecnia para criminalizar simbólicamente a los párrocos, sugiriendo penas de cárcel sin pruebas, lo que ella define como una táctica del Foro de São Paulo para relativizar la religión. A esto se suma una denuncia de opacidad administrativa y desprecio por el rigor informativo, donde la autoridad prefiere generadores de contenido dóciles que a una prensa crítica. Estamos ante un escenario donde la verdad es secundaria frente a la construcción de un enemigo político.
-La abogada Nancy de Santiago vincula la agresividad del alcalde contra la Iglesia con una agenda ideológica de izquierda para debilitar la fe.
-Se denuncia un patrón de hostigamiento hacia los medios de comunicación, utilizando la victimización oficial para silenciar críticas legítimas.
-El análisis revela una sistemática manipulación de datos públicos y una apropiación gubernamental de tradiciones religiosas para fines políticos.
El análisis profundo de la realidad política en Celaya nos obliga a mirar más allá de la coyuntura diaria. Lo que Nancy de Santiago expone en su diálogo con el periodista de Metro News no es solo una serie de quejas administrativas, sino la radiografía de un cambio de paradigma en el ejercicio del poder municipal. Por primera vez, Celaya enfrenta una administración de izquierda que, lejos de buscar la cohesión social, parece haber optado por la confrontación como método de validación política.
La estrategia de ataque contra la diócesis de Celaya es, quizás, el punto más alarmante. De Santiago, con la precisión que le otorga su formación jurídica, desmenuza cómo el alcalde Ramírez Sánchez ha intentado vincular a los párrocos con el uso ilegal de pirotecnia.
Este no es un error de apreciación del alcalde, sino un intento de estigmatización. Al sugerir que los sacerdotes podrían enfrentar la cárcel por actos realizados por la feligresía de forma independiente, el alcalde no solo falta a la verdad, sino que intenta fracturar el respeto histórico que la comunidad tiene por sus ministros de culto.
La abogada es clara: no existe evidencia de que los párrocos inciten o compren estos explosivos; al contrario, es una responsabilidad de fiscalización municipal que el ayuntamiento intenta delegar a terceros para evadir su propia ineficacia.
Este comportamiento se enmarca, según el análisis, en una agenda más amplia vinculada al Foro de São Paulo. La tesis de De Santiago es que los gobiernos de esta corriente buscan relativizar la religión, mezclando lo sagrado con lo profano o banalizando los ritos para confundir a la grey.
La apropiación de términos como posadas para eventos que carecen de contenido litúrgico es un ejemplo de cómo el poder político intenta absorber la identidad cultural y religiosa de la población, vaciándola de significado para convertirla en un simple espectáculo de clientelismo electoral.
Por otro lado, la relación del gobierno municipal con la verdad y con quienes tienen el deber de buscarla -la prensa- es de una hostilidad manifiesta. De Santiago destaca un evento en Villas del Bajío donde el alcalde, en ausencia de periodistas reales, arremetió contra los medios acusándolos de ser pagados o de hacer preguntas difíciles.
Esta táctica de pelear contra sombras es una forma clásica de victimización. Al presentarse como un perseguido por los intereses mediáticos, el alcalde busca que su base de apoyo, ese voto duro movilizado por la emoción y no por la razón, cierre filas y descalifique cualquier cuestionamiento sobre la obra pública o el manejo del dinero de los impuestos.
La mención a los nueve periodistas que han tenido que recurrir a la Comisión de Derechos Humanos es el testimonio fehaciente de un ecosistema democrático en peligro. Cuando la autoridad municipal se siente con la libertad de mentir en su informe de gobierno, de alterar cifras frente a sus propios regidores y de ignorar las recomendaciones de organismos autónomos, la ciudadanía queda en un estado de indefensión informativa. Sin datos veraces, el ciudadano no puede evaluar; sin evaluación, no hay rendición de cuentas; y sin rendición de cuentas, la democracia se convierte en una simulación.
El alcalde le gusta que las cosas se las digan en videos y en audios. "Nosotros no mentimos", dijo hace unos 8 meses en una sesión de Cabildo.
Finalmente, el análisis nos lleva a la conclusión de que la manipulación de la fe y el hostigamiento a la libertad de expresión son las dos caras de una misma moneda autoritaria. La abogada Nancy de Santiago hace un llamado a la ciudadanización, entendida no como un apoyo ciego a un partido, sino como la participación activa y crítica del individuo en la vida pública. El respeto a los artículos 6 y 24 de nuestra Constitución es la única barrera que queda frente a un gobierno que parece preferir el culto a la personalidad y la lealtad emocional por encima del cumplimiento estricto de la ley y el respeto a la verdad histórica y social de Celaya.
Lo que dijo -que no es cierto y no pudo comprobar- en Tierras Negras, citando al obispo y sacerdotes
Lo que dijo de la prensa en Villas del Bajío
Lo que dice que no dijo y no hizo en Villas del Bajío de la prensa y en Tierras Negras de los sacerdotes; su conclusión, es que el ni dice ni hace y la culpable es la prensa.
La transcripción de la entrevista completa a Nancy de Santiago
Eugenio Amézquita:
Pues tengo en la línea telefónica a la licenciada Nancy de Santiago. Ella es catedrática, ella es columnista en algunos medios de comunicación y pues tiene un espacio que se llama Ciudadanízate. Tiene un hondo significado esa palabra, ese título de su espacio. Y Nancy, pues en la semana pasada vimos dos escenarios o dos acontecimientos que, no sé tú si ya viste por ahí los medios y escuchaste las grabaciones y viste los videos, como que ponen en una actitud muy contradictoria al señor presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez. ¿Qué escenarios o qué momentos? Estoy hablando uno, una cena a la que fue invitado el señor presidente municipal, o bueno, no sé si lo hayan invitado, quiero pensar que sí, donde estuvo presente el obispo de Celaya, varios sacerdotes, el padre encargado del templo Tierras Negras. Y el otro escenario es Villas del Bajío, donde se está entregando una rehabilitación de una obra pública y donde, este, pues también ocurrieron unos acontecimientos. En el primer caso fue evidenciado el hecho de que el señor presidente municipal a la prensa le dice que adentro de la casa parroquial, y esa es la palabra, adentro de la casa parroquial, usaron pirotecnia, es más, aventaron cohetes, hubo explosión. Pues eso fue lo que se dio a entender, pero después resulta que no fue así, que no en la casa parroquial, y creo que ni en el atrio hubo esto. ¿Tú te diste cuenta o te has informado de esto? ¿Qué me puedes decir? Gracias, Nancy. Del primer caso estamos hablando.
Nancy de Santiago:
Así es. Pues muchas gracias, muchas gracias, Eugenio. Fíjate que pues sí, yo dentro de mi espacio Ciudadanízate lo que efectivamente me gusta lo que has dicho, porque sí, no es un nombre al azar, es un nombre elegido porque nos falta mucho civismo. Nos falta saber cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos, nuestros deberes, porque siempre nos encantan los derechos pero no los deberes. Y también nos falta mucha participación política. Entonces desde la ciudadanía, o sea, no tenemos que estar en un partido. Los que quieran, qué bueno, qué padre, adelante, pero también se puede y se debe hacer política desde la ciudadanía porque eso es parte de lo que somos. O sea, yo soy una mujer, soy católica y soy ciudadana mexicana, allí obviamente pues en ese orden, ¿no?, porque pues primero es la parte biológica, aunque en el momento en que ya se bautiza uno, que ya pasó uno por tener un alma, pues evidentemente ya uno se orienta hacia nuestro creador. Y precisamente tomándolo de este punto de vista, con este crisol, sí quiero comentarte que como ciudadana y como católica me preocupa mucho la actitud que yo también he visto en el señor presidente.
Es la primera vez, no estábamos acostumbrados a tener un presidente de izquierda y pues ahí sí se está notando una diferencia en que pareciera que toda oportunidad que se presenta para hablar de forma que pues agrede, concierne, atañe, se dirige e inmiscuye a la diócesis, a nuestros párrocos, pues siempre eso es, ahora sí que aprovechada. Creo que nunca había yo visto eso. Digo porque yo siempre he vivido en un municipio que no tenía un gobierno de izquierda y ahora que lo tenemos, pues me estoy dando cuenta que una de las diferencias es que toda oportunidad que se presenta para que se haga mención de aspectos que él considera negativos o que le atribuye de forma negativa a la diócesis y que no necesariamente son ciertos, que ese es el punto que hoy quiero resaltar en este momento ya que me das la oportunidad con esta entrevista que me haces.
Pues no ocurrió. Yo he sabido, me he leído, me he informado que en realidad los cohetes fueron afuera, que no estaban presentes los párrocos ni el señor obispo con la gente durante ese momento que se hizo la quema de cohetes, que sabemos todos que se hace independientemente que sí se reivindica que en este municipio está prohibido el almacenaje, que está regulado distinto a otros municipios. Sin embargo, pues claro que los tienen que adquirir en alguna parte como sea, la actividad no ha cesado. Pero yo jamás, y lo digo como feligresa y también lo digo como ciudadana porque ahí sí es un doble aspecto, es decir, yo como ciudadana quiero que se cumpla la ley, pero también como feligresa pues jamás he visto que ningún párroco haya ordenado, incitado, instruido, pedido, solicitado, comprado, organizado los cohetes. Sí sabemos que están muy arraigadas algunas costumbres en las personas y que solo con cultura se pueden cambiar, pero eso no hace que sea el párroco el obligado a una parte que no es de su ministerio.
Aquí le toca a fiscalización, le toca al municipio, le toca a las autoridades hacer cumplir la ley y creo yo que en eso se debe de ocupar, no en estar atribuyéndole responsabilidades a terceros. En este caso sí veo y sé que los párrocos no han incitado jamás al uso de los cohetes. Inclusive yo alguna vez le pregunté a alguno y me decía "No, la verdad es que no forma parte propiamente de la festividad, eso es un tema que la gente quiere". Es como la música que traen, no necesariamente es parte de la festividad, no es música sacra. Entonces ellos lo que han hecho es permitir que la gente se exprese y a la municipalidad le toca hacer cumplir la ley. Entonces a mí sí me parece que lo que debería de hacer el señor presidente es amarrarse los pantalones, hacer cumplir la ley, obviamente establecer la comunicación que tenga que establecer con los ciudadanos para que si algo va a cambiar, pues que cambie; si algo va a ser modificado, pues que se modifique y si algo va a ser sancionado, que se sancione.
Pero a mí lo que me preocupa más de todo esto que acabo de mencionar es esta inclinación constante, porque lo vi en dos tres entrevistas, de señalar que los párrocos pueden ser objeto de ser sancionados con cárcel cuando en ningún momento se está diciendo que son los responsables. Nadie les ha acreditado semejante cosa y me parece que estarlo remachando cada vez que se puede, que es lo que he visto yo, es una actitud que trata de que los feligreses recibamos un impacto, un impacto emocional respecto de la actitud de nuestros párrocos y de nuestras autoridades eclesiásticas. Si yo jamás he visto a ninguno que esté incitando a utilizar los cohetes, más bien me ha tocado ver alguno, no voy a decir nombres pero sí me ha tocado ya recuerdo que me tocó una vez escuchar que alguno estaba inconforme con este tipo de expresiones pero no se metió con el pueblo, o sea simplemente me dijo que no era de su total agrado, pero finalmente él dejó que la expresión siguiera. Pero nunca han sido en las casas parroquiales, yo nunca he visto cohetes en un atrio. Obviamente sí existen porque los vemos todos, pero yo jamás podría asociar que son los párrocos los que incitan a la gente a utilizar la pirotecnia. Yo no los he visto nunca.
Eugenio Amézquita:
Nancy, ahorita que estás tocando el tema de esa insistencia del señor presidente municipal, la primera vez que lo manifestó ni siquiera fue en un incidente religioso. Fue un incendio que se presentó allí en la feria del alfeñique en la plaza Morelos por un aparentemente cortocircuito. Alguien tenía por ahí pirotecnia, se da el cortocircuito, se genera un incendio y bueno se generan muchos daños. O sea nada que ver, nada que ver con un atrio, con una casa parroquial. Y sin embargo alguien le pregunta por ahí, oiga pues entonces en las festividades que esto, y dice él palabras más palabras menos, están publicadas. Dice "Bueno es que si te aplicáramos la ley tendríamos que meter a la cárcel a los sacerdotes y a los feligreses". O sea de la nada hace estos comentarios. Esa fue una. Vuelve otra vez meses después a repetir el escenario.
Digo pensando que el primero a lo mejor fue un resbalón como él los maneja, pero la segunda ocasión vuelve a insistir y entonces ya la diócesis le contesta y le dice "Los sacerdotes no prendemos los cohetes". Y creo que esto va mucho con lo que tú estás diciendo. O sea no ha habido algo así que tú dijeras "Los padres prendieron los cohetes, dieron la orden, hay una rebeldía de los sacerdotes a ir contra la ley". Y sin embargo machaca y machaca con el mismo tema. ¿Tú crees que podamos? Y luego todavía en la rueda de prensa dice "No pues si lo que pasa es que me quieren echar a pelear con el obispo y me quieren echar a pelear con los padres. Si el padre de Tierras Negras pues es mi amigo, nos llevamos muy bien". ¿Tú crees que es de amigos estar en una cena en la casa parroquial y al día siguiente a la prensa decirle que habían aventado cohetes dentro de la casa parroquial? ¿Tú crees que eso sea de amigos y se le pueda llamar amigo a alguien así?
Nancy de Santiago:
Claro que no. Pero fíjate que voy a ir más allá. Voy a ir más allá porque en mi opinión sale sobrando si son o no son amigos. Digo básicamente la autoridad eclesiástica debe estar ocupada de lo suyo y la autoridad política de lo suyo. Y eso sí, fíjate que yo lo que te podría decir y lo veo muy claro, por eso o sea no me extraña, no me extraña porque yo como que soy conocedora de geopolítica y conozco muy bien una organización internacional, he leído mucho sobre ella, a la que pertenece Morena, el partido del presidente municipal, que es el Foro de São Paulo. Nos estuvieron diciendo todo el sexenio de López Obrador que eso no existía, que éramos unos conspiranoicos a los que manejamos el tema, y hoy en día ya cualquier periodista sabe que existe y nadie lo niega cuando pues los que nos dedicamos a la geopolítica lo supimos desde que empezó el sexenio anterior.
Y yo te diría que dentro de lo que son las políticas que marca ese Foro de São Paulo, pues es que se debe de relativizar a las religiones y se les debe de, ¿cómo te diré?, no recuerdo la palabra pero es como banalizar, es decir se mezcla lo chamánico, lo hemos visto con Claudia Sheinbaum, lo hemos visto con la corte, los nuevos señores que integran la corte. Entonces, si se puede relativizar y se debe de atacar para que el feligrés se confunda la religión, pues me parece que está muy en su línea porque como dices, salir con de la nada, sí recuerdo ya vagamente lo del incidente en la feria del alfeñique y efectivamente ahí no tiene nada que ver pero absolutamente nada que ver la iglesia.
No se trata de ninguna festividad de culto de nada, es algo comercial estrictamente y el presidente a la menor provocación sale con una respuesta que atañe a la diócesis. Yo me pregunto ¿tiene prensa como la de la señora Claudia Sheinbaum que le pregunta cosas a modo para que puedan decir lo que ya traen en su guion? Porque el Foro de São Paulo es una cosa muy seria y sí trae como objetivo, por eso no es en vano que en este sexenio no sé si tú te diste cuenta aquí a Celaya claro que no iba a llegar, pero con dinero de la Secretaría de Cultura, o sea dinero de los mexicanos, anduvo una obra de teatro blasfema interpretada por un señor que se viste de mujer y que atañe a la Virgen María. Y luego tuvimos un evento en la propia, en la mismísima casa de estudios de la Universidad de Guanajuato, donde también hubo un tema ahí con unos crucifijos y tal. O sea se está notando una presencia de este tipo de manifestaciones. Entonces a mí no me extraña que tengamos estos gobiernos y nos pasen estas cosas.
Por eso yo sí veo una constante porque ya analizando tres, cuatro, bueno cinco notas con la del alfeñique que me mencionas, de las que yo he tenido noticia y que sí me consta lo que leí y fueron notas muy profundas muy bien investigadas con muchos datos con muchos detalles, la verdad pues ya lo estoy viendo como una constante, como algo que es así y que si no se toman medidas en este caso por nosotros los feligreses no de reclamar públicamente este tipo de manifestaciones que atentan contra nosotros y ahí estaría una violación del sexto constitucional porque están yendo contra la fe y del veinticuatro constitucional que es el respeto a las creencias.
Claro, y si bien el tema de los cohetes no tiene que ver con la creencia porque no tiene que ver la festividad de tal o cual santo o de tal o cual efeméride religiosa con la quema de cohetes o con la música en específico, pero sí con estar yendo contra las autoridades eclesiásticas como si ellos lo estuvieran organizando. Y no, no es el caso.
Eugenio Amézquita:
Tú mencionaste algo de la prensa a modo y eso me da pie para entrar al segundo escenario donde pues estamos detectando también mentiras. ¿Y cuál es ese segundo escenario? Pues precisamente el que al inicio de la entrevista comentaba, lo de Villas del Bajío.
Me llama la atención este el video que solamente un medio, bueno si se le puede llamar medio, eso es un informante vamos a llamarlo así por no utilizar otros calificativos. Un informante o un generador de contenidos, que así se autonombra "Yo soy generador de contenido no periodista". De hecho tengo un video donde él dice "Yo no soy periodista". Entonces no es un periodista, es un generador de contenidos, así se autonombra. Bueno, es el único que lo graba. Y en ese video el señor presidente municipal se va encima de la prensa diciendo que ahí pareciera están pagados, que le hacen preguntas muy difíciles.
Yo no sé, no me gustaría saber qué se entiende por preguntas difíciles. A lo mejor le preguntan operaciones matemáticas que no las puede responder, pues esa sería una pregunta difícil, ¿verdad?, o una que él no sepa contestar. Yo quiero entender eso. Pero la cuestión es que agrede a la prensa. Lo curioso es que no había prensa en el lugar. Eso me hizo recordar como esos chiquillos valentones de que "A ver yo aquí échenme el que quieran". Pues no llega nadie porque no hay nadie, pero a la hora que los tienes enfrente y que tienes de frente a la prensa en una rueda de prensa en la presidencia municipal, toma una actitud así como de "¿De qué me están hablando?, o sea yo, ¿cuándo dije eso?".
Y cuando se lo aseguran dice que fue un resbalón, les pido una disculpa, pero no repara el daño. O sea la agresión que le hizo a la prensa, a los medios de comunicación con esos calificativos que obviamente causó malestar y además con el antecedente de que pues en su administración se presentó una queja ante Derechos Humanos por parte de nueve periodistas por no permitirles así recuerdo yo pues el ejercicio de libertad de expresión. Y otra vez pues no sé si tú lo veas así como lo veo yo, pues yo estoy en prensa, otra mentira. Y entonces ya llevamos dos. Y si pues si una vez mientes y luego vuelves a mentir, pues quién sabe cuántas veces nos han estado mintiendo con números, con cifras. Ya hay un caso del informe de gobierno que sus regidores se lo hicieron ver, le dijeron "Esos datos no van ahí". Y no le interesó y así quedó publicado en el informe. Otra mentira con números con cifras. ¿Qué puedes tú concluir de este caso específico y de todo lo que te estoy comentando, Nancy? Gracias.
Nancy de Santiago:
Mira fíjate que sí me parece sumamente preocupante esta falta a la verdad hasta con cifras que se presumen oficiales o que lo son simplemente por la fuente de donde provienen y que él no cuide que oficiales y veraces vaya junto. En el caso concreto del ejercicio de la libertad de información, porque además fíjate que la libertad de expresión no sería nada si no hubiera el derecho a la información, pero la información pues veraz obviamente, la información oportuna. Y hemos visto cómo se están ocultando una serie de datos, una serie de informaciones. Por ejemplo los ministros de la corte han ocultado, ya después del escándalo de las camionetas, ocultan sus percepciones laborales.
Ya no puede cualquier periodista como tú o un ciudadano como yo querer ver cuánto ganan. Mejor puedo ver cuánto ganan todas las empresas de gobierno abierto que existen donde está su página web y ahí pueden aparecer los salarios de todos los funcionarios. Pero no puedo saber lo de los ministros de la corte que pagamos con nuestros impuestos. O sea imagínate, los que no pago yo con mis impuestos sí los puedo ver y los que pagamos con nuestros impuestos no se puede saber cuánto ganan. Entonces sí es preocupante saber que tenemos que estar los ciudadanos y los periodistas, en este caso que ustedes son los aliados de los ciudadanos porque nos hacen válido el derecho a la información, pues que tenemos que tener una reclamación constante de la verdad en este tipo de cosas.
Por ejemplo cuando él se refiere, sí vi esa nota que decía que le hacían preguntas muy difíciles, bueno efectivamente solo él nos puede contestar qué es difícil, pero si tomamos en cuenta que difícil puede ser cualquier cosa que yo no pueda contestar si se trata de una pregunta. Y estas preguntas pues siempre tienen que ver con su administración, con las políticas públicas que esté implementando, con los informes que le da a la ciudadanía.
Porque además él se precia de dar, en una de las notas que estuve viendo en estos días últimos, estaba yo viendo que él dice algo así como que él siempre da, casi casi dijo que diario, ¿no?, que todos los días hay notas y es como muy impreciso porque también decía que todos los días sacaban a la Virgen. Bueno todos los días durante la novena, durante la festividad, durante... o sea entonces también ahí nos expone a situaciones que no son totalmente veraces. Entonces sí, que cuide el ejercicio de la información que le da a la gente, que cuide la veracidad de la información. Si sus propios regidores le están señalando que no corresponde con la realidad, y menos ahora sí me voy a ir directa al tema de la prensa, menos intentar que la prensa no haga su trabajo.
Ahí sí la ciudadanía somos los primeros que debemos defender ese ejercicio profesional, porque gracias a ese ejercicio profesional es que los ciudadanos podemos saber qué es lo que pasa con el dinero público, qué es lo que pasa con las políticas públicas, qué es lo que pasa con la ahora sí que la conducta de nuestros funcionarios. Y eso sí me parece que es algo que no podemos nosotros soslayar. Es punto y aparte que los ciudadanos tenemos que ejercer ese derecho porque es la única manera en que podemos nosotros incluso ciudadanizarnos. ¿Cómo vamos a ejercer como ciudadanos nuestros derechos políticos si no tenemos ni siquiera información veraz para poder evaluar? Porque tenemos el derecho de evaluar las políticas públicas, de evaluar al funcionario que está a cargo de un puesto de elección popular y por ende tener prensa también que sea veraz, que tenga una metodología, que sea rigorista, que investigue bien la nota, que nos dé las fuentes, que obviamente tenga los videos y los audios para demostrarnos lo que están aseverando en sus notas.
Y la verdad yo solo busco a esa prensa, yo solo leo y escucho a esa prensa. Entonces sí me parece terrible que estemos con una situación como esta. Es necesario que se cambie esta actitud, es necesario que los ciudadanos seamos respetados en la política que nos merecemos. Eso es lo que yo te puedo decir porque no está bien que falte a la verdad en temas tan importantes y entonces violan nuestros derechos constitucionales. Y lo que me dices, esto sí voy a reconocer que no sabía de que nueve periodistas interpusieron una queja ante la comisión de Derechos Humanos por no dejarles ejercer su oficio. Eso es gravísimo, eso es dictatorial.
El asunto es que sí se emitió, o sea ya no solamente fue la denuncia, se emitió una recomendación, pidió una disculpa, pues todo lo que se acostumbra en este tipo de situaciones. Pero esto último que es lo más reciente, esta agresión a la prensa en ausencia de la prensa pues yo no sé qué calificativo se le podía poner a alguien que agrede en ausencia de...
Eugenio Amézquita:
Claro.
Nancy de Santiago:
Ahí sí me parece muy importante que los funcionarios tienen que hacerse cargo de sus palabras. Digo todos los que tomamos un micrófono nos tenemos que hacer cargo de nuestras palabras. No podemos simplemente, como dijiste muy bien, no estaba presente la prensa entonces ¿por qué les reclamas? ¿O por qué les reclamas desde lejitos? Porque se van a dar cuenta, si son prensa se van a dar cuenta, o sea uno de ellos va a saber y le va a decir a los demás que salió tal nota. Entonces ¿por qué no un diálogo, una junta, una reunión, una sesión de trabajo, qué sé yo?, pero no que les mandes los recados desde lejitos porque entonces puedes decir lo que tú quieras y no se va a poder defender ningún medio, te puedes atribuir lo que tú decidas a quien sea y los medios no se van a poder defender.
Entonces yo no veo un ataque. Yo he leído notas diversas de diferentes medios locales y no, yo no he visto un ataque al señor presidente. He visto así porque si no entonces caemos en que por eso se queja la señora Sheinbaum de que Loret la agrede, por ejemplo. Es decir, si la prensa saca a relucir información que no es acorde con la imagen pública que ellos pretenden proyectar porque no conviene a los intereses del ciudadano, pues entonces va a ser agresión siempre. Pues imagínate, entonces caeríamos precisamente en una falta de ejercicio de la información veraz.
Eugenio Amézquita:
Bueno esto que tú estás diciendo nosotros lo identificamos como victimización. O sea todos me dicen, todos me agreden, todos me insultan, todos me ofenden pero no muestra en dónde está la ofensa o el insulto. O sea parecería que a ciertas autoridades el hecho que les digas sus verdades, les expongas en video, en imágenes y en audio lo que dijeron, lo que están haciendo y lo que están realizando y los pones al descubierto ante la ciudadanía, eso es lo que ven como una agresión. O sea yo no sé si lo que quieran es prensa a modo o paleros como muchos que nosotros ya tenemos detectados que solamente... yo le decía en un artículo firmado por mí "Señor presidente, oye ¿qué horas son?" "Las que usted quiera señor presidente, las que usted diga".
No, es que la prensa no funciona así. La prensa estamos para señalar, para vigilar, para revisar. Tenemos bien definido cuál es nuestra función. Entonces yo no sé si estés de acuerdo conmigo que pues tener una prensa a modo pues dejas desprotegido hasta el ciudadano de a pie que no tiene voz, que no puede gritar, que no puede denunciar porque si no el señor presidente se va a enojar, la gente que tiene a un lado se va a enojar. ¿Tú crees que eso esté bien?
Nancy de Santiago:
No, yo estoy totalmente de acuerdo que eso es violar el derecho de información que tenemos los ciudadanos. Es decir yo necesito información veraz, información oportuna, información suficiente, información verificada o sea de fuentes correctas, veraces, auténticas, fehacientes. Entonces cuando un presidente o cualquier funcionario se molesta porque la prensa señala algo que es verdad y que le perjudica, pues el beneficiado es el ciudadano que está recibiendo esa información oportuna, veraz y por supuesto suficiente.
Pero el funcionario que se enoja y que agrede a la prensa que hace su trabajo, pues sí si no podríamos llamarle de otra manera, se está victimizando para que sus bases, para que su voto duro se enoje con el medio, se enoje con el actor que está generando ese disgusto en su presidente favorito, en su funcionario favorito. Y yo lo que quiero decirte y como base de Ciudadanízate es no, los ciudadanos no estamos para darle nuestros sentimientos a los políticos. Ni siquiera se lo deberíamos de dar a los artistas ni a los futbolistas. Pero bueno ¿a quién le hace daño eso? Pero a un político jamás.
Los políticos no pueden recibir de nosotros cariño, deben recibir de nosotros respeto al trabajo bien hecho, exigencia y reclamación del trabajo no bien hecho y por supuesto exigencia siempre de que nos hablen con la verdad y transparenten el uso del dinero público siempre, siempre. Y tratan de ocultarlo. Tenemos todo el ocultamiento de información, la desaparición del órgano que a eso se dedicaba a nivel federal. Entonces pues realmente es una constante, es una actitud constante de no querer llegar a la veracidad en la información. Eso es lo que yo estoy viendo. Y sí es una actitud de victimización que tiene como objetivo que una base política, un voto duro, se sienta identificado emocionalmente con ese dolor que expresa su funcionario favorito y entonces polarizas más a la sociedad, que eso me parece gravísimo.
Eugenio Amézquita:
Sobre todo no sé si tú hayas observado o estés de acuerdo conmigo que también explota el discurso de odio, es decir echarte a esos que la apapachan, que ay que este mi cabecita de algodón y no sé qué, le echan a la gente encima al grupo que está a su favor para quitárselo de en medio, o sea en pleno el discurso de odio. ¿Tú has llegado a detectar esto?
Nancy de Santiago:
Totalmente. Y qué bueno que tocas ese punto. ¿Sabes qué me parece fundamental? Jamás en la historia de México habíamos tenido un líder carismático. Es decir cuando uno escucha líder carismático uno cree que eso significa algo bueno, pero cuando revisas la definición de liderazgo carismático te das cuenta que no se puede tener carismático si no ejerces manipulación sobre esas personas a las que vas a tener como seguidores. Y sí efectivamente estamos viendo que en las redes cuando lo defienden, lo defienden digo cuando no son bots ¿verdad? cuando no son estos robots que están implementados vía pago, la gente se expresa como si fuera un familiar, como si fuera a un ser querido.
Y entonces te das cuenta del grado de manipulación en el que se encuentran. Cuando la gente ha apoyado a otros presidentes en algún momento dado, tú revisas en cualquier red social cuando están apoyando algún presidente que no sea líder carismático, no hay expresiones como de afecto o como de odio, sino que simplemente son objetivas de "ah muy bien mi presidente hizo tal cosa", nada más. "Muy mal eso no se vale no sé qué". Pero cuando le llaman por apodos cariñosos, por sobrenombres cariñosos así con diminutivos y todo eso, eso evidencia precisamente manipulación porque no tenemos por qué querer a ningún político. Entonces dices muy bien, o sea yo no estoy de acuerdo para nada en este tipo de conductas. Me parece que no ayuda a que la ciudadanía crezca, a que nos desarrollemos hacia una mejor política pública, hacia una mejor actitud como ciudadanos participativos.
En lo absoluto, al contrario, está disminuyendo nuestra capacidad de análisis o pretende nuestra capacidad de crítica y de exigencia. Y eso debemos de evitarlo. Tenemos que reclamar esto para que se evadan este tipo de conductas porque es terrible. Y sí hay discurso de odio y que tiende a dividir y a polarizar porque entonces todos mis seguidores que me quieren mucho pues me van a defender en redes y todos los que no me quieren pues van a ser objeto del desprecio de estas personas que tanto me quieren si ven que me maltrata la prensa o me maltrata cualquier columnista, cualquier articulista o cualquier líder de opinión en el caso de que así sea. Eso me parece gravísimo es muy muy grave.
Eugenio Amézquita:
Y por último Nancy algo que va conectado con el primer tema el de la iglesia. Y yo lo digo en general ministros de culto, hablo en general no me quiero centrar en este caso porque estamos hablando de la Iglesia Católica pero quiero hablar en general ministros de culto. Y algo que también no sé si tú hayas detectado la invasión, porque no encuentro otra palabra, la invasión de autoridades municipales o estatales o federales en temas que son exclusivamente eclesiásticos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo la iglesia te habla de posadas, las posadas. Y pues uno cuando le dicen las posadas digo para los que ya tenemos tiempo pues sabemos que la posada pues significa el rosario, significa rezar, significa sacar el misterio ¿verdad? con la Virgen el niño la mulita San José o los tres ¿verdad? el animalito San José y la Virgen y los llevan cargando piñata y todo eso.
Pero vemos unas autoridades que se apropian del nombre de la de Posada y dice "Vamos a organizar una posada" y uno llega y no hay Rosario, no es una posada entonces, o sea le faltan los elementos. Ese es un tema, pudiera decir otros más donde hasta en procesiones o cosas por el estilo quisieran ir ellos adelante para que la gente los viera recargándose en la cuestión religiosa y decir "Mira también son buenos también creen en Dios andan cerca de los padres" cuando la realidad es muy distante de esa imagen que se quiere manejar. ¿Tú qué has detectado de esto? ¿alcanzas a ver algo?
Nancy de Santiago:
Sí fíjate que a mí me molestó muchísimo cuando oí en el radio que iba a haber unas posadas por parte del municipio. Dije "A ver a ver a ver". Y claro en comunidades, seguramente pretendiendo que haya gente que pueda resultar engañada de que cualquier cosa es una posada. Y como bien dices los elementos de la posada harían que todos los católicos comprometidos dejemos de llamar posada a cualquier reunión navideña cualquier fiesta cualquier junta porque no es posada. Punto. Pueden llamarle desayuno navideño comida navideña cena navideña.
¿Qué necesidad?, digo y eso porque aludes a la época navideña así le llamamos época navideña porque aludas directamente al nacimiento pero se vale porque creo que sí se ha llamado y eso sí es una costumbre que está de larga data el que se llame época navideña. Entonces bueno pero no que tú confundas Nochebuena Navidad Posada. Entonces eso creo que empieza en nosotros mismos también. Nosotros como fieles laicos tenemos que ser más cuidadosos pero sí también reclamarle a la autoridad a ver qué tipo de posadas hizo si es que lo fueron porque yo lo dudo lo dudo mucho la verdad. No estuve en ninguna no pertenezco a ninguna de las comunidades porque yo pues vivo acá en la zona urbana pero tampoco dieron el nombre de las comunidades donde esto ocurrió. A mí me parece que sería interesante saber qué era lo que llamaban posada
¿Qué tipo de festejo o reunión era lo que estuvieron llamando posada?, pero estoy segura de que no había Rosario porque pues no son los indicados para ello, no había Letanías tampoco son los indicados para ello y definitivamente no tendrían ni siquiera que estar presentes como autoridades políticas. Si quiero ser feligrés y quiero porque yo también voy a ir a la misa de Navidad voy a ir en Navidad a misa si soy católico practicante y soy autoridad política pues voy a ir como uno más. O sea ni siquiera debo pretender sentarme en la primera fila ni que me dé primero a mí la comunión el sacerdote ni no. Ahí yo debo ser uno más de la grey católica si es que lo soy porque además yo no tengo noticia si el señor presidente sea católico la verdad. A mí más bien me da idea que no y más porque bueno si abraza estas doctrinas e ideologías de izquierda pues realmente el catolicismo en ellos pues es bastante vago cuando por lo menos están bautizados porque así sucedió en su familia pero no son practicantes.
Entonces no realmente a mí me parece sí me preocupó muchísimo luego que andaban dando los juguetes también esto del día de Reyes. A fin de cuentas claro que no estaban celebrando la Epifanía eso nos queda muy claro pero esta cosa de regalar los juguetes directamente y confundirlo todo a mí me preocupa. Yo sé que se ha hecho desde otras administraciones y que está lindo que los niños de todos los estratos sociales reciban un regalo eso está bien pero sí creo que debemos tener mucho cuidado con mezclar las festividades religiosas y con la política. O sea creo que ahí hay una delgada línea que que se está cruzando de forma te digo intencional porque es algo que lo marca el Foro de São Paulo: hay que relativizar las religiones. Entonces no me extraña pero sí me parece totalmente indebido. O sea no es como el PRI que el PRI decía y digo y el PAN incluso "¿sabes qué va a venir el señor obispo se le invita viene al incluso viene el informe?".
Sí y está en primera fila el señor obispo segunda fila tercera fila qué sé yo. Y bueno es que es una autoridad eclesiástica que está inmerso en una sociedad y que ir a oír el informe de gobierno no le veo mayor problema. Él va como un ciudadano a oír el informe de gobierno no cuestiona no nada simplemente lo escucha y listo y se acabó el problema o lo invitaban a oficiar. Digo creo que hasta el Papa ha oficiado primeras comuniones de hijos de algún presidente y tal pues siempre iba como un párroco más y que pues está facultado para hacerlo y listo pero no mezclan ¿me entiendes? Acá lo que me preocupa es la mezcla el confundirlo todo el banalizarlo el relativizarlo y sabiendo yo que es una de las políticas del Foro de São Paulo que además vamos a llegar más lejos cuando se van quebrando los diques las restricciones que es lo que tú y yo estamos aquí pidiendo que se respeten.
Entonces llegas al momento en que ya entran otras expresiones que son religiosas. Lo que pasó con la corte es gravísimo. De hecho yo vi que dos faltaron que se excusaron pues han de ser más practicantes que los demás porque yo tampoco hubiera ido si hubiera sido una ministra y me salen con que nos van a investir con el bastón de mando y quién sabe cuánta cosa más pues no voy o sea abuso de mi derecho de estar enferma ese día. Verdaderamente parece grave. De hecho la prensa en estos entre hoy y ayer ha comentado que ese culto a Quetzalcóatl que hicieron ahí con los jueces le costó un millón de pesos a nuestros bolsillos, no a los bolsillos de ellos. Además fíjate esos señores que realizan estos rituales no sé cómo llamarles chamanes lo que sea el nombre correcto la verdad lo ignoro y pues no quiero tampoco decirlo de una forma que suene despectiva ni nada simplemente pues no comparto y ya.
Pero imagínate entonces aparte estamos pagando eso y las camionetas y el blindaje. Oye no bueno verdaderamente estamos hablando de que no hay verdad en su actuar no hay congruencia en el actuar o hay una línea un guion que además es de una agenda extranjera que están siguiendo en contra de las tradiciones cultura expresiones y creencias de los mexicanos. Entonces eso sí me parece muy grave y eso sí como una ciudadana tenemos que reclamar y tenemos que exigir que se conduzcan nuestras autoridades correctamente que se ocupen de lo suyo y dejen a nuestros sacerdotes que se ocupen de lo suyo. Eso me parece fundamental.
Eugenio Amézquita:
Pues yo quiero agradecerte Nancy que hayas expresado esto con tanta precisión sobre todo viniendo de una abogada porque no estamos hablando aquí nada más por hablar hay precisión en lo que se está diciendo y obviamente que no sea ni la primera ni la... es más seguido te voy a estar molestando precisamente de ciertos acontecimientos que se vayan dando y que obviamente tendremos los elementos de prueba llámense videos llámense audios porque el señor presidente dice que por escrito no le gustan, él quiere ver un video donde se vea y se oiga.
Si hay la posibilidad vamos a presentar esos elementos para que en un momento dado pues tú también los analices. A lo mejor nosotros los estamos viendo mal y resulta que están bien pero ya si tenemos otro par de ojos y otro analista pues yo creo que entonces podremos saber si estamos equivocados o definitivamente pues están sucediendo las cosas como las estamos viendo. Muchas gracias Nancy.
Nancy de Santiago:
Gracias Eugenio. Nada más para terminar yo creo que está bien lo de los audios y videos porque es la forma en que podemos tener su expresión de quien estemos analizando viva y directa o sea no interpretada sino directa tal como se dijo tal como se vio y se escuchó. Gracias.
Eugenio Amézquita:
Pues muy bien gracias a ti. Buena tarde.
Nancy de Santiago:
Buenas noches.
Eugenio Amézquita:
Buenas noches. Soy Eugenio Amézquita y esto es Metro News con Nancy de Santiago.
-Hombres armados irrumpieron en un domicilio de la capital colimense para ejecutar a las dos mujeres.
-Las víctimas fueron identificadas como familiares directos del ex dirigente de Morena y actual funcionario federal.
-El ataque ocurrió en una zona residencial, desatando un despliegue masivo de fuerzas federales y estatales.
-Fiscalía estatal investiga el móvil del doble feminicidio sin que hasta ahora se reporten personas detenidas.
-El crimen ocurre en medio de una cruenta guerra de cárteles que ha convertido a Colima en el estado más violento.
La violencia en Colima ha escalado a niveles personales para la cúpula política del país. Este fin de semana, fuentes policiales y reportes de medios locales confirmaron el asesinato de dos mujeres en la ciudad de Colima, quienes fueron identificadas como la tía y la prima de Mario Delgado Carrillo, actual Secretario de Educación Pública y ex presidente nacional de Morena.
El ataque se registró en un inmueble donde sujetos con armas de alto poder ingresaron de manera violenta. Según las primeras indagatorias, las víctimas se encontraban dentro de la vivienda cuando los agresores dispararon de forma directa, terminando con sus vidas de manera instantánea antes de huir con rumbo desconocido.
Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal acordonaron la zona, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) realizaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios balísticos. Hasta el momento, el funcionario federal no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el trágico suceso.
Balance 2025-2026 de la Inseguridad en Colima
Colima cerró el año 2025 con un total de 622 homicidios dolosos, lo que representó una reducción del 26% en comparación con los 845 registrados en 2024. Pese a este descenso estadístico, el estado continúa encabezando los índices nacionales de violencia por cada 100 mil habitantes, con una tasa aproximada de 140 homicidios, manteniéndose como la entidad más peligrosa del país según el Índice de Paz México. La violencia se concentra principalmente en la zona conurbada de la capital y el puerto de Manzanillo.
El sentimiento de inseguridad sigue siendo estructural. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI a diciembre de 2025:
-Colima Capital: 75.6% de la población se siente insegura. Aunque es una mejora respecto al 81.4% del año anterior, sigue muy por encima de la media nacional.
-Manzanillo: La percepción de miedo se deterioró, incrementando del 60.7% al 71% en el último trimestre de 2025.
-Miedo cotidiano: Aproximadamente el 68.5% de los colimenses identifica la inseguridad como su principal preocupación. Cuatro de cada diez habitantes han modificado sus hábitos, como dejar de portar objetos de valor o evitar caminar de noche, por temor a ser víctimas del delito.
Acciones del Gobierno y Operativos Vigentes
El gobierno estatal, en coordinación con las fuerzas federales, ha implementado diversas estrategias para intentar contener el avance de los grupos criminales:
-Estrategia "Pez Vela 2025": Operación conjunta entre la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la policía estatal. Hasta finales de 2025, esta estrategia reportó la detención de 278 presuntos generadores de violencia en Manzanillo y Tecomán.
-Operativo "Seguridad Vacacional" (Diciembre 2025 - Enero 2026): Despliegue de elementos de la SEDENA, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en calles, centros comerciales y terminales de autobuses para disuadir delitos comunes y extorsiones.
-Fortalecimiento de la Vigilancia: Se han intensificado los patrullajes pie-tierra y la proximidad social para fomentar el uso de la línea 911, intentando recuperar la confianza ciudadana en las instituciones locales, la cual sigue siendo baja comparada con la alta confianza que la población tiene en la Marina y el Ejército.
-Mesa de Coordinación Estatal: Sesiones diarias para el análisis de inteligencia y despliegue reactivo ante eventos de alto impacto, como el reciente asesinato de familiares de funcionarios federales, que ha activado protocolos especiales de búsqueda.
En resumen, aunque los datos duros del Secretariado Ejecutivo muestran una tendencia a la baja en el número total de asesinatos, el impacto económico de la violencia (estimado en un 40.8% del PIB estatal) y la persistente sensación de vulnerabilidad en las calles indican que Colima sigue atravesando una crisis de seguridad profunda y estructural. #MetroNewsMx
-Isidra del Rayo Arpero Vázquez deja la tesorería de Cortazar de forma inesperada.
-El alcalde Mauricio Estefanía designa a Anayeli Arriaga Rodríguez como encargada de despacho.
-Los motivos de la separación del cargo permanecen bajo reserva oficial.
El gabinete del alcalde Mauricio Estefanía registró un movimiento clave este viernes. Durante la sesión ordinaria de Ayuntamiento, se oficializó la salida de Isidra del Rayo Arpero Vázquez, quien hasta hoy se desempeñaba como tesorera municipal de Cortazar, según anunció Informador del Bajío.
La noticia trascendió en el segundo punto del orden del día, momento en el que el primer edil sometió a consideración del Cabildo la renuncia de la funcionaria. Ante el vacío en el área financiera, Estefanía propuso el nombramiento de la contadora Anayeli Arriaga Rodríguez, quien asumirá de manera provisional las riendas de la dependencia como encargada de despacho.
Aunque el relevo administrativo fue aprobado por los integrantes del Ayuntamiento, las razones detrás de la dimisión de Arpero Vázquez no fueron reveladas durante la sesión. Se prevé que en las próximas horas la administración municipal emita mayores detalles sobre este ajuste en el equipo de trabajo del alcalde, en una de las carteras más sensibles para la operatividad del municipio. #MetroNewsMx
-La SCJN ignora el Pacto de San José que obliga a México a proteger toda vida humana desde el momento de la concepción legal.
-Marcial Padilla denuncia que la Corte utiliza maromas jurídicas para eludir obligaciones internacionales en materia de vida.
-El aborto en pleno 2026 es calificado como una discriminación prenatal inaceptable basada en el grado de desarrollo humano.
-La orden de la Corte al Congreso de Guanajuato es un imposible jurídico que violenta la autonomía del Poder Legislativo estatal.
-No existe dilema real entre mujer e hijo; la única postura ética es la protección integral de ambos pacientes por igual.
-La Corte pretende un juego arreglado al dictar el sentido del voto a los diputados, lo cual es una aberración democrática.
-Los legisladores no caen en desacato al defender la vida, pues la SCJN no puede obligarlos a votar contra sus principios.
-Biológicamente el feto es un paciente independiente y la ley no puede desprotegerlo solo por no haber nacido todavía.
-La jerarquía constitucional se rompe cuando la Suprema Corte actúa fuera de los tratados internacionales firmados por México.
-Políticos sin ética buscan imponer el aborto mediante engaños, olvidando que la vida es la condición de todos los demás derechos.
-Especialistas cuestionan que agendas políticas y electorales desplacen el sano juicio en la jerarquía del derecho a la vida.
-Leyes mexicanas castigan con rigor el maltrato animal mientras relativizan la protección de la vida prenatal.
-El Código Penal Federal impone hasta dos años de prisión por daño a la fauna, contrastando con la despenalización del aborto.
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al Congreso de Guanajuato legislar a favor del aborto no es solo una instrucción jurídica, es un atropello a la soberanía, a la ética y a la jerarquía constitucional de México. Como bien lo expone Marcial Padilla, estamos ante una Corte que ha decidido ignorar los tratados internacionales de rango constitucional, específicamente el Pacto de San José, para imponer una agenda ideológica por encima del derecho más fundamental: la vida.
El argumento es irrefutable. El Artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga al Estado Mexicano a proteger la vida desde el momento de la concepción. Sin embargo, los ministros han optado por el engaño y la maroma jurídica para eludir esta responsabilidad. No se trata de un avance en derechos, sino de una discriminación prenatal sistemática basada en el grado de desarrollo de un ser humano que, médicamente, es un paciente con derechos propios.
Además, la orden de la SCJN al Congreso guanajuatense es un absurdo procedimental. Pretender dictar el sentido del voto de los legisladores es como intentar arreglar un partido de fútbol antes de que empiece; se puede obligar a jugar, pero no se puede ordenar quién debe ganar. Los diputados no están en desacato al votar a favor de la vida, pues su mandato emana de la representación ciudadana, no de los caprichos de un Poder Judicial que parece haber olvidado que su función es juzgar, no legislar ni violentar la conciencia de los representantes del pueblo.
La transcripción de la entrevista con Marcial Padilla, de ConParticipación
Eugenio Amézquita:
Tengo en la línea un excelente, excelente colaborador de Metro News y Guanajuato Desconocido, mi gran amigo Marcial Padilla, un señorón en materia de temas de vida, de defensa de la familia. Marcial, muchas gracias por tomarme la llamada y bueno, el tema es este. Anuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le da un plazo de noventa días al Congreso del Estado de Guanajuato para que apruebe las leyes del aborto o muy llamadas, eufemísticamente llamadas de interrupción del embarazo, que a través del acuerdo ciento setenta y dos el Congreso del Estado de Guanajuato ya había dicho no al aborto, no a este tema.
¿Y qué me puedes platicar? ¿Hasta dónde la Suprema Corte de Justicia puede hacer esto? Y sobre todo también creo que hay un tema de un pacto, un acuerdo, un tratado internacional que, de ser así, estaría anulando cualquier acción que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quisiera implementar en materia de aborto o interrupción del embarazo en toda la República Mexicana. Gracias, estoy a tus órdenes Marcial y gracias.
Marcial Padilla:
Muchísimas gracias, qué gusto saludarte. Fíjate que yo creo que hay varias cosas que se deben de mencionar. Primero que nada, voy a hacer referencia al Pacto de San José o la Convención Americana sobre Derechos Humanos donde, en efecto, en el artículo cuatro, sección primera, se dice que toda persona tiene derecho a la vida y que este derecho va a estar protegido desde la concepción. Es un pacto que vincula a México, es la referencia en el sistema de derechos humanos de Latinoamérica. La Suprema Corte de Justicia ha hecho caso omiso a esta obligación internacional que tiene México. La actual corte y las cortes anteriores lo han ignorado. No voy a decir que sin hacer alguna maroma, siempre hacen alguna maroma, pero es doloroso que la Suprema Corte de Justicia, en vez de querer respetar este pacto en el derecho fundamental, el primero de todos los derechos, el que es condición de todos los demás, que es el derecho a la vida, en vez de eso esté buscando algún engaño para intentar eludir esta obligación internacional que tiene México.
Ahora déjame añadir además que también la Suprema Corte de Justicia y también muchos legisladores del país están además contradiciéndose en otro de los temas fundamentales que México ha avanzado y es el tema de la no discriminación. No tiene sentido en el siglo veintiuno, en dos mil veintiséis, que la ley te proteja después de nacer y no te proteja antes de nacer. No tiene sentido, es ilógico eso. Es discriminatorio por grado de desarrollo o por el origen o por la condición socioeconómica o lo que sea. Si no puedes discriminar a un ser humano por su tamaño, por su condición de salud, por cómo se expresa, pues entonces ¿cómo vas a decir que de pronto mágicamente lo discriminas impidiendo que se le haga daño en etapa prenatal? Por lo cual podemos decir que las leyes de aborto son leyes discriminatorias, son inaceptables. En el México de dos mil veintiséis el aborto es una discriminación prenatal.
El gran error por parte de la Suprema Corte de Justicia, como de aquellos políticos que están intentando imponer el aborto, es crear un falso dilema. No existe el dilema donde o estás a favor de la vida del hijo en gestación o estás a favor de los derechos de la mujer. Eso es falso, no existe. La única posición razonable, legítima y humana es estar a favor de los derechos de ambos y entonces hacer política pública de protección de la mujer embarazada y de su hijo en gestación. La Corte está pidiendo algo que no tiene sentido. Ahorita te puedo añadir algo más, pero no sé si esto ha sido claro y te sirve.
Eugenio Amézquita:
No, está clarísimo. Pero tú sabes perfectamente bien que vivimos en un país, imagino que en otros ha de ser algo parecido, vivimos en un país donde lo que menos tienen los políticos es ética, lo que menos tienen los políticos es respeto a la vida y vivimos también en un país donde hay unos políticos mentirosos. Y me llama la atención ahorita, a reserva de que agregues más sobre este punto, fui muy enfático en esto del Pacto de San José porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ley máxima es la Constitución, pero además hay un agregado: y los tratados que México signe a nivel internacional también forman parte de esa ley máxima. Entonces si estamos aquí tratando de un acuerdo, de un pacto, de un tratado que México firmó, pues el hecho de que la Suprema Corte de Justicia esté diciendo que está pidiéndole a los congresos de los estados que legalicen, que aprueben esta situación contra la vida, pues automáticamente podemos decir también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está actuando fuera de la Constitución y está llevando a los congresos a incurrir en faltas contra la misma Constitución. No sé si estés de acuerdo con esta reflexión que estoy haciendo.
Marcial Padilla:
Es un tema que desde hace ya décadas asombra a numerosas personas, a juristas internacionales, que la interpretación que da la Corte del Pacto de San José y de las obligaciones que tiene México en relación con el Pacto de San José, en vez de adherirse a la letra y al sentido y al espíritu que tienen, busquen algún recoveco, alguna interpretación espuria, algún engaño. Y es verdad, como dices tú, que lamentablemente existen personas en cargos de responsabilidad, sea en el legislativo o en el judicial, que no se comportan con ética. Es necesario que aquellos que sí se comportan con ética, aquellos que quieren demostrar que quieren cambiar las cosas en México, lo empiecen a hacer. Ahora quisiera añadir algo más que tiene que ver con esta orden específica que le da la Corte al Congreso. Esto es importante que los diputados lo tengan muy claro. La Corte les está pidiendo algo que es imposible de obedecer. Es imposible incluso si quisieran, no lo pueden hacer y te voy a explicar por qué. Imagínate que la Corte fuera el árbitro o el encargado del fútbol de un país, o que fuera la federación de fútbol o que fuera la FIFA.
La Federación de Fútbol no le puede decir a unos equipos que van a jugar un partido: oigan, tiene que ganar este equipo y tiene que ganar por este marcador. Los jugadores le dicen: lo que nos puedes decir es que juguemos un partido, pero no nos puedes dictar el marcador. Lo que puedes decir es anular un partido, puedes expulsar a un equipo, puedes hacer lo que sea, pero no puedes decir que se juega un partido y que nosotros mismos pongamos un marcador de un juego arreglado. La Corte les pide un juego arreglado. No puede la Corte decirle a los diputados que tienen que votar y que la votación la tiene que ganar el aborto, porque los diputados dicen: a ver, ¿y entonces cuántos nos vas a decir también? ¿con cuántos votos? ¿con unanimidad, con veinticinco, con diez o con que nada más con uno de diferencia? O sea, la Corte no está entendiendo cómo funciona un proceso legislativo.
La Corte le puede ordenar al legislativo, y en eso los diputados sí la tienen que obedecer, le puede decir quinientas mil veces vuelve a votar la ley de aborto y los diputados le pueden decir: okay, vuelvo a votar, pues vuelve a perder el aborto. Porque la Corte sí le puede ordenar al Congreso que haga la votación y los diputados sí tienen que obedecerla en hacer la votación, pero lo que no les puede ordenar la Corte es quién va a ganar esa votación. No se puede. Si la Corte quiere imponer el aborto que no eluda su responsabilidad diciendo que lo votaron los diputados, porque no funciona así la democracia.
Si la Corte quiere decir que va a imponer el aborto, lo va a tener que hacer ella con alguno de los mecanismos donde elimina el poder legislativo, con lo cual se demuestra que es pura ideología lo que movería a la Corte, porque ni siquiera respeta el proceso que nos rige como país y es que los ciudadanos decidimos nuestras leyes. Entonces sí es importante que los diputados no tengan miedo de que los inhabiliten, que los diputados no sientan que están en desacato cada vez que voten a favor de la vida. No es cierto que están en desacato, no pueden estar en desacato porque la Corte no les puede obligar o indicar el sentido del voto. Les puede indicar que sí voten, pero no les puede indicar en qué sentido votan.
Eugenio Amézquita:
No, me queda claro. Es que los que legislan son los legisladores, el poder judicial pues juzga. O sea, creo que cada quien tiene sus funciones definidas y aquí pareciera que el poder judicial quiere legislar y eso no lo puede hacer.
Marcial Padilla:
Exactamente, y no lo puede hacer. Y los diputados no pueden, ni aunque quisieran podrían obedecer, ni queriendo, porque no pueden decir, o sea, la Corte no les puede decir quién va a votar a favor y quién en contra. No se puede, es imposible. Entonces la Corte está dando una orden imposible.
Eugenio Amézquita:
Y la otra cosa que me llama la atención, y esto te lo comentaba hace rato antes de buscar esta entrevista, me llama a mí la atención que hablan de la práctica ilegal del aborto y la quieren hacer legal. Quiere decir entonces que pudiera haber, fíjate lo que voy a decir, a lo mejor también es un poquito de juego de palabras, fetos legales y fetos ilegales. O sea, el feto legal es aquel que fue deseado, el feto ilegal es el que no es deseado. ¿Cómo se puede hablar de fetos ilegales o de fetos no deseados? No sé si captes.
Marcial Padilla:
Sí, totalmente. El punto de partida claro es que lo que están diciendo es que, como existen violaciones a los derechos humanos de los hijos antes de nacer, entonces tenemos que legalizar esas violaciones a su derecho humano. No, no tenemos que legalizar que se discrimine y se le arrebate la vida a un hijo antes de nacer. Lo que se tiene que hacer es establecer políticas públicas que protejan, primero que nada, un marco normativo que proteja por igual y sin discriminación a la madre y al hijo. Porque no puedes discriminar, la ley no te puede proteger después de nacer y no protegerte antes de nacer, eso está claro.
Pero además de eso, tienen que existir políticas públicas y ahí sí tienen que hacer trabajos los legisladores para hacer imposible e impensable que una mujer que está temiendo por algún motivo tener un bebé llegue a recurrir a pensar eso. La ley sí tiene que proteger al hijo, no puede no protegerlo, pero además tiene que existir una política pública eficaz que impida que ese bebé quede desprotegido también después de nacer.
Eugenio Amézquita:
Y finalmente, para no, porque sé que andas en tránsito ahorita, este otro detalle que está basado precisamente en un artículo que tú muy amablemente nos compartiste la vez pasada, en que estamos hablando de que en este asunto de la interrupción, mal llamada interrupción del embarazo o aborto, no es una sola persona, son dos las que están interviniendo. Estamos hablando de la vida de dos personas, tan es así que tú mismo lo recuerdo nos señalabas: es que el feto por parte de la medicina es tratado como un paciente y a la mamá como otro paciente.
Entonces la medicina, la biología y el derecho están reconociendo que hay dos personas aquí, hay dos sujetos. Si no le quieres llamar persona porque no tiene forma aparentemente humana, pero sí la tiene porque está en gestación, tiene forma humana en gestación. Como que esta actitud de estos legisladores proaborto se olvidan de que médicamente son dos pacientes y el hablar de aborto estás hablando de que voy a acabar con uno de los pacientes. Creo que también esto, había que definir bien de qué estamos hablando. Mucho de la mamá, sí, pero te estás olvidando del otro paciente y no lo tomas en cuenta.
Marcial Padilla:
Hay que pensar en ambos, exactamente en ambos es importante. Y también para todos aquellos que creemos en la protección del derecho a la vida antes de nacer, muy importante que tengamos muy claro que se protege a ambos. La mujer que llega a pensar en abortar, llega a pensar por algo. Entonces, dejando claro que se va a proteger la vida del hijo, hay que atender aquello que hace que una mujer piense en quizás darle la vida suya.
Se tiene que pensar en los dos. Además, eso de decir no es que es un feto, a ver, feto es una etapa de la vida. Los leones pasan por etapa fetal, los delfines pasan por etapa fetal, los seres humanos pasamos por etapa fetal. No es una cosa, es una etapa. Entonces, así como tú Eugenio eres Eugenio cuando tienes veinte años, eras Eugenio cuando tenías diez años y eras Eugenio un minuto antes de nacer, bueno, también un hijo es el mismo hijo, es el mismo ser humano en otra etapa. Cuando es adolescente, cuando es niño, cuando es bebé y cuando está en etapa fetal es el mismo ser humano. Nada más feto es una etapa, no es una cosa.
Eugenio Amézquita:
Pues quiero agradecerte Marcial, vamos a estar muy al pendiente porque yo sé que tú también cuando se da este tipo de situaciones aberrantes, porque no se le puede llamar de otra manera contra la vida humana, tú inmediatamente brincas, saltas y te posicionas. Vamos a estar muy al pendiente para ver a dónde llega este cuento con estos señores jueces que llegaron por la vía de los acordeones al puesto donde están ahorita. Te agradezco muchísimo.
Marcial Padilla:
Muchísimas gracias y felicidades por toda tu labor.
Eugenio Amézquita:
Gracias, soy Eugenio Amézquita y es Guanajuato Desconocido y Metro News con Marcial Padilla.
El análisis al Artículo 4.1 del Pacto de San José
El análisis sobre el cumplimiento del Artículo 4.1 del Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos) por parte del Gobierno de México es un tema de alta complejidad jurídica y ética. Este artículo establece que "toda persona tiene derecho a que se respete su vida" y que este derecho debe estar protegido por la ley "a partir del momento de la concepción".
La tensión entre el Pacto y la jurisprudencia nacional es clara. A diferencia de lo que dicta el sentido común para muchos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha interpretado que el derecho a la vida no es un valor absoluto que deba prevalecer sobre otros derechos, como la autonomía reproductiva de la mujer.
En el fallo del 2021, la SCJN declaró inconstitucional la criminalización total del aborto, argumentando que la protección de la vida prenatal no puede anular los derechos de libertad de las personas gestantes.
Para sectores defensores de la vida -y en el marco de la ley-, el gobierno mexicano ha fallado en respetar el espíritu literal del Artículo 4.1 del Pacto de San José al permitir leyes que facilitan la interrupción del embarazo, priorizando criterios políticos y electorales sobre la protección del "paciente" desde la concepción.
Violaciones por omisión: Crisis de seguridad
El respeto al Artículo 4.1 no solo se refiere al inicio de la vida, sino a la obligación del Estado de garantizar la seguridad de quienes ya han nacido. En este sentido, México enfrenta desafíos críticos.
El Estado ha sido señalado por organismos internacionales por no garantizar efectivamente el derecho a la vida ante la violencia del crimen organizado. Cuando el sistema de justicia no castiga a quienes quitan la vida, el gobierno incurre en una falta de respeto indirecta al Pacto de San José, al no cumplir con su deber de prevención y sanción.
La protección de la fauna vs. la vida humana
Existe una percepción de que las leyes mexicanas a veces muestran un desequilibrio notable.
Mientras el sistema jurídico avanza hacia penas severas por maltrato animal o protección de ecosistemas, el derecho a la vida humana desde la concepción se ha visto relativizado.
Muchas de estas decisiones legislativas parecen obedecer más a una agenda de imagen progresista o compromisos internacionales de otra índole, que a una aplicación racional y coherente de la ley natural y el sano juicio.
Las incongruencias jurídicas
En los últimos años, el sistema jurídico mexicano ha experimentado una transformación que, analizada bajo la óptica del sano juicio y la ley natural, revela una profunda contradicción ética. Mientras el activismo legislativo ha logrado endurecer las penas contra el maltrato animal, la protección de la vida humana desde la concepción —establecida en tratados internacionales como el Pacto de San José— ha sido sistemáticamente debilitada por criterios judiciales y políticos.
Esta asimetría legal se manifiesta en la severidad con la que el Estado reacciona ante el daño a la fauna frente a la interrupción de la vida humana. En diversas entidades del país, el maltrato a un animal doméstico o silvestre no solo genera un repudio social inmediato, sino que se castiga con penas de cárcel efectivas y multas onerosas.
En contraste, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictaminado que la vida en gestación no posee el mismo estatus jurídico de "persona", permitiendo que su eliminación sea legal bajo el argumento de la autonomía reproductiva.
La jerarquía de derechos en disputa
Para defensores de la ley natural, esta situación refleja cómo las leyes en México suelen obedecer a intereses políticos y agendas internacionales antes que a una coherencia filosófica. La protección animal, aunque necesaria para una sociedad civilizada, parece haber ocupado un peldaño de superioridad moral en la narrativa legislativa actual.
En Ciudad de México o Guanajuato, agredir a un animal puede conllevar años de prisión, con procesos judiciales expeditos impulsados por la presión en redes sociales.
A pesar de que el Artículo 4.1 del Pacto de San José obliga a proteger la vida "en general, desde la concepción", México ha interpretado este mandato de forma laxa, eliminando las barreras legales para el aborto y dejando al feto en un estado de desprotección jurídica absoluta.
Intereses políticos sobre el sentido común
La crítica de diversos sectores sociales apunta a que el legislador mexicano ha caído en un "sentimentalismo jurídico". Se privilegia la vida de la fauna —a menudo convertida en estandarte electoral para captar votos de sectores jóvenes y progresistas— mientras se desatiende el derecho fundamental a la existencia del ser humano en su etapa más vulnerable.
Esta distorsión del sano juicio crea un panorama donde el Estado es extremadamente eficiente para perseguir a quien daña a una mascota, pero omiso y facilitador cuando se trata de interrumpir el desarrollo de una vida humana.
La incongruencia es clara: se eleva la dignidad de la fauna a rangos casi sagrados, mientras la dignidad humana se vuelve negociable y dependiente de la voluntad de terceros o de sentencias judiciales de turno. #MetroNewsMx
-Le dan 90 días al Congreso de Guanajuato para aprobar "interrupción el embarazo"
-La SCJN despersonaliza al feto para imponer el derecho a elegir, ignorando que es un individuo biológico y paciente médico.
-Legalizar el aborto no cambia la realidad biológica: en el vientre materno existen dos pacientes con derechos, no solo uno.
-El derecho a la autonomía termina donde empieza el derecho a la vida de un tercero: el feto con necesidades clínicas propias.
-Interrupción del embarazo es un engaño semántico: en biología no hay pausa, es un proceso irreversible que extingue una vida humana real.
-La ley es una herramienta política, pero no tiene el poder de convertir a un ser humano en un simple órgano de la madre.
-El feto es un paciente independiente para la medicina fetal; tiene ADN propio y recibe cirugías antes de nacer. Es un ser humano.
-El Congreso de Guanajuato protegió la vida al archivar el Acuerdo 172, rechazando propuestas de Morena, MC y el Partido Verde.
-El sano juicio indica que si la vida inicia en la concepción, detenerla es, por definición clínica, el fin de una vida humana.
-Es incongruente prohibir la pena de muerte a criminales y permitir la eliminación de un feto paciente en total indefensión.
-El interés superior de la niñez protege al naciturus antes y después de nacer; su vida es un derecho previo a cualquier ley.
-Los médicos enfrentan un dilema ético: la ley los obliga a salvar al feto deseado y les permite desechar al no deseado.
-La SCJN despersonaliza al feto para imponer el derecho a elegir, ignorando que es un individuo biológico y paciente médico.
-Un cirujano fetal no opera a la madre, opera al feto; esto valida su estatus de persona con derecho propio a la salud.
-Llamar interrupción del embarazo a algo que no permite continuidad de la vida es una contradicción lógica para suavizar el concepto de acabarla.
-Guanajuato resiste presiones políticas para mantener el marco ético que protege al feto como integrante de la especie humana.
-El archivo definitivo de las reformas proaborto en junio de 2025 confirma que en Guanajuato hay dos vidas en juego, no una.
Al anunciarse que la SCJN da 90 días para que se apruebe en Guanajuato el aborto, echando por tierra el Acuerdo 172 del Congreso del estado, de junio de 2025, se hace importante y fundamental recordar que fue lo que defendió la mayoría del Congresod el estado de Guanajuato. Para explicarlo en términos sencillos y ciudadanos, las propuestas presentadas por los partidos Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y MORENA, -que fueron rechazadas por el Congreso de Guanajuato-, buscaban principalmente la despenalización del aborto y los derechos reproductivos.
Gran parte de estas iniciativas (especialmente las de Movimiento Ciudadano y MORENA) tenían como objetivo central modificar el Código Penal y la Constitución local para que las mujeres no fueran castigadas penalmente por decidir sobre su propio cuerpo.
-Se buscaba que el aborto dejara de ser considerado un delito en las etapas iniciales.
-Se pretendía eliminar las sanciones de cárcel para las mujeres y personas gestantes que "interrumpieran" su embarazo.
Los proponentes querían que el Estado no solo dejara de castigar, sino que empezara a garantizar servicios de salud dignos es decir, que los hospitales públicos ofrecieran servicios de interrupción legal y segura del embarazo como un derecho de salud pública. Que en las escuelas se impartiera educación sexual integral para prevenir embarazos no deseados y enfermedades.
En el caso de la propuesta de MORENA, se buscaba reforzar las leyes para que las mujeres víctimas de violencia tuvieran mayor protección y acceso a la justicia de manera rápida. Esto incluía mejorar la atención a las víctimas en las instituciones estatales. Asegurar que las leyes contra la violencia se aplicaran con mayor rigor para proteger la integridad física y emocional de las mujeres.
¿Por qué se rechazaron estas propuestas?
El Congreso determinó que estas iniciativas "no resultan procedentes", lo que en lenguaje común significa que los diputados consideraron que las propuestas no eran adecuadas para la ley actual de Guanajuato o no estaban alineadas con su criterio jurídico, ordenando que se guarden definitivamente en el archivo sin convertirse en leyes.
El juego de la palabra "interrupción" del embarazo
La interrupción es el corte, la suspensión o el detenimiento del curso de una acción, proceso o estado que se estaba desarrollando. Dependiendo del área, tiene significados específicos:
En el marco de las iniciativas rechazadas por el Congreso de Guanajuato, este término se refiere a la finalización de un proceso gestacional de manera provocada.
Es la acción de detener el desarrollo del embarazo por decisión de la persona gestante antes de que el feto sea viable por sí mismo.
Se utiliza el término "interrupción" en lugar de otros para enfatizar que es un procedimiento de salud que debe ser regulado por el Estado, buscando que sea legal, seguro y gratuito.
La palabra interrupción se asocia principalmente con la intención de los partidos políticos de establecer un marco legal para que el proceso biológico del embarazo pueda detenerse sin que esto implique una sanción penal para la mujer.
Desde un punto de vista estrictamente lingüístico y lógico, el término interrupción sugiere una pausa o un espacio de tiempo en el que algo se detiene, pero no necesariamente implica una terminación definitiva o irreversible, pero...
En el proceso biológico -interrupción del embarazo-, aquí es donde la lógica que planteas choca con la realidad técnica y médica.
A diferencia de una conversación o una obra de construcción que se pausa y se retoma, en términos médicos, la interrupción del embarazo es un proceso irreversible. Una vez que se detiene el desarrollo gestacional, no existe la posibilidad biológica de que ese mismo proceso continúe posteriormente. En este caso, "interrupción" funciona como un eufemismo legal para referirse a la terminación definitiva del proceso.
En el lenguaje cotidiano, interrumpir es "hacer una pausa". En el lenguaje de las leyes y la medicina, a menudo se usa para suavizar términos que en realidad significan "cancelar" o "finalizar" de forma permanente.
Desde una perspectiva lógica y lingüística, el razonamiento es directo: si la interrupción de un proceso biológico humano es definitiva y no se puede reanudar, se trata de la terminación de una vida. Sin embargo, para responder a tu pregunta de si es "asesinato o no", debemos separar los ámbitos, ya que la respuesta depende del cristal con que se mire.
Aborto, legalmente, se define como la terminación del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. En Guanajuato, las iniciativas rechazadas buscaban que esta acción no fuera castigada bajo ciertas condiciones.
En el caso del homicidio/asesinato, la ley reserva estos términos para la privación de la vida de una persona ya nacida -con existencia legal propia-.
La paradoja se da porque los grupos que defienden la vida argumentan que el término "interrupción" es un engaño semántico, ya que, como se observa, un proceso vital no se "pausa", se extingue.
El ámbito ético y de sentido común
Aquí es donde cobra relevancia la observación sobre el sano juicio y el sentido común mencionado anteriormente.
Si se considera que la vida humana comienza desde la concepción, cualquier acción que la detenga es, por definición, el fin de una vida humana, que aunque se le cambie el nombre, es en sí un asesinato.
Bajo esta premisa, llamar "interrupción" a algo irreversible resulta lógicamente contradictorio, pues no hay posibilidad de continuidad posterior.
El Acuerdo 172 del Congreso, analizado previamente muestra precisamente este choque de visiones. Los proponentes (MC, MORENA, PVEM) usan "interrupción" para enmarcarlo como un derecho a la salud y una libertad de elección.
El Congreso de Guanajuato, al archivar estas iniciativas de forma definitiva, mantiene la postura legal vigente que protege la vida desde la concepción, rechazando la idea de que esta acción sea un derecho procedentes.
Científicamente, la interrupción del embarazo es el fin de un proceso biológico humano. Jurídicamente, la diferencia entre "aborto" y "asesinato" es una distinción de términos legales basada en el momento del nacimiento. Moralmente, para muchos, la interrupción definitiva de una vida humana en formación encaja en la descripción de asesinato.
Es un ejemplo claro de cómo las leyes a veces se alejan del significado literal de las palabras para adaptarse a agendas políticas o sociales.
El feto es un paciente y los médicos así lo tratan y reconocen en la práctica
La dualidad del feto como paciente y como objeto de una interrupción legal. Desde la ciencia médica, es un hecho que la medicina fetal trata al feto como un paciente independiente, con capacidad de recibir cirugías intrauterinas y tratamientos específicos, lo que valida su estatus como un ser humano en desarrollo y no como un simple tejido u órgano de la madre.
Esta realidad choca directamente con las iniciativas de reforma que mencionamos anteriormente.
La contradicción en las iniciativas legislativas
Las propuestas de Movimiento Ciudadano, MORENA y el Partido Verde que fueron rechazadas en Guanajuato buscaban priorizar la autonomía de la mujer, pero el Congreso, al declarar su archivo definitivo, mantiene la protección legal del feto.
Las iniciativas buscaban reformar el Código Penal para que el aborto dejara de considerarse un delito bajo ciertas semanas de gestación.
Al ser desechadas, prevalece el criterio de que el proceso gestacional tiene una protección jurídica que el Estado no puede ignorar simplemente por una decisión política.
El estatus de "paciente" vs. "interrupción"
En medicina, si un médico realiza una intervención para salvar la vida de un feto, lo reconoce implícitamente como una persona con derecho a la salud.
Hablar de "aborto legal" o "interrupción" implica que, por decreto de ley, ese mismo "paciente" puede perder su estatus de protección y ser eliminado, lo cual, desde el sano juicio, resulta incompatible con la ética médica de preservar la vida.
El lenguaje como herramienta política
Como hemos visto en el análisis del Acuerdo 172, el uso de palabras como "interrupción" busca desinfectar el término "muerte" o "asesinato" para facilitar su aceptación social.
Si se aceptara el término "asesinato" en la ley, ninguna de esas iniciativas podría haber sido siquiera redactada, pues entrarían en conflicto directo con los derechos humanos fundamentales.
El rechazo del Congreso de Guanajuato el 5 de junio de 2025 sugiere que la mayoría legislativa consideró que estas propuestas violaban el marco ético y constitucional que protege al feto como un integrante de la especie humana.
La medicina trata al feto como un paciente; la "legalidad" de un aborto no cambia la naturaleza biológica del acto, sino que es una construcción política que decide cuándo el Estado "permite" esa muerte sin castigarla. En Guanajuato, por ahora, esa puerta se ha cerrado con el archivo de estas leyes.
La incongruencia del gobierno federal y de la SCJN
Mientras por un lado, las autoridades federales piden que los delincuentes extraditados a los Estados Unidos no sufran la pena de muerte, en México, un paciente médico llamado feto, puede ser eliminado a pesar de su indefensión.
Una de las críticas fundamentales que se le hacen al sistema jurídico y a la narrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es que al centrar el debate casi exclusivamente en la autonomía de la mujer y su derecho al libre desarrollo de la personalidad, se genera una asimetría que efectivamente deja en segundo plano la realidad médica del feto como individuo biológico y paciente.
Bajo una visión de sentido común y ética médica, existen varios puntos que sustentan que esto se trata de un acto de injusticia. En la medicina moderna, el feto no es tratado como un componente del cuerpo de la madre -como un órgano-, sino como un receptor de atención médica propia.
Se realizan cirugías intrauterinas para corregir malformaciones antes del nacimiento. Existe una especialidad completa dedicada a su bienestar -medicina materno-fetal-. Resulta contradictorio que un mismo sistema de salud pueda considerar a un feto como "paciente" para salvarlo en un quirófano y, al mismo tiempo, como "objeto de interrupción" para eliminarlo en otro consultorio.
El sesgo jurídico del "derecho de Elección"
Las iniciativas de reforma presentadas por grupos como Movimiento Ciudadano, MORENA y el Partido Verde en Guanajuato —recientemente archivadas de forma definitiva por el Congreso local — suelen enfocarse en la despenalización bajo el argumento de que la mujer es la única persona con derechos plenos involucrada en el proceso.
Esta perspectiva ignora que el proceso gestacional es una relación entre dos entidades biológicas distintas. Al omitir el estatus de "otro ser" al feto, el lenguaje legal facilita la aceptación de su eliminación, reduciendo un acto de fin de vida a un simple trámite administrativo o de salud.
El conflicto con la realidad biológica
Como se mencionaba anteriormente, si la interrupción es definitiva e irreversible, el resultado es la muerte de un ser de la especie humana.
El olvido del feto en la legislación no borra su existencia biológica. Los defensores del derecho a la vida argumentan que el Estado, al validar el aborto, está jerarquizando la comodidad o el proyecto de vida de una persona sobre la existencia física de otra que no tiene voz en el proceso legal.
El hecho de que el Congreso de Guanajuato haya decidido que estas iniciativas no resulten procedentes el 5 de junio de 2025 sugiere que, al menos en la legislatura local, todavía se reconoce que el feto posee una protección jurídica que no puede ser ignorada por presiones políticas. Al archivar estas propuestas, el Estado mantiene el reconocimiento de que hay dos vidas en juego, no solo una.
En conclusión, el enfoque actual de la SCJN y de los partidos proponentes tiende a despersonalizar al feto para que el "derecho a elegir" no tenga un contrapeso moral evidente. Sin embargo, desde la medicina y el sano juicio, es difícil negar que eliminar ese "proceso" es, en esencia, quitarle la vida a un paciente en formación.
El Interés Superior de la Niñez como Defensa del Naciturus
Bajo una interpretación de sano juicio y estricto apego a la jerarquía normativa, es posible construir un argumento legal que contraponga el concepto de Interés Superior de la Niñez frente a las resoluciones de la SCJN que priorizan la autonomía procreativa.
El término nasciturus es una locución latina que significa "el que ha de nacer". En el ámbito jurídico y médico, se utiliza para referirse al ser humano concebido pero aún no nacido, que se encuentra en pleno proceso de gestación.
El estatus del feto bajo el interés superior
Aunque la SCJN ha centrado su narrativa en los derechos de la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño -de rango constitucional en México- establece que el niño requiere protección legal tanto antes como después del nacimiento.
Así, el feto debe ser un sujeto de protección. Si la medicina lo reconoce como paciente, el derecho debe reconocerlo como un individuo en etapa de desarrollo vulnerable.
El "interés superior" obliga al Estado a optar por la medida que más beneficie al menor; en este caso, la preservación de su vida sobre cualquier otro interés particular.
Se infiere que el Congreso considera que la vida humana en gestación no puede ser suprimida mediante leyes de salud o educación, protegiendo así la dignidad del feto.
El conflicto de derechos: vida vs. autonomía
La defensa del feto como ser humano se apoya en que la vida es el derecho preexistente sin el cual no existe ningún otro.
Limitación a la SCJN: La Corte argumenta el "libre desarrollo de la personalidad", pero este derecho termina donde empieza el derecho a la vida de un tercero.
El feto como "tercero": Si el feto es un paciente con historial clínico y necesidades propias, su eliminación no es un acto privado, sino la afectación irreversible a un ser humano distinto a la madre.
Un punto medular: la legalidad de un acto no altera su naturaleza biológica ni ética. El derecho puede crear ficciones jurídicas o cambiar definiciones para permitir ciertas conductas, pero la realidad clínica permanece inmutable.
Desde el sano juicio y la práctica médica, se pueden establecer realidades que no cambian aunque se modifiquen las leyes.
Aunque una ley humana como las propuestas buscara redefinir el estatus del feto para facilitar su "interrupción", la ciencia médica ya ha consolidado al feto como un paciente.
Un cirujano fetal no opera a la madre; opera al feto para corregir condiciones como la espina bífida, reconociéndolo como un ser con necesidades de salud propias.
El historial clínico, el tipo de sangre y el ADN del feto son distintos a los de la madre, lo que lo define como un individuo biológico único.
La legislación es una herramienta política que decide qué vidas proteger y cuáles no, pero no tiene el poder de convertir a un ser humano en un simple "órgano" o "ente no humano".
La ética médica y el "paciente"
Si la ley llegara a cambiar por presión de la SCJN, los médicos se enfrentarían a una contradicción profesional extrema:
Por un lado, el protocolo médico les exige salvar al feto si es deseado -tratándolo como paciente-. Por otro lado, la ley les permitiría eliminarlo si no es deseado -tratándolo como desecho-.
Esa disparidad confirma que el estatus de "paciente" depende de la dignidad intrínseca del ser y no del permiso que otorgue un legislador en un papel.
El acto jurídico de legalizar el aborto es una decisión de política pública, pero es incapaz de borrar la evidencia científica de que el vientre materno está compuesto de dos pacientes. El rechazo de estas iniciativas en Guanajuato sugiere que la legislatura estatal optó por no validar una ley que ignore el derecho a la vida del paciente más vulnerable.
Si el Congreso del Estado de Guanajuato decide mantener su postura de proteger la vida del feto y se niega a acatar las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se desencadenaría un conflicto constitucional y administrativo de alto nivel con las siguientes consecuencias:
Las presiones que podría aplicar la SCJN para olvidarse del feto humano
La SCJN tiene la facultad de emitir sentencias que obligan a los Congresos locales a modificar sus leyes. Si la Legislatura ignora un mandato directo (una declaratoria general de inconstitucionalidad o un requerimiento derivado de una acción de inconstitucionalidad), los diputados podrían enfrentar:
Según la Ley de Amparo, el incumplimiento reiterado de una sentencia de la Corte puede llevar a la remoción de los servidores públicos responsables.
Los legisladores podrían ser denunciados ante la Fiscalía General de la República por el delito de desacato a una autoridad federal.
Independientemente de lo que decida el Congreso, si la SCJN emite una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, los artículos del Código Penal de Guanajuato que criminalizan el aborto quedarían anulados automáticamente.
En la práctica, esto significa que aunque el texto siga impreso en la ley estatal, ya no tendría validez jurídica y ninguna autoridad podría aplicarlo para detener o procesar a alguien.
Intervención por omisión legislativa
La SCJN podría determinar que existe una "omisión legislativa". Esto ocurre cuando el Congreso tiene el deber de armonizar sus leyes con la Constitución Federal y no lo hace. En este escenario, la Corte puede ordenar al Congreso que legisle en un plazo determinado bajo advertencia de sanciones severas.
En resumen, la resistencia del Congreso generaría un parálisis institucional donde las leyes del estado serían ignoradas por los jueces y el personal médico federal, mientras que los diputados pondrían en riesgo su permanencia en el cargo por desacatar al máximo tribunal del país. #MetroNewsMx
