Metro News Mx

-La solución es no enfermarnos: el desolador diagnóstico de Zoé Robledo ante la persistente crisis de medicamentos en el IMSS.

-Entre el apapacho y la desidia: Martí Batres propone abrazar el alma mientras el ISSSTE enfrenta graves carencias en cirugías.

-Impuestos y semántica: Lenia Batres justifica cobros a plataformas y Clara Brugada minimiza tragedias llamando grieta al socavón.

-El factor demográfico de Mario Delgado: el secretario de educación afirma que los niños que no nacen no van a los centros escolares.

-Opacidad y desdén: Rocío Nahle ignora su aumento salarial mientras Layda Sansores lanza frases estigmatizantes sobre la pobreza.

Este año ha quedado marcado por una narrativa gubernamental que desafía la lógica básica y la sensibilidad social. Desde el sistema de salud hasta la seguridad y la economía, los funcionarios de la llamada cuarta transformación han optado por el desplante y la justificación técnica ante tragedias humanas y deficiencias administrativas. La recopilación de frases de este primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum no es solo un anecdotario de errores, sino el reflejo de una desconexión profunda entre el discurso oficial y la realidad ciudadana.

El manejo del sistema de salud destaca por una crudeza alarmante. Decir que la solución es no enfermarnos ante el desabasto de fármacos, o proponer un apapacho institucional en lugar de suministros médicos, evidencia una gestión que intenta sustituir derechos constitucionales con retórica emocional o culpar al paciente de su propia condición. Esta tendencia a minimizar las carencias se extiende a la seguridad y la infraestructura, donde las víctimas fatales y los daños estructurales son matizados con tecnicismos sobre grietas o diagnósticos médicos cuestionables.

Finalmente, la ligereza con la que se abordan temas como la deserción escolar o el uso de recursos públicos muestra un preocupante desdén por la rendición de cuentas. Argumentar que los niños no van a la escuela simplemente porque no nacen, o ignorar aumentos salariales propios bajo la excusa del desconocimiento, consolida una política de comunicación basada en la evasión. 

Este análisis de los primeros meses de 2025 revela que, para el grupo en el poder, la precisión de los datos y el respeto a la verdad son secundarios frente a la necesidad de sostener una imagen de control absoluto.

Este 2025, el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fue pletórico en abusos, actos de corrupción y estupideces provenientes de la 4T. Para este video, hemos hecho una breve selección de tan solo doce frases estúpidas, algunas de ellas cínicas e indignantes, proferidas en los meses recientes por miembros del grupo en el poder. Ni siquiera es todo el año, pero ya se juntaron doce ejemplos. Vamos a verlos. Número uno, ¿quién sabe si la peor de todo el año? Hay que ver, hay pareceres. La solución es no enfermarnos. Al ser cuestionado sobre el desabasto de medicamentos el pasado 2 de diciembre, el director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo tontamente: la solución es no enfermarnos. Obviamente, las críticas y los memes no se hicieron esperar.

Nosotros tenemos y mantenemos un nivel de surtimiento del 97%. Tenemos que crecerlo, tenemos que mejorarlo, pero otra vez, y el mensaje que nos ayuda mucho los medios de comunicación y difundir es: no hay que pensar que nos tenemos que medicalizar y pensar que la solución es que cuando nos enfermemos haya medicamentos; la solución es no enfermarnos. Y cuando esto ocurre, el IMSS tiene cubiertas todas sus claves. Solamente este hospital maneja cerca de 780 claves de distintos medicamentos y tiene buenos niveles de surtimiento.

¿Qué pasa con esa gente que se queja que no hay medicamentos, que les hacen comprar insumos que no hay?

Nosotros estamos hablando del IMSS. Hay veces que tiene que ver con el IMSS Bienestar, pero también por ese porcentaje que tenemos que cubrir del 4%. Pero los invitamos a que recorran el hospital y vean el surtimiento en la farmacia y lo constaten ustedes mismos.

Número dos, el apapacho institucional. Ese mismo 2 de diciembre, el director general del ISSSTE, Martí Batres, dio a conocer que, como parte de la política de atención a los derechohabientes, no se instrumentará que haya más medicinas, sino el apapacho institucional, que significa, dijo, abrazar el alma según el náhuatl. Incluso decimos que el apapacho es terapéutico, ya empieza a ser curativo, agregó el funcionario. De más medicinas y más consultas y más cirugías, no dijo nada. Después de las críticas, Batres enfureció.

De inculcar lo que hemos llamado el apapacho institucional. La palabra apapacho viene del náhuatl, de papatsoa, que significa abrazar el alma. Entonces inculcamos en todos nuestros equipos que se dé el apapacho institucional; incluso decimos: el apapacho ya es terapéutico, ya empieza a ser curativo. Aquí hemos recordado que el doctor Ignacio Chávez, que fue rector de la UNAM y muchos años antes de la Universidad Nicolaita, decía en uno de sus discursos de humanismo médico que la medicina no solo es ciencia y técnica, sino es, sobre todo, construcción de vínculos humanos.

Número tres, impuesto por usar las calles. Aunque usted no lo crea, el 27 de noviembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló un impuesto del 2% a las plataformas digitales como Didi y Uber, entre otras, la ministra del pueblo, ¿quién más, verdad?, Lenia Batres, justificó su voto a favor de este gravamen argumentando que estas empresas usan la ciudad y su infraestructura, es decir, las calles, para obtener alguna ganancia y la utilizan, además, en mayor medida que otros ciudadanos. Lo que hay que escuchar.

Pero las empresas que utilizan plataformas digitales para repartir bienes y servicios utilizan esta infraestructura para obtener una ganancia y la utilizan, además, en mayor medida que otros ciudadanos.

Quizás se malinterpretó, la excusa favorita de... bueno, ya sabrán. El 25 de noviembre, luego de que Rosa Icela Rodríguez claramente amagara a agricultores al señalar que la dependencia a su cargo, la Secretaría de Gobernación, sabía perfectamente que tenían carpetas de investigación abiertas en su contra, la presidenta salió a decir que su secretaria no había dicho eso, que se malinterpretó.

Pero no tienen carpetas de investigación. Eso no... le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras, y es un delito, pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse, ¿no? Eso son dos cosas distintas. Quizás se malinterpretó, pero Rosa Icela nunca planteó ese tema; fue a una pregunta de un reportero o reportera que dijo: ¿es delito?, y dijo: pues sí, sí es delito, porque en efecto es delito. Pero cuando hay una manifestación que tiene que ver con asuntos políticos, sociales o de demandas, no perseguimos a nadie por manifestarse, entonces eso es importante.

Ahora cinco, niño que no nace no va a la escuela. El 12 de noviembre, durante su comparecencia ante el Senado de la República, el secretario de educación, Mario Delgado, intentó dar una explicación sobre la problemática de la deserción escolar y negó que haya más niños que dejan la escuela, sino que hay menos niños que están naciendo y que eso explica la menor asistencia.

Hay menos niños que solicitan servicios educativos, menos niños que van a las escuelas porque los niños que no nace no van a la escuela. ¿Qué tenemos en México? Que está cambiando la estructura poblacional; ya no somos una pirámide y teníamos el bono demográfico de las y los jóvenes. La población en México, si uno ve la gráfica, se está convirtiendo como en una pera; es decir, están dejando de nacer niños. Tenemos una tasa de nacimientos menor, por lo tanto habrá, ya se está registrando en la tendencia, menos niños que solicitan servicios educativos, menos niños que van a las escuelas porque los niños que no nacen no van a la escuela.

Entonces seis, yo no sabía que ya gano más. Esa misma fecha, la de la comparecencia de Mario Delgado, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, arremetió contra los medios de comunicación que dieron a conocer que, como parte del paquete económico, su salario pasó de 68,000 a 85,000 pesos. Yo no sabía, dijo en una primera declaración.

Nada más yo ni sabía. Yo ni sabía que me iban a aumentar el salario. Te voy contestando: sí, como secretaria de energía yo ganaba 125,000 pesos más o menos, sí, eso era el salario que teníamos. Sí, no sé cuánto estén ganando los diputados federales, los diputados locales, no sé, no sé cuál sea el salario de ellos o los senadores. Como senadora ganaba creo que un poco más que secretaria de energía; sí, estuve 3 meses en el Senado, sí, no sé. Pero esa es la nota, yo ni sabía. Le tuve que preguntar a Miguel Reyes: oye, ¿que eso viene en el presupuesto? Me dijo: no, no dice, pero sí viene un aumento a la burocracia en el estado y a la burocracia de confianza, seguramente eso será o no sé, mm, no sé. Pero, ¿qué te voy a decir? Imagínate llevar eso a nota nacional. Si hubo gente que yo leí ayer que decían: oigan, ¿qué les pasa?, este mi gobernador gana el doble, o empezaron a hacer opiniones. Sí, no sé, ese no es tema, ese no es tema. Sí, no le veo yo el escándalo, no le veo el escándalo donde supuestamente 15,000, 16,000 pesos no sé cuánto más; ese no es el tema.

Número siete, no digas municipios afectados. El 14 de octubre, en medio de la tragedia por las lluvias en seis estados del país, la presidenta Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa, dijo a su secretario de salud, David Kershenobich: no digas municipios afectados cuando hables de los municipios afectados por las lluvias, con el micrófono abierto, esto para tratar de maquillar la magnitud de la tragedia.

Con su permiso, presidenta. Este fenómeno, esta emergencia meteorológica, ha planteado retos muy distintos al sector salud. Los hospitales en general funcionaron bien, tenemos poco daño estructural, quizá algunas filtraciones; aquellos que tuvieron un problema de suministro eléctrico se ha corregido. Tenemos tres hospitales en Chicontepec, San Bartolo y Huehuetla que están funcionando con sus plantas de emergencia.

Ocho, murió de un infarto, les guste o no les guste. Otra de Rocío Nahle. El 24 de julio, tras el secuestro y muerte de la profesora jubilada Irma Hernández Cruz que, según el gobierno de Nahle, murió de un infarto y no de la violencia sufrida, se indignó por las críticas. Les guste o no, murió de un infarto, dijo en conferencia de prensa.

Padeció un infarto, esa fue la realidad, les guste o no les guste. Si hacen escándalo o no, padeció un infarto, esa fue la realidad, les guste o no.

Número nueve, la energía solar no funciona de noche. Esta fue de Claudia Sheinbaum, quien el 17 de julio trató de explicar las limitaciones que tendría el uso doméstico de paneles solares. El problema con la energía solar es que solo genera electricidad cuando hay sol, por la noche pues no puede funcionar. Pero a la presidenta se le olvidó que hay tecnología para acumular la electricidad que los paneles solares generan cuando sí hay sol.

Sí, el problema que tiene la energía solar pues es que genera cuando hay sol, entonces en la noche pues no podría funcionar, sí, el problema que tiene la energía solar.

Número diez, ser mujer indígena es lo peor que te puede pasar. Así lo dijo Layda Sansores. Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida, dijo la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, durante un encuentro con mujeres indígenas el pasado 17 de agosto, cuando intentaba torpemente contextualizar las prácticas de discriminación y racismo que aún persisten contra esas comunidades.

Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida. Y creo que Claudia está aquí recorriendo y creó la secretaría de la mujer, al frente de la cual está Citlalli, para que tengan ustedes otra forma de hacer sentir su voz.

Número once, no tengo la erección, dijo gritando el senador Gerardo Fernández Noroña durante un foro con estudiantes en el Senado el 6 de septiembre. Ahí abordó el tema de la violencia sexual y, tras asegurar que esta afecta principalmente a las mujeres, minimizó los casos que se llegan a dar en los hombres y aseguró que las mujeres nunca podrían violentar a los varones. Soy de la escuela antigua, nunca presentaría una denuncia por violencia sexual en mi contra, no lo haría nunca, me sentiría ridículo, se burlarían de mí. No me puede violar una mujer sexualmente porque no tengo la erección, expresó, generando gran molestia entre los presentes y críticas posteriores y, por supuesto, muchísimas burlas por sus dichos.

No me puede violar una mujer sexualmente, no puede, no puede, no tengo la erección, no puede, no puede, no puede.

Número doce y última, no es un socavón, es una grieta, dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, el pasado primero de octubre sobre el agujerote que se abrió en el puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa, donde el pasado 10 de septiembre volcó y explotó una pipa de gas dejando un saldo de 32 personas muertas. Eso era lo que le preocupaba a Clara Brugada, no las víctimas, no el hecho del mal estado del pavimento, sino aclarar con precisión que no era un socavón, sino una grieta.

En cuanto al socavón, bueno, primero no es socavón, es una grieta. Lamentablemente la Concordia, como escuchamos hace un rato, es una zona que está en los límites de la ciudad y el Estado de México y que, lamentablemente, tiene problemas de hundimientos diferenciales. Con el exceso de lluvia, con la lluvia tan fuerte que hubo este fin de semana, se abrió, bueno, se hizo una grieta que estamos atendiendo ya de inmediato la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Secretaría de Obras, pero es resultado de las lluvias. Y así como esta hubo más casos, hubo más lugares que resultaron así con grietas que antes no había a partir de estas intensas lluvias. Muchas gracias.

#MetroNewsMx #Revista Etcétera

Al finalizar la semana, otra vez la administración del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez intenta darle la misma y sobada historia a los celayenses: que en Celaya las cosas van mejorando en materia de seguridad. 

Sin embargo, dos notas de El Sol del Bajío se contradicen en el núcleo de su narrativa institucional. Una sostiene que las denuncias por extorsión aumentaron y lo atribuye a “mayor confianza ciudadana” en las autoridades, mientras que la otra afirma que los delitos de extorsión bajaron 80% por acciones policiales. 

La primera es verosímil solo en la superficie: que aumenten denuncias no prueba, por sí mismo, que exista más confianza; faltan encuestas de percepción, trazabilidad de las denuncias -¿a qué modalidades de extorsión se refieren?-, y evidencia de mejoras en la respuesta institucional que justifiquen ese salto. Sin ese andamiaje, es una interpretación conveniente, no una conclusión demostrada. (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/aumentan-denuncias-por-extorsion-en-celaya-autoridades-atribuyen-alza-a-mayor-confianza-ciudadana-27347987 )

La segunda es más débil: una baja del 80% en extorsión, sin cifras oficiales desglosadas, metodología y periodos de comparación, suena a afirmación política y no a dato verificable. En un tema con cifra negra alta y diversidad de modalidades -telefónica, presencial, cobro de piso-, una variación tan drástica exige transparencia que no aparece en la nota. (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/delitos-de-extorsion-han-bajado-un-80-asegura-director-de-policia-en-celaya-27313297 )

En conjunto, las dos declaraciones compiten entre sí: si de verdad bajó la extorsión 80%, el aumento de denuncias tendría que explicarse con precisión -por ejemplo, denuncias diferidas, cambios en tipificación, variaciones por modalidad-; si suben las denuncias, lo más probable es que haya mayor incidencia, no menor, salvo que se demuestre lo contrario con datos públicos y comparables. 

Esta tensión erosiona la credibilidad de ambas posturas al carecer de sustento empírico claro. 

Durante la semana que termina, diferentes medios reportaron ataques armados y homicidios en Celaya: hechos en la Central de Abastos, una vulcanizadora y en vialidades como avenida El Sauz. Aunque cada evento tiene su propia cronología y detalles, el cuadro general es el de una violencia sostenida que convive con mensajes oficiales de “confianza” y “reducción” de delitos. 

Ese contraste entre comunicación institucional y realidad percibida —gente que es atacada en espacios de trabajo y tránsito diario— mina la aceptabilidad de cualquier afirmación de mejora que no venga con datos auditables, trazabilidad de casos, y resultados concretos en investigación y sanción. (https://www.infobae.com/mexico/2025/12/18/ataque-armado-sorprende-a-vendedores-en-central-de-abastos-de-celaya-reportan-dos-muertos-y-un-herido-video/; https://oem.com.mx/elsoldelbajio/policiaca/asesinan-a-balazos-a-dos-hombres-en-el-mercado-de-abastos-en-celaya-27327608; https://oem.com.mx/elsoldelbajio/policiaca/ataque-armado-en-vulcanizadora-deja-a-un-hombre-muerto-en-av-constituyentes-celaya-27316827; https://oem.com.mx/elsoldelbajio/policiaca/hombre-es-atacado-a-balazos-mientras-circulaba-por-la-av-el-sauz-celaya-27346187 )

Hay un patrón que distintos análisis editoriales han señalado: el uso de indicadores favorables de percepción o de recortes selectivos para comunicar “mejoras” en seguridad mientras la violencia letal se mantiene en niveles altos. Se ha documentado, por ejemplo, que la percepción de inseguridad reportada por ENSU bajó de 91.3% a 88.3% en un trimestre reciente, al tiempo que se registraban múltiples homicidios en una semana, un contraste que expone el límite de las métricas de percepción cuando no se acompañan de resultados sustantivos en reducción de violencia y extorsión. Este tipo de disonancias, si no se explican con metodología y datos abiertos, refuerzan la idea de que se busca “maquillar” con estadística una herida que sigue sangrando. (https://www.metronewsmx.com/2025/11/celaya-cuando-la-estadistica-maquilla.html )

Lo que se desprende del conjunto de notas y reportes es una narrativa institucional que persigue proyectar confianza y control por parte de la administración municipal encabezada por el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, pero que tropieza con tres déficits: falta de evidencia empírica robusta, contradicciones internas y un entorno violento persistente que no se puede negar. 

En materia de extorsión, la ecuación oficial es endeble: atribuir el aumento de denuncias a “mayor confianza” sin encuestas ni mejoras demostrables en atención a víctimas, y asegurar una baja del 80% sin metodología pública, deja a la ciudadanía ante palabras que no pasan la prueba de verificación. 

En materia de violencia, los ataques y homicidios reportados esta semana en espacios de trabajo y tránsito cotidiano desarman el discurso de mejora si no se presentan investigaciones concluidas, detenciones efectivas y desarticulaciones verificables. 

Cuando el relato de confianza y reducción convive con la continuidad de la violencia y la ausencia de datos abiertos, el resultado es una pérdida de credibilidad institucional y la sensación de que la estadística, usada selectivamente, intenta suavizar una realidad que exige transparencia, rendición de cuentas y resultados medibles. (https://www.metronewsmx.com/2025/11/celaya-cuando-la-estadistica-maquilla.html ). #MetroNewsMx

-El primer año de Claudia Sheinbaum se analiza bajo la sombra de un liderazgo previo que se resiste a desaparecer del escenario.

-La entrega de los gansos de oro funciona como una sátira política que desnuda las contradicciones de la actual administración.

-El análisis destaca que la falta de contrapesos permite una radicalización de las agendas políticas sin filtros institucionales.

-Se cuestiona la independencia del poder ejecutivo frente a las directrices emanadas desde Palenque y el legado de López Obrador.

-La reforma judicial y el papel de la fiscalía se presentan como piezas de un tablero donde la justicia es moneda de cambio.

-El fenómeno de la fotoperformance y la imagen pública se entrelazan en un guion político diseñado para la distracción social.

-La crítica editorial subraya la preocupante normalización de la violencia y la opacidad en temas como el huachicol y la seguridad.

-Donald Trump y Marco Rubio aparecen como factores externos que condicionan la soberanía y el margen de maniobra de la presidenta.

-La sátira de Brozo señala que la sociedad civil es el último bastión frente a lo que denomina una pandilla de intereses políticos.

-El texto cierra con una advertencia sobre el año 2026, augurando una profundización de las crisis institucionales en el país.

A continuación se detallan los premios otorgados durante la ceremonia, los cuales reflejan los momentos más polémicos de la vida nacional.

-Mención Honorífica: Simulación del año - La no renuncia de Alejandro Gertz Manero y la llegada de Ernestina Godoy.

-Momento que creímos que sí, pero siempre no: El huachicol fiscal -vinculado a la red de Adán Augusto López-

-La estocada del año: Los "acordeones" en la selección de jueces -dirigido a Hugo Aguilar-.

-El traidor del año: Miguel Ángel Yunes Márquez -por su voto decisivo en reformas clave-.

-Mención Honorífica: Pelea del año -Alito Moreno versus Gerardo Fernández Noroña

-Drama del año: El escándalo de Miss Universo -vínculo con Pemex y Fátima).

-Mejor momento de Claudia "con A": El gesto de "Cállense" (shhh) frente a cuestionamientos

-Momento más dulce México-EE. UU.: Marco Rubio -como mediador y factor de presión ante Trump-.

-El viaje del año: Gerardo Fernández Noroña -por sus viajes y propiedades en Tepoztlán)-

-Momento judicial del año: Marc Anthony -por la cumbia que sustituyó al Himno Nacional en juzgados-. 

-Mención Honorífica: Gobernante invisible - Clara Brugada -ante la crisis de baches y lluvias en la CDMX-.

-Gobernador Papanatas del año: Samuel García -por la gestión de Tesla y promesas de inversión-

-Momento "Segundo Piso": "Putazos o transparencia" -pelea física entre diputadas en el Congreso-

-El regreso del año: La señora Morby -la asistente en Palenque de AMLO, por su labor de soporte-.

-Revelación del año: El "Bloque Negro" -con una crítica severa a su proceder).

#MetroNewsMx

-El acoso judicial marca el 2025 como un año de quiebre histórico, con 51 casos documentados de asedio legal contra la prensa.

-La censura en México muta hacia una estrategia de silenciamiento administrativo y judicial, disfrazada bajo un manto de legalidad.

-El libro Cállense une a voces de todas las ideologías ante la gravedad de un régimen que busca demoler la credibilidad mediática.

El análisis al editorial de Héctor de Mauleón en Latinus, revela una mutación profunda en los mecanismos de control estatal sobre la narrativa pública en México. El texto no solo denuncia la violencia física, sino que pone especial énfasis en el acoso judicial como la nueva frontera de la censura.

Este fenómeno se describe como una "censura disfrazada de legalidad", donde las leyes diseñadas para proteger (como aquellas contra la violencia de género) son instrumentalizadas para amordazar a la crítica.

La exposición de De Mauleón identifica una transición alarmante: del asedio verbal y la violencia del crimen organizado, a una operación institucional de silenciamiento. El análisis destaca tres pilares fundamentales. 

Pimero, la instrumentalización del Derecho. El uso de denuncias por daño moral o calumnias no busca justicia, sino el agotamiento de recursos y la intimidación del periodista. El caso de Campeche, con la imposición de un censor oficial, representa un retroceso democrático sin precedentes que evoca épocas de autoritarismo puro.

Segundo, la depuración de espacios críticos. El periodista señala una sustitución sistemática de analistas por figuras alineadas al oficialismo. Esta estrategia busca crear una cámara de eco donde la disidencia no es debatida, sino eliminada de la esfera pública, afectando directamente el derecho de la ciudadanía a recibir información plural.

Tercero, la unidad en la diversidad. Es notable el énfasis en la antología "Cállense". Que figuras de espectros ideológicos opuestos coincidan en un diagnóstico de gravedad extrema es el indicador más contundente de que la amenaza ya no es una cuestión de postura política, sino de supervivencia democrática y libertad de expresión básica.

El texto concluye que el 2025 no fue solo un periodo de cambios administrativos, sino el año en que el régimen consolidó un mensaje punitivo: la opinión crítica, incluso la de ciudadanos comunes en redes sociales, ahora conlleva un riesgo judicial.

Con 51 casos de acoso judicial a periodistas documentados en el primer semestre de este año, 2025 se ha convertido en un año histórico, un año de quiebre. La organización Artículo 19 había documentado, por ejemplo, 40 casos de asedio en 2021; cuatro años más tarde, en solo siete meses de 2025, no solo se alcanzó esa cifra, sino que cinco meses antes de que acabara el año se dieron 11 casos más. No se trata de casos aislados; esta situación está ocurriendo actualmente en 18 estados, más de la mitad del país. Y no se trata solo de casos que atañen a los pequeños virreyes y a los aspirantes a autócratas que gobiernan estados como Campeche, Puebla y Tamaulipas.

Desde 2018, este asedio empieza en el micrófono más alto, más poderoso, más importante del país; desde la tribuna más alta de la República. Los periodistas de México no solo se encuentran bajo el acoso de la violencia y el crimen organizado, que incendian incontables regiones, incontables municipios e incontables estados de la República, y que han llenado México de zonas silenciadas por el miedo en regiones donde el periodismo prácticamente se extinguió; en lugares de la frontera, las costas y la sierra, donde no sabemos bien a bien qué está pasando.

Los periodistas de México se encuentran también, y sobre todo, bajo el asedio de funcionarios públicos con un 45 por ciento de los casos registrados, así como de políticos y candidatos, de quienes procede un 30 por ciento más de los casos que Artículo 19 ha documentado. Artículo 19 lleva el registro de la cantidad de insultos que se lanzaron desde el púlpito presidencial durante el sexenio de López Obrador en contra de medios y periodistas, en un tiempo en el que el discurso oficial hablaba de la existencia de una libertad de expresión absoluta mientras emprendía, al mismo tiempo, la demolición sistemática del prestigio y de la credibilidad de los medios y de los periodistas no alineados.

El cambio de gobierno solo agravó las cosas. A la desautorización durante el sexenio de López Obrador, le siguió una operación vertiginosa de silenciamiento por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha consistido en eliminar de las mesas de debate en radio y televisión, y espacios de la prensa escrita, a las voces incómodas para reemplazarlas por porristas que se hacen pasar por analistas políticos. La lista de nombres que han sido eliminados de esos espacios ya es apabullante.

Esta semana se presentó y ha comenzado a circular un libro que documenta la manera en que la censura cambió de rostro en México. Se trata de Cállense, una antología de textos periodísticos recopilados por el periodista de izquierda Humberto Musacchio, en el que conviven plumas tan distantes entre sí —periodística, política e ideológicamente— como las de Gerardo Esquivel y Denise Dresser, como las de Julio Hernández López y Sergio Sarmiento, como las de Alejandro Encinas y Jesús Silva-Herzog Márquez, como pueden serlo la del propio Musacchio y la de Juan Ignacio Zavala, entre otros cuarenta autores.

Cuando un gremio que no suele distinguirse mucho por sus coincidencias, cuando un gremio que abarca un abanico extenso de posturas y de miradas sobre la realidad política de México llega a coincidir de manera tan clara y tan frontal en un asunto determinado, es porque este asunto reviste, sin lugar a dudas, una gravedad extrema. En el libro compilado por Musacchio, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola, Salvador Camarena, Carlos Bravo Regidor, Gabriela Warkentin, Héctor Aguilar Camín, Roberta Garza, René Delgado, David Aponte, Raymundo Riva Palacio, Francisco Garfias y José Luis Martínez abordan un cambio fundamental en el ejercicio de la censura; un cambio que se volvió escándalo en este 2025 que está a punto de terminar.

La persecución desde el derecho, la censura disfrazada de legalidad, la embestida contra la prensa a través de denuncias por violencia política en razón de género, por daño moral y por supuestas calumnias. Una embestida, por lo demás, que en 2025 no solo se ha dirigido a periodistas con extremos escandalosos —como en Campeche, donde un tribunal le prohibió al periodista Jorge Luis González mencionar a la gobernadora Layda Sansores, sino que le puso incluso un censor oficial que califique la pertinencia de sus publicaciones y sus declaraciones—, sino también una embestida en contra de ciudadanos comunes y corrientes que fueron sometidos a procesos judiciales y administrativos por expresar una opinión crítica en redes sociales.

El libro compilado por Musacchio deja registro de un año que marcó el banderazo de salida a una nueva forma de acoso, de asedio, de persecución; a una nueva forma de censura en el país más democrático del mundo, donde cincuenta periodistas han sido asesinados en los últimos siete años y en donde el régimen aprovechó el año 2025 para enviar un mensaje: Cállense.

#MetroNewsMx #Latinus

-Estados Unidos exhibe la incapacidad de México para controlar sus prisiones, donde líderes criminales operan con total impunidad.

-El Marro dirige al Cártel de Santa Rosa de Lima desde el CEFERESO 14 en Durango, usando a sus abogados y familiares como enlace.

-El robo de combustible genera miles de millones de dólares mediante sobornos a empleados de Pemex y perforaciones clandestinas.

-La guerra por Guanajuato es más letal que el conflicto en Sinaloa, superando en homicidios la batalla de Mayiza contra Chapitos.

-El Cártel de Santa Rosa de Lima utiliza militares y exmilitares colombianos para ejecutar sus actividades violentas en el país.

-Adela Micha cuestiona la existencia del estado de derecho cuando el gobierno es incapaz de vigilar lo que ocurre en las cárceles.

-Hacienda intenta minimizar las sanciones de Washington afirmando que solo complementan acciones ya implementadas en México.

-Detienen en CDMX a Jacobo Reyes León, principal huachicolero vinculado a Raúl Rocha Cantú, el actual dueño de Miss Universo.

-Las cárceles federales en México funcionan como despachos operativos del crimen organizado ante la mirada pasiva de la autoridad.

-La colusión entre criminales y empleados de PEMEX permite que el huachicol sea el segundo negocio más lucrativo tras las drogas.

El reciente reporte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no es solo una lista de sanciones; es una radiografía del fracaso institucional en México. Resulta inadmisible que José Antonio Yépez Ortiz, el Marro, sentenciado a 60 años de prisión, mantenga el control operativo de una de las organizaciones más violentas del país desde un penal de máxima seguridad. Esta realidad desnuda una verdad incómoda: el sistema penitenciario mexicano no funciona como centro de reclusión, sino como oficina corporativa para el crimen organizado.

La colusión llega a niveles alarmantes cuando se confirma que el huachicol, ese negocio que desangra a PEMEX, sobrevive gracias a la corrupción interna de la paraestatal y a la contratación de mercenarios extranjeros. Mientras el gobierno mexicano se apresura a emitir comunicados para salvar la cara, la inteligencia estadounidense deja claro que la soberanía nacional está comprometida por la incapacidad de vigilar cuatro paredes. Si el Estado no puede gobernar lo que sucede dentro de sus propias cárceles, es una fantasía pretender que gobierna las calles. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿de qué sirven las capturas mediáticas si el mando criminal permanece intacto tras las rejas?

Pero qué exhibida le puso el gobierno de Estados Unidos a nuestro país. Por órdenes del presidente Trump, el Departamento del Tesoro sigue imponiendo sanciones contra criminales mexicanos; esta vez fue contra el Cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado principalmente al robo de combustible en Guanajuato bajo las órdenes de José Antonio Yépez Ortiz, conocido como el Marro. 

Se trata de uno de los grupos que más violencia ha desatado en México y, probablemente, el que mayor cantidad de homicidios ha dejado en su guerra por el control de Guanajuato en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta guerra ha dejado más asesinatos que las que se registran en Sinaloa, incluso después de que comenzara la batalla entre la Mayiza y los Chapitos.

En su comunicado, el Departamento del Tesoro asegura que, después del tráfico de drogas, el huachicol es el principal negocio de los cárteles mexicanos. Este les genera miles de millones de dólares a los criminales y funciona mediante un esquema combinado de sobornos a empleados de PEMEX y perforaciones clandestinas de tuberías. 

También se alerta que el Cártel de Santa Rosa de Lima se alió con el Cártel del Golfo y que ha contratado a militares y exmilitares colombianos para sus actividades violentas en Guanajuato. Lo curioso y lo más grave de estas sanciones es que el Marro fue detenido en 2020, fue sentenciado a 60 años en 2022 y sigue teniendo procesos pendientes por diversos delitos.

Pero el Departamento del Tesoro declaró que el Marro sigue operando criminalmente desde la cárcel a través de sus abogados y de sus familiares. En otras palabras, el gobierno de Estados Unidos decidió actuar porque México es incapaz de gobernar sus prisiones. El Marro sigue dirigiendo una de las organizaciones criminales más sanguinarias del país, literalmente, en las narices del gobierno en el CEFERESO número 14 que está en Durango. 

¿Cuál gobernabilidad y cuál estado de derecho me pregunto yo? Para tratar de limpiar la imagen del país, la Secretaría de Hacienda publicó un comunicado en el que asegura que la Unidad de Inteligencia Financiera ya había incluido al Marro en la lista de bloqueados.

Hacienda declaró que las medidas de Washington solo sirvieron para reforzar y complementar las acciones ya implementadas en México. Pero la pregunta que no han respondido es: ¿Cómo pretenden gobernar el país si no pueden ni siquiera vigilar las cárceles? Lo cierto es que han sido días de golpes contra la delincuencia en ambos países. 

El martes detuvieron en Paseo de la Reforma a Jacobo Reyes León, conocido como el Jacob, presuntamente uno de los principales huachicoleros dedicado también al tráfico de armas y vinculado con Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, quien resultó ser un criminal que llegó a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía General de la República.

Hay que destacar que el Jacob había sido candidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, desde donde operaba su red de huachicol. Algunas fuentes señalan que a mediados de noviembre se giraron otras órdenes de aprehensión contra doce personas más vinculadas a la red de Rocha Cantú. Finalmente, ayer se detuvo en la alcaldía Benito Juárez a María Vanessa Pedraza Madrid, colaboradora cercana de Genaro García Luna, acusada de blanqueo de recursos y delincuencia organizada. También se vinculó a proceso a Edgar Rodríguez Ortiz, alias "El Limones", el extorsionador de Durango vinculado a crímenes distintos.

Lo que no me queda del todo claro, es si estas detenciones van a servir de algo o si va a pasar lo mismo que con "El Marro". Si van a dejar a los delincuentes seguir trabajando desde la cárcel como si fuera un despacho más del crimen organizado. Así el país. Yo soy Adela Micha. #MetroNewsMx

-Estados Unidos exhibe que las prisiones mexicanas son un mito, donde el Marro opera con total libertad y mando criminal.

-El sistema penitenciario es frágil y corrupto, permitiendo que líderes delictivos mantengan control vía teléfonos y abogados.

-El huachicol ya es la segunda fuente de ingresos para los cárteles, afectando intereses energéticos de empresas extranjeras.

-La guerra entre Santa Rosa de Lima y el CJNG convirtió a Guanajuato en el epicentro de la violencia homicida por cinco años.

-El Cártel de Santa Rosa de Lima no solo es una célula criminal; ha construido una base social mediante despensas y obras.

-Washington corrige su error de haber ignorado al Marro, enfocándose ahora en el huachicolero más sanguinario de México.

-La alianza criminal entre el Marro y funcionarios corruptos de Pemex fue la mina de oro que cimentó su poder en Guanajuato.

-David Saucedo advierte que el siguiente paso es detener a los políticos y policías que protegen al Cártel de Santa Rosa de Lima.

-El uso de barcos cisterna para el contrabando de combustible hacia México revela la magnitud transnacional del huachicoleo.

-La posible extradición del Marro surge como una petición del gobierno mexicano ante la incapacidad de contenerlo en prisión.

La reciente sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro, es más que un movimiento financiero; es una bofetada de realidad a la soberanía de papel que presume el sistema penitenciario mexicano. El hecho de que un hombre recluido en un penal de supuesta alta seguridad en Durango siga moviendo los hilos de una organización tan mortífera como el Cártel de Santa Rosa de Lima, deja en claro que en México los muros de las prisiones son permeables al dinero y a la corrupción.

Lo que David Saucedo y José Cárdenas exponen es una sinergia perversa donde el crimen organizado no solo compite con el Estado, sino que lo suplanta. Mientras el Marro financia obras públicas, entrega despensas y electrifica comunidades en el Bajío, el gobierno federal parece observar desde la barrera una gobernabilidad que se le escapa entre las manos. Esta base social, alimentada por el huachicol, es el blindaje más fuerte del cártel, mucho más efectivo que cualquier anillo de seguridad policial.

La farsa de la máxima seguridad queda expuesta cuando la inteligencia extranjera debe intervenir para señalar lo que es obvio en territorio nacional: las prisiones federales se han convertido en despachos corporativos. La justicia en México parece detenerse en la captura, permitiendo que el mando criminal permanezca intacto. Si la única solución viable es la extradición, el Estado mexicano estaría admitiendo su incapacidad absoluta para ejercer su propia ley dentro de sus propias cuatro paredes. La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿Cuántos Marros más despachan hoy desde una celda con la complicidad de quienes deberían vigilarlos?

Vamos con David Saucedo. David, estamos conectados contigo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de Grupo Fórmula. Dábamos hace un rato una nota acerca del Departamento de Justicia de Estados Unidos que está sancionando nuevamente al líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Lo acusan de seguir operando en perjuicio de Estados Unidos desde la prisión donde se encuentra recluido, que se entiende es una prisión de alta seguridad en Durango. David Saucedo, ¿cómo ves esta situación?

Finalmente los norteamericanos, por la vía de este decreto, lo que están haciendo es poner el énfasis en el combate ya no solo de los grupos criminales dedicados a la producción y comercialización de drogas, sino también a aquellos grupos que se dedican a la extracción de combustible de los ductos de Pemex. Todo esto comenzó con la identificación de barcos cisterna que desde los Estados Unidos estaban llevando huachicol fiscal hacia México, contrabando de combustibles. De acuerdo con este comunicado que se dio a conocer el día de hoy, los Estados Unidos consideran que las actividades criminales de estos grupos ya es su segunda fuente de ingresos para varios grupos criminales y además están afectando los intereses de empresas norteamericanas dedicadas a la producción de gasolina y también de gas. 

De ahí que en el caso de José Antonio Yépez, que se convirtió en una organización emblemática durante esa cruzada que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del robo de combustible de PEMEX, después de la captura él siguió operando desde la cárcel y llegó a hacer alianzas con otros grupos criminales y empezó a combatir con ferocidad al cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta el momento los norteamericanos únicamente habían dirigido su atención hacia el cártel Jalisco Nueva Generación y habían descuidado este otro flanco. Es decir, combatiendo al cártel Jalisco lo que hicieron fue permitir que el cártel de Santa Rosa de Lima y otras organizaciones huachicoleras del estado de Querétaro se expandieran y crecieran. 

Finalmente están corrigiendo este error. Tengo entendido, de acuerdo con información que el propio gobierno de México, el gobierno federal y el gobierno de Guanajuato solicitaron a los norteamericanos que pusieran la lupa sobre el cártel de Santa Rosa de Lima, esto con la posible extradición en un mediano plazo de José Antonio Yépez, alias "El Marro".

Sí, de José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro". Pero lo que llama la atención es cómo la autoridad nacional carcelaria no ha actuado en consecuencia porque no me digas que no lo saben.

Totalmente, tienes toda la razón. Lo que sucede es que tenemos un sistema penitenciario sumamente frágil y corrupto. No solo José Antonio Yépez, sino otros líderes criminales de alto perfil desde prisión siguen teniendo el contacto y el control de sus respectivas organizaciones vía los abogados, vía los familiares, incluso con comunicaciones que tienen con aparatos de telefonía celular que en teoría no tendrían por qué tener. 

Siguen dando instrucciones a sus estructuras delictivas. El caso del cártel Santa Rosa de Lima es un poco distinto porque no solo cuenta con una estructura delictiva, sino también con una auténtica base social de apoyo. Es decir, que en el tiempo el cártel de Santa Rosa de Lima echó raíces en esta región del Bajío financiando obras de infraestructura, alimentando, electrificando, entregando despensas tal y como hace el cártel de Sinaloa.

Claro, buscando apoyo popular, soporte popular, que es lo que permite el crecimiento y la operación de los cárteles, entre otras cosas además claro de la corrupción y de la complicidad con autoridades.

Así es. Como en ocasiones han criticado con severidad a las autoridades cuando no hacen su papel, me parece que este es un buen éxito, un logro que finalmente se haya reconocido que los grupos de huachicoleros también significan una amenaza para la seguridad de México y de los Estados Unidos. 

El siguiente paso tendría que ser la detención de los alcaldes, jefes policiacos y legisladores en el estado de Guanajuato que respaldan al cártel de Santa Rosa de Lima y le han armado un anillo de protección política y policial que permite la continuidad de esta organización delictiva.

José Cárdenas: 

David Saucedo, ¿Cómo surge este cártel de Santa Rosa de Lima? Porque tiene asolado el estado de Guanajuato en casi su totalidad, aunque hay otros grupos que están interesados en entrar a disputar territorio, pero el cártel Santa Rosa de Lima es muy poderoso desde hace varios años.

Es una organización que comenzó dedicándose a la extorsión y al cobro de derecho de piso. De ahí migraron a la venta de drogas al menudeo en una alianza que establecieron con mafias del estado de Michoacán para la comercialización del cristal azul y posteriormente con una asociación, una sinergia criminal que establecieron con funcionarios corruptos de Pemex que encontraron esta mina de oro que era extraer combustible de la refinería de Salamanca y después de los ductos de Pemex. 

Cuando inicia el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se lanza esta cruzada contra el huachicol y es cuando el cártel de Santa Rosa de Lima finalmente operaba de manera anónima. Se enfrentó con el cártel Jalisco Nueva Generación que invadió el estado de Guanajuato. Esta organización criminal tenía el control en su momento de mayor fuerza quizá de unos veinte o veinticinco municipios en todo el estado de Guanajuato. Actualmente el cártel de Santa Rosa de Lima sigue dedicándose a la extracción de combustible de los ductos de Pemex, aunque ha incrementado su actividad en su portafolio delictivo con el cobro de derecho de piso en varias regiones de Guanajuato.

Pues muchas gracias. Muchas gracias por comentarnos este asunto y la dimensión que tiene realmente el cártel Santa Rosa de Lima que tiene conflicto con el cártel Jalisco Nueva Generación. El de Santa Rosa de Lima pues es uno de los cárteles más mortíferos de México sin agravio a los demás, ¿no?

Desde luego. Durante cuatro o cinco años consecutivos esta guerra entre el cártel de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación colocó a Guanajuato como el estado del país de mayor violencia homicida. Esto finalmente empieza a cambiar en parte por la buena sinergia que han establecido por un lado la gobernadora Libia Dennise y por otro lado el equipo de Omar García Harfuch.

Muchas gracias, David Saucedo. Gracias por permitirnos este comentario. Gracias, Pepe, te mando un abrazo. Igualmente, gracias. David Saucedo es consultor en materia de seguridad. El cártel de Santa Rosa de Lima fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Anunció sanciones justamente porque sigue operando este hombre José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, desde la prisión de alta seguridad en Durango donde se encuentra recluido.

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