Durante el Pase de Revista, correspondiente a enero 2026, elementos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Celaya, reafirmaron el compromiso institucional con los principios humanitarios y el fortalecimiento de su labor al servicio de la comunidad.
La ceremonia inició con honores a la Bandera, seguidos de los Honores al Guion de Cruz Roja Mexicana, a cargo de la escolta institucional y de la Banda de Guerra de Bomberos Fundadores, quienes dieron realce y solemnidad al evento.
Como parte del acto protocolario, se llevó a cabo el izamiento del guion de la Cruz Roja, a cargo de los coordinadores de área.
Durante la ceremonia se realizó también el Pase de Lista en memoria de los compañeros caídos en cumplimiento del deber: Cristina del Carmen Camarena Laguna (q.e.p.d.), J. Jesús Revilla (q.e.p.d.) y Juan Rodríguez Corona (q.e.p.d.). Sus nombres fueron recordados con respeto y gratitud por su entrega, vocación de servicio y legado dentro de la institución.
En el marco del evento, la Coordinadora de Voluntariado, Sandra Arreguín, destacó la importancia del trabajo de cada uno de los elementos de la institución, haciendo énfasis a un agradecimiento que se recibió por parte de la ciudadanía, derivado de la atención brindada por las elementos Leslie García, Diana Rodríguez y María Elena Pérez.
Así mismo, la Coordinadora de Migración, Rosa Isela Martínez, recordó el segundo aniversario luctuoso del compañero Felipe Jiménez (q.e.p.d.).
Finalmente agradeció la presencia de todos los asistentes de la Delegación Celaya.
-Administración de Gilberto Zárate entrega 4.5 mdp a Faustino Reséndiz, excandidato de Morena, bajo un velo de dudas financieras.
-La Tesorería de Comonfort confirma gasto de 4.5 millones en la Feria de los Remedios 2025; el beneficiario es un allegado al partido.
-Fraccionamiento de facturas en Comonfort sugiere estrategia ilegal para evitar licitación pública por 4.5 millones de pesos.
-Faustino Reséndiz Acosta, alias El Chicano, recibe contrato millonario en Comonfort pese a historial de corrupción y acoso sexual.
-Gobierno de Comonfort privilegia a contratista foráneo de Morena mientras desplaza al comercio local de sus áreas de trabajo.
-El millonario contrato de la Feria de los Remedios carece de licitación, violando la Ley de Contrataciones Públicas del Estado.
-Raúl García Morales, director de Turismo, avala pagos millonarios a foráneos pero asfixia económicamente a mercaderes nativos.
-Nepotismo y favoritismo político marcan la gestión de Gilberto Zárate en Comonfort con la entrega de 4.5 mdp a un solo hombre.
-Facturas por juegos mecánicos en Comonfort revelan un presunto festín de opacidad que beneficia a la camarilla de morenista de San Luis de la Paz.
-La probable justificación exclusividad en juegos mecánicos para evitar licitar 4.5 mdp es un insulto a la inteligencia y a la legalidad estatal.
-La sombra del acoso y el desvío de recursos persigue a Faustino Reséndiz, el contratista favorito de la actual era en Comonfort.
-El director de Turismo aplica una doble vara: rigor extremo para el comerciante honesto de casa y alfombra roja para el comerciante foráneo aliado político.
-La administración de Zárate enfrenta críticas por convertir el presupuesto público en una caja chica para el morenismo regional.
La administración municipal de Gilberto Zárate beneficio con 4.5 millones de pesos como "contrato para espectáculos y juegos mecánicos" a Faustino Reséndiz Acosta, excandidato a regidor morenista de San Luis de la Paz, quien además fue funcionario ludovicense en el pasado y cuenta con toda una serie de antecedentes no muy claros consignados por diversas informaciones de medios digitales. Se evidencia así que Gilberto Zárate beneficia con contratos a gente a fin a su partido... de otros municipios.
A través del Sistema de Transparencia, en copias facsimilares -en poder de Metro News- de los documentos oficiales se hace constar a través del oficio de Tesorería Municipal de Comonfort No. TES-2026-0014, de fecha 8 de enero de 2026, enviado a C. Liliana Hurtado Pérez, coordinadora de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del municipio de Comonfort "que suscribe, C.P. Araceli Álvarez Pescador, Tesorera Municipal de Comonfort, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 fracción XVII y 131 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, le envío un cordial saludo y le expongo lo siguiente", señala el documento.
"Por medio del presente me dirijo a usted, en relación al oficio UTAIP/1796/2025, mismo que hace referencia a la solicitud con número de folio 1101957000572125 realizada ante la Plataforma Nacional de Transparencia, para lo cual informo lo siguiente:
Presupuesto ejercido para presentaciones artísticas, así como juegos mecánicos de la Feria de los Remedios 2025: $4,500,000.00
Se anexa al presente las facturas correspondientes.
Sin otro particular, agradezco de antemano por su atención al presente y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o aclaración.
ATENTAMENTE
“Gobierno de Comonfort, Moderno, Igualitario e Inclusivo”
Comonfort, Gto a 08 de enero del 2026
C.P. Araceli Álvarez Pescador
Tesorera Municipal"
Entre los probables motivos por los cuales se solicitó esta información, se cuentan el de fiscalizar el uso de los recursos. En este caso particular, un ciudadano o entidad quería saber exactamente cuánto costaron las atracciones y artistas de la "Feria de los Remedios 2025" y porque este tipo de trámites son la herramienta principal para que la sociedad civil detecte posibles sobrecostos o desvíos de recursos en eventos públicos.
Las facturas de lo pagado por el Municipio de Comonfort a Reséndiz Acosta
Basado en los documentos analizados, se confirma que ambos son comprobantes fiscales digitales (facturas) que pertenecen al Municipio de Comonfort, Guanajuato, como receptor, y a Faustino Reséndiz Acosta, como emisor y prestador de servicios.
El concepto común que une a estos documentos es la contratación de servicios integrales para la Feria de los Remedios 2025. Estos servicios incluyen la organización de presentaciones artísticas para el Teatro del Pueblo y la instalación y operación de 15 juegos mecánicos dirigidos a niños y adultos, tal como se detalla en la descripción del gasto de las facturas.
En cuanto a los montos y fechas de expedición, la información se precisa que la primera factura, con folio 113, fue expedida el 10 de octubre de 2025 por un importe total de 1,000,000.01 pesos. Posteriormente, se emitió la factura con folio 126 el 28 de noviembre de 2025, la cual ampara un monto de 1,750,000.00 pesos.
Finalmente, el 18 de diciembre de 2025 se expidió la factura con folio 140 por un valor de 1,750,000.00 pesos; esta última pieza documental especifica que se trata de una sustitución de los comprobantes fiscales emitidos previamente. En conjunto, estos documentos respaldan el presupuesto total de 4,500,000.00 pesos ejercido para dicho evento. Esta contiene extrañamente el sello de la Secretaría de Turismo del municipio de Cortazar, a cuyo cargo se encuentra Raúl García Morales.
La nota ponía al descubierto una práctica sistémica de encubrimiento y desamparo institucional. En el centro de la controversia se encontraba Faustino Reséndiz Acosta, director de Servicios Municipales de San Luis de la Paz, quien enfrentó señalamientos directos por acoso sexual y actos de corrupción administrativa.
El caso de Reséndiz Acosta fue ejemplificado como un caso de inversión de la justicia. Mientras el funcionario permanecía en su cargo, la víctima, una ex secretaria del departamento, perdió su fuente de ingresos tras negarse a intercambiar favores sexuales por la continuidad de su contrato, según se plasmaba en la información.
A esta gravedad se sumó la denuncia de desvío de recursos públicos, mediante el cobro de al menos tres facturas por renta de equipo de sonido a nombre de su cónyuge, con montos que superaban los 30 mil pesos.
Lo que resultó inadmisible en su momento, fue el hecho de que el Ayuntamiento de San Luis de la Paz gestionó estas faltas bajo el velo de la secrecía. Al tratar estos asuntos en sesiones privadas y evitar el pronunciamiento público, las autoridades municipales no solo ignoraron protocolos básicos de atención a la violencia contra las mujeres, sino que perpetuaron una cultura de impunidad.
La impunidad política y voracidad de Faustino Reséndiz "El Chicano" y el morenismo ludovicense: Periódico Correo
Sin embargo, el caso que mayor indignación despierta en el relato de Velázquez es el de Faustino Reséndiz Acosta, conocido como Chicano. La columna detalla que Reséndiz, quien ocupa la segunda posición de la planilla, fue destituido en la administración 2015-2018 por diversas irregularidades. Además, se le vincula con los oscuros manejos de la Feria Regional 2019, donde se documentó la adjudicación directa, sin licitación, de un contrato por 5.5 millones de pesos.
Bajo el título "Morena San Luis: radiografía de una camarilla voraz", el autor expone con firmeza cómo, mientras el discurso presidencial alude a un país utópico, a ras de tierra los protegidos del poder reproducen las prácticas mafiosas que juraron combatir. Velázquez señala directamente a las hermanas Arisbeth y Aidaveth García Monjaraz como las artífices de una planilla que no busca la alcaldía, sino consolidarse como un brazo del grupo de poder encabezado por el alcalde con licencia Gerardo Sánchez.
El análisis editorial del texto destaca un cinismo sin límites en la conformación de la planilla rojo marrón. Aidaveth García, en una maniobra de sobrevivencia política, se registró simultáneamente como candidata a la alcaldía y como primera regidora, asegurando su permanencia en la nómina pública.
La profundidad de la red de intereses familiares descrita por Velázquez es alarmante. Faustino Reséndiz no solo ostenta una posición privilegiada, sino que logró incluir a dos de sus hijos en la misma planilla. Esta tendencia patrimonialista se repite con las hermanas García Monjaraz: Aidaveth lleva como suplente a su cuñada, Susana Jazmín Carranza, y en la sexta posición a su esposo, René Rangel. El texto revela una jugada maestra de simulación económica: Rangel sustituye actualmente a su esposa en el cabildo para que ella haga campaña, garantizando que los 42 mil pesos de salario mensual del regidor permanezcan intactos en el presupuesto familiar.
Finalmente, el periodista Eliazar Velázquez subraya la incongruencia total de Morena frente a la prédica oficial de no utilizar estructuras de gobierno para fines electorales. La planilla incluyó a Servidores de la Nación en activo, como Andrea Frías y Marlén Reséndiz, evidenciando que el partido en San Luis de la Paz se ha convertido en un instrumento de una camarilla voraz. El análisis concluye que esta red, que cruza intereses con el PRI y el PAN, solo busca preservar un asiento en la mesa del erario público, operando bajo un camuflaje partidista que traiciona los principios de no mentir, no robar y no traicionar.
Posibles irregularidades que podrían ser detectadas y sancionadas al municipio, a Turismo y a quien aprobó la contratación
De acuerdo con la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y las disposiciones aplicables a los municipios para el ejercicio fiscal 2025-2026, un contrato de 4.5 millones de pesos por servicios de espectáculos y diversiones sí debe someterse a un procedimiento de Licitación Pública, salvo que se acredite formalmente una excepción legal específica.
Según los montos máximos aprobados por el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente -Año 2025-, basados en la Ley del Presupuesto General de Egresos del estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2025 (https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/reforma/pdf/3604/LPGE_2025.pdf )- y específicamente en el Artículo 73 -ubicado en la página 23 del Periódico Oficial del Estado- cita que "para efectos de lo previsto en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, los montos máximos de las adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados con bienes muebles o inmuebles, para los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos, así como para las dependencias y entidades, durante el año 2025, serán", por lo que toca "en el procedimiento de adjudicación directa el monto es de $0.01 hasta $300,000.00".
"En la adjudicación directa, con cotización de tres proveedores el monto es de $300,000.01 hasta $2,000,000.00; en la licitación restringida el monto es de $2,000,000.01 hasta $3,000,000.00; y en la licitación pública el monto es de $3,000,000.01 en adelante. Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.
Al ser un monto de $4,500,000.00, la regla general es la licitación abierta para garantizar las mejores condiciones de precio y calidad.
Una excepción: "Servicios Artísticos", ante la posibilidad de una adjudicación directa.
Existe una vía legal que los municipios suelen utilizar para este tipo de eventos, la cual permite evitar la licitación a pesar del monto y se fundamenta en el Artículo 73 y es en el supuesto de que cuando se trate de la contratación de servicios de carácter artístico, cultural o especializado, donde el contrato solo pueda celebrarse con una persona determinada por poseer la titularidad de derechos exclusivos (ej. un artista específico o una empresa que maneje su exclusividad) y el requisito es, para que sea legal, el Comité de Adquisiciones debe emitir un dictamen que justifique que no hay otro proveedor que pueda ofrecer exactamente el mismo servicio artístico.
En el caso de los pasos del procedimiento legal, es decir, que es necesaria la licitación pública porque no hay la exclusividad artística, los pasos según el Reglamento Municipal son, primero, la suficiencia presupuestal donde la Tesorería debe certificar que existen los 4.5 millones antes de iniciar (Art. 32 Reglamento de Adquisiciones).
Segundo, hacer una convocatoria pública, es decir, publicación en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación, invitando a cualquier interesado (Art. 51 LCPEG).
Tercero, una junta de aclaraciones, que es la reunión con los interesados para resolver dudas sobre las bases (servicios de juegos, audio, seguridad, etc.). La apertura de propuestas y la evaluación técnica y económica de los licitantes.
Quinto, la emisión del fallo, donde el Comité de Adquisiciones adjudica el contrato a quien ofrezca la solvencia necesaria y el mejor precio y, sexto, la formalización del Contrato, es decir, la firma del documento por el Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento y el Tesorero (Art. 77 Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios).
El punto que salta y que pone duda la transparencia a lo que hizo la autoridad municipal
Existe lo que se llama Prohibición de Fraccionamiento. Es importante destacar que el Artículo 46 de la Ley de Contrataciones prohíbe explícitamente fraccionar los montos -por ejemplo, hacer 3 facturas de 1.5 millones cada una para evitar la licitación-. Si el objeto es el mismo (la Feria de los Remedios), se debe sumar el total para determinar el procedimiento.
En las facturas analizadas previamente, se observa que el monto total de $4,500,000.00 se cubrió mediante la suma de varios pagos al mismo proveedor. Si no existe un dictamen de exclusividad artística debidamente justificado en el expediente, la falta de una licitación pública podría ser señalada como una irregularidad por la Auditoría Superior del Estado (ASEG).
De acuerdo con la normatividad del estado de Guanajuato, particularmente la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato (anteriormente Ley Orgánica Municipal) y los reglamentos locales, una Dirección de Turismo no tiene la facultad autónoma para aprobar ni contratar directamente eventos artísticos o juegos mecánicos.
El negocio morenista: Comonfort y el millonario festín de la opacidad
La administración de Comonfort 2024-2027 parece haber encontrado en la Feria de los Remedios 2025 el escenario perfecto para un ensayo de irregularidades administrativas que huelen a favoritismo político y desprecio por lo local. El análisis de la respuesta a la solicitud de transparencia 110195700057225 y las facturas que la respaldan revela una trama donde los números no cuadran con la lógica de la austeridad ni con la legalidad vigente.
El primer punto de quiebre es el monto: 4,500,000.00 pesos. Para un municipio con las carencias de Comonfort, destinar cuatro millones y medio de pesos en un contrato asignado a una sola persona, Faustino Reséndiz Acosta, resulta no solo excesivo, sino sospechoso. La contradicción brinca a la vista cuando se analiza el mecanismo de pago. El uso de tres facturas distintas (folios 113, 126 y 140) emitidas en meses consecutivos sugiere una estrategia de fraccionamiento de gasto, una práctica prohibida por la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato cuando el objeto del contrato es único. ¿Por qué no licitar una cifra que supera con creces los límites de la adjudicación directa? La respuesta parece hallarse en las conexiones políticas y no en la eficiencia administrativa.
Faustino Reséndiz Acosta no es un nombre nuevo en el mundo del espectáculo oficialista. Sus antecedentes como contratista de artistas y juegos mecánicos lo vinculan estrechamente con estructuras de poder morenistas, operando como un puente para movilizar grandes sumas de dinero público bajo el manto de la "cultura y el entretenimiento". Las acusaciones en su contra por presuntos sobrecostos y falta de transparencia en otros municipios resuenan hoy en Comonfort. Resulta insultante que se pretenda alegar una "exclusividad" en juegos mecánicos para evitar la licitación; los carruseles y las ruedas de la fortuna no tienen derechos de autor, son servicios genéricos que debieron someterse a concurso para asegurar el mejor precio para el pueblo.
Aquí es donde la figura del Director de Turismo, Raúl García Morales, se vuelve central y contradictoria. Es este funcionario quien estampa su firma y sello de visto bueno para validar el pago millonario a un foráneo conectado al partido en el poder, mientras mantiene una política de mano dura y desplazamiento contra el comercio nativo de Comonfort.
Resulta ilógico y moralmente cuestionable que el mismo director que utiliza los más variados argumentos técnicos para desalojar a los comerciantes locales de sus espacios tradicionales, sea tan complaciente y expedito al autorizar facturas de 1.7 millones de pesos a un proveedor externo.
La conexión es amarga: mientras al comerciante de Comonfort se le niega el derecho al trabajo con el pretexto del orden o la imagen urbana, al proveedor foráneo se le extienda una alfombra roja de billetes. Este contraste no es casualidad, es síntoma de una administración que parece priorizar el pago de favores políticos sobre el bienestar de sus propios ciudadanos. A esto se suman los graves señalamientos de nepotismo que pesan sobre García Morales, el alcalde y otros altos mandos ( https://www.metronewsmx.com/2025/03/exhibe-prensa-estatal-gilberto-zarate.html ) y el gasto excesivo que representará "El Viaje a España" (https://www.metronewsmx.com/2026/01/gilberto-zarate-y-el-viaje-espana.html ). Cuando el gobierno se convierte en una agencia de colocación para familiares y amigos, la transparencia es la primera víctima.
La inversión de 4.5 millones de pesos en una feria, operada por un personaje con los antecedentes de Reséndiz Acosta y validada por una dirección de turismo señalada por nepotismo y hostilidad al comercio local, permite inferir que la Feria de los Remedios no fue una celebración para el pueblo, sino un mecanismo de extracción de recursos públicos.
Los delitos en que se está incurriendo en este caso
Cuando el fraccionamiento de facturas y la omisión de una licitación pública se realizan con el fin de beneficiar a un tercero o desviar recursos, la conducta deja de ser una falta administrativa para entrar en el ámbito del Código Penal del Estado de Guanajuato.
De acuerdo con la normativa vigente, los delitos en los que incurrirían los servidores públicos involucrados son varios.
Ejercicio Indebido de Funciones
Este delito se configura cuando un servidor público realiza actos que no le corresponden o utiliza su cargo para otorgar contratos de manera ilegal. Al ignorar los topes de la Ley de Contrataciones Públicas y simular procesos de adjudicación directa mediante el fraccionamiento, el funcionario está ejerciendo atribuciones fuera del marco legal.
Uso ilícito de atribuciones y facultades
Es el tipo penal más específico para estos casos. Se comete cuando el servidor público otorga adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o servicios con recursos públicos, sabiendo que no se cumplen los requisitos legales (como la licitación pública). El fraccionamiento de facturas para evadir la ley es una prueba directa de la intención de burlar los controles de transparencia.
Peculado
Si se demuestra que el fraccionamiento se utilizó para pagar un sobreprecio o que el servicio de la feria no se entregó proporcionalmente al pago de 4.5 millones de pesos, se incurre en peculado. Este delito castiga a quien dispone de dinero público para fines propios o de terceros, causando un perjuicio al erario municipal.
Abuso de autoridad
Al obligar a las áreas de Tesorería o Compras a procesar facturas divididas para un mismo concepto con el fin de ocultar una contratación mayor, los superiores jerárquicos incurren en abuso de autoridad, al dar órdenes que contravienen las leyes estatales de presupuesto y gasto público.
La responsabilidad solidaria es otro aspecto. En estos casos, la responsabilidad penal no solo recae en quien firma el contrato -como el alcalde o el tesorero-, sino también en los integrantes del Comité de Adquisiciones que autorizaron la excepción a la licitación sin el dictamen técnico que exige la ley.
Son delitos que se persiguen de oficio
En el estado de Guanajuato, los delitos cometidos por servidores públicos que afectan el patrimonio del Estado o de los municipios se persiguen de oficio.
Esto significa que la Fiscalía General del Estado, a través de su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tiene la obligación de investigar estos hechos en cuanto tenga conocimiento de ellos, sin necesidad de que la parte afectada -en este caso el municipio, que es el "agredido" en su presupuesto- presente una querella.
Razones por las que se persiguen de oficio
Los motivos son claros, y es el interés público. Al tratarse de recursos que provienen de los impuestos de los ciudadanos, la ley considera que el daño no es solo a la institución, sino a la sociedad en general.
El impedimento de perdonar, ya que a diferencia de delitos menores -como un daño a propiedad ajena por accidente-, en los delitos de corrupción no existe el perdón de la parte ofendida. Si un nuevo gobierno municipal entrara e intentara "perdonar" a la administración anterior por el fraccionamiento de los 4.5 millones de pesos, la Fiscalía debe continuar con el proceso penal de todas formas.
Así mismo, existe la obligación de denunciar. Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, cualquier servidor público que en ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de la probable comisión de un delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente. Si no lo hace, podría incurrir también en el delito de encubrimiento.
A quién le toca dar aviso
Dado que se persigue de oficio, la investigación puede iniciarse por la denuncia ciudadana. Cualquier persona puede acudir a la Fiscalía y presentar las pruebas -como las facturas fraccionadas y el contrato- para que se inicie la carpeta.
También puede ser Auditoría Superior del Estado (ASEG) ya que es órgano que comúnmente detecta estas irregularidades y turna los expedientes a la Fiscalía.
La noticia criminal es otro conducto, ya que si un medio de comunicación publica expone pruebas contundentes de un presunto delito, la Fiscalía tiene la facultad de abrir una investigación por cuenta propia bajo el concepto de "noticia criminal".
En el caso de Comonfort, al estar documentado el rebase de los topes de licitación del Artículo 73 y el posible fraccionamiento de facturas, la Fiscalía de Combate a la Corrupción cuenta con elementos suficientes para actuar de manera autónoma.
Las sanciones que corresponden a estos delitos y las medidas cautelares
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Guanajuato, las sanciones para los delitos relacionados con la corrupción y el mal manejo de recursos públicos son severas y han sido endurecidas para combatir la impunidad.
Para el uso ilícito de atribuciones y facultades, este es el delito central cuando se fraccionan facturas para evitar licitaciones. Las penas van de 2 a 12 años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa. Además, se impone la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
En lo que es peculado, si el monto del perjuicio excede de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización -como en un caso de 4.5 millones de pesos-, la pena es de 2 a 15 años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa. También conlleva la destitución e inhabilitación definitiva para el servicio público si el monto es cuantioso.
Por lo que toca a ejercicio indebido de funciones y Abuso de autoridad, este delito suele castigarse con penas que oscilan entre 1 a 10 años de prisión, dependiendo de la gravedad del daño al erario o de la afectación a los derechos de terceros, sumado a la inhabilitación correspondiente.
Bajo el sistema penal actual en México (Sistema Penal Acusatorio), se llegan a aplicar las llamadas medidas cautelares. Sobre la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad, se debe considerar la posibilidad de prisión Preventiva Justificada y aunque estos delitos no forman parte del catálogo de prisión preventiva oficiosa (automática) del artículo 19 constitucional, la Fiscalía puede solicitar al juez la prisión preventiva justificada. Esto ocurre si el juez considera que existe riesgo de fuga, que el imputado puede ocultar o destruir pruebas -como los contratos o facturas de la feria- o que puede intimidar a testigos.
Por lo que toca a la reparación del daño, en delitos patrimoniales contra el erario, difícilmente se concede la libertad o una salida alterna si no se garantiza primero la reparación total del daño -en este caso, la devolución o comprobación legítima de los 4.5 millones de pesos-.
En lo que son los delitos graves, si la investigación arroja que el fraccionamiento de facturas se hizo mediante una red de funcionarios y proveedores para lavar dinero, podría reclasificarse como operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual complica drásticamente la posibilidad de llevar el proceso en libertad.
En resumen, aunque no tienen prohibida la libertad por ley de forma automática, la naturaleza del cargo y el riesgo de que el funcionario manipule la información contable del municipio suelen ser argumentos suficientes para que el juez dicte prisión durante el proceso.
El mensaje para la gente de Comonfort es claro: para el amigo foráneo y poderoso, el presupuesto total; para el comerciante local que solo pide trabajar, el desalojo y el rigor de la ley que para otros es inexistente. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido
Fuentes y fundamentos legales
A continuación, presento los fundamentos legales del Estado de Guanajuato y la normativa nacional que sustentan los puntos de tu texto, organizados por materia y con los enlaces directos a los documentos oficiales del Congreso del Estado y la Federación.
Delitos de Corrupción (Código Penal del Estado de Guanajuato)
-Ejercicio Indebido de Funciones: Fundamentado en el Artículo 247.
-Abuso de Autoridad: Fundamentado en el Artículo 248.
-Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades: Fundamentado en el Artículo 251 (Delito específico para contrataciones ilegales y fraccionamiento).
-Peculado: Fundamentado en el Artículo 253 (Sanciones basadas en el valor de la UMA).
-Persecución de Oficio: Fundamentado en el Artículo 246 (Establece que los delitos contra la administración pública se persiguen de oficio).
-Montos Máximos 2025 (Artículo 73): Fundamentado en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2025.
-La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el fallecimiento de seis personas, incluyendo a dos menores de edad, tras una jornada violenta en la zona rural del municipio.
-Los ataques armados se concentraron en las comunidades de Las Cañas y Los Martínez, ambas ubicadas en la zona limítrofe con el estado de Michoacán.
-Una célula especializada de investigación criminal fue activada de manera inmediata para procesar las escenas y localizar a los presuntos responsables de estos crímenes.
Una madrugada de terror se vivió este 10 de enero de 2026 en el municipio de Valle de Santiago, donde tres hechos distintos dejaron un saldo total de seis personas ejecutadas y una más lesionada. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que los incidentes ocurrieron en las comunidades de Las Cañas y Los Martínez, puntos que ya se encuentran bajo un estricto protocolo de investigación de alta prioridad.
Masacre en la comunidad Los Martínez
Uno de los eventos más críticos se registró a las 07:35 horas en la calle Las Palmas número 29 de la comunidad Los Martínez. Elementos de Seguridad Pública y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) localizaron en la vía pública los cuerpos de un hombre y una mujer, ambos de entre 45 y 50 años de edad, junto al cadáver de un niño de aproximadamente 10 años.
Las víctimas presentaban múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Al lugar arribaron paramédicos de Bomberos de Valle de Santiago, quienes confirmaron que ninguna de las tres personas contaba con signos vitales. La zona fue resguardada por efectivos de la SEDENA y la Policía Municipal en espera del personal pericial.
Ataques en Las Cañas y operatividad ministerial
De manera simultánea, la autoridad reportó incidentes violentos en la comunidad de Las Cañas. Aunque la Fiscalía integra la ubicación geográfica colindante con Michoacán como referencia para el análisis del contexto, subrayó que esto no representa una justificación para la violencia desatada.
En total, entre los diversos puntos intervenidos, se contabilizaron seis víctimas mortales, destacando la presencia de dos adolescentes entre los fallecidos. Una persona que resultó herida durante los ataques fue trasladada para recibir atención médica especializada.
La Fiscalía General del Estado aseguró que no se escatimarán recursos técnicos ni científicos para el esclarecimiento de estos hechos que atentan contra la paz social en la región. #MetroNewsMx
-En entrevista, la regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo, del H. Ayuntamiento de Celaya, pone "los puntos sobre las ies" sobre la falta de proyectos ejecutivos en Celaya
-Se infiere que el alcalde no quiere la unidad de Celaya, sino la desunión a base de desgobierno y verborrea de odio, al más puro estilo del actual oficialismo.
-La regidora Isabel Herrejón desmintió al alcalde Juan Miguel Ramírez, aclarando que el freno a obras es por falta de proyectos.
-Herrejón rechaza la narrativa de victimización del alcalde y del diputado Chaurand, calificándola como una estrategia de confusión.
-El legislador Antonio Chaurand "se sube al ring" y evidencia su incongruencia de quien debe defender la ley: trata de ignorarla, minimizando la necesidad de proyectos ejecutivos
-La gobernadora Libia Dennise mantiene un trato equitativo con los 46 municipios, exigiendo solo el cumplimiento de la normativa legal.
-Se advierte que el alcalde conoce los lineamientos, pero prefiere la confrontación mediática en lugar de subsanar las observaciones.
-Celaya requiere resultados tangibles y honestidad pública, dejando atrás la propaganda para asumir con seriedad la tarea de gobernar.
-Inconsistencias financieras por 4.9 millones de pesos -solamente en dos obras- dadas a conocer en el primer informe de gobierno revelan falta de transparencia y posible duplicidad de obras.
-Regidora Cristina denunció que las contrataciones en el municipio privilegian la lealtad política a la 4T por encima de la capacidad profesional.
-Advierten sobre la falta de autocontrol del alcalde frente a la crítica y un creciente hartazgo social que exige resultados inmediatos.
-Las expresiones despectivas del alcalde Juan Miguel Ramírez, en agosto de 2025, contra la regidora Fátima González revelan un profundo desconocimiento del marco legal y el principio de colegialidad.
-El uso de frases como para eso la contratamos denota una visión patrimonialista del poder, donde el edil confunde el servicio público con un feudo personal y subordinación laboral.
-Expertos advierten que este comportamiento constituye violencia política en razón de género, una práctica autoritaria que vulnera la institucionalidad democrática del Cabildo.
La aclaración de la regidora Isabel Herrejón, generada en entrevista exclusiva a Metro News, expone con contundencia que el problema de Celaya no radica en un supuesto trato desigual del Gobierno del Estado, sino en la incapacidad técnica y administrativa del municipio para presentar proyectos ejecutivos completos y solventes.
La narrativa de victimización del alcalde Juan Miguel Ramírez se confronta con evidencias documentadas que muestran deficiencias en la gestión local y una crisis de credibilidad institucional.
La regidora Isabel Herrejón señaló que el alcalde y algunos actores políticos insisten en responsabilizar al Estado de una supuesta falta de equidad, cuando en realidad el obstáculo es la deficiente integración de proyectos ejecutivos. (https://www.metronewsmx.com/2026/01/el-alcalde-de-celaya-la-gobernadora-y.html)
El artículo editorial de Metro News Mx confirma esta línea. El alcalde ha recurrido a la confrontación mediática y a la victimización política, incluso adjudicándose obras de administraciones pasadas en su informe de gobierno.
La gobernadora Libia Dennise García ha reiterado que los recursos estatales están disponibles, pero que Celaya no ha cumplido con los requisitos técnicos indispensables.
El texto de la entrevista de aclaración de la regidora Isabel Ma. Isabel Herrejón Arredondo
Eugenio Amézquita Velasco:
Buen Día, regidora. Vamos directo y al grano ¿Qué está sucediendo con el presidente municipal? ¿Por qué le está mintiendo a la gente de Celaya? ¿Por qué el discurso de odio de este señor? ¿Acaso intentan a base de mentiras desviar la atención de algo o dividir a los celayenses?
Regidora Ma. Isabel Herrejón Arredondo:
Gracias, Eugenio. Creo que es importante una aclaración sobre proyectos ejecutivos e inversión estatal en Celaya. Una aclaración respecto a las declaraciones recientes del Alcalde de Celaya y al diputado Antonio Chaurand (https://www.metronewsmx.com/2026/01/el-diputado-chaurand-se-sube-al-ring-e.html ), su insistencia en señalar una supuesta falta de trato equitativo por parte del Gobierno del Estado.
Resulta preocupante que, después de más de un año y tres meses de gestión, el alcalde y algunos actores políticos continúen confundiendo a la ciudadanía Celayenses, sosteniendo narrativas de victimización y señalando al Estado, cuando el verdadero problema radica en la falta de cumplimiento, seguimiento y solventación adecuada de los requisitos técnicos de los proyectos ejecutivos.
Es importante decirlo con claridad. El alcalde conoce perfectamente que para acceder a recursos estatales es indispensable presentar proyectos completos, atender observaciones y dar seguimiento puntual a los requerimientos de cada dependencia. Si existen observaciones, lo procedente es subsanarlas, no desinformar ni exigir trato preferencial.
Asimismo, es un hecho que durante 2025 hubo una disminución en la inversión pública, lo cual obliga a todos los municipios a no perder la capacidad técnica, a priorizar y a presentar proyectos sólidos y viables. Pretender que los recursos se otorguen sin cumplir los lineamientos solo debilita la gestión pública.
Debe quedar claro también que la Gobernadora Libia Dennise García ha sido equitativa y justa con los 46 municipios del estado, y no existe evidencia de un trato discrecional como se ha querido hacer creer. Lo que sí existe es la responsabilidad de cada municipio de cumplir con los requisitos establecidos.
Celaya necesita resultados, no discursos.
Necesita trabajo, capacidad técnica y verdad hacia la ciudadanía. Es momento de dejar atrás las mentiras, la confusión y la revictimización, y asumir con seriedad la responsabilidad que implica gobernar.
Los análisis de las posturas regidora, alcalde y estado
En su postura, la regidora Herrejón Arredondo recalca que el alcalde conoce los lineamientos y que su obligación es subsanar observaciones, no exigir trato preferencial. Advierte que la disminución de inversión pública en 2025 obliga a los municipios a fortalecer su capacidad técnica y priorizar proyectos sólidos. Su mensaje es claro, y es el de que Celaya necesita resultados, no discursos.
Por su parte, en su discurso, el alcalde se presenta como víctima de un “bloqueo político” por parte del Estado. Afirma haber entregado 47 proyectos ejecutivos, pero no existen validaciones técnicas completas que respalden esa afirmación. Su estrategia se inscribe en la lógica de la posverdad, donde se privilegia la narrativa política sobre la evidencia técnica.
La posición del Estado coloca a la gobernadora en una actuación con equidad hacia los 46 municipios. La negativa a liberar recursos no responde a criterios políticos, sino a la falta de expedientes técnicos completos. Asignar recursos sin cumplir requisitos sería jurídicamente imposible y financieramente irresponsable.
La crisis de credibilidad institucional del alcalde de Celaya
El caso de Celaya refleja una fractura entre técnica y política. Técnica, porque hay proyectos incompletos, errores administrativos, falta de perfiles especializados. Política, con discurso de victimización, acusaciones de favoritismo y confrontación mediática. El resultado es una crisis de honestidad pública, donde la ciudadanía recibe mensajes contradictorios y se erosiona la confianza en la gestión municipal.
La intervención de Isabel Herrejón es un llamado a la responsabilidad y transparencia. Su aclaración desmonta la narrativa de victimización y coloca el foco en la verdadera raíz del problema y que es la incapacidad técnica del gobierno municipal.
Celaya no puede seguir atrapada en la simulación. La ciudadanía exige proyectos reales, resultados tangibles y un gobierno que deje atrás la retórica para asumir con seriedad la tarea de gobernar.
En este tablero político, la gobernadora representa el rigor técnico y la legalidad; el alcalde, la propaganda y la evasión. La diferencia es clara: sin proyectos ejecutivos completos, no habrá inversión estatal. Celaya necesita trabajo, capacidad y verdad.
La regidora Cristina González ya lo había señalado: La gente no es tonta y se da cuenta
La regidora Cristina González Muñoz, representante del Partido Verde Ecologista de México, puso sobre bajo la lupa, en octubre de 2025 la integridad administrativa del gobierno municipal de Celaya al rechazar el primer informe de gobierno. Su postura, lejos de ser un simple disenso político, se fundamenta en hallazgos que sugieren una gestión marcada por la opacidad documental y el uso de la estructura pública como una extensión de intereses partidistas. (https://www.metronewsmx.com/2025/10/en-celaya-la-gente-no-es-tonta-regidora.html )
El punto más crítico de esta denuncia radica en la detección de obras por un valor de 4.9 millones de pesos que, aunque fueron presentadas como logros de la presente administración, corresponden en realidad a la gestión anterior. González Muñoz enfatiza que el informe escrito es la prueba legal de la función pública y que cualquier inconsistencia en las cifras no es un error menor, sino una falta a la confianza ciudadana que impide conocer el destino real de los recursos.
La gestión del talento humano y la organización de eventos también han sido señaladas como herramientas de pago de favores. La contratación de artistas bajo el criterio de ser compañeros de la 4T, como el caso de Eugenia León, cuya presentación registró una escasa asistencia, evidencia una prioridad por la afinidad ideológica sobre la eficacia del gasto público. La regidora sostiene que el gobierno debe trabajar para todos los sectores de la población, sin importar colores, y que los puestos deben ser ocupados por perfiles con estudios y capacidades probadas, no por cuotas de campaña.
En la esfera política, se ha observado una preocupante falta de autocontrol por parte del Presidente Municipal ante los señalamientos de los ediles. La regidora subraya que el respeto debe ser el eje de la interacción en el Cabildo, especialmente cuando se presentan pruebas de errores administrativos. En México, donde frecuentemente las leyes parecen ajustarse a intereses políticos y electorales para perpetuar el poder en turno, la exigencia de un marco legal transparente se vuelve una urgencia social.
Finalmente, la advertencia es clara: la ciudadanía de Celaya está despierta y ha dejado de aceptar la curva de aprendizaje como excusa. Con un termómetro social que ya ha registrado manifestaciones de jóvenes estudiantes, el gobierno municipal se enfrenta a un escrutinio que no perdona la incongruencia. La exigencia es una sola: transparencia absoluta y resultados que beneficien al pueblo, dejando de lado las lealtades facciosas que tanto daño han hecho a la institucionalidad mexicana.
Juan Miguel Ramírez Sánchez y el retorno del caciquismo: "el alcalde capataz" y ¿misógino?
La vida institucional de Celaya atravesó en agosto de 2025 una de sus crisis más agudas, no por la falta de recursos o proyectos, sino por la erosión del respeto y la legalidad en el seno de su Ayuntamiento. Las declaraciones del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien afirmó públicamente que a la regidora Fátima González Reyna "para eso la contratamos" (https://www.metronewsmx.com/2025/08/el-alcalde-de-celaya-evidencia.html ), encendieron las alarmas sobre el resurgimiento de una cultura política rancia, propia de la figura del hacendado o el reyezuelo que gobierna bajo el capricho y no bajo la ley.
Esta narrativa de subordinación es impropia de un sistema democrático. La Constitución del Estado de Guanajuato es clara: los regidores son electos por la ciudadanía y poseen una investidura de autoridad con funciones de fiscalización y deliberación. No son empleados del presidente municipal. Al intentar reducirlos a la categoría de subordinados, Ramírez Sánchez no solo exhibe una preocupante ignorancia normativa, sino que proyecta una actitud de patrón de cuadrilla que desprecia la autonomía de sus pares.
El análisis de este discurso revela una misoginia institucional latente. Al cuestionar si la regidora entiende que es regidora y amagar con saltarse los procedimientos legales para convocar a comisiones, el edil utiliza el escarnio público como una herramienta de control simbólico.
Esta presión mediática, cargada de sesgos de género y tono condescendiente, encaja perfectamente en los supuestos de violencia política contra las mujeres. Mientras la regidora González Reyna respondió con documentos que prueban la entrega tardía de información por parte de la administración, el alcalde optó por el insulto y la descalificación sin sustento.
El historial de verborrea sin control del alcalde ya es extenso. Desde amenazas de encarcelar a sacerdotes hasta el reconocimiento de que otorga empleos por lealtades de campaña o para calmar el fuego amigo, su lengua se ha convertido en su principal tropiezo.
Sin embargo, cuando esta incontinencia verbal se dirige a socavar la función de una mujer en un cargo de elección popular, el problema deja de ser una anécdota de mala educación para convertirse en un posible delito electoral sancionable por el IEEG o el TEPJF.
En México, muchas leyes han sido moldeadas por intereses políticos para sostenerse en el poder, pero el principio de colegialidad del Ayuntamiento es una de las pocas barreras que quedan contra el autoritarismo municipal. Celaya no necesita un capataz que use el micrófono para amedrentar, sino un presidente que entienda que el respeto institucional no es opcional, sino constitucional. La ciudadanía merece un Cabildo deliberativo y no un escenario de agresiones donde el poder se confunda con el mando personal. #MetroNewsMx
-Llamas de 40 metros tras explosión de bodega ilegal
-Sin fallecidos pero con evacuaciones por huachicol
-Ducto de Pemex y bodega clandestina arden en Villagrán
La noche del jueves 8 de enero de 2026, una explosión de gran magnitud en un inmueble utilizado para el almacenamiento ilícito de hidrocarburo sacudió a los habitantes de la colonia Satélite en Villagrán, Guanajuato.
El siniestro, reportado alrededor de las 20:00 horas, generó una columna de fuego y humo visible desde varios kilómetros a la redonda, provocando el desalojo inmediato de decenas de familias.
De acuerdo con El Sol del Bajío y reportes de la alcaldesa Cinthia Teniente, el incidente ocurrió en una bodega ubicada sobre la calle Mercurio, a espaldas del gimnasio municipal COMUDE.
La explosión se habría originado durante una maniobra fallida para cargar una pipa con combustible extraído de una toma clandestina cercana. Aunque las llamas alcanzaron alturas impresionantes, las autoridades confirmaron que no hubo personas fallecidas ni heridas de gravedad por quemaduras, limitándose el saldo médico a atenciones por crisis nerviosas, incluyendo a una mujer embarazada.
Equipos de Bomberos de Villagrán y Juventino Rosas, junto con personal de Seguridad Física de Pemex, la Guardia Nacional y la SEDENA, trabajaron intensamente para controlar el fuego. Como medida de seguridad, el gimnasio COMUDE fue habilitado como refugio temporal para las familias evacuadas de la colonia Satélite y zonas aledañas a la carretera Villagrán-Juventino Rosas. Las autoridades mantienen el resguardo del sitio para realizar el peritaje correspondiente y sellar la toma ilegal.
El hecho, en Villagrán, señalado por EEUU como parte del "Triángulo de las Bermudas" del huachicol
Con la imagen de un mapa publicado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en diciembre de 2025 a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros -OFAC, por sus siglas en inglés-, presentó el plano que identificó en diciembre de 2025 la región denominada como el "Triángulo de las Bermudas" en el estado de Guanajuato. Esta zona comprende diversos municipios que albergan una refinería de Pemex y numerosos oleoductos, lo que la convierte en el punto central para el robo de combustible y petróleo. (https://www.metronewsmx.com/2025/12/guanajuato-y-su-triangulo-de-las.html )
El área es el escenario de un conflicto violento entre el Cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación por el control del huachicol. La región señalada abarca localidades estratégicas como León, Irapuato, Salamanca, Celaya, Villagrán, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, con Santa Rosa de Lima como un punto de referencia clave.
José Antonio Yépez Ortiz, conocido como El Marro, es identificado como el líder del Cartel de Santa Rosa de Lima. A pesar de haber sido arrestado por las autoridades mexicanas en 2020, los reportes indican que permanece activo en la organización desde su reclusión, manteniendo alianzas con el Cartel del Golfo y el Cartel de Sinaloa para enfrentar a sus rivales.
Análisis del mapa presentado por el Departamento del Tesoro
Ubicación estratégica y logística: La zona sombreada no es aleatoria; sigue la ruta de los ductos que conectan la refinería de Salamanca con el resto del país. La inclusión de municipios como Celaya y los Apaseos sugiere un corredor de violencia que se extiende hacia los límites con Querétaro.
Persistencia del liderazgo: Resulta relevante que el organismo estadounidense señale a El Marro como un líder operativo activo a pesar de estar encarcelado. Esto deduce una debilidad en el sistema penitenciario o una estructura criminal con alta capacidad de mando a distancia.
Geopolítica del crimen organizado: El mapa revela que el conflicto en Guanajuato no es local, sino una guerra de coaliciones. El Cartel de Santa Rosa de Lima sobrevive al asedio del Cartel Jalisco Nueva Generación gracias al respaldo de las dos organizaciones criminales más antiguas de México: Sinaloa y el Golfo.
Focalización internacional: La emisión de este gráfico por parte de la OFAC implica que el robo de combustible en Guanajuato es visto como una amenaza a la seguridad financiera y energética con repercusiones fuera de las fronteras mexicanas, lo que conlleva sanciones y bloqueos de activos para los implicados. #MetroNewsMx
-Las declaraciones del diputado Antonio Chaurand sólo demuestran ignorar o querer ignorar la ley que se comprometió cumplir y defender: análisis editorial
-Se suma Chaurand a la actitud de Juan Miguel Sánchez Ramírez, la de "víctimas que nadie quiere ni comprende"
-Mientras el Estado exige expedientes solventes porque es su obligación legal hacerlo, el legislador reclama un trato parejo basado en una muy mal entendida urgencia social.
-El diputado Antonio Chaurand califica de excusa la falta de proyectos ejecutivos y acusa un sesgo político del Gobierno del Estado contra el municipio.
-Chaurand se contradice con el mensaje de la presidenta de la República de que nada ni nadie puede estar por encima de la ley.
-La narrativa del legislador morenista confronta el obligado y necesario rigor técnico de la administración estatal, sugiriendo que la voluntad política debe imponerse sobre los lineamientos burocráticos, lo que infiere pensar en un mensaje de no cumplir con las normas y las leyes.
Las declaraciones del diputado local Antonio Chaurand Sorzano realizadas al medio digital "Informativo del Bajío" (https://informadordelbajio.com/diputado-acusa-sesgo-politico-en-reparto-de-recursos-a-celaya/ ) sobre la asignación de presupuesto estatal para Celaya añaden un nuevo capítulo al tema entre el gobierno municipal de Morena y el gobierno estatal, a pesar de que el alcalde ha demostrado en el pasado que le miente a los celayenses en materia de obra pública (https://www.metronewsmx.com/2025/09/informe-de-gobierno-y-dos-calles-en-la.html ). Al afirmar que los proyectos ejecutivos incompletos son solo un pretexto y exigir un piso parejo, el legislador traslada un problema estrictamente técnico al terreno de la victimización política, una estrategia que busca capitalizar el descontento social -provocado por el mismo alcalde con discursos de odio- ante la falta de obra pública.
La gobernadora Libia Dennise García ha sostenido que los recursos están disponibles, pero que Celaya no ha logrado subsanar observaciones fundamentales. En este sentido, la postura del diputado parece privilegiar la ideología sobre la solvencia técnica, una colisión que solo mantiene las obras de la ciudad en un estancamiento administrativo.
Resulta revelador el uso de la comparación con León. Al señalar que el presupuesto de la ciudad zapatera es muy superior, Chaurand apela al sentimiento de abandono regional, pero omite que la capacidad de ejecución y la madurez de los proyectos son factores determinantes para la liberación de fondos.
Para el legislador, el celo político por el apoyo que el Gobierno Federal brinda a Celaya es el verdadero motor de la negativa estatal, una narrativa de posverdad que intenta desviar la atención de las deficiencias internas en áreas clave como el IMIPE y Obras Públicas municipales. (https://www.metronewsmx.com/2026/01/el-alcalde-de-celaya-la-gobernadora-y.html )
El llamado a olvidarse de los colores es una espada de doble filo. Si bien es cierto que el bienestar ciudadano no debe tener partido, también es una realidad que la transparencia y la rendición de cuentas exigen rigor. Asignar recursos a proyectos incompletos, como sugiere el diputado, sería un acto de irresponsabilidad jurídica que pondría en riesgo incluso a los funcionarios que ejecuten dichas obras.
En conclusión, la intervención de Antonio Chaurand refuerza el discurso de la resistencia política, pero no ofrece soluciones al vacío técnico que enfrenta la administración de Juan Miguel Ramírez. Celaya se encuentra en un momento crucial donde su ubicación estratégica de nada servirá si su gobierno municipal no transita de la queja mediática a la eficiencia administrativa. Mientras el discurso político insista en que la técnica es un pretexto, la ciudad seguirá viendo cómo los recursos se quedan en la mesa por falta de capacidad para gestionarlos. #MetroNewsMx
