Resulta, cuando menos, una ironía digna de una tragedia griega que en Comonfort, mientras las calles se sumen en una penumbra cómplice y los vecinos imploran por un servicio básico, el presidente municipal, Gilberto Zárate Nieves, se resguarde tras unas gafas oscuras que, según se dice, ocultan las huellas de un reciente "ajuste estético" en su rostro. Es, sin duda, una metáfora visual insuperable: un gobernante que se empeña en no ver la realidad que lo rodea, prefiriendo la oscuridad propia a la luz que le debe a su pueblo.
El Derecho de Alumbrado Público (DAP) no es un favor que el Ayuntamiento le concede a la ciudadanía; es una contribución que los habitantes pagan puntualmente –a menudo a través de su recibo de energía eléctrica, mediante convenios entre el municipio y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– precisamente para que el alumbrado sea una realidad en calles, plazas y avenidas.
El artículo 115 constitucional es tajante al respecto: el servicio de alumbrado público es responsabilidad ineludible de los municipios. La CFE, en este entramado, actúa únicamente como un recaudador, un puente que traslada el recurso al municipio para que este lo administre, opere y mantenga la infraestructura.
Sin embargo, en Comonfort parece haberse invertido el sentido común. La queja ciudadana, llega a la Redacción de Metro News con la urgencia de quien se siente estafado, detalla cómo para sustituir una simple lámpara en una calle se exige a los vecinos una "cooperación" cercana a los 750 pesos. ¿En qué momento una promesa de campaña sobre la gratuidad y la "economía moral" se transformó en un peaje por la iluminación?
¿Cómo es posible que mientras el alcalde se recupera de una intervención cosmética –un derecho personal que nadie cuestionaría si no fuera por el contraste con el abandono municipal–, se retiren luminarias de las zonas que verdaderamente las necesitan para llevarlas a instalaciones deportivas que, si bien son necesarias, no pueden ser priorizadas a costa de la seguridad y la visibilidad de las arterias viales?
La norma es clara: el DAP debe servir para el costo real del servicio público, garantizando proporcionalidad y equidad. No es una caja chica para el embellecimiento selectivo de espacios que otorgan mayor visibilidad política. Iluminar una cancha no redime el pecado de dejar a oscuras a una comunidad. El alcalde de los lentes oscuros parece haber olvidado que la administración pública no se trata de quién luce mejor frente al espejo o bajo el reflector, sino de quién logra, con transparencia y eficacia, disipar la oscuridad de las carencias sociales.
Lo que hoy vive Comonfort es una administración que ha decidido ignorar la máxima de su propio cargo: para ver los problemas del pueblo, hay que quitarse las gafas de la soberbia. La ciudadanía no necesita autoridades que "vean" desde su confort, sino funcionarios que "miren" donde está el dolor, la inseguridad y el olvido.
La "recuperación" que el alcalde tanto necesita no es la de sus ojeras, sino la de su brújula moral. Porque al final del día, lo que más urge en Comonfort no es la estética de quienes mandan, sino la iluminación de la verdad y, sobre todo, la claridad de las cuentas. Que no se equivoque el edil: la oscuridad en las calles no se combate con gafas, sino con voluntad política. Y, hasta ahora, Comonfort sigue esperando a alguien que, finalmente, se atreva a encender la luz. #MetroNewsmx
Juan Miguel Ramírez Sánchez no es el "alcalde todopoderoso"; hay niveles
El II Informe es del Ayuntamiento de Celaya, no del alcalde; El viraje legal en la rendición de cuentas
Se trata de garantizar que la rendición de cuentas sea un ejercicio de evaluación técnica de la administración pública y no un despliegue publicitario enfocado en la imagen personal del gobernante en turno.
En la jerga política y el titular mediático aún sobrevive el viejo vicio de llamar “Informe del alcalde” (https://oem.com.mx/elsoldelbajio/local/celaya-gobierno-segundo-informe-de-juan-miguel-ramirez-sera-mas-dinamico-31462300 ) al acto anual de rendición de cuentas municipales. Sin embargo, en el estricto apego al marco normativo de Guanajuato, esta concepción es jurídicamente errónea. La ley vigente no contempla el lucimiento unipersonal de un presidente municipal, sino la obligación corporativa y fiscalizada de un órgano colegiado: es, sin margen de ambigüedad, el Informe del Ayuntamiento.
Este cambio no es un asunto semántico ni un mero capricho de redacción; responde a una reforma de fondo en la estructura del derecho municipal en la entidad, diseñada para acotar el presidencialismo local y devolver la centralidad democrática al Cabildo.
La Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Guanajuato establece con claridad la naturaleza jurídica del ejercicio. En su Artículo 76, fracción I, inciso k, la norma señala expresamente que es una facultad y obligación del Ayuntamiento en su conjunto y es el de “rendir a la ciudadanía, por conducto del Presidente Municipal, un informe anual del estado que guarda la administración pública municipal…”
La precisión del articulado es contundente: el Presidente Municipal no rinde "su" informe, sino que actúa como el vocero y ejecutor de un mandato del Pleno. El informe pertenece al Ayuntamiento —integrado por la Presidencia, las Sindicaturas y las Regidurías—, pues es este cuerpo edilicio el que aprueba el presupuesto, presupone la vigilancia del gasto, norma las políticas públicas y fiscaliza las dependencias.
Para que el documento pueda ser presentado públicamente, el Artículo 77 de la misma ley exige que el expediente técnico sea sometido a revisión, análisis y aprobación previa de la mayoría de los integrantes del Cabildo en sesión solemne. Sin el aval del Pleno, el documento carece de validez jurídica.
El pasado normativo: La transición desde la Ley Orgánica Municipal
Durante décadas, el ejercicio del poder local en Guanajuato estuvo regulado por la antigua Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Bajo aquel esquema, el Artículo 70 otorgaba un peso desproporcionado a la figura del alcalde, redactando las obligaciones de rendición de cuentas de una forma que facilitaba la personalización del acto y la propaganda individualista.
Aquel marco propiciaba que el informe se convirtiera en un pasarela política donde la figura del edil eclipsaba la función fiscalizadora de los regidores y síndicos. Las dependencias trabajaban para el lucimiento del titular del Ejecutivo municipal y el Cabildo quedaba relegado a un rol testimonial.
La transición hacia la actual Ley de Gobierno y Administración Municipal respondió a tres motivos fundamentales del legislador estatal:
-Descentralizar el poder municipal: Erradicar el modelo de "alcalde todopoderoso" para consolidar un gobierno de pesos y contrapesos, donde la Sindicatura y la Oposición en las Regidurías tengan peso real en la validación de las cifras presentadas.
-Corresponsabilidad en la gestión: Al catalogarse como un informe del cuerpo colegiado, los integrantes del Cabildo asumen responsabilidad jurídica y política sobre la veracidad de los datos, avances de obra pública e indicadores de seguridad contenidos en el documento.
-Institucionalidad sobre propaganda: Garantizar que la rendición de cuentas sea un ejercicio de evaluación técnica de la administración pública y no un despliegue publicitario enfocado en la imagen personal del gobernante en turno.
Continuar catalogando este ejercicio como el "Informe del alcalde" perpetúa un vicio de comunicación política que invisibiliza el marco legal de Guanajuato. La ley es clara: la ciudadanía evalúa al gobierno de su municipio, y el gobierno de un municipio reside formal y jurídicamente en su Ayuntamiento. #MetroNewsMx
-Sacar el tren costó $8,000 MDP y 15 años de estudios; la SCT probó que las vías destruyen la movilidad de Celaya.
-La SCT justificó el Ferroférico tras registrar 185 mil autos al día anualmente en 15 cruces viales de la mancha urbana.
-El tren dividía a Celaya en cuatro y frenaba la economía; su salida fue un mandato de Estado, no un capricho político.
-El Ferroférico se diseñó para terminar con 83 minutos de espera por tren y el colapso vial en la mancha urbana de Celaya.
-Esta espera en el cruce generaba no sólo la pérdida de tiempo sino pérdidas millonarias en fletes ferroviarios.
-La SHCP recortó recursos de 2016 a 2018; la SCT salvó el Ferroférico cediendo exclusividad a Ferromex y KCSM.
-Las vías urbanas provocaban por el paso del tren contaminación auditiva, robos de carga, vibraciones y grave deterioro patrimonial.
-El proyecto SCT incluyó 46 km de vías, patio de maniobras, 19.4 km de intercambio, 5 laderos y 3 entronques.
-En 20 años el aumento del flujo de 35 trenes diarios paralizaría por completo el tránsito en los 15 cruceros de Celaya.
-Evitar el paso del tren por el trazo original elevaría la velocidad del ferrocarril de 15 a 60 km/h y eliminaría el riesgo de accidentes en la ciudad.
-Así, el libramiento ferroviario de Celaya se convertiría en la obra histórica que puso fin a décadas de parálisis vial y riesgo urbano
Durante más de cuatro décadas, la ciudad de Celaya vivió dividida y rehén del paso constante del tren. El crecimiento urbano terminó por asfixiar el trazado de las vías férreas, convirtiendo el cruce de los convoyes en un dolor de cabeza cotidiano: avenidas colapsadas, demoras interminables, accidentes y pérdidas económicas severas para miles de familias y comerciantes. Ante esta crisis de movilidad y seguridad, el proyecto del Libramiento Ferroviario de Celaya -conocido popularmente como el Ferroférico -surgió como la solución definitiva para sacar la operación del tren del corazón de la mancha urbana y devolver la fluidez a la ciudad.
El beneficio central para los celayenses al trasladar las líneas del tren fuera de la zona urbana radicó en la eliminación de los bloqueos diarios en los principales bulevares y avenidas. Esta transformación no solo reduciría drásticamente los tiempos de traslado y el desperdicio de combustible, sino que frenaría la contaminación auditiva, mitiga el deterioro urbano y reduce los riesgos de accidentes y robos en zonas habitacionales.
Una problemática histórica: Celaya dividida en cuatro
A lo largo de los años, el cruce de las líneas “A” (operada por FERROMEX) y “NB” (operada por KCSM), tanto en sentido Norte-Sur como Oriente-Poniente, generó un conflicto operativo y social sin precedentes. Para realizar el intercambio de unidades, FERROMEX utilizaba su patio en el kilómetro 292 de la línea “A”, mientras que KCSM dependía del patio de Escobedo en el kilómetro 315 de la línea “NB”.
Dado que ambas vías se cruzaban a nivel y FERROMEX mantenía el control del derecho de paso según su concesión, los trenes de KCSM debían detenerse a esperar autorización. Esta maniobra generaba una pérdida promedio de 83 minutos por tren. Sin posibilidad de prever el horario exacto de paso ni las maniobras, los convoyes bloqueaban vialidades por más de una hora continua.
El impacto en Celaya era crítico:
-15 cruceros viales afectados: Dividían a la ciudad de norte a sur y de este a oeste.
-185,120 vehículos diarios: Tránsito promedio diario anual expuesto a detenciones, gasto innecesario de combustible y desgaste vehicular.
-35 trenes diarios: Un promedio diario de 24 trenes de FERROMEX y 11 de KCSM atravesaban la mancha urbana, con proyecciones de que en 20 años paralizarían por completo la movilidad.
-Impacto social y delincuencia: La baja velocidad y los paros prolongados provocaron un aumento en el robo de mercancías, además de generar vibraciones, contaminación auditiva y deterioro patrimonial en las viviendas aledañas.
Evolución técnica, costos y suspensión de recursos
Frente a este escenario, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en conjunto con el Gobierno del Estado de Guanajuato y los municipios de Celaya, Cortazar y Apaseo el Grande, impulsó el proyecto “CG-195 Libramiento Ferroviario de Celaya, Primera Etapa”.
Desde que surgió la propuesta en 2001 y se logró el registro del Análisis Costo-Beneficio (ACB) ante la SHCP en septiembre de 2010, el proyecto sufrió constantes ajustes de alcance y presupuesto, donde se establecían fechas, costos de inversión en millones de pesos y los períodos de ejecución considerados.
-Enero 2010 | $2,399.0 mdp | 2010 – 2012 |
-Octubre 2012 | $5,582.0 mdp | 2010 – 2014 |
-Junio 2014 | $5,620.0 mdp | 2010 – 2015 |
-Marzo 2015 | $6,302.8 mdp | 2010 – 2017 |
-Marzo 2018 | $8,191.1 mdp | 2010 – 2019 |
Sin embargo, el proyecto enfrentó un severo obstáculo: mediante el comunicado 007/2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) implementó medidas de responsabilidad fiscal, dejando al proyecto sin asignación presupuestal federal durante los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
El esquema de financiamiento privado
Para evitar el abandono de las obras, la SCT contrató expertos financieros y diseñó un esquema para que las propias empresas concesionarias financiaran la conclusión del Libramiento a cambio de la extensión en sus periodos de exclusividad en los Títulos de Concesión:
-Línea AM (Ferromex): Inversión de $2,340 mdp a cambio de 5 años y 6 meses adicionales de exclusividad.
-Línea NBA (KCSM): Inversión de $1,342 mdp a cambio de 4 años y 5 meses adicionales de exclusividad.
Alcance de la obra y avances alcanzados
El Libramiento Ferroviario de Celaya abarca una superficie de 352.10 hectáreas y un desarrollo total de 46 kilómetros de vías férreas, divididos de la siguiente manera:
-25 km para la nueva línea “AM” (FERROMEX).
-21 km para la nueva línea “NBA” (KCSM).
-19.34 km de vías de intercambio compartidas.
-1 patio de operaciones para FERROMEX (en sustitución del urbano).
-5 laderos y 1 viaducto ferroviario de 3.65 km.
-3 entronques carreteros y un canal hidráulico.
Entre los hitos logrados durante el periodo documentado (2012-2018), destacan la conclusión de los proyectos ejecutivos, la reubicación de líneas de alta tensión de la CFE para la línea “NBA”, el avance del 70% en la liberación del derecho de vía y la conclusión de 9 de las 22 obras totales. Asimismo, en septiembre de 2013 entró en operación el tramo del km 8+440 al 11+320 para dar servicio a la planta automotriz Honda de México.
Resultados e impacto directo para la población
El retiro del tráfico ferroviario del centro urbano y la puesta en marcha del Libramiento trajeron consigo beneficios operativos y sociales de gran escala:
-Eficiencia en el transporte: La velocidad de los trenes pasa de 15 km/h a 60 km/h, reduciendo sustancialmente los costos logísticos de carga.
-Impacto Económico: Generación de empleo local para habitantes de zonas aledañas y derrama económica por la compra de insumos de construcción.
-Impacto Social: Eliminación de los cuellos de botella viales, reducción del riesgo de accidentes en cruceros y recuperación de la tranquilidad urbana.
-Sustentabilidad Ambiental: Mínima afectación al entorno ecológico, limitando el impacto a zonas específicas con cambio de uso de suelo y reduciendo las emisiones contaminantes generadas por los vehículos varados en el tráfico.
Con estas acciones, articuladas dentro del Programa de Seguridad Ferroviaria y el Plan Nacional de Desarrollo, Celaya avanzó hacia una movilidad moderna, recuperando la conectividad de sus calles y garantizando un crecimiento urbano ordenado para las próximas décadas. #MetroNewsMx
-La omisión de un acceso en la planeación del Libramiento Ferroviario derivó en un bloqueo de cuatro horas, reingeniería técnica de emergencia y una inversión municipal imprevista de 15 MDP: “Sobre advertencia no hay engaño”
-El documento técnico de la SCT demostró que el origen de la intervención urbana responde a un proyecto de reordenamiento e infraestructura del Libramiento Ferroviario de Celaya, de impacto federal e inversión de concesionarias.
-Se comprueba que la afectación a la movilidad cotidiana de Los Mancera no se contempló en el diseño original del paso multinivel, lo que obligó a los vecinos a cerrar la arteria Celaya–Salvatierra bajo la protesta de que solo les daban "atole con el dedo".
-No se aviso, tuve conocimiento o información sobre una Consulta Ciudadana, que habría puesto sobre la mesa las inquietudes de la comunidad de Los Mancera y otras, sobre lo que estas obras les iban a representar
-El caso de Los Mancera y la omisión de consultar a la población afectada directamente por la obra es una lección de gestión pública para las autoridades municipales, planeación urbana y comunicación comunitaria.
-La omisión de un acceso en la planeación del Libramiento Ferroviario derivó en un bloqueo de cuatro horas, reingeniería técnica de emergencia y una inversión municipal imprevista de 15 MDP.
Del 25 de octubre de 2022 al 6 de agosto de 2023, los medios de comunicación de Celaya consignaron lo que sucede cuando el gobierno federal omite las consultas públicas en una obra ferroviaria y que quien acaba pagando esas omisiones, con millones de pesos es el municipio, en este caso, de Celaya, cuando el mismo gobierno federal debía de haber previsto todo.
La omisión de una vía de acceso vehicular en la planeación del Distribuidor Vial Celanese desencadenó un conflicto social que inició con el bloqueo de la carretera Celaya–Salvatierra en octubre de 2022 y derivó en la reingeniería del proyecto, la aprobación de recursos municipales y la entrega final de la obra de conectividad para las comunidades de Los Mancera y Santa Anita.
Manifestación e interrupción vial en la Celaya–Salvatierra
En respuesta al aislamiento vial provocado por la ejecución del Distribuidor Celanese, alrededor de un centenar de habitantes de la comunidad de Los Mancera colapsaron la circulación en la carretera Celaya–Salvatierra durante aproximadamente cuatro horas, utilizando señaléctica de la propia empresa constructora y rocas para impedir el tránsito vehicular.
La protesta dio inicio alrededor de las 8:00 horas, generando un cuello de botella que inmovilizó por más de 60 minutos el desplazamiento hacia el complejo automotriz Honda, los parques industriales de la franja y el transporte foráneo y de carga pesada en ambas direcciones. El malestar ciudadano se centró en la omisión de un entronque o incorporador directo a la localidad dentro de la planeación ejecutiva del proyecto multinivel.
Hacia las 11:00 horas, funcionarios del gobierno local arribaron al punto de bloqueo con la intención de disuadir la protesta; sin embargo, los colonos mostraron descontento, argumentando que tanto las dependencias estatales como las municipales solo les han estado dando “atole con el dedo” mientras la constructora avanza sin adecuar una entrada formal.
Minutos después, el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, se presentó en el sitio para encabezar una mesa de negociación improvisada. Los diálogos iniciales con una representación de diez manifestantes se vieron frenados por la falta de cartografía y planos técnicos en el sitio.
El dispositivo de contención se reforzó con la llegada del Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, y el director de Tránsito y Policía Vial, Francisco Frías, resguardados por una veintena de elementos operativos, sumándose al pie de fuerza de la Guardia Nacional y las corporaciones locales que ya custodiaban el perímetro.
Ante la postura de los pobladores de mantener el bloqueo ininterrumpido si no se les brindaba una solución inmediata, los mandos municipales replantearon la agenda. Rivera Peralta invitó a la comitiva a recorrer a pie los tramos críticos para ubicar los puntos exactos donde se requería el paso vehicular. Un contingente acompañó a los mandos mientras otro grupo permaneció sobre el asfalto resguardando el bloqueo.
Tras la inspección sobre el polígono de obra, las autoridades acordaron trasladar a una comitiva de vecinos directamente a las instalaciones del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE) para entablar una mesa de trabajo técnica en ese preciso momento.
Al volver con la muchedumbre, el representante comunitario, conocido como don Martín, expuso los términos pactados para concretar el diálogo en la dependencia municipal. A pesar de las reservas manifestadas por la multitud, se accedió a retirar las barricadas pasadas las 12:00 horas. No obstante, los manifestantes fijaron un ultimátum ante las autoridades locales antes de reabrir el flujo vehicular: de no concretarse una respuesta favorable en los planos del IMIPE, intensificarán las medidas de presión bloqueando los accesos a la planta de Honda y el resto de los nodos carreteros de la zona.
“Sobre advertencia no hay engaño”, sentenció uno de los manifestantes al confrontar de forma directa a los mandos de seguridad.
Lo que vino después y quiénes pagaron los platos rotos: Rediseño técnico del acceso inferior
El 2 de diciembre de 2022, los medios dan a conocer que como respuesta a las exigencias expresadas por pobladores del sur del municipio, el Gobierno Municipal de Celaya confirmó la adición de un paso inferior en la infraestructura del Distribuidor Vial Celanese. Con esta modificación técnica se buscó resolver las afecciones a la conectividad local derivadas del desarrollo ferroviario en la zona.
El ajuste arquitectónico fue coordinado por el Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE) luego de que las alternativas planteadas inicialmente por los residentes fueran dictaminadas como inviables en los análisis de factibilidad. La decisión derivó directamente del acuerdo alcanzado tras la movilización del 25 de octubre.
El Secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, precisó en su momento que los trabajos de habilitación para el paso deprimido ya se encontraban en fase de desarrollo en el polígono intervenido. Respecto al impacto económico de esta adición, el funcionario puntualizó:
"Ya se está ejecutando el acceso inferior, el IMIPE fue quien hizo el proyecto para solucionar la movilidad, en cuanto al costo de éste, no estaba contemplado, ya le corresponde a la empresa que hace la obra".
La infraestructura complementaria contempló un beneficio directo para las comunidades de Los Mancera y Santa Anita, asegurando el tránsito vehicular diario y previniendo deficiencias de integración urbana una vez concluidos los trabajos principales, manteniendo esquemas de acompañamiento municipal con los representantes vecinales.
Aprobación presupuestal en el Plan General de Obra 2023, bajo urgencia
El 8 de febrero de 2023, nuevamente los medios dan a conocer, que en en una sesión marcada por la urgencia técnica, el Ayuntamiento de Celaya aprobó por unanimidad el Programa General de Obra (PGO) 2023, el cual contempló un techo financiero global de 445 millones 502 mil pesos.
A pesar de que el listado definitivo de intervenciones para ese ejercicio fiscal aún no se había consolidado en su totalidad —a la espera de conocer las aportaciones que confirmaría el Gobierno del Estado durante marzo—, la administración municipal determinó priorizar y asignar recursos inmediatos para garantizar la conectividad de las dos comunidades afectadas.
Se trató de la construcción, mediante carpeta asfáltica, de los accesos principales hacia las localidades de Los Mancera y Santa Anita, destinando para esta obra complementaria una partida de 17 millones de pesos. La decisión de priorizar esta acción respondió a la necesidad de sincronizar los trabajos locales con los avances del megaproyecto del Distribuidor Vial Celanese. Durante la presentación del dictamen ante el pleno, la regidora y presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Raquel Trejo Granados, clarificó el carácter excepcional de esta asignación presupuestal temprana:
"Se presentó en ceros en esta ocasión y sólo se presentó con monto una acción que está relacionada con el Distribuidor Celanese", puntualizó Trejo Granados.
Bajo este esquema de urgencia, la Dirección de Obras Públicas, encabezada por Marco Antonio Hernández, contó con la facultad para iniciar las gestiones de contratación con la meta de concluir la vialidad en el mes de mayo, calendarización crítica debido a que para esa fecha la empresa ferroviaria Ferromex planeaba iniciar las pruebas operativas en la vía oriente-poniente del distribuidor. El director enfatizó:
"Está obra es un requerimiento que tenemos porque Ferromex ya está adelantado y a principios de mayo pretende tener funcionando la vía oriente poniente y antes deben hacer pruebas en las vías", concluyó Hernández.
Conclusión de los trabajos de acceso y estado del colector pluvial
El 6 de agosto de 2023, se consigna por los medios locales que a menos de un año de las protestas vecinales, la Dirección de Obras Públicas confirmó en agosto de 2023 la finalización al 100 % de los trabajos del camino de acceso destinado a las comunidades de Los Mancera y Santa Anita, infraestructura para la cual la hacienda municipal aplicó una inversión definitiva de 15 millones de pesos.
Dada la apremiante necesidad de movilidad en la zona, la apertura del nuevo tramo vial se programó para operar incluso antes de que concluyera en su totalidad el megaproyecto del Distribuidor Vial Celanese.
El titular de la Dirección de Obras Públicas, Marco Antonio Hernández Hernández, detalló que la obra técnica atendió directamente la solicitud realizada por la población rural. Respecto al estado general del distribuidor, el funcionario explicó que, aunque la reconexión de las vías férreas a cargo de Ferromex continuaba en proceso, ya se había logrado habilitar un cuerpo vial para el flujo vehicular bidireccional sobre el eje Celaya–Salvatierra.
Por otro lado, la dependencia se mantuvo a la espera de que la empresa constructora liberara un segmento de aproximadamente 400 metros lineales para arrancar las fases tres y cuatro del colector pluvial, las cuales contemplaban una inversión adicional de 12 millones de pesos. Sobre la logística de estos trabajos, el director precisó:
“Al liberarnos el espacio, nosotros estamos listos para empezar. El espacio en donde tenemos que trabajar, si no lo liberan, y entramos nosotros a trabajar, colapsamos la vialidad”.
Respecto a la vialidad local recién terminada, el titular de Obras Públicas concluyó: “En el caso del acceso a Los Mancera y Santa Anita, se abriría antes, por las necesidades que tienen los pobladores. Cuando ya estén las vialidades dadas, se puede abrir dicho acceso”, cerrando así el proceso derivado de las movilizaciones ciudadanas.
La obra total del libramiento ferroviario no fue una obra municipal sino obra federal financiada por empresas
A partir de la Memoria Documental de la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) sobre el proyecto "CG-195 Libramiento Ferroviario de Celaya, Primera Etapa", (https://micrs.sct.gob.mx/images/DireccionesGrales/UE/Transparencia/rendicion-de-cuentas/MD/60_MD.pdf ) se desprenden con absoluta claridad el carácter totalmente Federal del proyecto. Este está registrado ante la Administración Pública Federal como un compromiso a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ejecutado a través de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal y el Centro SCT Guanajuato (pág. 3 y 4).
El fundamento e inversión pública se registraron originalmente ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde septiembre de 2010 (pág. 7).
La participación y financiamiento de Ferromex y Kansas City Southern (KCSM). La obra técnica comprendió 46 km de vía férrea divididos explícitamente entre ambas concesionarias (pág. 3 y 7), correspondiendo 25 km de la línea "AM", concesionada a Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. (FERROMEX) y 21 km de la línea "NBA", concesionada a Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. (KCSM).
El documento detalla que, tras los recortes presupuestales federales entre 2016 y 2018, la SCT negoció un esquema financiero para que ambas concesionarias privadas asumieran el costo del proyecto a cambio de ampliarles la exclusividad en sus Títulos de Concesión (pág. 8 y 9), correspondiendo a la Línea AM (Ferromex) una inversión de $2,340 MDP a cambio de 5 años y 6 meses adicionales de exclusividad mientras que a la Línea NBA (KCSM): Inversión de $1,342 MDP a cambio de 4 años y 5 meses adicionales de exclusividad.
Entre los "principales componentes del proyecto" descritos en la página 3 y 8, se señalan explícitamente la construcción de Entronques Carreteros, viaductos e infraestructura de cruce, que corresponden a las obras de nivel y desnivel (como el Distribuidor Celanese) diseñadas para evitar que el tren divida a la ciudad y afecte el tránsito vehicular en los accesos de la zona.
--SEMARNAT no dio la difusión debida a la figura de Reunión Pública y alegó que "nadie la pidió"; argumentó que sólo hubo un ciudadano que la solicitó.
-El plan del Tren Querétaro-Irapuato tira a la basura 30 años de inversiones de Celaya para liberar vías del centro urbano.
-Alcaldía de Celaya se alineó por subordinación política a la Federación, permitiendo el enrejado y división de la ciudad.
-SEMARNAT tardó 127 días en responder un oficio clave, reteniendo la información hasta 48 horas antes de cerrar la consulta.
-Respuestas de SEMARNAT a la Regiduría de Celaya ignoraron dudas de salud, movilidad y el uso del libramiento ferroviario.
-Publicación del proyecto en edictos opacos garantizó la indefensión y el analfabetismo procedimental de la población.
-SEMARNAT convirtió un reclamo ciudadano de fondo en un simple papel de archivo sin impacto en la decisión del tren.
A través del oficio SRA/DGIRA/DG-04758-25, la SEMARNAT consumaría una simulación procedimental en la evaluación ambiental del Tren Querétaro-Irapuato al notificar a regidora y a un ciudadano sobre la Consulta Pública apenas dos días antes de que venciera el plazo legal del 18 de julio de 2025, cancelando en los hechos la oportunidad de presentar objeciones técnicas a la división del centro de Celaya con un enrejado.
La maniobra federal fue facilitada por la abierta omisión -evidenciada en declaración del Frente Cívico Celayense- del gobierno municipal encabezado por Juan Miguel Ramírez Sánchez, administración que, pese a estar notificada formalmente desde el 10 de marzo de ese año del riesgo urbano y la anulación de 30 años de gestiones del libramiento ferroviario, decidió no activar recursos jurídicos ni exigir a la Federación la reunión pública de información prevista en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, abandonando la defensa de la ciudadanía para alinearse pasivamente con el proyecto federal.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Es la máxima ley en materia ambiental en México y el marco regulatorio que rige a la SEMARNAT para evaluar y autorizar proyectos de infraestructura (como el Tren Querétaro-Irapuato).
La petición de la regidora Cristina González, que recibió el "carpetazo" de SEMARNAT
El Municipio de Celaya, a través de una regidora y colectivos sociales hicieron un frente común para exigir a las autoridades federales que reconsideren el trazo del Tren de Pasajeros Querétaro-Irapuato y eviten que las vías dividan a la ciudad con un enrejado.
A través del oficio número `MC.AC.13.1.126.2025`, fechado el 10 de marzo de 2025, la Dra. Cristina González Muñoz, titular de la Regiduría relacionada con el movimiento Celaya Sustentable (y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social), junto con el Ing. Jorge Enrique Velázquez Centeno, representante de la organización Sostenibilidad Sin Fronteras 2050, formalizaron una petición dirigida a los altos mandos del Gobierno de la República y del Estado.
El conflicto surge tras la revisión de una presentación oficial del proyecto realizada el 31 de enero de 2025, la cual llegó a manos de activistas e integrantes de asociaciones de colonos. En dicho documento se proyecta utilizar la infraestructura ferroviaria que cruza el centro de Celaya e instalar un cercado o enrejado de protección.
A decir de los promoventes, esta medida "prácticamente dividiría a Celaya en dos", echando por tierra cerca de 30 años de gestiones e inversiones millonarias destinadas a la construcción del libramiento ferroviario (ferroférico). La intención histórica del municipio ha sido sacar los trenes del área urbana para liberar esos terrenos y transformarlos en corredores de movilidad, espacios públicos y desarrollo comunitario.
El oficio remitido a los funcionarios plantea tres cuestionamientos centrales frente al proyecto federal:
-¿Por qué no se utiliza el libramiento ferroviario que actualmente se encuentra en construcción para el paso de este nuevo tren de pasajeros?
-¿Qué estudios técnicos, sociales y ambientales respaldan la decisión de mantener las vías por la zona elegida por el gobierno federal en lugar del libramiento?
-¿Cuáles son los planes de mitigación previstos para reducir el impacto negativo en la movilidad, el ordenamiento urbano y la calidad de vida de los celayenses?
Los firmantes enfatizaron que la petición no busca frenar el desarrollo ni oponerse a la conectividad del país, sino garantizar que la infraestructura no afecte la salud pública (en relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la Agenda 2030) ni genere un retroceso urbano.
El documento fue dirigido a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Gral. Div. I.C. E.M. Gustavo Ricardo Vallejo y Myr. I.C. Juan Edmundo Mayorga Castro, mandos del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles" encargados de los estudios y proyectos ferroviarios. Mtro. Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF). Mtro. Néstor Núñez López, titular de Vinculación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Dra. Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Mtra. Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Lic. Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora del Estado de Guanajuato. y Mtro. Juan Miguel Ramírez Sánchez, Presidente Municipal de Celaya.
El oficio concluye con un llamado a la Federación a entablar un diálogo técnico con la ciudadanía y explicar de manera clara los beneficios reales del proyecto antes de consolidar el trazo por la marcha urbana de Celaya.
El "carpetazo" de la SEMARNAT a la solicitud de la regidora
Cuatro meses después de haber recibido una solicitud ciudadana para frenar la división urbana de Celaya, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) respondió al municipio mediante un oficio tramitológico que evade responder las dudas técnicas de fondo y se emite a solo dos días de que venza el periodo oficial de Consulta Pública del proyecto.
La consulta de la que nadie se enteró... o sólo unos cuántos.
A través del oficio número SRA/DGIRA/DG-04758-25, emitido el 16 de julio de 2025, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) —encabezada por su director general, Julio César García Vergara— dio contestación al escrito MC.AC.13.1.126.2025 que fue entregado desde el 11 de marzo de 2025 por la Dra. Cristina González Muñoz (titular de la Regiduría Celaya Sustentable) y el Ing. Jorge Enrique Velázquez Centeno (representante de Sostenibilidad Sin Fronteras 2025).
Un trámite de cuatro meses para una respuesta burocrática
El documento administrativo detalla que el oficio original ingresó a la oficina de la titular de la SEMARNAT el 11 de marzo de 2025 y fue turnado a la DGIRA mediante el volante OCS/2025-0000787 el 19 de marzo de 2025. Pese a que el funcionario firma en nombre del "derecho de petición" consagrado en el Artículo 8° Constitucional —el cual obliga a las autoridades a responder "en breve término"—, la respuesta tardó 127 días en concretarse. En ella, en lugar de explicar por qué se eligió usar las vías del centro en vez del libramiento ferroviario en construcción o presentar los estudios de salud pública exigidos por la población, la DGIRA se limita a desplegar un resumen de los trámites legales que rigen las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).
El oficio revela los datos, claves y fechas del procedimiento ambiental tramitado para el Tren Querétaro-Irapuato. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Ingresó el 6 de junio de 2025 bajo la clave de expediente 11GU2025V0045 y el número de bitácora 09/MG-0123/06/25, correspondiente a una Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) sin actividad altamente riesgosa (trámite SEMARNAT-04-003-A).
El nombre del proyecto "Sistema Ferroviario para conectar Querétaro - Irapuato", con los municipios impactados son Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Villagrán, Santa Cruz de Juventino Rosas, Salamanca e Irapuato, en el estado de Guanajuato. La solicitud se dio a conocer en la Gaceta Ecológica No. DGIRA/0025/25 el 12 de junio de 2025, mientras que la ARTF acreditó haber publicado el extracto del proyecto en un periódico local mediante un escrito de fecha 9 de junio de 2025.
El aspecto más crítico revelado en el informe es la gestión del calendario de participación ciudadana. Según detalla la DGIRA, el proceso de Consulta Pública fue abierto a solicitud de un ciudadano de Celaya ingresada el 13 de junio de 2025. El periodo legal fijado para que cualquier persona pudiera presentar observaciones y propuestas comprendió del 23 de junio al 18 de julio de 2025.
Al haber fechado el oficio el 16 de julio de 2025 y ordenar su notificación vía correo electrónico (celayasustentable@gmail.com), la autoridad respondió a los peticionarios a menos de 48 horas de que concluyera formalmente el plazo para aportar pruebas u observaciones al expediente.
Además, la SEMARNAT confirmó que no se organizó ninguna reunión pública de información sobre el proyecto, argumentando que "a la fecha de expedición del presente oficio no se tiene conocimiento alguno de solicitud ciudadana para organizar una reunión pública de información".
La convocatoria a la "Consulta Pública" aparece en la página de Transparencia de la SEMARNAT
La SEMARNAT tiene en su página de transparencia el registro de la MIA 11GU2025V0045 que aborda la MIA REGIONAL.- MOD A: NO INCLUYE RIESGO promovida por la AGENCIA REGULADORA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO y donde se señala la MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA EL PROYECTO SISTEMA FERROVIARIO PARA CONECTAR QUERETARO – IRAPUATO, UBICADO EN LOS ESTADOS DE QUERETARO Y GUANAJUATO, específicamente para el estado de Guanajuato en el municipio de Celaya.
El historial del trámite realizado, sin pena y sin gloria
El 18 de agosto de 2025, hace casi un año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dio por terminado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto "Sistema Ferroviario para conectar Querétaro – Irapuato" tras la entrega del resolutivo final al promovente, con lo que el trámite quedó formalmente concluido.
El expediente, radicado bajo la clave 11GU2025V0045 y número de bitácora 09/MG-0123/06/25, corresponde a una Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA Regional - Modalidad A: No incluye riesgo). El procedimiento abarca el trazado de la obra de infraestructura proyectada para atravesar zonas de los estados de Querétaro y Guanajuato, gestionado directamente desde la Entidad de Gestión en la Ciudad de México.
Cronología y flujo del trámite administrativo
De acuerdo con el historial oficial del flujo del trámite, la evaluación administrativa de la obra se desarrolló a través de las siguientes etapas:
-06 de junio de 2025: Recepción formal del trámite en ventanilla y posterior envío al área técnica correspondiente.
-10 de junio de 2025: Remisión del expediente al responsable del sector y formalización de la integración del expediente.
-12 de junio de 2025: Inicio de la fase de Evaluación Ambiental.
-30 de julio de 2025: Envío del documento de respuesta para rúbrica del subsector.
-31 de julio de 2025: Proceso intensivo de revisión interna que incluyó el envío del documento a rúbrica del Director de Área, reevaluación, firma del resolutivo de conclusión y turnado al Espacio de Contacto Ciudadano (ECC).
-18 de agosto de 2025: Notificación y entrega formal del documento resolutivo al promovente o gestor, marcando el estatus de trámite concluido.
Con la emisión y entrega de esta resolución el 18 de agosto de 2025, la autoridad federal ambiental cerró el ciclo de revisión de la MIA Regional sin actividad altamente riesgosa para el corredor ferroviario Querétaro-Irapuato.
Propuestas "agregadas" sin garantía de cambio
El oficio concluye informando que las inquietudes enviadas por Celaya respecto a las afectaciones por el enrejado y la falta de uso del libramiento simplemente se dieron por "recibidas e integradas" al expediente administrativo.
Será hasta que se emita la resolución final del procedimiento de evaluación ambiental cuando la SEMARNAT determine si autoriza el proyecto de manera condicionada o lo niega, acumulando hasta ese momento los escritos que hayan ingresado durante la consulta.
El documento incluye en su apartado de validación interna las firmas e iniciales del equipo técnico de la DGIRA, y marca copia de conocimiento electrónica a Ileana Villalobos Estrada, titular de la Subsecretaría de Regulación Ambiental de la SEMARNAT.
La simulación de la consulta plasmada por SEMARNAT
Al realizar la compulsa y cotejo cronológico de ambos documentos (el oficio enviado por el Ayuntamiento/Asociación Civil el 10 de marzo de 2025 y la respuesta formal de SEMARNAT del 16 de julio de 2025), sí se detectan elementos técnicos y procedimentales que evidencian una simulación o neutralización del mecanismo de participación ciudadana.
La simulación no proviene necesariamente de una ilegalidad explícita en el papel (pues la autoridad cita articulados para cubrir la forma jurídica), sino del diseño operativo y desfasamiento temporal que inhabilitó la participación real de la comunidad afectadas.
Los puntos exactos donde se detecta la simulación de SEMARNAT
Desfasamiento intencional de tiempos y "asfixia" del plazo ciudadano. En el Oficio 1 (10 de marzo de 2025): La Regiduría de Celaya y Sostenibilidad Sin Fronteras presentan desde marzo un recurso formal donde piden respuestas técnicas, sociales y ambientales antes de que el proyecto avance.
En el Oficio 2 (16 de julio de 2025): SEMARNAT responde ese oficio 4 meses después (127 días). En esa respuesta le informa a los peticionarios que la Consulta Pública oficial está abierta del 23 de junio al 18 de julio de 2025.
SEMARNAT emite y notifica el oficio el 16 de julio, solo 2 días antes de que venza la Consulta Pública. Esto deja a las autoridades locales y a la ciudadanía sin margen de tiempo para revisar la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R), redactar objeciones fundamentadas o recabar firmas técnicas para ingresarlas al expediente antes del cierre del 18 de julio.
Evasión de la reunión pública de información mediante "tecnicismo de omisión"
Lo que dice SEMARNAT: En el apartado III del Oficio 2, la DGIRA cita la fracción III del Art. 34 de la LGEEPA, señalando que la autoridad podrá organizar una "reunión pública de información" (foro presencial donde el promovente debe dar la cara y explicar el proyecto), pero remata diciendo: "a la fecha de expedición del presente oficio no se tiene conocimiento alguno de solicitud ciudadana para organizar una reunión pública de información".
SEMARNAT utiliza el hecho de que nadie pidió específicamente una "Reunión Pública" bajo esa nomenclatura exacta para omitir el foro presencial. A pesar de que el oficio de marzo (Oficio 1) exigía de manera abierta respuestas sobre el impacto de dividir la ciudad y el uso del libramiento, SEMARNAT no lo canalizó como un pedido implícito de información pública presencial. Ocultó la existencia de esa figura jurídica y esperó a que venciera el tiempo para argumentar que "nadie la solicitó".
Falsa integración de solicitudes previas a un trámite que no existía
En el oficio de la regidora, se solicita formalmente revisar el proyecto por temas de movilidad, salud pública y división urbana. En el oficio de la SEMARNAT indica que la solicitud de la ARTF (SICT) para autorizar la MIA-R apenas se ingresó el 6 de junio de 2025 (clave 11GU2025V0045). Luego, responde que las dudas enviadas en marzo por la Regiduría simplemente "se tienen por presentadas e integradas al expediente".
Al dar por "recibidas e integradas" las dudas de marzo dentro del expediente abierto en junio, SEMARNAT no responde ninguna de las tres preguntas de fondo (por qué no usar el ferroférico, qué estudios hay, cómo van a mitigar el impacto). Convierte un reclamo de fondo en un simple papel de archivo sin valor vinculante, postergando cualquier postura hasta la emisión de la resolución administrativa final, cuando el proyecto ya estará dictaminado.
Simulación de difusión pública (Cumplimiento de "forma" sin "fondo")
SEMARNAT justifica que se cumplió con la difusión porque la ARTF publicó el extracto del proyecto el 9 de junio de 2025 en un periódico local y en la Gaceta Ecológica.
La ley permite cumplir este requisito mediante un aviso de texto plano en edictos o secciones secundarias de periódicos. Un ciudadano común en Celaya no tiene forma de saber que un extracto legal publicado el 9 de junio activa un contador de 10 días para pedir una consulta o de 20 días para hacer observaciones. SEMARNAT validó la "legalidad" de la publicación, pero garantizó el analfabetismo procedimental del público para evitar la oposición social estructurada.
La compulsa demuestra que la consulta pública se operó como un mero trámite de ventanilla: se abrieron las fechas requeridas por ley para cumplir la forma, pero se notificó formalmente a los actores clave de Celaya a 48 horas de cerrar el plazo, asegurando que las objeciones de la comunidad quedaran fuera o ingresaran sin el sustento técnico suficiente para frenar la autorización.
El gobierno de Juan Miguel Ramírez Sánchez, se hizo omiso para hacer la consulta ciudadana
En términos estrictos de gestión pública y defensa del territorio, sí, existió una omisión clara por parte del Gobierno Municipal de Celaya.
Aunque legalmente la decisión sobre el tren de pasajeros es una facultad del Gobierno Federal (SICT y SEMARNAT), la administración municipal incurrió en una omisión de representación y defensa institucional por tres razones puntuales:
-No solicitó la Reunión Pública de Información (Foro Presencial) La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que, cuando una obra puede generar impactos sociales, urbanos o de salud, la autoridad ambiental puede organizar un foro público presencial para que los promoventes den la cara a la población.
SEMARNAT justificó no hacer este foro argumentando que "nadie lo solicitó". El Presidente Municipal y el Ayuntamiento tenían la facultad jurídica y la responsabilidad política de exigir formalmente esa reunión pública para defender a sus ciudadanos, pero no lo hicieron. Dejaron esa tarea a la deriva de lo que pudiera hacer un ciudadano común por su cuenta.
-Guardó silencio político ante la amenaza de dividir la ciudad
Desde el 10 de marzo de 2025, el Alcalde y el Ayuntamiento estaban formalmente notificados de que el proyecto pretendía colocar un enrejado a lo largo de de Celaya, lo que fragmentaría la ciudad en dos y echaría a la basura casi 30 años de esfuerzos e inversiones millonarias orientadas a liberar las vías mediante el libramiento ferroviario (ferroférico).
Pese a tener el diagnóstico en la mesa, el municipio no emitió una postura de Cabildo firme, no promovió un recurso técnico o jurídico formal ante la SICT ni encabezó la exigencia de reordenamiento urbano. Delegó el tema de manera aislada en una sola regidora y en organizaciones civiles.
-Dejó indefensa a la ciudadanía frente a los plazos federales
Sabiendo que el proceso ambiental federal avanza a través de edictos y publicaciones burocráticas en la Gaceta Ecológica, el Gobierno Municipal no activó una campaña de información para alertar a la población celayense de que la Consulta Pública vencía el 18 de julio de 2025. Al no informarle a la gente, impidió que la comunidad presentara observaciones masivas en tiempo y forma.
¿Omisión deliberada o subordinación política?
En el ámbito municipal, este tipo de omisiones rara vez son por descuido técnico; generalmente responden a una subordinación o alineación política. Dado que el proyecto del Tren Querétaro-Irapuato es una obra prioritaria del Gobierno Federal, abrir un frente de confrontación o exigir un cambio de trazo implicaba frenar o condicionar una inversión federal.
El Gobierno Municipal optó por la inacción estratégica: no promovió la defensa del libramiento ferroviario para no chocar con la Federación, dejando que el trámite avanzara en el terreno burocrático hasta que los plazos de reclamo expiraran.
Las similitudes del Tren Querétaro-Irapuato con el caso del Tren Maya: las omisiones
Los medios de comunicación nacionales dieron cuenta en su momento, desde el 2020, de las omisiones en que incurrieron las autoridades federales para prácticamente imponer el Tren Maya.
13 de agosto de 2018 - Consulta pública de proyectos que requieren MIA - Marco Regulatorio Oficial de SEMARNAT (El plazo legal de 20 días)
El portal oficial de la SEMARNAT detalla los términos del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) conforme al Art. 34 de la LGEEPA, donde se establece formalmente que el público dispone de únicamente 20 días hábiles tras la puesta a disposición de la MIA (documentos que superan las miles de páginas) para redactar y presentar observaciones técnicas. - https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/consulta-publica-de-proyectos-que-requieren-mia
-La Contraloría municipal prosigue el análisis de la situación académica de la directora de personal tras que ha firmado documentos oficiales y que podría no estar facultada para hacerlo legalmente
-El regidor Carlos Ruiz León advirtió que cualquier documento suscrito por funcionarios sin título oficial carecerá de validez jurídica total, exigiendo una revisión exhaustiva en todas las áreas de la administración pública local.
-Diversos testimonios revelaron presuntos abusos de autoridad y retenciones ilegales dentro de la Tesorería municipal contra exfuncionarios, evidenciando un preocupante uso de métodos intimidatorios ajenos al marco legal vigente en el municipio.
-La falta de notificación oportuna a la Contraloría sobre un supuesto faltante de cinco millones de pesos en materia fiscal desató cuestionamientos sobre la omisión de protocolos y el posible encubrimiento de anomalías financieras.
-La presencia de elementos del grupo llamado "Palabras al viento" en el Instituto de Arte y Cultura de Celaya, ahora como funcionarios y donde se ve directa la mano de la esposa del alcalde, destapa probables conflictos de interés y contrataciones de personal directivo que carece del perfil gerencial indispensable.
-Ante los constantes escándalos de contrataciones basadas en amiguismos y la falta de capacidad técnica en paramunicipales, se exigió la intervención inmediata de los consejos directivos para deslindar responsabilidades administrativas.
El regidor Carlos Ruiz León puso de manifiesto que diversos funcionarios de la administración municipal en Celaya carecerían del perfil académico obligatorio para desempeñar sus cargos, luego del caso de la directora de personal, Alma Rosas López, quien hasta el momento no ha podido comprobar de manera satisfactoria su situación. Durante una entrevista, el edil explicó que la normativa municipal y estatal exige requisitos específicos, grados académicos, conocimientos y experiencia comprobada según cada puesto, subrayando que la Oficialía Mayor y la propia dirección de personal son las áreas encargadas de revisar minuciosamente los expedientes de los aspirantes.
La controversia escalaría más todavía si se detecta que altos mandos estarían firmando y suscribiendo documentos oficiales ostentando grados académicos que no pueden acreditar legalmente. El regidor detalló que un funcionario puede firmar únicamente conforme a su título y cédula profesional vigente, ya sea como licenciado o maestro, advirtiendo que atribuirse grados superiores como el doctorado sin la debida titulación constituye una irregularidad grave que vulnera la confianza tanto de la administración pública como de la sociedad celayense.
Ante estos hallazgos y trascender la información a través de diversos medios de comunicación y redes sociales, Carlos Ruiz León informó que actuó en su calidad de presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción. Confirmó que hace algunos días turnó un oficio formal a la contralora municipal para exigir el inicio inmediato de una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y determine las probables responsabilidades administrativas correspondientes dentro del gobierno local.
La información periodística reciente, basada en documentos y pruebas expuso un contexto complejo de presuntas acciones inquisitorias al interior de la Tesorería Municipal, la cual aparentemente omite informar a la Contraloría sobre presuntas anomalías financieras relevantes.
Como antecedente, se recordó el caso del exencargado de nóminas, Alejandro Arroyo, quien fue citado y sujeto a un acta administrativa por un presunto faltante de cinco millones de pesos, una metodología de actuación que ahora se observaría como replicada en la figura de la delegada municipal de San Juan de la Vega, Laura Ramos Cuarenta. (https://www.metronewsmx.com/2026/07/tesoreria-municipal-acusa-sin-pruebas.html )
Sería muy sano y muy prudente, separar a jefa de personal de su cargo, mientras se investiga: Ruiz León
El regidor Carlos Ruiz León, presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, confirmó que ya fue radicado un oficio para investigar formalmente a la directora de personal, Alma Rosas López, por firmar documentos oficiales presuntamente ostentando grados académicos que no puede acreditar. Durante una entrevista, el edil advirtió que si se comprueba esta anomalía, todos los procedimientos y actos firmados por la funcionaria carecerán de validez jurídica y se volverán totalmente nulos, subrayando que existe normativa federal que regula el uso correcto de títulos y cédulas profesionales.
Ante las denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía y la indagatoria abierta en la Contraloría Municipal (https://www.metronewsmx.com/2026/07/presentan-denuncia-penal-contra-jefa-de.html ), el regidor reconoció que lo más sano y prudente habría sido separar temporalmente a la funcionaria del cargo mientras avanzan las investigaciones. Señaló que comprobar la autenticidad de cualquier grado académico es un proceso sumamente sencillo mediante la consulta de los registros oficiales de la Secretaría de Educación Pública o las instituciones educativas correspondientes utilizando únicamente la CURP, tal como ocurre con su propia cédula profesional en derecho y maestría.
Ante ello, Ruiz León explicó que cualquier baja o remoción de un servidor público debe estar debidamente fundamentada en manuales operativos de Oficialía Mayor y en la ley estatal de trabajadores al servicio del estado y los municipios.
Finalmente, el regidor enfatizó que su facultad como presidente de la comisión edilicia es solicitar formalmente el inicio de las indagatorias, mientras que la Contraloría Municipal tiene la obligación legal de realizar las diligencias pertinentes, llamar a comparecer a la implicada y otorgarle su garantía de audiencia para que presente las pruebas o documentos que sustenten su situación profesional, concluyendo la primera parte de la entrevista antes de pasar a un corte técnico.
El caso de Alejandro Arroyo: Denuncian abuso y retención de su persona en Tesorería
El regidor Carlos Ruiz León, presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción en Celaya, anunció que su oficina elabora junto a su asesor jurídico una investigación formal sobre las recientes actuaciones de la Tesorería municipal, encabezada por Juan Almaraz Vilchis.
La intervención responde a los casos del exencargado de nóminas, Alejandro Arroyo, y de la delegada municipal de San Juan de la Vega, Laura Ramos (https://www.metronewsmx.com/2026/07/les-digo-de-frente-y-muy-claro-no-voy.html ), quienes presuntamente fueron citados bajo engaños o notificaciones irregulares, amedrentados y, en el caso de Arroyo, privado ilegalmente de la libertad al ser encerrado en oficinas sin permitirle la salida, constituyendo un posible delito de fuero común.
Durante la entrevista, el edil enfatizó que ningún servidor público puede actuar fuera del marco normativo ni convertirse en "todólogo", subrayando que el levantamiento de actas administrativas exige un protocolo riguroso que involucre a Oficialía Mayor, la dirección jurídica y la Contraloría, respetando en todo momento el derecho de audiencia consagrado en la Constitución federal.
Asimismo, señaló que si existían irregularidades contables o administrativas, la ley obliga a notificar de inmediato a la Contraloría Municipal para que sea esta instancia la encargada de indagar y determinar responsabilidades administrativas o penales, en lugar de utilizar la dependencia como un coto de poder para intimidar al personal.
Uno de los ejes centrales abordados fue el faltante de cinco millones de pesos en materia de impuestos que motivó el cese de Alejandro Arroyo. El regidor cuestionó el procedimiento y la omisión de la Tesorería al no informar oportunamente a la Contraloría sobre el caso, máxime cuando la parte afectada sostiene contar con comprobantes físicos de que los pagos a la federación se realizaron en tiempo y forma.
Ruiz León advirtió sobre la gravedad de la situación, destacando que no solo se trata del monto inicial de cinco millones de pesos, sino de las repercusiones accesorias generadas, tales como posibles intereses, recargos y multas fiscales.
Finalmente, el regidor puntualizó que la administración de los recursos y la ejecución de nóminas corresponden estructuralmente a Oficialía Mayor, por lo que cuestionó la intervención directa de la Tesorería en estos procesos. Confirmó que turnará formalmente ambos expedientes a la contralora municipal para que proceda conforme a la normativa, deslinde responsabilidades y garantice un proceso transparente, mientras que los afectados evalúan interponer denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado ante la filtración de información y el trato intimidatorio recibido.
Los casos de conflicto de intereses y perfiles académicos en INSMACC y SIDEC
El regidor Carlos Ruiz León, presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, confirmó que solicitará formalmente a la Contraloría Municipal ampliar las investigaciones a todas las dependencias paramunicipales, en donde se destaca el Instituto de Arte y Cultura de Celaya (INSMACC). (https://www.metronewsmx.com/2025/09/festival-palabras-al-viento-conflicto.html )
Durante la entrevista, se expuso que hace más de un año este medio digital y la columna "Fans de Serpientes y Escaleras" documentaron irregularidades sobre un grupo de "cuentacuenteros" independiente denominado "Palabras al viento" y bautizado en redes como "Palancas al viento", cuyos integrantes ocupan cargos directivos y administrativos en el instituto devengando sueldos públicos evidenciados en el portal de transparencia, a pesar de carecer varios de ellos del perfil académico, técnico, de coordinación o directivo requerido para la administración pública.
El edil subrayó que se debe diferenciar puntualmente entre las habilidades de un artista o un artesano y las capacidades de administración que exige un puesto directivo, aplicando el principio de "zapatero a tus zapatos".
Asimismo, se evidenció un claro conflicto de interés al evidenciarse directamente a Laura Casillas, esposa del presidente municipal e integrante de dicho grupo, cuya agrupación cultural pasó de ser independiente a ser absorbida por el municipio y recibir financiamiento institucional total y un trato preferencial por parte del gobierno local, en contraste con otros sectores culturales. (https://www.metronewsmx.com/2025/07/de-palabras-al-viento-palancas-al.html )
Como antecedente, se recordó el escándalo, que tuvo cierta repercusión entre artistas y escritores del mundo dela cultura en México, generado por la injustificada remoción del pintor y maestro Gerardo Martínez, quien durante 25 años fuera alumno y colaborador del destacado artista mexicano Francisco Toledo (https://www.metronewsmx.com/2025/09/insmacc-maniobras-y-silencios-complices.html ); Martínez García actualmente colabora en el Tecnológico Nacional de México en Celaya, así como el caso reciente en el SIDEC, donde una persona fue asignada a comunicación social -tras el accidente del titular- y operaba un negocio de venta de productos en horario laboral (https://www.metronewsmx.com/2026/07/el-sidec-como-botin-la-comunicacion-en.html ).
Ante este cúmulo de anomalías en las contrataciones de personal que responde a relaciones de amistad o recomendaciones internas, el regidor enfatizó que no incurrirá en omisiones y exigirá que los consejos directivos de las paramunicipales y las comisiones correspondientes revisen a fondo los perfiles.
Cuestionado sobre la autonomía de la dependencia fiscalizadora, Ruiz León expresó su confianza en que la contralora municipal actúe con plena libertad ante el incremento de investigaciones y reiteró su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias legales para deslindar responsabilidades administrativas en beneficio de la ciudadanía celayense. #MetroNewsMx
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