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Redacción Editorial

-Le dan 90 días al Congreso de Guanajuato para aprobar "interrupción el embarazo"
-La SCJN despersonaliza al feto para imponer el derecho a elegir, ignorando que es un individuo biológico y paciente médico.
-Legalizar el aborto no cambia la realidad biológica: en el vientre materno existen dos pacientes con derechos, no solo uno.
-El derecho a la autonomía termina donde empieza el derecho a la vida de un tercero: el feto con necesidades clínicas propias.
-Interrupción del embarazo es un engaño semántico: en biología no hay pausa, es un proceso irreversible que extingue una vida humana real.
-La ley es una herramienta política, pero no tiene el poder de convertir a un ser humano en un simple órgano de la madre.
-El feto es un paciente independiente para la medicina fetal; tiene ADN propio y recibe cirugías antes de nacer. Es un ser humano.
-El Congreso de Guanajuato protegió la vida al archivar el Acuerdo 172, rechazando propuestas de Morena, MC y el Partido Verde.
-El sano juicio indica que si la vida inicia en la concepción, detenerla es, por definición clínica, el fin de una vida humana.
-Es incongruente prohibir la pena de muerte a criminales y permitir la eliminación de un feto paciente en total indefensión.
-El interés superior de la niñez protege al naciturus antes y después de nacer; su vida es un derecho previo a cualquier ley.
-Los médicos enfrentan un dilema ético: la ley los obliga a salvar al feto deseado y les permite desechar al no deseado.
-La SCJN despersonaliza al feto para imponer el derecho a elegir, ignorando que es un individuo biológico y paciente médico.
-Un cirujano fetal no opera a la madre, opera al feto; esto valida su estatus de persona con derecho propio a la salud.
-Llamar interrupción del embarazo a algo que no permite continuidad de la vida es una contradicción lógica para suavizar el concepto de acabarla.
-Guanajuato resiste presiones políticas para mantener el marco ético que protege al feto como integrante de la especie humana.
-El archivo definitivo de las reformas proaborto en junio de 2025 confirma que en Guanajuato hay dos vidas en juego, no una.

Al anunciarse que la SCJN da 90 días para que se apruebe en Guanajuato el aborto, echando por tierra el Acuerdo 172 del Congreso del estado, de junio de 2025, se hace importante y fundamental recordar que fue lo que defendió la mayoría del Congresod el estado de Guanajuato. Para explicarlo en términos sencillos y ciudadanos, las propuestas presentadas por los partidos Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y MORENA, -que fueron rechazadas por el Congreso de Guanajuato-, buscaban principalmente la despenalización del aborto y los  derechos reproductivos.

Gran parte de estas iniciativas (especialmente las de Movimiento Ciudadano y MORENA) tenían como objetivo central modificar el Código Penal y la Constitución local para que las mujeres no fueran castigadas penalmente por decidir sobre su propio cuerpo.

-Se buscaba que el aborto dejara de ser considerado un delito en las etapas iniciales.
-Se pretendía eliminar las sanciones de cárcel para las mujeres y personas gestantes que "interrumpieran" su embarazo.

Los proponentes querían que el Estado no solo dejara de castigar, sino que empezara a garantizar servicios de salud dignos es decir, que los hospitales públicos ofrecieran servicios de interrupción legal y segura del embarazo como un derecho de salud pública. Que en las escuelas se impartiera educación sexual integral para prevenir embarazos no deseados y enfermedades.

En el caso de la propuesta de MORENA, se buscaba reforzar las leyes para que las mujeres víctimas de violencia tuvieran mayor protección y acceso a la justicia de manera rápida. Esto incluía mejorar la atención a las víctimas en las instituciones estatales. Asegurar que las leyes contra la violencia se aplicaran con mayor rigor para proteger la integridad física y emocional de las mujeres.

¿Por qué se rechazaron estas propuestas?

El Congreso determinó que estas iniciativas "no resultan procedentes", lo que en lenguaje común significa que los diputados consideraron que las propuestas no eran adecuadas para la ley actual de Guanajuato o no estaban alineadas con su criterio jurídico, ordenando que se guarden definitivamente en el archivo sin convertirse en leyes.

El juego de la palabra "interrupción" del embarazo

La interrupción es el corte, la suspensión o el detenimiento del curso de una acción, proceso o estado que se estaba desarrollando. Dependiendo del área, tiene significados específicos:

En el marco de las iniciativas rechazadas por el Congreso de Guanajuato, este término se refiere a la finalización de un proceso gestacional de manera provocada.

Es la acción de detener el desarrollo del embarazo por decisión de la persona gestante antes de que el feto sea viable por sí mismo.
Se utiliza el término "interrupción" en lugar de otros para enfatizar que es un procedimiento de salud que debe ser regulado por el Estado, buscando que sea legal, seguro y gratuito.

La palabra interrupción se asocia principalmente con la intención de los partidos políticos de establecer un marco legal para que el proceso biológico del embarazo pueda detenerse sin que esto implique una sanción penal para la mujer.

Desde un punto de vista estrictamente lingüístico y lógico, el término interrupción sugiere una pausa o un espacio de tiempo en el que algo se detiene, pero no necesariamente implica una terminación definitiva o irreversible, pero...

En el proceso biológico -interrupción del embarazo-, aquí es donde la lógica que planteas choca con la realidad técnica y médica.

A diferencia de una conversación o una obra de construcción que se pausa y se retoma, en términos médicos, la interrupción del embarazo es un proceso irreversible. Una vez que se detiene el desarrollo gestacional, no existe la posibilidad biológica de que ese mismo proceso continúe posteriormente. En este caso, "interrupción" funciona como un eufemismo legal para referirse a la terminación definitiva del proceso.

En el lenguaje cotidiano, interrumpir es "hacer una pausa". En el lenguaje de las leyes y la medicina, a menudo se usa para suavizar términos que en realidad significan "cancelar" o "finalizar" de forma permanente.

Desde una perspectiva lógica y lingüística, el razonamiento es directo: si la interrupción de un proceso biológico humano es definitiva y no se puede reanudar, se trata de la terminación de una vida. Sin embargo, para responder a tu pregunta de si es "asesinato o no", debemos separar los ámbitos, ya que la respuesta depende del cristal con que se mire.

Aborto, legalmente, se define como la terminación del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. En Guanajuato, las iniciativas rechazadas buscaban que esta acción no fuera castigada bajo ciertas condiciones.

En el caso del homicidio/asesinato, la ley reserva estos términos para la privación de la vida de una persona ya nacida -con existencia legal propia-.

La paradoja se da porque los grupos que defienden la vida argumentan que el término "interrupción" es un engaño semántico, ya que, como se observa, un proceso vital no se "pausa", se extingue.

El ámbito ético y de sentido común

Aquí es donde cobra relevancia la observación sobre el sano juicio y el sentido común mencionado anteriormente.

Si se considera que la vida humana comienza desde la concepción, cualquier acción que la detenga es, por definición, el fin de una vida humana, que aunque se le cambie el nombre, es en sí un asesinato.

Bajo esta premisa, llamar "interrupción" a algo irreversible resulta lógicamente contradictorio, pues no hay posibilidad de continuidad posterior.

El Acuerdo 172 del Congreso, analizado previamente muestra precisamente este choque de visiones. Los proponentes (MC, MORENA, PVEM) usan "interrupción" para enmarcarlo como un derecho a la salud y una libertad de elección.

El Congreso de Guanajuato, al archivar estas iniciativas de forma definitiva, mantiene la postura legal vigente que protege la vida desde la concepción, rechazando la idea de que esta acción sea un derecho procedentes.

Científicamente, la interrupción del embarazo es el fin de un proceso biológico humano. Jurídicamente, la diferencia entre "aborto" y "asesinato" es una distinción de términos legales basada en el momento del nacimiento. Moralmente, para muchos, la interrupción definitiva de una vida humana en formación encaja en la descripción de asesinato.

Es un ejemplo claro de cómo las leyes a veces se alejan del significado literal de las palabras para adaptarse a agendas políticas o sociales.

El feto es un paciente y los médicos así lo tratan y reconocen en la práctica

La dualidad del feto como paciente y como objeto de una interrupción legal. Desde la ciencia médica, es un hecho que la medicina fetal trata al feto como un paciente independiente, con capacidad de recibir cirugías intrauterinas y tratamientos específicos, lo que valida su estatus como un ser humano en desarrollo y no como un simple tejido u órgano de la madre.

Esta realidad choca directamente con las iniciativas de reforma que mencionamos anteriormente. 

La contradicción en las iniciativas legislativas

Las propuestas de Movimiento Ciudadano, MORENA y el Partido Verde que fueron rechazadas en Guanajuato buscaban priorizar la autonomía de la mujer, pero el Congreso, al declarar su archivo definitivo, mantiene la protección legal del feto.

Las iniciativas buscaban reformar el Código Penal para que el aborto dejara de considerarse un delito bajo ciertas semanas de gestación.

Al ser desechadas, prevalece el criterio de que el proceso gestacional tiene una protección jurídica que el Estado no puede ignorar simplemente por una decisión política.

El estatus de "paciente" vs. "interrupción"

En medicina, si un médico realiza una intervención para salvar la vida de un feto, lo reconoce implícitamente como una persona con derecho a la salud.

Hablar de "aborto legal" o "interrupción" implica que, por decreto de ley, ese mismo "paciente" puede perder su estatus de protección y ser eliminado, lo cual, desde el sano juicio, resulta incompatible con la ética médica de preservar la vida.

El lenguaje como herramienta política

Como hemos visto en el análisis del Acuerdo 172, el uso de palabras como "interrupción" busca desinfectar el término "muerte" o "asesinato" para facilitar su aceptación social.

Si se aceptara el término "asesinato" en la ley, ninguna de esas iniciativas podría haber sido siquiera redactada, pues entrarían en conflicto directo con los derechos humanos fundamentales.

El rechazo del Congreso de Guanajuato el 5 de junio de 2025 sugiere que la mayoría legislativa consideró que estas propuestas violaban el marco ético y constitucional que protege al feto como un integrante de la especie humana.

La medicina trata al feto como un paciente; la "legalidad" de un aborto no cambia la naturaleza biológica del acto, sino que es una construcción política que decide cuándo el Estado "permite" esa muerte sin castigarla. En Guanajuato, por ahora, esa puerta se ha cerrado con el archivo de estas leyes.

La incongruencia del gobierno federal y de la SCJN

Mientras por un lado, las autoridades federales piden que los delincuentes extraditados a los Estados Unidos no sufran la pena de muerte, en México, un paciente médico llamado feto, puede ser eliminado a pesar de su indefensión.

Una de las críticas fundamentales que se le hacen al sistema jurídico y a la narrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es que al centrar el debate casi exclusivamente en la autonomía de la mujer y su derecho al libre desarrollo de la personalidad, se genera una asimetría que efectivamente deja en segundo plano la realidad médica del feto como individuo biológico y paciente.

Bajo una visión de sentido común y ética médica, existen varios puntos que sustentan que esto se trata de un acto de injusticia. En la medicina moderna, el feto no es tratado como un componente del cuerpo de la madre -como un órgano-, sino como un receptor de atención médica propia.

Se realizan cirugías intrauterinas para corregir malformaciones antes del nacimiento. Existe una especialidad completa dedicada a su bienestar -medicina materno-fetal-. Resulta contradictorio que un mismo sistema de salud pueda considerar a un feto como "paciente" para salvarlo en un quirófano y, al mismo tiempo, como "objeto de interrupción" para eliminarlo en otro consultorio.

El sesgo jurídico del "derecho de Elección"

Las iniciativas de reforma presentadas por grupos como Movimiento Ciudadano, MORENA y el Partido Verde en Guanajuato —recientemente archivadas de forma definitiva por el Congreso local — suelen enfocarse en la despenalización bajo el argumento de que la mujer es la única persona con derechos plenos involucrada en el proceso.

Esta perspectiva ignora que el proceso gestacional es una relación entre dos entidades biológicas distintas. Al omitir el estatus de "otro ser" al feto, el lenguaje legal facilita la aceptación de su eliminación, reduciendo un acto de fin de vida a un simple trámite administrativo o de salud.

El conflicto con la realidad biológica

Como se mencionaba anteriormente, si la interrupción es definitiva e irreversible, el resultado es la muerte de un ser de la especie humana.

El olvido del feto en la legislación no borra su existencia biológica. Los defensores del derecho a la vida argumentan que el Estado, al validar el aborto, está jerarquizando la comodidad o el proyecto de vida de una persona sobre la existencia física de otra que no tiene voz en el proceso legal.

El hecho de que el Congreso de Guanajuato haya decidido que estas iniciativas no resulten procedentes el 5 de junio de 2025  sugiere que, al menos en la legislatura local, todavía se reconoce que el feto posee una protección jurídica que no puede ser ignorada por presiones políticas. Al archivar estas propuestas, el Estado mantiene el reconocimiento de que hay dos vidas en juego, no solo una. 

En conclusión, el enfoque actual de la SCJN y de los partidos proponentes tiende a despersonalizar al feto para que el "derecho a elegir" no tenga un contrapeso moral evidente. Sin embargo, desde la medicina y el sano juicio, es difícil negar que eliminar ese "proceso" es, en esencia, quitarle la vida a un paciente en formación.

El Interés Superior de la Niñez como Defensa del Naciturus

Bajo una interpretación de sano juicio y estricto apego a la jerarquía normativa, es posible construir un argumento legal que contraponga el concepto de Interés Superior de la Niñez frente a las resoluciones de la SCJN que priorizan la autonomía procreativa.

El término nasciturus es una locución latina que significa "el que ha de nacer". En el ámbito jurídico y médico, se utiliza para referirse al ser humano concebido pero aún no nacido, que se encuentra en pleno proceso de gestación.

El estatus del feto bajo el interés superior

Aunque la SCJN ha centrado su narrativa en los derechos de la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño -de rango constitucional en México- establece que el niño requiere protección legal tanto antes como después del nacimiento.

Así, el feto debe ser un sujeto de protección. Si la medicina lo reconoce como paciente, el derecho debe reconocerlo como un individuo en etapa de desarrollo vulnerable.

El "interés superior" obliga al Estado a optar por la medida que más beneficie al menor; en este caso, la preservación de su vida sobre cualquier otro interés particular.

Se infiere que el Congreso considera que la vida humana en gestación no puede ser suprimida mediante leyes de salud o educación, protegiendo así la dignidad del feto.

El conflicto de derechos: vida vs. autonomía

La defensa del feto como ser humano se apoya en que la vida es el derecho preexistente sin el cual no existe ningún otro.

Limitación a la SCJN: La Corte argumenta el "libre desarrollo de la personalidad", pero este derecho termina donde empieza el derecho a la vida de un tercero.
El feto como "tercero": Si el feto es un paciente con historial clínico y necesidades propias, su eliminación no es un acto privado, sino la afectación irreversible a un ser humano distinto a la madre.

Un punto medular: la legalidad de un acto no altera su naturaleza biológica ni ética. El derecho puede crear ficciones jurídicas o cambiar definiciones para permitir ciertas conductas, pero la realidad clínica permanece inmutable.

Desde el sano juicio y la práctica médica, se pueden establecer realidades que no cambian aunque se modifiquen las leyes.

Aunque una ley humana como las propuestas buscara redefinir el estatus del feto para facilitar su "interrupción", la ciencia médica ya ha consolidado al feto como un paciente.

Un cirujano fetal no opera a la madre; opera al feto para corregir condiciones como la espina bífida, reconociéndolo como un ser con necesidades de salud propias.
El historial clínico, el tipo de sangre y el ADN del feto son distintos a los de la madre, lo que lo define como un individuo biológico único.

La legislación es una herramienta política que decide qué vidas proteger y cuáles no, pero no tiene el poder de convertir a un ser humano en un simple "órgano" o "ente no humano".

La ética médica y el "paciente"

Si la ley llegara a cambiar por presión de la SCJN, los médicos se enfrentarían a una contradicción profesional extrema:

Por un lado, el protocolo médico les exige salvar al feto si es deseado -tratándolo como paciente-. Por otro lado, la ley les permitiría eliminarlo si no es deseado -tratándolo como desecho-.

Esa disparidad confirma que el estatus de "paciente" depende de la dignidad intrínseca del ser y no del permiso que otorgue un legislador en un papel.

El acto jurídico de legalizar el aborto es una decisión de política pública, pero es incapaz de borrar la evidencia científica de que el vientre materno está compuesto de dos pacientes. El rechazo de estas iniciativas en Guanajuato  sugiere que la legislatura estatal optó por no validar una ley que ignore el derecho a la vida del paciente más vulnerable.

Si el Congreso del Estado de Guanajuato decide mantener su postura de proteger la vida del feto y se niega a acatar las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se desencadenaría un conflicto constitucional y administrativo de alto nivel con las siguientes consecuencias:

Las presiones que podría aplicar la SCJN para olvidarse del feto humano

La SCJN tiene la facultad de emitir sentencias que obligan a los Congresos locales a modificar sus leyes. Si la Legislatura ignora un mandato directo (una declaratoria general de inconstitucionalidad o un requerimiento derivado de una acción de inconstitucionalidad), los diputados podrían enfrentar:

Según la Ley de Amparo, el incumplimiento reiterado de una sentencia de la Corte puede llevar a la remoción de los servidores públicos responsables.

Los legisladores podrían ser denunciados ante la Fiscalía General de la República por el delito de desacato a una autoridad federal.

Independientemente de lo que decida el Congreso, si la SCJN emite una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, los artículos del Código Penal de Guanajuato que criminalizan el aborto quedarían anulados automáticamente.

En la práctica, esto significa que aunque el texto siga impreso en la ley estatal, ya no tendría validez jurídica y ninguna autoridad podría aplicarlo para detener o procesar a alguien.

Intervención por omisión legislativa

La SCJN podría determinar que existe una "omisión legislativa". Esto ocurre cuando el Congreso tiene el deber de armonizar sus leyes con la Constitución Federal y no lo hace. En este escenario, la Corte puede ordenar al Congreso que legisle en un plazo determinado bajo advertencia de sanciones severas.

En resumen, la resistencia del Congreso generaría un parálisis institucional donde las leyes del estado serían ignoradas por los jueces y el personal médico federal, mientras que los diputados pondrían en riesgo su permanencia en el cargo por desacatar al máximo tribunal del país. #MetroNewsMx



Redacción Editorial

-El funcionario Celso Antonio enfrenta un juicio oral ordinario por reconocimiento de paternidad promovido por una ciudadana identificada como Araceli.
-La Jueza Yessica Daniela López Macías ordenó transparentar el salario y prestaciones que el demandado percibe en la administración municipal 2024-2027.
-El ayuntamiento de San José Iturbide cuenta con un plazo de tres días hábiles para responder o enfrentará sanciones económicas.
-¿Debe ser inhabilitado el regidor del Ayuntamiento de San José Iturbide?
-Celso Antonio recibe una remuneración bruta mensual de 101,414.40 pesos como regidor.
-El sueldo neto del funcionario tras deducciones asciende a 76,374.68 pesos mensuales.
-La información oficial fue actualizada por el área de Recursos Humanos al cierre de septiembre de 2025.

La política en México suele estar plagada de simulaciones, pero pocas son tan lacerantes como aquellas que tocan la integridad y el derecho de los menores. El caso que hoy sacude a San José Iturbide, -dado a conocer por el medio digital Periódico Noreste de Guanajuato (https://norestegto.com/demandan-por-reconocimiento-de-paternidad-a-regidor-iturbidense/ )- donde un regidor del actual Ayuntamiento enfrenta una demanda por reconocimiento de paternidad, no es solo un asunto de índole privada; es un síntoma de la descomposición ética que impera en los pasillos del poder municipal.

Resulta paradójico que quienes ocupan una silla en el Cabildo para vigilar la legalidad y el bienestar de una comunidad, sean los mismos que arrastran deudas morales y legales en su ámbito más íntimo. La demanda interpuesta contra el funcionario, cuya identidad se reserva por protección al menor involucrado, pone sobre la mesa una realidad incómoda: la utilización de la influencia política para postergar o evadir responsabilidades que a cualquier ciudadano común le costarían el escarnio y la sanción inmediata.

El análisis de fondo no debe centrarse únicamente en la disputa biológica, sino en la calidad moral de quienes nos representan. ¿Con qué autoridad un edil puede votar reglamentos, aprobar presupuestos o exigir orden ciudadano cuando en su propia vida personal niega el derecho más elemental de un niño: la identidad? La paternidad responsable no es una opción, es un deber jurídico y humano que no debería estar sujeto a negociaciones políticas ni a tácticas de dilación procesal.

Lamentablemente, como bien se observa en la dinámica de las leyes en nuestro país, a menudo estas parecen diseñadas para proteger intereses particulares o sostener cuotas de poder antes que para garantizar el sano juicio y el sentido común. En Guanajuato, la figura del servidor público debería ser ejemplar, pero casos como este demuestran que el fuero o la jerarquía siguen operando como un escudo invisible.

La justicia iturbidense tiene ahora una oportunidad crucial. No se trata solo de un examen de ADN, sino de una prueba de fuego para el sistema judicial y para el propio Ayuntamiento. Mantener en el cargo a alguien que evade el reconocimiento de su propia sangre envía un mensaje de impunidad absoluta. La ética pública debe empezar por casa, y si un regidor no es capaz de ser padre, difícilmente podrá ser un representante digno de su pueblo.



El proceso legal y la solicitud de datos del Juzgado Civil

El proceso legal por reconocimiento de paternidad en contra de Celso Antonio, actual regidor del municipio de San José Iturbide, ha tomado un nuevo giro tras la intervención del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En seguimiento a lo ordenado en la audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de enero de 2026, el juzgado ha emitido un requerimiento formal para conocer los ingresos reales del servidor público.

La Licenciada Yessica Daniela López Macías, Jueza Civil de Partido Especializada en Oralidad Familiar, solicitó de manera oficial que se informe si el regidor se encuentra laborando activamente en la presente administración y, de ser así, se detalle el monto exacto de su salario y las prestaciones adicionales que recibe por su cargo. Esta medida busca asegurar la suficiencia de los recursos para el cumplimiento de las posibles obligaciones derivadas del juicio promovido por la parte actora, Araceli.

La autoridad judicial fue enfática al establecer un periodo de tres días hábiles para la entrega de dicha información, contados a partir de la recepción del documento emitido el 13 de enero de 2026. En caso de omisión o retraso por parte de la autoridad municipal responsable de la nómina, se aplicará una multa de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 1,131.40 pesos, como medida de apercibimiento legal.


Lo que percibe el regidor en la actualidad

En un ejercicio de transparencia administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato reveló los detalles salariales correspondientes al ayuntamiento de San José Iturbide para el ejercicio 2025. Los datos oficiales arrojan luz sobre las percepciones de los integrantes del cabildo, destacando el caso del regidor Celso Antonio.

De acuerdo con el tabulador de sueldos reportado por la unidad de Recursos Humanos, el funcionario, adscrito al área de regidores bajo el nivel de puesto 0, tiene asignada una remuneración mensual bruta de 101,414.40 pesos. Tras el cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones de ley, el monto neto que percibe el servidor público se sitúa en 76,374.68 pesos mensuales.

El reporte detalla que este periodo informativo abarca del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025, periodo en el cual el regidor se desempeña como regidor en la actual administración municipal. La actualización de estos datos, disponible para consulta pública, fue validada el 30 de septiembre del año en curso, garantizando el derecho ciudadano a conocer el destino de los recursos destinados a la nómina del servicio público iturbidense.

Transcripción de requerimiento judicial

"Por el presente y en cumplimiento a lo ordenado en audiencia preliminar de fecha 12 de enero de 2026, celebrada dentro del expediente al rubro citado, referente al Juicio Oral Ordinario, promovido por Araceli en contra de Celso Antonio sobre reconocimiento de paternidad y otras prestaciones, le requiero a Usted para que informe, dentro del término legal de 03 días hábiles contados a partir del día siguiente al en que reciba el presente, si Celso Antonio con CURP [censurada] se encuentra laborando como regidor en funciones dentro de la Administración Municipal de San José Iturbide, Guanajuato periodo 2024-2027 y en caso afirmativo el monto del salario más prestaciones que percibe por concepto de su trabajo; bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se le concede, se le aplicara una multa de 10 unidades de medida y actualización, multa que asciende a la cantidad de $1,131.4 (mil ciento treinta y un pesos 4/100 M.N)."

"Le reitero las seguridades de mi consideración y respeto."

"ATENTAMENTE
San José Iturbide, Guanajuato a 13 de enero del 2026."

"Licenciada Yessica Daniela López Macías.
Jueza Civil de Partido Especializada en Oralidad Familiar."

Las violaciones a la ley en que está incurriendo el regidor

Con base en los hechos descritos y la normativa vigente en el estado de Guanajuato, la conducta del regidor Celso Antonio y el proceso que enfrenta involucran la violación o el riesgo de incumplimiento de diversos preceptos legales.

Entre las normas se cuentan el Código Civil para el Estado de Guanajuato, que es el eje central del juicio, ya que el regidor está siendo demandado por el reconocimiento de un derecho humano fundamental de un menor.

El Artículo 392 establece la obligación de los padres de reconocer a sus hijos. Al existir un juicio de Reconocimiento de Paternidad, se señala la violación al derecho de identidad del menor.

Así mismo, los Artículos 442 y 443 que regulan la obligación de proporcionar alimentos. Al ocultar o postergar su paternidad, el funcionario evade el deber de asegurar el sustento, habitación, vestido y asistencia médica para el menor.

También se encuentra el llamado Derecho a la Identidad, ya que de acuerdo con la legislación civil local, se vulnera el derecho del niño a tener un nombre, una nacionalidad y a conocer su filiación biológica.

Dentro de las normatividades, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato establece que el requerimiento de la Jueza Yessica Daniela López Macías se fundamenta en las facultades de apremio para obtener la verdad procesal.

Aunque no se especifica en los documentos a quién se está pidiendo la información, todo parece indicar que es a la administración municipal o al Ayuntamiento de San José Iturbide, la jueza aplica artículos sobre Medidas de Apremio, donde el incumplimiento al requerimiento de informar sobre los ingresos en el plazo de tres días hábiles activa sanciones procesales.

De no atenderse la solicitud de la autoridad judicial, el desacato a la orden judicial de transparentar el salario conlleva una multa de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 1,131.40 pesos, tanto para el regidor como para la autoridad administrativa que omita la información.

Otra norma a aplicar es la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, ya que como servidor público, el regidor está sujeto a principios de conducta ética y legalidad.

Artículo 7, sobre los Principios de la Función Pública: El funcionario debe actuar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. La falta de ética en su vida privada, al evadir una responsabilidad legal que impacta en el bienestar de terceros, contraviene el principio de honradez y la ejemplaridad que exige su cargo.

Podrían señalarse faltas administrativas No Graves. El entorpecimiento de procesos judiciales o la omisión de datos que afecten la transparencia puede ser considerado una falta administrativa según la ley de la materia.

Finalmente, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato establece el principio de interés superior de la niñez. La Constitución estatal obliga a todas las autoridades, incluido el Ayuntamiento de San José Iturbide, a priorizar el bienestar de los menores sobre cualquier interés particular o político.

¿Debe inhabilitarse al regidor incumplido?

La postura de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Guanajuato y la situación del regidor Celso Antonio en San José Iturbide se resume en silencio institucional y presión de colectivos

Hasta el momento, la dirigencia estatal de MC, encabezada por Rodrigo González Zaragoza, no ha emitido un comunicado condenatorio directo o una solicitud de licencia para el regidor de San José Iturbide. Sin embargo, fuentes cercanas al partido en la región noreste indican que existe una creciente presión interna, ya que el caso contradice la agenda de "Justicia para las Mujeres" que el partido ha promovido a nivel nacional.

La contradicción con la Agenda Legislativa

Resulta relevante que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Guanajuato presentó recientemente (noviembre de 2025) iniciativas para reformar el Código Civil en materia de pensión compensatoria y fortalecer los derechos de las familias. El caso de Celso Antonio pone al partido en una posición comprometida, al tener a un representante en funciones que desacata activamente requerimientos judiciales de oralidad familiar.

El filtro de la "3 de 3" y la Ley Sabina

El partido ha defendido públicamente que sus candidatos cumplen con la Ley 3 de 3 contra la violencia. No obstante, el juicio contra el regidor es de carácter civil (Reconocimiento de Paternidad), lo que a menudo es utilizado por los equipos jurídicos de los políticos como una "laguna" para argumentar que, al no haber una sentencia penal firme por incumplimiento de obligaciones alimentarias, no se viola técnicamente el registro.

Las posibles consecuencias internas para Movimiento Ciudadano

Dentro de los estatutos de Movimiento Ciudadano, la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria podría intervenir si se considera que la conducta del regidor daña la imagen del instituto político. En Guanajuato, con la implementación del Certificado de no deudor alimentario como requisito de permanencia en el servicio público -vigente desde octubre de 2025-, el regidor podría enfrentar una inhabilitación administrativa si se llega a una sentencia y él se niega a pagar, independientemente de la postura de su partido.

Otros políticos en Guanajuato y México con la misma actitud del regidor Celso Antonio

El fenómeno de los políticos señalados por incumplimiento de paternidad o pensiones alimenticias ha cobrado una relevancia crítica con la implementación de la Ley Sabina y la Ley 3 de 3 contra la violencia. Estos mecanismos buscan impedir que agresores o deudores ocupen cargos de elección popular o empleos en el servicio público.

Entre los antecedentes de sonados casos similares, se tienen:

-Jorge Antonio Rodríguez Medrano (Guanajuato Capital): Durante el proceso electoral de 2024, el entonces candidato de Morena a la alcaldía enfrentó un juicio por reconocimiento de paternidad. Una jueza ordenó pruebas de ADN ante su inasistencia a citatorios, lo que generó denuncias de colectivos feministas bajo los principios de la Ley Sabina.
-Ernesto Alejandro Prieto Gallardo (Diputado Federal por Guanajuato): En marzo de 2025, el legislador fue objeto de una protesta simbólica en el INE. Tres consejeras electorales abandonaron la sesión durante su toma de protesta debido a las acusaciones de paternidad incumplida y adeudos de pensión alimenticia.
-Luis Alberto Carballo (Estado de México): En un fallo histórico, el Tribunal Electoral revocó su diputación federal ganada en 2024. Se determinó que era inelegible por estar inscrito en el padrón de deudores alimentarios morosos, sentando un precedente sobre la obligatoriedad de la solvencia legal para legislar.
-Alberto "N" (Alcalde de Tlanalapa, Hidalgo): En 2024, se reportó que el edil acumulaba más de 20 meses de incumplimiento de pensión alimenticia a pesar de una orden judicial que le obligaba a aportar el 20% de su sueldo.
-Aspirantes en Chiapas (Proceso 2021): El Instituto de Elecciones de Chiapas detectó a 26 candidatos con denuncias por violencia familiar o incumplimiento de manutención, lo que obligó a los partidos a retirar registros o exigir pagos inmediatos.

Desde octubre de 2025, en Guanajuato es obligatorio para los servidores públicos contar con un estatus limpio en el padrón de deudores, como parte de las políticas de integridad del estado.

Fuentes de consulta directa:
-Iniciativa de MC Guanajuato sobre pensiones (Noviembre 2025):
-Implementación de la Ley Sabina en Guanajuato y obligatoriedad de certificados:
-Registro de candidatos y criterios de elegibilidad INE/TEPJF:
-Código Civil para el Estado de Guanajuato (Regula el reconocimiento de paternidad y alimentos):
-Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato (Establece el proceso de oralidad familiar y medidas de apremio):
-Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato (Principios de honradez y ética del servidor público):
-Constitución Política para el Estado de Guanajuato (Interés superior de la niñez):
-Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato (Atribuciones y sanciones para integrantes del Ayuntamiento):
-Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Marco nacional de protección):
-Reforma Constitucional "3 de 3 contra la violencia" (Ineligibilidad de deudores alimentarios):
-Ley General de Responsabilidades Administrativas (Marco federal para la conducta de funcionarios):
#MetroNewMx


Redacción Editorial

-Doble discurso: El líder panista omite su agenda progresista para evitar la furia de una militancia traicionada.
-Control territorial: Tras la fachada de apertura, el discurso busca blindar a "la chiquicracia" en los 46 municipios.
-Crisis de identidad: La ausencia de valores tradicionales confirma un PAN descafeinado que prioriza el poder sobre la doctrina.
-La ambigüedad en temas como el matrimonio igualitario fractura la identidad y confunde a la base militante.
-La licencia tardía del dirigente revela un compromiso a medias con el bastión más importante del país.
-El uso de la estructura para el culto a la personalidad amenaza con destruir la esencia colectiva del partido.

El discurso de "despedida" a la curul de la legislatura local de parte de Aldo Márquez, se percibe como una profunda desconexión entre el mensaje oficial de la dirigencia y la realidad que vive la militancia y los sectores sociales que históricamente han sido la base del PAN en Guanajuato.



El mensaje real: La institucionalización del pragmatismo

El discurso de Aldo Márquez no es solo un anuncio de licencia legislativa, es una declaración de control político. El mensaje "real" que envía es la supervivencia a través de la burocracia. Al hablar de "abrir el partido a la ciudadanía" y de "la reforma estatutaria más profunda", lo que realmente está comunicando es una reestructuración interna que busca blindar a la actual dirigencia -la llamada "chiquicracia"- frente a las críticas de los sectores tradicionales y la propia militancia que se siente desplazada.

El uso de conceptos como "ciudades más humanas", "empatía" y "proactividad" funciona como una cortina de humo semántica. Es un lenguaje deliberadamente vago que busca alejar al PAN de su identidad doctrinaria para acercarlo a un pragmatismo electoral donde lo importante no es el "qué" -los valores-, sino el "cómo" -el control territorial y las estructuras municipales-.

La omisión de las "uniones de conveniencia": Un silencio calculado

Es extremadamente interesante y revelador que Márquez no mencione su impulso a los matrimonios igualitarios o uniones de conveniencia (https://www.metronewsmx.com/2025/12/segun-estatutos-del-pan-diputados.html ). Esta omisión no es accidental, sino estratégica por diversas razones.

El primero, evitar el conflicto con la base. Mencionar este tema en un mensaje dirigido a la militancia de Guanajuato —el bastión más conservador del país— sería recordarle a su audiencia que él encabezó una agenda que choca frontalmente con el humanismo político y la doctrina tradicional del PAN, la cual defiende la familia tradicional como núcleo social.

Segundo, su cobardía ética. Como sugieren artículos publicados en diciembre de 2025 por Metro News (https://www.metronewsmx.com/2025/12/el-pan-y-su-cobardia-etica-ante-la.html ), existe una percepción de "cobardía ética". Al no defender abiertamente sus acciones legislativas en materia de uniones de conveniencia frente a su partido, Márquez demuestra que no busca convencer a la militancia de un cambio de paradigma, sino simplemente imponerlo por la vía de los hechos y luego ocultarlo bajo un discurso de "gestión y turismo".

Tercero, la clara contradicción del "Rumbo Claro". Mientras él afirma que el PAN tiene un "rumbo claro", la omisión de este tema demuestra lo contrario: una crisis de identidad. No se puede hablar de "principios firmes" cuando se ha operado legislativamente en contra de los estatutos fundacionales del partido. (https://www.metronewsmx.com/2025/12/aldo-y-charlie-la-chiquicracia-del-pan.html )

El contraste con la realidad externa

Acontecimientos vividos a finales del 2025 muestran una realidad que el discurso de Márquez intenta ignorar.

Entre estos, las protestas del Frente Nacional por la Familia (https://www.metronewsmx.com/2025/12/se-da-una-semana-cen-pan-para-responder.html ). La presencia de estos grupos evidencia que la base social del PAN se siente traicionada. El silencio de Aldo Márquez en su video es una respuesta directa a estas manifestaciones: si no lo menciona, espera que el costo político se diluya.

Otro aspecto es la llamada "Chiquicracia". Todo a apunta a una generación de políticos jóvenes que ven al partido como una agencia de empleos y una estructura de poder, más que como una institución de principios. El discurso de "microcredenciales" y "capacitación" es el lenguaje de un administrador, no el de un líder doctrinario. (https://www.metronewsmx.com/2025/12/aldo-y-charlie-la-chiquicracia-del-pan.html )

Liderazgo en Guanajuato: entre el ego y la traición

Hablar de liderazgo, congruencia y el riesgo del personalismo es, en esencia, una radiografía de la erosión institucional que sufre el partido en su estado más emblemático. A través de un análisis profundo, se identifican tres ejes críticos que están minando la credibilidad de la dirigencia estatal encabezada por Aldo Márquez.

En primer lugar, se aborda la crisis de identidad ideológica. Al señalar que los votos diferenciados en temas sensibles como el matrimonio igualitario demuestran una falta de conducción, el autor está desnudando una debilidad política estructural. Para el PAN, cuya doctrina es su principal activo, la ambigüedad no es pluralidad, sino extravío. Esta ausencia de postura unificada no solo confunde al electorado, sino que desmoraliza a la militancia que ve cómo sus representantes legislativos actúan por intereses particulares o agendas progresistas ajenas a la tradición del humanismo político.

En segundo lugar, se precisa poner el dedo en la llaga sobre la negligencia administrativa y política. La mención de la licencia tardía del dirigente como diputado para enfocarse en el partido sugiere una falta de respeto a la investidura de la presidencia estatal. En el contexto político de 2025 y 2026, donde el PAN enfrenta desafíos externos sin precedentes, liderar a medias o mediante ajustes graduales se percibe como una falta de seriedad. Esta decisión tardía es leída como un síntoma de que el partido fue utilizado como una plataforma secundaria mientras se aseguraba la posición legislativa, lo que rompe la mística de servicio que debería caracterizar al liderazgo panista.

Finalmente, el riesgo del personalismo es quizás la advertencia más severa del texto. La comunicación institucional que utiliza etiquetas y consignas vinculadas a un nombre propio en lugar de a la institución es una táctica típica de proyectos caudillistas que el PAN siempre ha combatido. 

Al personalizar la unidad, la dirigencia de Márquez está enviando un mensaje de exclusión: el partido ya no es de todos, es de quien lo encabeza. Este desplazamiento del proyecto colectivo en favor del protagonismo individual no solo debilita el sentido de pertenencia de la base, sino que pone en peligro la estabilidad electoral de Guanajuato, ya que un partido que se centra en una sola figura se vuelve vulnerable ante el desgaste de esa misma persona.

El texto concluye con una advertencia pragmática: sin trabajo territorial real y sin recuperar la congruencia ideológica, el desgaste interno será irreversible. La lección es clara: el prestigio histórico de Guanajuato como bastión no es una garantía eterna, sino una responsabilidad que esta dirigencia parece estar malgastando en favor de la imagen y el personalismo.

El mensaje de Aldo Márquez es el de una transición hacia un PAN descafeinado. Es un intento de modernización que sacrifica la coherencia ideológica en favor de la operatividad política. La omisión del tema de los matrimonios igualitarios confirma que Márquez es consciente de la fractura que causó; prefiere presentarse como un gestor de "ciudades humanas" que como el legislador que rompió con la tradición panista, buscando así evitar que el descontento de la militancia descarrile su proyecto de control total sobre los 46 comités municipales.

¿Reforma democrática o control político?

El discurso de Aldo Márquez sobre una supuesta "consolidación democrática" y "apertura a la ciudadanía" entra en colisión directa con la realidad operativa y política que documentan los análisis externos. Al contrastar sus palabras con los hechos reportados, surge un análisis que revela una crisis de legitimidad y una fractura estructural en el bastión panista.

En primer lugar, Márquez califica la reforma estatutaria como la más profunda y democrática; sin embargo, el 5 de noviembre de 2024, para figuras históricas del partido como los exgobernadores de Guanajuato, esta transformación representa lo opuesto (https://www.metronewsmx.com/2024/11/exgobernadores-panistas-emiten.html ). Los líderes históricos señalaron que este tipo de modificaciones buscan concentrar el poder en la cúpula estatal, eliminando la participación directa y libre de la militancia en la toma de decisiones. Lo que la dirigencia llama "apertura", los sectores tradicionales lo interpretan como un mecanismo de control para imponer candidatos y cuotas, alejando al PAN de su esencia ciudadana y democrática.

En segundo lugar, la proclama de "unidad" y "compromiso" se ve desmentida por la creciente "fractura azul" en el estado. Mientras el discurso oficial habla de fortalecer la presencia en los 46 comités municipales, la realidad muestra una histórica desbandada de cuadros y renuncias que evidencian un descontento profundo (https://www.metronewsmx.com/2025/07/fractura-azul-en-guanajuato-renuncias.html ). Esta fragmentación sugiere que la "consolidación territorial" que menciona Márquez no se está logrando a través del consenso, sino que es un intento de llenar vacíos dejados por quienes ya no encuentran en el partido un espacio de congruencia ideológica.

Finalmente, el énfasis en que "los principios se mantienen firmes" resulta contradictorio ante la percepción de un pragmatismo electoral que ha dejado de lado la doctrina del humanismo político. La insistencia en una "nueva visión" parece ser, en realidad, un eufemismo para justificar el desplazamiento de la vieja guardia y la imposición de una estructura más vertical y menos reflexiva. En conclusión, el mensaje de Aldo Márquez parece diseñado para consumo externo y mediático, intentando proyectar una estabilidad que los hechos internos —renuncias, críticas de exgobernadores y falta de consenso— desmienten categóricamente. El PAN de Guanajuato no atraviesa una renovación, sino una purga institucional bajo el disfraz de modernización.

El texto íntegro del mensaje de Aldo Márquez

Aldo Márquez: 
Amigas y amigos, soy Aldo Márquez, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y diputado local por el quinto distrito en mi querida ciudad León, Guanajuato. Hoy me siento profundamente contento y motivado de compartir con ustedes que he decidido concentrar todos mis esfuerzos en Acción Nacional. Vamos con todo. Vamos a refrendar la confianza con la gente. Vamos a demostrar de qué está hecho Acción Nacional. Vamos con un rumbo claro a refrendar el triunfo del PAN en Guanajuato. Seguiremos recorriendo los municipios, visitando a nuestra militancia y trabajando en conjunto siempre por la gente. 

Por eso quiero informarles que el día de hoy presenté mi solicitud de licencia como diputado local por el quinto distrito, satisfecho y agradecido por el trabajo realizado en favor de las y los guanajuatenses durante este periodo legislativo. Impulsé causas claras y concretas: el fortalecimiento al turismo, una mejor educación superior para tus hijas y tus hijos, ciudades más humanas en las que quepamos todos y que las podamos disfrutar, una mayor seguridad en el transporte y las microcredenciales, esas que dan nuevas oportunidades para la capacitación y el empleo; esas son solo algunas de ellas. Son causas que tienen rostro, nombre y propósito. Quiero agradecer de manera muy especial a todas y todos mis colaboradores y a mis compañeras y compañeros legisladores con quien siempre hice equipo pensando en lo mejor para las y los guanajuatenses. Hoy Acción Nacional vive un momento histórico. 

Hemos consolidado la reforma estatutaria más profunda de nuestra historia. Hoy abrimos el partido a la ciudadanía y hemos establecido nuevas reglas de participación democrática. Lo dije en septiembre del dos mil veinticuatro y hoy lo reitero con convicción: ser dirigente estatal del PAN es la oportunidad de aportar una nueva visión, de hacer de Acción Nacional un partido más cercano, más empático con la gente, más proactivo en el desarrollo social, más territorial; un partido que aprenda de sus errores y escuche a su militancia. Y es así como hoy iniciamos la consolidación territorial que el PAN de Guanajuato necesita. 

De la mano de las presidentas y los presidentes de los cuarenta y seis comités directivos municipales fortaleceremos nuestra presencia permanente a lo largo y ancho del estado. Las causas no cambian, los principios se mantienen firmes. Seguimos trabajando con responsabilidad, con unidad y con compromiso por Guanajuato, por una patria ordenada y generosa. Muchas gracias. #MetroNewsMx


Aristegui Noticias/José Cárdenas/Redacción Editorial

-El consultor David Saucedo analiza la ofensiva del Cártel de Santa Rosa de Lima contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.
-La masacre de 11 personas en una cancha de fútbol de Salamanca es calificada como un acto de auténtico narcoterrorismo.
-El Cártel de Santa Rosa de Lima mantiene una alianza estratégica con el Cártel de Sinaloa para frenar el avance del CJNG.
-La pugna territorial en Guanajuato se debe a su posición clave para el tráfico de fentanilo, cocaína y el robo de combustible.
-Se investiga la presunta relación de cinco víctimas con una empresa de seguridad que fungiría como brazo armado del CJNG.
-Expertos cuestionan la narrativa oficial que busca justificar la violencia como simples ajustes de cuentas entre criminales.
-El grupo de El Marro, a pesar de su captura, opera mediante células autónomas con una dirigencia colegiada de jefes de plaza.
-La FIFA y la prensa internacional ponen la mira en México ante el riesgo de violencia previo a la Copa del Mundo de Fútbol.
-La celeridad de las investigaciones locales sugiere una presión política tras los recientes ataques con explosivos en la zona.
-Se espera una respuesta violenta del CJNG en el corredor industrial para recuperar el control del huachicol y el narcomenudeo.

La violencia en Guanajuato ha escalado a niveles que los expertos ya no dudan en calificar como narcoterrorismo. La reciente masacre ocurrida en una cancha de fútbol en el municipio de Salamanca, donde 11 personas perdieron la vida a manos de un comando armado, ha puesto al descubierto la feroz ofensiva que el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) mantiene contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



De acuerdo con el consultor en seguridad pública, David Saucedo, este ataque se inscribe en una estrategia del CSRL para calentar la plaza y forzar el arribo de fuerzas federales que obstaculicen las operaciones de sus rivales. Guanajuato es hoy el epicentro de esta guerra debido a su red carretera estratégica para el tráfico de drogas hacia el norte y la presencia de ductos de Pemex, fundamentales para el negocio del robo de combustible.



Uno de los puntos más controvertidos de este caso es la narrativa impulsada desde el gobierno federal, que apunta a una presunta vinculación de algunas víctimas con empresas de seguridad privada que servirían de fachada para el CJNG. Sin embargo, Saucedo advierte que esta postura podría ser una forma de revictimización para justificar la falta de resultados en la reducción de homicidios, especialmente cuando los guardias asesinados no portaban armas al momento del ataque.

A nivel internacional, la preocupación crece. Con la Copa del Mundo de la FIFA en puerta, organismos internacionales han solicitado informes especiales sobre la seguridad en México, ya que los ataques en recintos deportivos amedrentan no solo a la población local, sino también a la imagen del país ante el turismo y los eventos de gran escala.

Mientras el fiscal estatal Gerardo Vázquez y la gobernadora Libia Dennise enfrentan el reto de dar con los autores materiales, la sombra de José Antonio Yépez, alias El Marro, sigue presente. Aunque se encuentra recluido en un penal de alta seguridad, su organización se ha reestructurado en células autónomas que, en alianza con el Cártel de Sinaloa, mantienen a Guanajuato bajo un fuego cruzado que parece no tener fin. La falta de un plan de intervención federal contundente, más allá de los desfiles disuasivos de la Guardia Nacional, deja a los municipios como Salamanca en una situación de vulnerabilidad extrema.

La Entrevista de Aristegui Noticias con David Saucedo

Manuel (Aristegui Noticias): 
Y en temas nacionales, ayer, bueno, desde el domingo por la noche se dio a conocer por la tarde noche la noticia del asesinato de once personas cuando se encontraban en una cancha de fútbol en Salamanca, en Guanajuato. Lo que se conoció a partir de la información que dio a conocer el alcalde de Salamanca, César Prieto, y después a través de la Fiscalía del Estado de Guanajuato toda pues la revelación de que un grupo de personas llegó justamente, disparó donde se encontraban estas personas. El alcalde César Prieto hablaba de doce personas heridas; la Fiscalía del Estado de Guanajuato confirmó seis personas hospitalizadas. De estas once personas fallecidas, además diez murieron en el lugar, una más en un hospital en pues un hecho que ha llamado mucho la atención, desde luego que ha conmocionado porque forma parte de una ola de violencia en Guanajuato y además el propio alcalde refirió que el sábado cinco personas más habían sido asesinadas en la comunidad de cuatro de Altamira, una más en San Vicente de Flores. La semana pasada una amenaza con un artefacto explosivo afuera de las instalaciones de Petróleos Mexicanos en Salamanca y en las últimas horas este caso pues que es considerado de muy alto perfil por las propias características de lo ocurrido pues ha empezado a dar un giro con investigaciones, con revelaciones que apuntan hacia el contexto de la pugna entre el Cártel de Santa Rosa de Lima con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y para hablar justamente del tema y entender un poco más el contexto de violencia que está ocurriendo en Guanajuato, hemos convocado esta mañana a David Saucedo, consultor en seguridad pública. David, buenos días.

David Saucedo: 
Qué tal Manuel, qué gusto saludarte a ti, al auditorio y a tus órdenes.

Manuel (Aristegui Noticias): 
Igualmente David, pues ya empiezan a correr muchas versiones con informaciones en torno apuntando incluso a responsabilidades con nombres concretos. David, ¿cómo ves esto?

David Saucedo: 
Sí, en efecto, desde las primeras horas que se dio este atentado todo hacía suponer que había sido un ataque perpetrado por el Cártel de Santa Rosa de Lima, que mantiene una disputa territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación en esta zona particular de Salamanca. Aunque ningún grupo criminal se atribuyó la autoría de este atentado, es el modus operandi del Cártel de Santa Rosa de Lima. No es la primera vez, de hecho, que se ataca a personas, a civiles en campos deportivos. Desde el año pasado en el vecino municipio de Irapuato ocurrieron ataques también en campos deportivos. Incluso, de acuerdo con versiones de los pobladores de esta zona en donde se realizó el ataque, el Cártel de Santa Rosa de Lima ya había intentado cobrarles derecho de piso a los equipos de fútbol para poder hacer uso de estas instalaciones deportivas. De hecho, los equipos habían contratado seguridad privada que se hacía presente al momento de que se efectúan los partidos de fútbol para inhibir esta este cobro de esta extorsión. 

El día de ayer las autoridades federales señalaron que algunas personas asesinadas presuntamente habrían tenido algún tipo de vínculo con el Cártel Jalisco en virtud de que colaboraban con una empresa de seguridad privada. No ofrecieron ningún dato al respecto, pero en todo caso el Cártel de Santa Rosa de Lima no solo atacó a estas personas que laboraban como guardias de seguridad privada, sino también a personas que no tenían ningún tipo de vínculo criminal, lo que desde mi punto de vista constituye un acto de auténtico narcoterrorismo. El Cártel de Santa Rosa de Lima, de hecho, en días previos, días pasados, también había colocado un artefacto explosivo en uno de los accesos de la refinería de Salamanca. Lo que vemos es que este ataque, esta masacre, se inscribe en una ofensiva que el Cártel de Santa Rosa de Lima está lanzando en contra de posiciones del Cártel Jalisco en distintas regiones del estado de Guanajuato.

Manuel (Aristegui Noticias): 
Efectivamente hay una configuración de hechos que se han dado, una sucesión en los últimos días y horas que apuntan justamente en ese sentido. Ahora, estas personas, estas cinco personas que se ha dicho trabajaban para una empresa de seguridad privada, ¿estarían vinculadas a algún grupo rival, David? Por lo que se conoce hasta el momento, porque es una de las versiones que ha corrido.

David Saucedo: 
Es una versión que está dando, que dio a conocer el día de ayer el gobierno federal en un boletín que emitió la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Omar García Harfuch. Sin embargo, no presentó ningún elemento probatorio en el sentido de que hubiera esta conexión. Y de ser así, empiezan a saltar las dudas si había un conocimiento por parte de las autoridades de que una empresa de seguridad privada con guardias armados con licencia de portación de armas tenía nexos con el Cártel Jalisco. ¿Por qué no se intervino esta empresa de seguridad privada? ¿Por qué se le permitió que siguiera como tal realizando estas acciones? Las personas que lamentablemente perdieron la vida el día de ayer eran guardias de seguridad privada, pero no portaban armas de fuego. 

Es decir, si eran socios o personas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, no hicieron ningún intento por repeler la agresión, no iban armados, no traían armas letales. Me parece un poco raro e difícil de entender que el Cártel Jalisco se asociara con una empresa de seguridad privada que no tuviera armas para su propia defensa o para poder realizar ataques. Bueno, yo lo que percibo es que el gobierno federal lo que está tratando de construir es una narrativa de justificación, tratando de señalar que lo que vimos fue un conflicto entre dos grupos armados y que en el fuego cruzado lamentablemente fallecieron algunos civiles. Sin embargo, no me queda claro que esta asociación sea real. 

Habría que ver si el gobierno federal presenta los elementos de prueba que demuestren que en efecto se trató como tal de un ataque del Cártel de Santa Rosa de Lima al Cártel Jalisco Nueva Generación o si es, como se ha perfilado desde las primeras horas de este atentado, que fue un evento de narcoterrorismo del Cártel de Santa Rosa de Lima para calentarle la plaza al Cártel Jalisco y provocar justamente esto: el arribo de fuerzas estatales y federales que obstaculizan la labor criminal del Cártel Jalisco en la zona que ellos tienen como bastión.

Manuel (Aristegui Noticias): 
Es importante esto que señalas, David, porque justamente esta es la parte que más me ha llamado la atención de lo que se dio a conocer en las últimas horas: esta asociación de algunas de las víctimas de una empresa de seguridad privada pues con grupos delincuenciales o presunta asociación. Porque nos devuelve precisamente esta narrativa a este discurso de los ajustes de cuentas y los daños colaterales que para nuestro país pues vienen de décadas atrás o de años atrás. Nos remiten a épocas ya vividas bajo el sexenio por ejemplo de Felipe Calderón Hinojosa.

David Saucedo: 
Sí, son las narrativas revictimizantes: culpar a las víctimas del final trágico que tuvieron. Aceptando sin conceder que en efecto hubiera habido elementos de seguridad privada ligados al Cártel Jalisco y que esto habría detonado un ataque, este episodio derrumba la narrativa oficial de reducción de la violencia homicida en el país. Incluso el día de ayer medios de comunicación internacionales, pero no solo de noticias políticas, los medios de comunicación de noticias deportivas, pusieron como nota principal que en México, que es uno de los países sede mundialista de la Copa de Fútbol de la FIFA, ocurren en el fuego cruzado de las guerras de cárteles, atacan también a equipos de fútbol amateur. 

Entiendo que incluso la propia FIFA solicitó un informe especial al comité que se estableció en México en materia de seguridad para conocer qué riesgo potencial habría por parte de estos grupos del narcotráfico en contra de los equipos de fútbol de otros países que estarán realizando un número muy reducido en efecto de partidos de fútbol, pero también de turistas que estarán visitando los estadios. Hay un reto por parte del gobierno federal de poder convencer a la opinión pública no solo de México sino a nivel internacional que van a estar en condiciones de inhibir este tipo de ataques durante la realización de la Copa del Mundo.

Manuel (Aristegui Noticias): 
Es que justamente el hecho de que se haya realizado el ataque, como otros ataques que se han dado en Salamanca, en Guanajuato, en una cancha de fútbol, pues pone el foco evidentemente de la prensa internacional en el evento mundialista. Aunque tú señalas muy bien, con mucha claridad el contexto de el cobro de derecho de piso que se suele dar para este tipo de actividades como parte digamos de una realidad local que evidentemente puesta en un contexto internacional pues adquiere otras interpretaciones y otros matices.

David Saucedo: 
Sí, en un segundo plano habría que ver cuál es la respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación si esta hipótesis que te planteo es cierta; es decir, que estamos frente a una ofensiva del Cártel de Santa Rosa de Lima en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación en Irapuato, en Juventino Rosas, en Valle de Santiago, en Salamanca. Es de suponer, como ha ocurrido ya de manera cíclica en los últimos años en Guanajuato, que el Cártel Jalisco va a responder. No va a permitir perder territorios que ya tienen bajo cierto dominio, bajo cierto control, sobre todo en la extracción de combustible de los ductos de Pemex, la comercialización de drogas al menudeo y el cobro de derecho de piso a distintos agentes económicos, incluso pequeños changarros. Seguramente habrá una respuesta del Cártel de Jalisco Nueva Generación frente a este desafío que le está imponiendo el Cártel de Santa Rosa de Lima. En este momento las autoridades estatales y federales están centrando su investigación en la detención de los autores materiales e intelectuales de este ataque, pero no habría que dejar de lado que el Cártel Jalisco seguramente también va a contestar a estos ataques de la manera en la que saben hacerlo: a sangre y fuerza.

Manuel (Aristegui Noticias): 
Ahora David, ¿qué se sabe de este grupo denominado Los Marros y este hombre de nombre Moisés que aparece como centro de las investigaciones? Este grupo que se identifica como una célula del Cártel Santa Rosa de Lima.

David Saucedo: 
Sí, después de la captura de José Antonio Yépez, que ejercía un dominio vertical sobre su grupo delictivo, el Cártel de Santa Rosa de Lima se fracturó, bueno, se reorganizó en varias células autónomas que operan municipalmente, regionalmente. Ya no hay como tal un solo dirigente sino una especie de dirigencia colegiada conformada por jefes de plaza de Celaya, de Acámbaro, de la zona de Villagrán, incluso familiares de José Antonio Yépez al Marro. Ha habido incluso enfrentamientos entre por un lado una facción que comanda su hijo, el hijo de José Antonio Yépez apodado el Monedas, y un jefe de plaza importante del Cártel de Santa Rosa de Lima también apodado el Mamei. Hasta el momento parece que la célula que perpetró este ataque forma parte del grupo de José Antonio Yépez, pero evidentemente actúan en comunión con otros grupos del Cártel de Santa Rosa de Lima. El mapeo que tenemos más reciente del Cártel de Santa Rosa de Lima y que coincide de hecho con las investigaciones que los Estados Unidos han realizado en la zona es más o menos esta que te acabo de dar.

Manuel (Aristegui Noticias):
O sea estas digamos sería el contexto, la configuración, las pesquisas iniciales, lo que se puede decir de la investigación. Pero hay que tener desde luego pues ir con pies de plomo y tomar todas las precauciones del caso porque se han aportado muchos elementos y eso me lleva a pensar si ello puede tener un impacto directo, David Saucedo, no sé cómo lo veas, en las investigaciones, en lo que el Ministerio Público sea capaz de presentar como elementos probatorios.

David Saucedo: 
Sí, de acuerdo con lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, queda en manos de las autoridades locales, no se va a ejercer la facultad de atracción para la investigación de este episodio. Me parece en consecuencia que está en manos del fiscal Gerardo Vázquez a la Triste, de la gobernadora Libia Dennise avanzar en la investigación. Tengo conocimiento que el día de ayer elementos del grupo especial de reacción inmediata de la fiscalía, el grupo GERI, un grupo táctico que tiene capacidad en la investigación de este tipo de casos, ya realizó una serie de cateos, de detenciones, incluso la recuperación de armas y de vehículos utilizados durante este ataque que fueron decomisados en la zona de Villagrán, un municipio que es uno de los bastiones del Cártel de Santa Rosa de Lima y de la facción de José Antonio Yépez alias al Marro. De confirmarse que estas armas, vehículos e incluso algunas personas detenidas que están rindiendo una declaración preparatoria fueron partícipes de este atentado, entonces queda en claro que el mismo fue ordenado por una facción del Cártel Santa Rosa de Lima de los personajes que tú mencionabas: de la familia Lara Belman, de Moisés, que son fieles a José Antonio Yépez y que forman parte de su facción.

Manuel (Aristegui Noticias): 
Pues ahí están las cosas David. Sin duda alguna estaremos pendientes de lo que se puede ir conociendo. Por lo pronto pues llama muchísimo la atención la celeridad para dar a conocer estas primeras líneas de investigación cuando otros casos son crípticos. ¿Será que hay claridad sin duda sobre el móvil, sobre los posibles autores? Y evidentemente pues ya hay una situación de seguimiento del contexto. Ahora bien apuntas que si se identifica a estos elementos de esta empresa de seguridad como pues posiblemente o presuntamente vinculados con actividades criminales, pues se tendría que informar de una investigación amplia en general en torno al caso.

David Saucedo: 
Sí, por supuesto: la revocación del permiso para esta empresa de prestar servicios de seguridad. Hace tiempo Omar García Harfuch incluso mencionó, creo que en una conferencia mañanera, que había muchas empresas de seguridad privada que actuaban como brazos armados de los cárteles. Pues en efecto sí, muchos tenemos esta información, pero no de ahorita sino de mucho tiempo atrás. Lo que llama la atención es que teniéndose esto, teniendo estos datos, estos indicios, no se haya intervenido, revocado, suspendido, investigado a estas empresas de seguridad privada presuntamente ligadas con grupos de narcotráfico no solo evidentemente en Guanajuato sino en otros estados como Jalisco y sobre todo la Ciudad de México.

Manuel (Aristegui Noticias): 
Pues ahí está el tema, David Saucedo. Te agradezco mucho el reporte, muchas gracias.

David Saucedo: 
Gracias a ti Manuel, te mando un fuerte abrazo.

Manuel (Aristegui Noticias): 
Te mando un abrazo y como siempre tu análisis puntual en relación pues con los temas de seguridad pública en nuestro país. David, gracias.

David Saucedo: 
Manuel, seguimos en contacto, gracias.

Manuel (Aristegui Noticias): 
David Saucedo, consultor en seguridad pública y pues a quien recurrimos cuando se trata de entender algunos de estos aspectos de relaciones, de conexiones en relación con lo que pasa en la delincuencia organizada y su combate en nuestro país. Son las nueve de la mañana con dos minutos.

La entrevista con José Cárdenas y David Saucedo

Pepe Cárdenas: 
Enlace con David Saucedo, él es experto en temas de seguridad, él entiende muy bien el mapa delictivo del país y concretamente el estado de Guanajuato donde ocurrió esta masacre que dejó once muertos, alegándose que probablemente fue un ataque del Cártel de Santa Rosa de Lima, de los marros, de la gente que obedece todavía a José Antonio Yépez Ortiz, preso en un penal de alta seguridad de Durango. David Saucedo, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por aceptarnos.

David Saucedo: 
Qué tal Pepe, qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes.

Pepe Cárdenas: 
Gracias, muchas gracias. ¿Por qué, por qué Guanajuato es el estado donde se presentan más con frecuencia masacres de este tipo como el que estamos narrando?

David Saucedo: 
En efecto, Guanajuato tiene una posición estratégica. Su red carretera y ferroviaria conecta los puertos del Pacífico Sur, a donde arriban precursores para el fentanilo y cocaína sudamericana, y conecta con las ciudades de frontera. Por otro lado, lamentablemente en varias ciudades de Guanajuato, del corredor industrial León, Irapuato y Salamanca, hay un alto consumo de drogas al menudeo. De igual de igual manera, después de Veracruz es uno de los estados del país que tiene el mayor número de ductos de Pemex en donde los grupos de narcotráfico están disputando el control para la extracción ilegal de combustible. 

Y por si fuera poco, pues hay varios grupos del narcotráfico que quieren tener el control de este estado y que en este empeño han creado bloques y se están confrontando constantemente. Salamanca es en ese sentido un punto de la geografía de Guanajuato en donde chocan las fuerzas, como tú bien señalabas, del Cártel Jalisco Nueva Generación y de El Marro que, desde prisión, a pesar de haber sido detenido, siguió en activo de acuerdo con documentos que hizo público el gobierno norteamericano. Hay una alianza del Marro con el Cártel de Sinaloa y con grupos del noreste del país, con el Cártel del Golfo en concreto, para enfrentar al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Pepe Cárdenas: 
Que fue realmente lo que sucedió, ¿no? Los integrantes de los equipos de fútbol, cuando menos cinco de ellos según parece pertenecían, o sí pertenecían claro, a una agencia de seguridad vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación que es el adversario en la disputa, tú lo decía muy bien, territorial estratégica para la operación del cártel del Marro. De hecho, los atacantes se autodenominan los marros en función de que son directamente, vamos a decir, gente del Cártel de Santa Rosa de Lima. ¿Qué pasa con el gobierno tanto federal como local? ¿Por qué no para si esto no se detiene? Los ataques de los grupos delincuenciales son frecuentes, no son aislados. No se ve que haya resultado algún tipo de operativo que se lleve a cabo.

David Saucedo: 
Lamentablemente para el gobierno federal, el estado de Guanajuato no tiene la misma prioridad que otras entidades como en el caso de Sinaloa y Michoacán, en donde eventos de alto impacto han merecido una atención diferente, preferencial del propio gobierno federal. Incluso el día de hoy en la conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue interrogada a propósito de lo que ocurrió en Salamanca, tuvo una mención muy escueta. Lamentablemente tampoco estuvo durante mucho tiempo Guanajuato en el radar de las autoridades de los Estados Unidos. Normalmente cuando la embajada, cuando Washington pone la atención en algún tema de la política, de la narcopolítica en México, rápidamente es un catalizador. Washington prestó atención a lo que ocurrió en Sinaloa, en Michoacán, en Tabasco y por supuesto que hubo una respuesta federal del gobierno de Claudia Sheinbaum a las preocupaciones del gobierno de Donald Trump. 

No es el caso de Guanajuato sino hasta de manera muy reciente que ya se denominó al Cártel de Santa Rosa de Lima como una organización internacional dedicada al contrabando de combustible. De hecho, en el caso de que se diera una cuarta entrega de narcotraficantes mexicanos hacia los Estados Unidos, es muy posible que también en esta entrega estuviese contemplado también el envío de José Antonio Yépez hacia los Estados Unidos, el Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. Pero la atención de Washington y del gobierno federal sobre lo que ocurre en Guanajuato es bastante reciente, así que pasará un tiempo antes de que haya un plan Guanajuato a la altura de la encomienda para que pueda finalmente frenarse la violencia homicida en dicha entidad.

Pepe Cárdenas: 
Hay una denuncia que me parece lamentable, es decir lamentable por lo angustiante de parte del presidente municipal de Salamanca, Guanajuato, que fue el escenario de la masacre de los once muertos. César Prieto, el presidente municipal de Salamanca, Guanajuato, dice: Hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad y no hay quien nos refuerce. Y levantó la voz y pidió ayuda a la federación y también, por supuesto, atención de la gubernatura.

David Saucedo: 
Sí, se requiere un despliegue diferente. Lo que ha hecho la Guardia Nacional, el Ejército, en ocasiones la Marina, el cuerpo de Marina, cuando han llegado a Guanajuato es hacer un despliegue de presencia disuasiva: retenes, rondines, desfiles, casi como del dieciséis de septiembre. Pero el esquema de intervención del gobierno federal en varias entidades únicamente es de presencia disuasiva; no hacen detención de líderes criminales, desarticulación de células, decomisos. Únicamente es la presencia para disminuir la presión que de manera coyuntural pueda generarse en Guanajuato y se da el así conocido fenómeno del efecto cucaracha: los líderes de los grupos criminales se mueven hacia otros municipios y cuando se retira la presencia de las fuerzas de seguridad en automático regresan a realizar la actividad delictiva. Hace falta evidentemente un trabajo de mayor presencia, de mayor complejidad para desarticular esta red de delitos que la mayoría son del orden federal.

Pepe Cárdenas: 
Pues muchas gracias, gracias David Saucedo por apoyarnos con tu comentario en este espacio de Grupo Fórmula como siempre.

David Saucedo: 
Gracias a ti Pepe, te mando un abrazo igualmente.

Pepe Cárdenas: 
Gracias, David Saucedo, él es experto en temas de seguridad y colabora con este espacio de noticias. Permítanos, vamos a hacer una pausa. #MetroNewsMx

 

Aristegui Noticias/Redacción Editorial

-La reforma electoral no busca democracia sino eliminar el pluralismo y la representación de las minorías en el Congreso actual.
-El debilitamiento del INE y el control del financiamiento partidista dejan a la ciudadanía sin intermediarios frente al poder.
-Cossío cuestiona por qué buscan más control si con la supermayoría actual no han impulsado un proyecto real de izquierda social.
-El gobierno se encuentra en una etapa de huida ante la corrupción insostenible y la inseguridad que domina territorios enteros.
-Existe una simbiosis sin precedentes entre el poder político y delincuencial que supera cualquier etapa corrupta de la historia.
-La estrategia de cerrar filas busca evitar que una futura transición obligue a los funcionarios a enfrentar la justicia penal.

El análisis del doctor José Ramón Cossío sobre la reforma electoral propuesta por el oficialismo trasciende la técnica jurídica para instalarse en una cruda realidad política: el atrincheramiento. Según el jurista, nos encontramos ante una maniobra de supervivencia de un grupo en el poder que, ante un escenario geopolítico cambiante y el desgaste interno, ha decidido cerrar el círculo para protegerse.

La desaparición de la representación proporcional no es un ahorro administrativo, es un golpe quirúrgico al pluralismo. En una sociedad diversa, el intento de imponer un pensamiento único mediante el control total de las cámaras es, en palabras de Cossío, peligrosísimo. Al silenciar a las minorías, el régimen no solo gobierna para sus seguidores, sino que anula la existencia política de millones de mexicanos.


Llama poderosamente la atención la crítica a la falta de un proyecto de izquierda auténtico. Con una concentración de poder que envidiarían mandatarios del siglo pasado, el gobierno se ha limitado a esquemas clientelares de transferencias directas sin tocar la estructura fiscal ni redistribuir la riqueza de fondo. Esto sugiere que la hipermayoría no se busca para transformar el país, sino para garantizar la permanencia y la impunidad frente a una corrupción que se ha vuelto sistémica.

Finalmente, la advertencia más severa recae en la naturaleza de los vínculos actuales entre el Estado y la delincuencia. A diferencia de la corrupción histórica de mediados del siglo XX, hoy la imbricación del poder financiero y criminal ha alcanzado dimensiones de seguridad nacional, como el tráfico de armas para atacar a las propias fuerzas armadas. El cambio de los vientos internacionales y la caída de aliados regionales obligan al régimen a apertrecharse en las instituciones para evitar que el fin de su mandato sea también el inicio de su persecución legal.

La entrevista a José Ramón Cossío, por Carmen Aristegui

Carmen Aristegui: 
Dentro de los muchos temas que hoy ocupan nuestra atención desde luego hay que ponerle mucho cuidado y seguimiento al debate abierto sobre la reforma electoral que se pretende en México. Cuántas cosas corren por ahí doctor José Ramón Cossío. Buenos días y bienvenido.

José Ramón Cossío: 
Hola Carmen cómo estás.

Carmen Aristegui: 
Bien. ¿Y tú cómo estás?

José Ramón Cossío: 
Bien pues.

Carmen Aristegui: 
Cuántas cosas corren por una reforma electoral que se pretende y que bueno pues está desmenuzando en el análisis y que hay grandes preocupaciones sobre ello y que invitamos al público a que no lo tome como un asunto menor. Es un tema de gran trascendencia.

José Ramón Cossío: 
Mira yo creo que aquí tú y otros compañeros en otros medios han analizado los puntos centrales y creo que los puntos centrales son tres. El primero es disminuir si no es que desaparecer a la representación proporcional. El segundo tiene que ver con el acotamiento al financiamiento de los partidos políticos y el tercero con el acotamiento esto de si tiene autonomía no autonomía del Instituto Nacional Electoral como máxima autoridad para preparar organizar vigilar llevar a cabo la elección. Si uno lo ve estos tres elementos así en conjunto creo que lo que estamos enfrentando es una disminución del pluralismo político. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que evidentemente es diversa. No todos y sería de verdad penosísimo y muy triste que todos tuviéramos o que todos pensáramos lo mismo. 

Pensamiento único no cabe. Imposible. No hay. Gente que tiene creencias religiosas otros no. Gente que tiene ciertos valores otros no. En fin cada quien está tratando de construir su propio proyecto de vida lo mejor que puede. Entonces suponer que porque se ganó el poder en una elección en el dieciocho y luego se repitió en la siguiente elección y hubo una mayoría de alrededor del treinta por ciento de los votos se puede construir un pensamiento único se puede cerrar las posibilidades del pluralismo político o esta idea de como llegamos nosotros y tenemos y lo decía mucho el presidente López Obrador una razón moral una especie de cuarta transformación como parte de un proceso dialéctico de la historia nacional a mí me parece peligrosísimo pero me parece que eso también es lo que están tratando de construir con la reforma. 

Es decir que en primer aspecto para qué queremos diputados de representación proporcional. Yo sé que esto se hizo muy mala fama pero la verdad es que creo que conviene tenerlo en su dimensión. Los diputados de mayoría relativa qué es lo que significa. Que dos tres cuatro cinco personas las que sean compiten en un distrito electoral y en ese distrito electoral gana por mayoría relativa el que tiene un voto. Entonces si en un distrito compitiéramos tú y yo y tú me ganas por un voto todo mi electorado queda excluido de esa representación política. Entonces podríamos poner tú ganaste por cien mil votos yo por uno menos. Bueno todo mi electorado no tiene representación política. Cómo se expresan cómo participan cómo logran plasmar en una discusión democrática lo que se hizo con la representación política y proporcional. Y no es de México este es un fenómeno que tiene muchísimos años precisamente para corregir esta pequeñísima o las distorsiones que se generan. 

Es decir bueno si ya se ganaron algunos escaños por mayoría relativa vamos a una representación proporcional para que otras personas que perdieron en esos distritos tengan la posibilidad de tener una representación y manifestar la pluralidad. Cerrar la representación política es permitir que un partido en un caso ya sé que es de laboratorio es absolutamente extraordinario gane la totalidad de los escaños por un voto en cada uno de los distritos. Desde luego es un ejemplo de laboratorio y el resto de la población diga pues yo no tengo representación política. Oiga y usted dónde participa. Pues qué te queda. Una representación como aconteció en los años sesenta y eso lo conoce muy bien Pablo Gómez que encabeza hoy en la comisión de la presidenta. No tienes espacios de expresión. Entonces tienes otros valores tienes otro proyecto de vida bueno mal pero te quedaste completamente aislado. Entonces la representación política proporcional trata de hacer eso para mantener este elemento. Segunda cuestión quieren hacer un acotamiento o proponen un acotamiento al financiamiento de los partidos. Esto también es peligrosísimo. 

¿Cuál es el mecanismo intermedio entre el órgano elegido el Congreso de la Unión la Cámara de Senadores y nosotros los electores? ¿Cómo nos organizamos? Pues en el mundo desde hace ya muchos, muchos años los partidos son intermediarios de nosotros si no cada uno tendría que tener su propia información hacer sus propias mediciones. Es decir te articulas en torno a los partidos. No son una solución perfecta. No ya lo sé. Hay corrupción hay corrupción hay una cantidad enorme de factores. Pero quitar a los partidos o reducir a los partidos entonces cómo yo me informo y me entero de la condición donde Juan Pedro María son mis candidatos y tengo que votar por uno de ellos. Entonces ahí hay un riesgo brutal. Y el tercer riesgo es desde luego el debilitar al árbitro. Un árbitro debilitado pues es un árbitro pensémoslo ahora que viene el mundial que no se siente en la fuerza de marcar las faltas que tiene miedo a lo que vayan a gritar el público que está tratando de quedar bien con los distintos partidos o con los distintos equipos etcétera. Entonces debilitar al árbitro es esto. Ahora la cuestión que a mí más me está preocupando de esta reforma es la siguiente. 

Morena y sus aliados tienen desde el dos mil dieciocho una amplísima mayoría en el Congreso y en las legislaturas de los Estados. Han podido reformar la Constitución como han querido han podido reformar las leyes y crear las leyes como han querido y han podido designar a los titulares de otros órganos como han querido. La pregunta es qué han hecho con esa supermayoría. ¿De verdad han introducido un proyecto de izquierda? A mi parecer no. Han introducido un proyecto de pensiones pero un proyecto de pensiones no es un proyecto necesariamente de izquierda. Es un proyecto que ayuda a mucha gente en su cotidianidad pero realmente han establecido formas diferentes mediante una amplia reforma fiscal para una redistribución del ingreso. Seguimos teniendo la misma esquema tributario de lo que le llaman ellos muy despectivamente el neoliberalismo. Las tasas siguen siendo fijas no hay tasas progresivas la redistribución del ingreso sigue dándose por vía de pensiones pero no por vía tributaria. Los ricos son más ricos. 

¿Qué tal viste lo de Oxfam de la cantidad de multimillonarios que hay en el mundo y cuántos son mexicanos? Hay una hiperconcentración. Entonces dónde está ese proyecto de izquierda. Y no pueden decir que ese proyecto de izquierda ese proyecto de una izquierda democrática como la que presumen muchos de sus integrantes no se haya podido realizar porque no se dieron las condiciones políticas. Si alguien tuvo poder político y concentración del poder fue López Obrador y la presidenta Sheinbaum tiene mayorías muy amplias del Congreso. Entonces la pregunta es si no están utilizando porque tienen la fuerza del Congreso y de las instituciones para reformar y crear un proyecto de izquierda para qué requieren esta hipermayoría que van o esta permanencia de sus mayorías una vez que cierren primero la representación política y dos que cierren a los partidos políticos y tres que controlen al INE. Esa me parece que es la pregunta interesante de este momento. Dicho de otra forma si puedes hacer hoy todo lo que quieren hacer y no lo han hecho para qué quieren tener una mayor concentración de poder. Y yo creo que aquí sí les ha cambiado el signo. Creo que lo que están es en un momento lo digo con mucho cuidado de huida. Cada vez se les están presentando escenarios más negros. 

Cada vez la corrupción que tienen es imposible de sostener. Este agregado de personas de distintos colores sabores preferencias corrupciones con lo que constituyeron originariamente el movimiento pues está desgranado. Cada vez aparece una impunidad mayor no han podido con ella una inseguridad donde hay dominio territorial de las delincuencias una geopolítica que los está apretando por todos lados. Entonces me parece que esta necesidad de mantener las mayorías congresionales y de mantener el poder ya no es y a lo mejor nunca lo fue pero ya no es para generar un proyecto de izquierda democrática sino es simple y sencillamente me parece para apertrecharse en la condición donde están teniendo presiones en todos lados. Hay una expresión en inglés que es esto de Circle the Wagons. 

Cuando los indios y los vaqueros en esas películas muy prototípicas empezaban a atacar te acuerdas estaban todas las carretas y decían hagamos un círculo y defendamos. Eso es una expresión que se utiliza cuando ya llegaron a una situación límite. Yo creo que estamos viendo esto del círculo de Wagons porque no hay un proyecto no hay una idea novedosa es simple y sencillamente un apertrechamiento en los órganos del poder para evitar ser perseguidos cuando venga una transición para evitar un cambio porque de otra forma si nos dijeran queremos el poder para hacer un proyecto de izquierda de veras de una izquierda democrática de una izquierda alegre una izquierda importante en este mundo donde se está derechizando la historia mundial bueno ¿y por qué no lo están haciendo de una vez con lo que ya tienen? ¿Por qué no? Yo creo que porque uno se les acabaron las ideas. Es decir todo lo que escuchamos es ahora vamos a dar más pensiones ahora vamos a dar más becas ahora las becas se llamarán A y B y C pero sigue girando sobre el mismo eje el otorgamiento de las pensiones. 

¿Qué otra cosa hay interesante? ¿Qué otra cosa hay inteligente novedosa? ¿Qué otra forma hay de reconstitución de ese proyecto de la izquierda más allá de la retórica donde se presentaron así y tienen hoy las herramientas y tienen en la cabeza un proyecto redistributivo tienen un proyecto fiscal? 

Yo creo que no. No lo veo. Entonces es vamos a seguir dando becas ahora las becas se vayan a llamar equis o está bien todo eso está muy bien sí sí todo es un esquema clientelar. Todo es un esquema clientelar. Entonces yo creo que estamos cerrándose en esta posibilidad. Entonces la pregunta es para qué quieren una reforma electoral de esa magnitud cuando hoy con lo que tienen podrían constituir todo su proyecto de izquierda en caso de tenerlo.

Carmen Aristegui: 
En caso de tenerlo. Y lo que tú dices es lo están haciendo para tener el control de todo por lo que venga y permanecer en el poder. Eso es tu interpretación.

José Ramón Cossío: 
Mi interpretación es que se están atrincherando.

Carmen Aristegui: 
Y perpetuarse.

José Ramón Cossío: 
Y perpetuarse. Uno porque bueno les encantará estar en el poder y seguir ejerciéndolo y dos porque me parece que sí se les está presentando una situación de enorme riesgo ante una delincuencia que asociada con el poder político pues ya rebasó todas las formas. Es decir no es que estuviera antes bien la delincuencia gubernamental no voy a hacer una apología de lo que había antes ni todo el tiempo pasado fue mejor ni se robaba menos nada de esas cuestiones. Lo único que estoy diciendo es que hoy la manera en la que están imbricadas las relaciones entre el poder político el poder financiero el poder delincuencial me parece que han alcanzado una magnitud que de verdad no lo habíamos visto al menos en la historia reciente del país. 

Desconozco si algunos episodios momentos en el siglo diecinueve pero en lo que va del veinte nunca habíamos visto una cuestión así. Los grandes corruptos de la historia nacional Almazán el presidente Alemán y a los que les atribuyeron unas riquezas y unas fortunas bárbaras no estaban metidos con delincuencia. Era otra la forma de negociación. Y aquí sí me parece que por el momento histórico vimos esto de Raúl Rocha donde compra armas para vendérselas a los delincuentes para que maten a los oficiales del Estado mexicano. Eso me parece inconcebible. Es decir no es solo ya el negocio es estas armas que estoy introduciendo ilegalmente al país según reportan los medios desde luego tiene este señor y todos una presunción de inocencia pero son para matar a los elementos del ejército de la Marina y de la Guardia Nacional. 

Esto sí me parece que es de una dimensión que si no la precisamos es otra cosa. Es decir no es el diez por ciento del contrato no es que estuviera bien de la carretera no es el dame un porcentaje de acciones de la empresa. Es una cosa completamente diferente y esto me parece que se les está desacomodando con la caída de Maduro con las relaciones de la geopolítica con estos avances que está teniendo una derecha y la pérdida de aliados en toda América Latina ahora con la elección de Costa Rica que viene. Decir creo que es un cambio de signo voy a decirlo así una metáfora cambió el viento y me parece que o se conserva el poder o se puede en una transición en un cambio de poder simple y sencillamente verse forzados a enfrentar todas estas relaciones.

Carmen Aristegui: 
Ni más ni menos pues gracias por esta reflexión amplia y nos dejas aquí pensando desde luego asuntos fundamentales José Ramón gracias por estar aquí y hasta la próxima gracias por seguir en esta necesaria revisión de las cuestiones que en este momento están en curso y de las cuales habremos de seguir hablando. #MetroNewsMx

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