Metro News Mx

-El abatimiento del Mencho no fue un triunfo de la estrategia nacional, sino el resultado de un ultimátum humillante de Washington.

-Héctor Berrellez revela que agencias como la CIA y la DEA mantienen un control operativo total sobre los objetivos de alto impacto.

-La presidenta Sheinbaum fue colocada entre la espada y la pared: o actuaba el Estado mexicano o las tropas de Trump invadían el suelo.

-Manuel Bartlett Díaz es señalado directamente como el enlace histórico entre la CIA y los intereses más oscuros del narcotráfico.

-La sombra de la Operación Leyenda proyecta una realidad aterradora: la colusión histórica entre la CIA y los cárteles de la droga.

-El ex agente asegura que existe inteligencia de que figuras del gabinete actual y expresidentes han sido financiados por el narco.

-La corrupción en las altas esferas militares mexicanas impide cualquier victoria real; los generales protegen a quienes deben cazar.

-Estados Unidos no utiliza su vasta información para hacer justicia, sino para chantajear y doblegar a la clase política de México.

-El caso Camarena sigue siendo una herida abierta que demuestra cómo el gobierno americano sacrifica agentes por intereses sucios.

-Se cuestiona la versión oficial sobre la muerte del Mencho: ¿fue un operativo legítimo o un asesinato para silenciar confesiones?

-Berrellez denuncia que Caro Quintero no tiene cargos en EE. UU. por el asesinato de Camarena para evitar que la CIA sea expuesta.

-México es visto internacionalmente como un país controlado por el crimen organizado, perdiendo todo respeto en la arena diplomática.

-La estructura delictiva sobrevive gracias a los políticos corruptos que crían narcos para sostener sistemas de poder y de control.

-El fentanilo ha causado más muertes en EE. UU. que la guerra de Vietnam, lo que justifica para Trump la etiqueta de terrorismo.

-La seguridad nacional de México es una ficción mientras la inteligencia extranjera sea la que dicte quién vive y quién debe morir.

-Reconoce la existencia de jueces norteamericanos corruptos y que han sido aprehendidos

La reciente caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ha sido presentada por la narrativa oficial como un hito de la administración de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, las revelaciones del ex agente de la DEA, Héctor Berrellez, en entrevista con Adela Micha, desmantelan esta puesta en escena para mostrar una realidad cruda y vergonzosa: México no actuó por voluntad soberana, sino bajo la bota de un ultimátum estadounidense. La afirmación de Berrellez es tajante: "O actúas tú o actuamos nosotros". Esta sentencia no solo liquida la idea de una estrategia de seguridad autónoma, sino que confirma que la política criminal en México se dicta desde las oficinas de Washington y se ejecuta bajo amenaza de invasión.

El análisis de Berrellez, veterano de la Operación Leyenda, no es el de un espectador, sino el de alguien que conoce las cloacas donde se funden la política y el crimen. Según su testimonio, la presidenta Sheinbaum fue arrinconada por Donald Trump y Marco Rubio. La inteligencia que permitió la ubicación del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no fue fruto de las instituciones mexicanas, sino una entrega masticada de la CIA, el FBI y la DEA. Aquí se desvela el primer gran fracaso del Estado: su ceguera voluntaria. Las agencias estadounidenses sabían desde hace años la ubicación del Mencho, pero guardaron la carta para el momento político oportuno, utilizándola como un mecanismo de presión para doblegar a la nueva administración.

El impacto social de estas revelaciones es devastador. Se nos dice que el país está en un proceso de transformación, pero la estructura medular que sostiene al narcotráfico permanece intacta: la narcopolítica. Berrellez es implacable al señalar que el problema no son los narcos, sino "quienes los crían", refiriéndose a una clase política y militar que ha hecho del soborno su principal fuente de ingresos. La mención de que generales del ejército protegen activamente a los capos no es una novedad, pero que se diga con tal seguridad que la presidenta está "entre la espada y la pared" porque su propio gabinete y cúpula militar podrían estar infiltrados, coloca a la seguridad nacional en un estado de indefensión absoluta.

El contexto histórico aportado por la Operación Leyenda sirve como un espejo deformante de lo que ocurre hoy. La muerte de Enrique "Kiki" Camarena en 1985 no fue solo una ejecución del Cártel de Guadalajara, sino, según Berrellez, un crimen político donde la CIA estuvo involucrada para proteger el financiamiento ilegal de la contra nicaragüense con narcodólares. El señalamiento directo a Manuel Bartlett como el enlace entre la CIA y los carteles no es solo un golpe al pasado, sino una crítica feroz al presente, dado que Bartlett ha sido una figura protegida por el sistema político actual. Esta continuidad del horror sugiere que los nombres de los capos cambian, pero los facilitadores en el poder son los mismos.

México es hoy un país bajo tutela. La supuesta victoria contra el CJNG es una cortina de humo que esconde la incapacidad del gobierno para purgar sus propias filas. Si la presidenta actuó "obligada", como afirma la fuente, entonces el Estado mexicano ha renunciado a su función primordial de garantizar orden por convicción, limitándose a reaccionar ante amenazas externas. 

Además, Berrellez arroja una duda razonable sobre la forma en que murió el Mencho, sugiriendo un posible asesinato extrajudicial para evitar que hablara, similar a lo ocurrido con Arturo Beltrán Leyva. Un muerto no testifica; un muerto no señala a los generales que le daban paso libre; un muerto no revela qué políticos recibieron sus maletas de dinero.

La conclusión es amarga. Mientras Estados Unidos utilice la información de inteligencia como moneda de cambio para doblegar voluntades políticas en lugar de buscar justicia en tribunales, y mientras México siga poniendo los muertos en una guerra cuyas órdenes vienen de afuera, la soberanía será solo un discurso para las plazas públicas. La caída del Mencho no es el fin de una era, es el inicio de una fase de mayor subordinación. El narcoestado no se ha ido; solo ha cambiado de administrador bajo la vigilancia estricta del vecino del norte.

Y justamente para analizar la caída del Mencho y la estrategia de seguridad contra el narcotráfico en México implementada, perdón, presidenta, pero con su administración, es que nos vamos a enlazar ahora con Héctor Berrellez. Él es un exagente de la DEA les decía, pero además uno de los hombres a los que le tocó en su momento investigar muy de cerca detrás de la muerte de Enrique el Kiki Camarena, esto que se le llamó la Operación Leyenda. Héctor, ¿qué tal? Buen día.

Buenos días. Mucho gusto estar con usted. Un placer estar con ustedes.

Igualmente, igualmente, Héctor. Bueno, pues ya hablaremos de la Operación Leyenda, pero ahora me gustaría preguntarte como exagente de la DEA y que sigues pues siempre muy de cerca todo esto que ocurre en nuestro país y que tiene que ver con esta relación México-Estados Unidos. ¿Cómo viste el operativo de la caída del Mencho?

La caída del Mencho. Ah, son muy buenas noticias. Hay que terminar con todos los narcos, desmantelar todos los carteles. Mis respetos al presidente Trump, mis respetos a la presidenta Sheinbaum, pero mis más respetos a los militares y a los policías que intervinieron en este evento tan significante.

Héctor, el operativo en sí mismo, ¿qué te pareció? Porque ayer el presidente Trump dijo pues casi casi que él había sido el autor de este operativo, cuando lo que sabemos en México es que sí hubo colaboración por parte de Estados Unidos solamente con inteligencia que quizá sin ella no se hubiera podido dar el operativo.

Hay que decirlo. Para mi conocimiento y mi experiencia me dice, y lo sé, que tuvo mucha participación la DEA, el FBI y la CIA en este evento. No participación física, pero participación proporcionando proporcionarle a México pues inteligencia a dónde se ubicaba el Mencho en el momento de que fue abatido a balazos, sobre todo con inteligencia.

Ahora, supongo que es un operativo que se hizo en el momento en que se consideró oportuno, pero que ya se venía planeando, ¿no?

Héctor Berrellez: 

Ah, mire, hace tiempo que la DEA y las agencias de inteligencia americanas han sabido dónde está el Mencho. Han sabido y han pedido ayuda, pero hasta ahora que pusieron a esta Claudia Sheinbaum, a la presidenta de México, entre la pared y la espada, se tuvo que llevar a cabo este evento porque Donald Trump y las agencias americanas, tanto como el secretario de seguridad aquí, Marco Rubio, la presionaron. Le dijeron: "O o actúas contra el Mencho o actuamos nosotros". Entonces fue a más obligada a tomar pues ejercimiento contra el Mencho porque si no lo hubiera hecho Donald Trump iba a entrar con tropas y no iba a ser Donald Trump. Inclusive hace una semana Donald Trump en una prensa que dio dijo que la presidente Sheinbaum era muy buena mujer pero que les tenía mucho temor a los carteles.

Sí, sí.

Y hay que tenerle temor a los carteles, Adela, por esto: porque los carteles controlan a muchos de los generales militares. Es decir, los sobornan a generales militares que los están protegiendo, tanto como la presidenta Sheinbaum sabe de que dentro de su mismo gabinete existen políticos, gobernantes, que están recibiendo dinero o estaban recibiendo dinero del Mencho.

Eh, a ver, yo insisto, es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Héctor, ¿se puede acabar con el narcotráfico y se puede acabar con los carteles en México?

Sí se puede acabar, pero la única manera de acabar con los carteles es acabar con los que protegen a los carteles. No más en México, Adela, aquí también en los Estados Unidos existe mucha corrupción. Y por mientras los mandatarios, los gobernantes, se dejen sobornar, se dejen controlar y se dejen mandar inclusive por estos narcos, no va a acabar nunca. El problema no son los narcos, el problema son los que crían a los narcos, que son los corruptos políticos.

¿Qué información tiene Estados Unidos? ¿Qué información? Eh, yo sé que tú tienes muchos contactos hasta el día de hoy, Héctor, pero se dice mucho que Estados Unidos tiene un montón de información de muchos políticos mexicanos, de la clase política mexicana, le llaman los narcopolíticos. Pero en realidad, ¿qué información tiene Estados Unidos sobre México en ese sentido?

Tienen mucha información. Inclusive se dice que está cooperando este el Mayo Zambada con el gobierno americano, que Caro Quintero también está cooperando. El que el que no ha cooperado, y no sé por qué, es García Luna. Pero que los Estados Unidos, las agencias antinarcóticos aquí en Estados Unidos, tienen mucha información. Tienen mucha información.

¿Y qué hacen con esta información? Porque es información que no conocemos en México. Luego allá se convierte en una especie de testigos protegidos, tienen algunas prebendas, ¿no?, algunas mejoras en condiciones de prisión, etcétera. Pero, ¿qué hacen con esta información?

Héctor Berrellez: 

Lo que hacen con esta información, muchas veces lo que deberían de hacer... voy a decir primeramente lo que deberían de hacer, es ir ante un gran jurado y sacar la aprehensión para esta gente. Pero muchas veces los políticos usan información para amenazar a otro político, para doblegar, por ejemplo, a políticos mexicanos, colombianos, de otros países, diciendo: "Mira, tenemos información de que tú estás recibiendo dinero, si no quieres que actuemos contra ti entonces coopera con los Estados Unidos". Entonces es lo que hacen con la información. No siempre se lleva la información a un gran jurado, a una corte pues para hacerlo. Lo que deben de hacer es sacar la aprehensión. Sabemos, y hay mucha inteligencia, de que varios expresidentes mexicanos estaban a estaban a recibir sobornos de los narcos. No nomás no nomás se sabe que hay inteligencia de que López Obrador, por ejemplo, agarró dinero de los narcos. Hay inteligencia que inclusive Sheinbaum también cuando antes de que fuera presidente fue sobornada por los carteles. Hay información de que Peña Nieto también recibió dinero. Entonces toda esa información la tienen los Estados Unidos y la saben y no siempre la usan como deben de usarla para mi criterio, de llevar esas esas diferencias a una corte y sacar orden de aprehensión para estas personas corruptas.

Ahora, mucho se ha dicho que es México quien pone los muertos, ¿no? ¿Qué qué hemos hecho mal en México que no ha habido una estrategia exitosa para acabar con el narcotráfico y la violencia?

No ha habido operaciones exitosas porque no han querido, por lo mismo que estoy diciendo, por la corrupción. Cuando antes de que entrara la Guardia Nacional, los que se enriquecieron fueron los comandantes de la judicial federal antes. Entonces entra la Guardia Nacional y ¿qué pasa? se comienzan a corromper. ¿Quién? Los generales. Y eso es muy peligroso para una presidenta como Sheinbaum. Porque si los generales apoyando a los narcos se van contra la presidenta, digamos en ejemplo aquí Sheinbaum, la pueden sacar de la oficina o la pueden eliminar también. Entonces ella está, como dije, entre la pared y la espada. 

Ella ella en realidad no sabe para qué lado brincar. Satisfacer a las demandas de Marco Rubio, secretario de acá de los Estados Unidos, o apoyar a Trump o apoyar a los narcos. Y desafortunadamente los narcos tienen mucho dinero y pueden sobornar a casi todos los generales militares. Y ahora es lo que se ha visto, que ahí está el general Cienfuegos, que según lo soltaron acá y que le iban a hacer cargos en México, llega a México y lo reciben como un héroe. No lo llevaron a juicio como prometieron. Igual igual igual ha pasado también en el tiempo pasado con lo de Camarena. Hemos cooperado con ellos diciendo: "Por favor, tenemos evidencias contra el Dr. Álvarez Machain que participó en la tortura de Camarena, por favor cooperen, extradítenlo para acá por la muerte de Camarena". 

Nunca lo extraditaron. Tuvimos que... yo estoy ordenado tomar órdenes de secuestrarlo porque el gobierno de México no cooperaba. ¿And qué pasa cuando se regresa Machain a México? Lo reciben como un héroe. Entonces eso todo hace ver a México como un país corrupto, muy sucio. México ahorita no es respetado. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que México es un país controlado por los narcos.

¿Cuál fue la estrategia que siguió Colombia, por ejemplo, Héctor?

Mire, Colombia sí sí se fue contra Pablo Escobar totalmente. Y mire la guerra que se desató en Colombia cuando Escobar mandó matar a todos los jueces, a todos los fiscales y a todos los policías. Y así va a pasar en México. Ahorita se está desatando este tipo de guerra contra el gobierno corriente. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Le van a echar la culpa a la presidenta. Por eso digo que ella está en una posición bastante delicada. Porque si se va contra los narcos se le pueden echar encima los generales que protegen a los narcos y ella ella va en peligro hasta que la puedan hasta asesinar. Por eso ella no estaba tomando decisiones. Esta decisión se tomó porque fue obligada. Porque yo tengo información que el gobierno americano le dijo: "Ahí está el Mencho, o actúas o actuamos, tú decide".

¿Tú tienes información real de que eso ocurrió?

Sí, tengo fuentes que me están diciendo que eso fue lo que pasó, porque la obligaron. La obligaron. La inteligencia con el donde estaba el Mencho fue americana. Es americana.

Ahora, ¿qué crees que pase? ¿Cuáles van a ser las consecuencias en México con el abatimiento del Mencho?

Héctor Berrellez: 

Mire, la violencia va a seguir hasta que no haya otro jefe de plaza que reemplace al Mencho número uno. O es posible también que siga el Cártel de Sinaloa, cártel oponente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Puede ser que ellos van a agarrar la posición número uno como el cártel más grande de México. Y acuérdense que han estado en guerra el Cártel Jalisco Nueva Generación con el Cártel de Sinaloa manejado por el Flaco Mayo, el hijo del Mayo Zambada. Esas han sido todas las muertes que se han llevado a cabo antes de este evento. 

Sabemos bien de que de que de que el Mencho, al hacerse jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, se unió fíjese con Los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, para hacerle contra al Cártel de Sinaloa. De modo que la guerra va a seguir entre los cárteles. Eso va a seguir y la violencia va a seguir. Lo que tiene que hacer la presidenta es poner juicio, parar toda la violencia en México, insistir que haya orden. Y eso va a durar tiempo y es difícil para que la presidenta, en la posición que está ahorita, está en una posición para mí delicada. Y va a seguir recibiendo presiones por parte de Estados Unidos y de Donald Trump, que pues tiene Trump muchísimo interés en acabar con el narcotráfico, en especial con el fentanilo, ¿no?

Héctor Berrellez: 

Mire, el problema es de que aquí aproximadamente cien mil personas anual se mueren de sobredosis del fentanilo. Okay. En la guerra de Vietnam, en siete años que tuvimos en esa guerra, no se murieron más de cincuenta y ocho mil militares. ¿Cómo es posible de que en los últimos tres cuatro años aquí en los Estados Unidos se estén muriendo de sobredosis más de cien mil personas anuales? Entonces es una pandemia de muerte aquí. Y muchas familias, tanto aquí como en México, sufren que tienen parientes que son drogadictos. 

Y luego hay que también ver todas las gentes, todos los individuos que han muerto de sobredosis, Adela. Aquí meses aquí se están muriendo gente por todos lados de las sobredosis de las drogas. Vea usted por qué Donald Trump con toda razón los nominó Foreign Terrorist Organizations, organizaciones terroristas, porque matan más americanos ellos con las drogas que mataba Osama bin Laden y los enemigos que teníamos allá con los talibanes. La verdad eso está ocurriendo y ya la gente aquí está apoyando mucho a Trump porque están diciendo: "Ya basta, ya basta con tanto muerto aquí en los Estados Unidos, con tanta violencia, con tanto lavado de dinero". Y también voy a decir esto y lo digo sinceramente: aquí también existe la corrupción, aquí también estamos infectados totalmente. 

Aquí también hay gobernantes políticos corruptos. Se han arrestado varios jueces en en el estado de Texas, en este lado, que han que se han comprobado están recibiendo sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación. De modo que la situación no nomás existe en México. Y no voy a decir que los mexicanos todos son corruptos. Los americanos estamos tan corruptos aquí también que le podemos dar lecciones a los mexicanos en corrupción. Vean toda la corrupción, todo el dinero que se está robando aquí de los impuestos. Vea el estado de Minnesota cómo está, está destruido. Ya ya ya ya. Yo no sé cómo no han quebrado el país con tanto robo de impuestos que han ocurrido aquí en los Estados Unidos. Y también aquí hay gobernantes corruptos que protegen a los narcos.

Adela Micha: 

Ahora, vamos a hablar un poco de la Operación Leyenda, porque a raíz de eso es que tú conoces también lo que ha venido ocurriendo en nuestro país y cómo opera Estados Unidos en nuestro país. Eh, la Operación Leyenda buscaba saber qué estaba detrás de la muerte de Enrique Camarena. ¿Qué fue? ¿Cómo fue, Héctor?

Héctor Berrellez: 

Mire, la muerte de Enrique Camarena fue una muerte una muerta una muerte política, perdón. El gobierno americano se asoció con el Cártel de Guadalajara en aquellos tiempos operado por Ernesto Fonseca Carrillo, Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Eran los jefes del cártel entonces de Guadalajara. Cuando yo entré en la investigación, pues yo ya tenía mucha experiencia porque había trabajado en México. Yo ya había visto y vivido la corrupción en México. Yo sabía que en México los narcos no existirían si no tuvieran la protección que tenían del gobierno mexicano. Cuando me asignaron a mí a la investigación, a mí me dieron órdenes de irme contra los narcos. Pero al entrar a la investigación a mí me dijeron que a Camarena lo habían matado por haber participado en las destrucciones de los plantíos de marihuana en El Búfalo. 

El que llevó esa investigación de la DEA era mi compadre Charlie Lugo. Y yo le pregunté a él: ¿cómo qué participación tuvo Kiki Camarena en los decomisos del rancho El Búfalo? Y me dijo: "No participó, Héctor". Pero me están diciendo que a Camarena lo mataron los narcos por su participación en destruir el rancho El Búfalo, los plantíos en el rancho El Búfalo. Dice: "Mentiras" dice. Lo único que hizo Kiki en esa investigación es prestarnos el piloto Alfredo Zavala, que Camarena lo controlaba en Guadalajara, para que volara y tomara fotos de los plantíos de El Búfalo porque nosotros por tierra no podíamos entrar porque estaban todos los caminos bloqueados por el Ejército Mexicano y agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces como no pudimos entrar porque estaban todas las carreteras bloqueadas, pagamos a Alfredo Zavala que él volara, tomara fotos y lo regresara, y lo regresó a Guadalajara y las negativas de las fotos las entregó a Camarena. Camarena las llevó al DF y se las proporcionó al jefe de nosotros en México City. Esa fue la total participación de Camarena en el decomiso de rancho El Búfalo. Entonces yo, como había trabajado en México, digo: bueno, está raro esto que me estén diciendo que esto fue lo que pasó cuando mi compadre Lugo, que fue el que dirigió todo el operativo en El Búfalo, me está diciendo que Kiki ni estuvo presente. 

Esto a mí me puso en duda de que me estaban dando a mí mala información mi mismo gobierno. Entonces comienzo yo a investigar y me enfoqué más en traer testigos que estuvieron presentes cuando Camarena fue interrogado por los según los narcos. Y recluto yo no a uno ni a dos, recluto a tres personas que estuvieron presentes en diferentes tiempos. Primero el primero que recluté fue Jorge Godoy. Al año recluté a René López Romero y a los seis meses después de eso recluté a Ramón Lira, que eran sicarios, eran pistoleros, eran parte de la seguridad de Ernesto Fonseca Carrillo, Caro Quintero y los jefes entonces del Cártel de Guadalajara. Cuando comencé a interrogar me mencionaron que una persona que interrogaba mucho a Camarena era un cubano. Y para mí se me hizo muy extraño, ¿qué negocio está haciendo un cubano en México interrogando con los narcos? Bueno, le pregunté ¿quién es este cubano? Me dieron otro nombre, ¿no?, Félix Rodríguez, Pérez Rodríguez, Max Gómez. Un Max Gómez fue el que participó y es un cubano. Busqué cielo y tierra por ese Max Gómez y no lo hallé en ninguna parte. Entonces por fin me traigo a Ramón Lira y él también me dice que una de las personas que interrogó mucho a Kiki fue Max Gómez. 

Y le digo: ¿quién es él? Él es un agente de la CIA americana de nombre Félix Rodríguez. Entonces abro una investigación en Félix Rodríguez y me doy cuenta que en efectivo fue el mismo Félix Rodríguez que mató o mandó matar al Che Guevara en Bolivia. Entonces comienzo a investigar más y me doy cuenta de que... les pregunto yo a ellos: ¿qué motivo tiene la CIA metido con esto? Entonces recluté a una persona, un americano de la CIA, a Lawrence Harrison que estaba en México, lo recluté y me lo traje para los Estados Unidos también como testigo. Y él me dijo: "Héctor, todo esto es manejado por la CIA. El Congreso no quiso solventar a la guerrilla en Nicaragua y la CIA escondidamente, clandestinamente, se asoció con el Cártel de Guadalajara para financiar a los contras en Nicaragua". Y a la misma vez estando aquí en Los Ángeles se oye de que anda un negrito que se llama Freeway Ricky Ross. Dicen Freeway Ricky Ross y él estaba moviendo mucha cocaína. Y nos damos cuenta que los que le estaban surtiendo cocaína a Freeway Ricky Ross aquí en Los Ángeles eran dos generales del contra, Danilo Blandón y otro que ahorita me acuerdo el nombre. Entonces comencé a investigar yo a estos personajes de los contras que estaban destruyendo mucha coca en el área de Los Ángeles. 

Entonces voy poniendo toda la investigación junta y digo: sí es posible que es cierto de que la CIA se asoció con el Cártel de Guadalajara para agarrar dinero para solventar una guerra no autorizada por el Congreso americano. Entonces me estoy dando cuenta no nomás la participación corrupta del gobierno de México con la participación corrupta de la CIA. Y el que hizo el enlace entre los gobernantes mexicanos y la CIA fue Manuel Bartlett Díaz. Yo quise... Manuel Bartlett Díaz está muy investigado y no viene para los Estados Unidos porque él fue el que enlazó a la CIA americana, porque Manuel Bartlett Díaz es y ha sido siempre informante de la CIA americana, como han hecho otros políticos americanos que trabajan para la CIA, muchos de ellos y la CIA les paga muy buen dinero. Entonces ya me di cuenta yo de que todo estaba sucio de lo de Camarena y lo sigo diciendo Adela, es la verdad, los testigos no están mintiendo, ellos estuvieron ahí. Félix Rodríguez sin duda interrogó a Kiki Camarena y ahí lo traen como un héroe en Miami, entonces no le hacen nada. Y ahora Rafael Caro Quintero ya está en Estados Unidos, fue enviado a Estados Unidos acusado de la muerte de Kiki Camarena. Adela, por favor investiguen eso y sáquenlo a la luz, que a Rafael Caro Quintero no le han hecho cargos por la muerte de Camarena. 

No tiene cargos en Estados Unidos por la muerte de Camarena. Le hicieron cargos de Rico Statues por el narcotráfico y por manejar una organización criminal, pero no le han hecho cargos por la muerte de Enrique Camarena. Inclusive el caso de la muerte de Camarena estaba bajo la jurisdicción del centro distrito de California aquí en Los Ángeles. La orden de aprehensión contra Caro Quintero por la muerte de Kiki Camarena está aquí en Los Ángeles, no en Nueva York, Adela. Entonces lo que no quieren es hacerle cargos de la muerte de Camarena a Caro Quintero porque todo esto que es lo que estoy hablando de la CIA, de Félix Rodríguez, de que Oliver North, todos los gobernantes mexicanos tuvieron juntas con los cárteles de México y usaron los cárteles de México y la droga para financiar la guerrilla en Nicaragua. El gobierno americano en aquellos entonces no quería entrar a una guerrilla en Suramérica porque acabábamos de salir de la guerra de Vietnam y ahí en la guerra de Vietnam perdimos. 

Entonces la gente americana no iba a apoyar entrar a otra guerra y por eso el Congreso americano dijo: "No vamos a solventar ni meternos en la guerrilla en Nicaragua". Pero la CIA, terca, clandestinamente lo hizo y lo hizo con narcodólares. Por eso yo digo y siempre he dicho que yo quiero mucho a México. Todo el mundo dice México corrupto, México sucio, ¿y aquí cómo estamos aquí también? Si siguen tapando una muerte de Camarena y como periodista investiga, investiga por qué no le han hecho cargos formales en Los Ángeles donde existe la orden de aprehensión a Caro Quintero por la muerte de Enrique Camarena.

Pues lo lo vamos a investigar sin duda. ¿Tú esto lo tienes documentado y lo tienes escrito, Héctor?

Héctor Berrellez: 

Todo está documentado, todo ha sido escrito. Más importante Adela que tenerlo documentado, ahí están los testigos, existen. Aquí los tenemos, aquí está Ramón Lira, aquí está René López que estuvo en el levantón de Camarena, él fue con los agentes de la dirección que levantaron a Kiki Camarena enfrente del consulado, él iba en el carro. Aquí está este testigo, aquí está Jorge Godoy. Tenemos no nomás la documentación, aparte tenemos los testigos, testigos que han tomado poligrafía que no están mintiendo. Entonces por eso yo siempre he dicho no voy a aguantar que digan: "Ay México corrupto y México sucio". ¿Y nosotros acá qué somos? ¿No estamos corruptos cuando estamos protegiendo eso, que nos metimos a solventar una guerra con narcodólares?

Adela Micha: 

Pues sí, la misma corrupción. Héctor, siempre es interesante conversar contigo y espero regresar contigo próximamente y seguir comentando todos estos asuntos. Vamos a ver qué consecuencias trae pues el abatimiento del Mencho, ¿no?, que se antojaba difícil que fuera una operación en la que resultara detenido que no muerto el Mencho, Héctor.

Mire, a lo que tienen que enfocarse, yo digo, es en investigar si no lo asesinaron al Mencho. Porque obviamente al gobierno de México corrupto, a los corruptos de México, no les convenía que viviera el Mencho. Hay que investigar cuáles eran las heridas que tuvo él en el incidente y si en realidad no lo mataron en camino a Guadalajara donde lo llevan al hospital. Porque también se sospecha que hicieron lo mismo cuando mataron a Arturo Beltrán Leyva. La Marina luego enseñó fotos de Arturo Beltrán Leyva donde estaba sin pantalones, en calzoncillos y todo baleado. Entonces si para mí como investigador si veo a una persona así en calzoncillos, sin camisa, baleado, eso me indica a mí que esa persona fue asesinada, que no se resistió.

Pues exacto. Y eso tienen que investigar bien allá los periodistas mexicanos porque mucho no se ha dicho de cómo fue en realidad, cómo respondieron, se ha dicho pero de manera muy superficial.

Mire, yo lo voy a decir nada más la verdad. Es un placer haber estado con ustedes y muchas gracias. Aquí voy a estar para servirle cuando quieran hablar conmigo.

Estaremos en contacto si me permites. Muchas gracias. Un abrazo, Héctor.

#MetroNewsMx

-La cerrazón burocrática en la sede Celaya de la UPN 112 ante el reclamo de títulos en San José Iturbide evidencia un colapso ético y administrativo.

-El uso de guardias privados para filtrar el escrutinio periodístico transforma a la universidad pública en un búnker de opacidad.

-Tres años de omisión en la entrega de títulos profesionales constituyen una violación flagrante al derecho humano a la educación y al trabajo.

Directivos de la Unidad 112 de la UPN en Celaya mantienen un muro de opacidad y evasión a responder a cuestionamientos serios sobre el caso de San José Iturbide, sobre el tema de presunta omisión de entrega de títulos a egresados de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 112 extensión San José Iturbide.

La vigilancia privada en el acceso de la Unidad 112 de la Universidad Pedagógica Nacional en Celaya, cuestiona al periodista sobre que se le ofrece. El periodista se identifica y le responde que se desea dialogar con la directora del plantel, Mtra. Patricia Valadez Ramírez. o en su caso, con la subdirectora Maestra María Imelda Valencia López; el vigilante llama vía teléfono interno con las oficinas, comenta sobre el particular y la respuesta es: "no está la directora". 

Se insiste en dialogar con otra persona, en este caso la subdirectora, y la respuesta es: "está ocupada". Se le vuelve a decir al vigilante la gravedad del asunto: se está acudiendo a pedir información sobre el presunto caso de no entrega de títulos, desde hace tres años, a la extensión San José Iturbide.

El vigilante, a insistencia del periodista de que no había inconveniente en esperar, y le pide el guardia que espere en la calle. Ante esta actitud se le insiste, vuelve a hablar, y una secretaria de nombre "Adi" -dicho por el mismo vigilante en su llamada a las oficinas- es enfática y el guardia le dice al periodista: "no puede entrar".

Esta escena no es un simple malentendido de oficina; es una radiografía de la opacidad institucional y el desprecio por la rendición de cuentas en el sistema educativo de Guanajuato. 

El episodio descrito en la entrada de la Unidad 112 de la Universidad Pedagógica Nacional en Celaya no es un hecho aislado, sino una manifestación técnica de la obstrucción informativa. Cuando una institución educativa financiada con recursos públicos utiliza a la vigilancia privada como escudo para evitar responder sobre la presunta retención de títulos profesionales —un proceso que suma ya tres años de retraso—, la universidad deja de ser un espacio de saber para convertirse en un ente de encubrimiento.

Es una táctica común en administraciones bajo sospecha: delegar la negativa a un tercero sin autoridad académica. El guardia de seguridad, al cumplir órdenes de la oficina de la Mtra. Patricia Valadez Ramírez, se convierte en un agente de censura previa. 

La respuesta "no está" o "está ocupada" ante un tema de gravedad extrema —la vida profesional de egresados de la extensión San José Iturbide— es una salida que falta a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El periodista no busca un favor personal, sino el cumplimiento de una obligación oficial.

La mención de una secretaria que, desde la comodidad de una línea interna, ordena que el periodista "espere en la calle" y finalmente decreta un "no puede entrar", revela una estructura de mando que ha normalizado la vulnerabilidad del usuario.

Si la administración de la Unidad 112 no tiene nada que ocultar respecto a la crisis de los títulos en la sub sede de San José Iturbide, la respuesta natural sería la apertura. La cerrazón solo confirma la sospecha: existe un desorden administrativo o, peor aún, una negligencia jurídica que no saben cómo explicar.

Retener un título por tres años es secuestrar el futuro laboral de un docente. En el contexto legal de Guanajuato, este acto puede tipificarse como un daño al patrimonio y a la integridad profesional de los afectados. La extensión San José Iturbide parece haber sido tratada como una "sucursal de segunda", donde la sede Celaya cobra y gestiona, pero no responde por los resultados académicos finales.

La conclusión es clara y contundente: la UPN 112 en Celaya atraviesa una crisis de legitimidad. El hecho de que sus directivas, Valadez Ramírez y Valencia López, evadan su responsabilidad de ofrecer una postura oficial tras un mostrador de vigilancia y una secretaria enfática, demostraría que la institución  vulnera los principios de transparencia y servicio público. Una universidad que no puede entregar títulos en tiempo y forma, y que además expulsa a la prensa a la vía pública, es una institución que ha fallado a la sociedad.

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) no puede seguir siendo cómplice por omisión. Es necesario que se abra una auditoría externa inmediata sobre el estado de las actas de examen y los procesos de emisión de cédulas en la extensión San José Iturbide. La educación no termina en el aula; termina en la entrega del documento que acredita el esfuerzo, y hoy, ese documento es un rehén de la burocracia en Celaya.

Esta escena no es un simple malentendido de oficina; es una radiografía de la opacidad institucional y el desprecio por la rendición de cuentas en el sistema educativo de Guanajuato. A continuación, presento el análisis editorial bajo el rigor y la estructura solicitada.

De acuerdo con la información cartográfica, la distancia desde la Unidad 112 de la UPN en Celaya -ubicada en Av. Irrigación- hasta el centro de San José Iturbide es de aproximadamente 100 kilómetros, con un tiempo de traslado estimado de 1 hora y 22 minutos por la carretera México 45D y el libramiento norponiente de Querétaro.

Si el origen del traslado fuese de municipios más alejados del noreste como Xichú o Santa Catarina, el trayecto supera los 210 kilómetros, traduciéndose en más de 4 horas de viaje de ida y otras 4 de regreso, cruzando la Sierra Gorda.

Si el periodista que buscaba la entrevista y la información, hubiera sido de la prensa nativa en San José Iturbide y acude a la sede de la Unidad 112 -para tener información presencial y no vía telefónica- tendría que haber viajado 100 kilómetros (o más) para buscar una declaración oficial, para al final recibir solamente la respuesta institucional: "venga otro día" o "está ocupada".

Ante una situación así, no se estaría ante una falta de agenda, sino ante un acto de negligencia administrativa. Pedir a un profesional de la comunicación que invierta tres horas de carretera y gastos de traslado para encontrar un búnker cerrado es una táctica de desgaste deliberado. 

Es la apuesta de la institución por el silencio, esperando que la distancia geográfica funcione como una barrera natural para el escrutinio público. Es, en esencia, una falta de respeto al derecho a la información y al ejercicio periodístico.

Si se cambia el escenario y el caso hubiera sido el de un alumno proveniente de Tierra Blanca, Victoria o Xichú, acompañado por sus padres -quienes probablemente han costeado con sacrificio esa educación-, recibiendo el mismo trato que el periodista, es una violencia institucional incalificable.

Para una familia del noreste, acudir a Celaya no es un trámite sencillo; representa un gasto económico significativo y la pérdida de una jornada laboral. Que se les impida la entrada y se les deje "en la calle" después de haber esperado tres años por un título, es una humillación.

La UPN 112 estaría tratando a sus egresados como "clientes molestos" y no como profesionales formados en sus aulas.

Existe un "centralismo cruel". La sede en Celaya ejerce el poder administrativo, pero desprecia la realidad de sus extensiones en las zonas más alejadas y necesitadas del estado.

Que la Mtra. Patricia Valadez Ramírez o la Mtra. María Imelda Valencia López presuntamente no reciban a un alumno -de darse el caso- que viaja desde la Sierra Gorda para preguntar por su título profesional —el cual es la culminación de años de esfuerzo— podría ser un síntoma de deshumanización burocrática. Un título no es un favor; es una obligación legal de la universidad. Si el tratamiento dado al periodista de Metro News de querer dejarlo en la banqueta, hubiera sido el mismo al alumno y a sus padres, bajo la vigilancia de un guardia privado, sería convertir un centro educativo en una entidad que parece tener miedo de su propia ineficiencia.

De ser el caso, la UPN 112 en Celaya estaría erigiendo una muralla que castiga la pobreza y la distancia. La administración actual no solo está fallando en la gestión técnica de los títulos; está fallando en la dignidad humana mínima. Si se han dado casos de egresados del noreste del estado de Guanajuato que buscan respuestas tras tres años de espera sería, moralmente, un abuso de autoridad administrativa que debería ser sancionado de oficio por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

Ante la gravedad de los hechos —que incluyen la presunta retención de títulos profesionales por tres años, el maltrato a usuarios y el bloqueo a la labor periodística— es fundamental que los afectados interpongan denuncias formales. En el estado de Guanajuato, existen mecanismos específicos para sancionar la negligencia de funcionarios públicos y la violación de derechos.

Los conductos a seguir para hacer valer la ley: Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC)

Es la instancia estatal encargada de vigilar el desempeño de los servidores públicos. El incumplimiento administrativo -no entregar los títulos- y el maltrato son faltas administrativas.

Se puede presentar queja en línea a través de https://sh.guanajuato.gob.mx/

La otra instancia es la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG)

El derecho a la educación incluye la certificación de la misma. En caso de que se impida el acceso a las instalaciones a personas que viajan desde el noreste -Xichú, Victoria, etc.- y negar información pública a periodistas constituye una violación a los derechos humanos.

El enlace de denuncia es https://www.derechoshumanosgto.org.mx/

La Secretaría de Educación de Guanajuato -SEG-, a través de su Órgano Interno de Control es otro canal de denuncia. Dado que la UPN 112 opera bajo la vigilancia de la SEG en el estado, el Órgano Interno de Control de esta secretaría podría investigar a la Mtra. Patricia Valadez Ramírez y a la Mtra. María Imelda Valencia López.

Enlace para denuncia directa: https://www.seg.guanajuato.gob.mx/

Los afectados podrían presentar la queja abordando los siguientes aspectos.

-Violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas: El retraso de tres años en la entrega de títulos contraviene el principio de eficiencia y legalidad del servicio público.

-Incumplimiento de la Ley General de Educación: Las autoridades universitarias están obligadas a garantizar la certificación de estudios de sus alumnos.

-Discriminación y maltrato: El trato diferenciado y, en caso de darse, la expulsión a la vía pública de ciudadanos provenientes de zonas rurales o alejadas -Sierra Gorda- atenta contra la dignidad humana.

-Obstaculización a la Libertad de Expresión: Negar el paso a un periodista para evitar cuestionamientos sobre un tema de interés público es una forma de censura indirecta.

Para los alumnos del noreste -San José Iturbide, San Luis de la Paz, Xichú, etc.-, lo más efectivo es presentar una Queja Colectiva. Una denuncia firmada por 10, 20 o 50 alumnos tiene un peso legal mucho mayor ante la STRC y la SEG, obligando a una intervención inmediata en la Unidad 112 de Celaya. #MetroNewsMx

-La caída de Oseguera Cervantes marca el fin de la impunidad federal, pero traslada la verdadera batalla al eslabón más frágil: el gobierno local.

-A diferencia del fracaso de 2019, la firmeza institucional de hoy impide que el terrorismo urbano se convierta en una herramienta de veto político.

-El sacrificio de 25 elementos de la Guardia Nacional obliga a una reflexión sobre el costo humano de enfrentar arquitecturas criminales complejas.

Sophia Huett López sorprendió a propios y extraños con una colaboración titulada "El ciclo que se cierra y el territorio municipal que sigue en disputa", publicada por Opinión 51 (https://www.opinion51.com/sophia-huett-2602-el-ciclo/ ).

Para quienes no la conocen, ha sido figura pública que se ha destacado principalmente en el ámbito de la seguridad pública y la comunicación institucional, con una trayectoria muy ligada al estado de Guanajuato.

Fue titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública hasta finales de 2024, en el estado de Guanajuato. Su papel era fundamental en la coordinación de políticas públicas de seguridad y la vinculación con la ciudadanía.

Anteriormente, fungió como Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del estado, siendo la vocera principal en temas de seguridad durante momentos críticos de la administración estatal.

Antes de su paso por Guanajuato, formó parte de instituciones federales, destacando su experiencia en la entonces Policía Federal, donde desarrolló labores de comunicación y análisis.

Se le reconoce por ser una de las pocas mujeres con un perfil técnico y de alto nivel en áreas de seguridad en el país, manejando temas que van desde la incidencia delictiva hasta la dignificación policial. Durante su gestión en Guanajuato, fue la cara visible del gobierno para explicar operativos, estadísticas delictivas y avances en el combate a la criminalidad, caracterizándose por un discurso institucional y técnico. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y cuenta con estudios de posgrado en temas relacionados con la seguridad nacional y la gestión pública.

El ciclo que se cierra y el territorio municipal que sigue en disputa: Entre la victoria simbólica y la realidad territorial

El análisis de Sophia Huett López sobre la captura de Nemesio Oseguera Cervantes no es solo una crónica de un golpe operativo; es una disección profunda de la vulnerabilidad del Estado mexicano. La autora establece una distinción fundamental entre el "golpe al hombre" y el "golpe a la estructura", advirtiendo que, si bien la federación puede colgarse una medalla necesaria, el país se juega su viabilidad en la escala municipal, donde el crimen no solo transita, sino que gobierna.

Huett acierta al contrastar este operativo con los eventos de 2019. La "vulnerabilidad institucional" que marcó aquel año parece haber sido sustituida por una determinación que no cedió ante el chantaje del fuego. En seguridad pública, la legitimidad del Estado se mide por su capacidad de resistir la presión. Al no permitir que la reacción criminal modificara el resultado, el Gobierno de México recupera el monopolio de la fuerza, enviando un mensaje de que la violencia ya no es una moneda de cambio válida para la liberación de objetivos prioritarios.

El punto más agudo de la columna es la desmitificación del capo. Huett argumenta que el CJNG no es una persona, sino una arquitectura de gobernanza paralela. El grupo criminal aprendió a "gestionar" el territorio, infiltrándose en las economías informales, la extorsión y la regulación del comercio local. Esta capitulación del espacio público en favor de los intereses criminales es lo que convierte a un cartel en un problema de soberanía municipal.

El municipio es, según la autora, el "eslabón más frágil". Es aquí donde el análisis se vuelve punzante y crítico: de nada sirve descabezar a la hidra si el cuerpo, arraigado en las policías locales debilitadas y en las economías capturadas, permanece intacto. La caída de un líder es un episodio federal, pero la permanencia del modelo territorial es una tragedia local que sigue pendiente de resolución.

Finalmente, la nota cierra con una dosis de realismo humano. La cifra de 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos es un recordatorio brutal de que la seguridad no es una abstracción estadística. La mención a la voz quebrada de un general "duro" humaniza el conflicto y despolitiza la tragedia, recordándonos que detrás de las estrategias de inteligencia hay familias rotas.

La columna de Sophia Huett es una advertencia contra el triunfalismo. El cierre del capítulo federal es apenas el prólogo de una guerra de baja intensidad que se libra en las calles de los municipios. Recuperar a México no pasa por capturar nombres, sino por recuperar la legitimidad comunitaria y fortalecer a las policías locales. Si no se interviene la red municipal que permitió la expansión del cartel, la historia simplemente cambiará de rostro, pero mantendrá el mismo guion de sangre y extorsión. La victoria real no se mide en capturas, sino en la ausencia de miedo en el comercio de la esquina, en el transporte público y en la vida cotidiana de cada municipio.

#MetroNewsMx

-Las recientes posturas de una asociación política de apoyar en sus principios la "interrupción del embarazo" o aborto, obliga a recordar la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el particular, en un país donde la mayoría ciudadana está registrada dentro de esta iglesia y una gran mayoría cristiana

-El fiel debe rechazar plataformas políticas que promuevan el aborto para evitar la cooperación formal con el mal y mantener la coherencia con su fe.

-La Doctrina Social de la Iglesia establece que el derecho a la vida es un bien no negociable que prevalece sobre intereses económicos o de partido.

-El compromiso político del creyente exige un discernimiento ético riguroso que priorice la dignidad del no nacido como base de cualquier orden social.

La reciente postura de una asociación política -que busca ser un partido político- al colocar en sus documentos el favorecer la "interrupción del embarazo", forma eufemística de llamar así al aborto, además de buscar la creación de clínicas para "salud reproductiva" (https://www.metronewsmx.com/2026/02/somos-mx-el-aborto-como-estatuto-de.html ), trae a la mente la necesidad de mencionar las posturas claras de la doctrina de la Iglesia Católica en defensa de la vida humana.

Como se establece en los documentos de su doctrina, la Iglesia no se adhiere a partidos específicos, sino que marca los límites morales dentro de los cuales un católico puede ejercer su libertad política con el fin de proteger la dignidad humana desde su origen.

La Iglesia enseña que existen valores que no están sujetos a negociación pues afectan la base de la dignidad humana.

"Cuando la acción política se enfrenta con principios morales que no admiten dispensas, excepciones o compromiso alguno, entonces el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona".

Esto está basado en la nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, N. 4. (https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20021124_politica_sp.html )

Los católicos con responsabilidades políticas tienen la obligación moral de oponerse a leyes abortistas.

"En el caso de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, 'ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio con el propio voto'".

Esto queda claramente establecido en la Carta Encíclica Evangelium Vitae, N. 73.

(https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html )

El apoyo al aborto crea una ruptura entre la fe y la práctica pública que impide la plena participación sacramental.

"Los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana. Esto tiene una relación objetiva con la Eucaristía".

Esto queda definido por la Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis, N. 83. (https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html )

Cuando no es posible elegir un candidato totalmente fiel a la doctrina, se debe buscar limitar el daño.

"Un legislador, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, podría lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el plano de la cultura y de la moralidad pública".

El documento Evangelium Vitae, N. 73 y el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, N. 570, precisan lo anterior.

(https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html )

El Papa Francisco radicalizó el lenguaje para advertir sobre la gravedad de esta práctica en el ámbito social.

"¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema? No se puede, no es justo eliminar a un ser humano, aunque sea pequeño, para resolver un problema", tal y como lo precisó en su Audiencia General, del 10 de octubre de 2018. (https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2018/documents/papa-francesco_20181010_udienza-generale.html ) 

-El abatimiento de "El Mencho" marca el colapso de la política de abrazos, forzando un retorno a la confrontación directa obligada.

-México requiere una estrategia multidimensional que trascienda lo policial para atacar las raíces financieras y sociales del crimen.

La reciente operación militar que resultó en el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no es un evento aislado ni fortuito; es el certificado de defunción de una de las épocas más oscuras y negligentes en la gestión de la seguridad pública en México. El reconocimiento oficial de que este golpe se logró mediante la coordinación con agencias de inteligencia estadounidenses no solo subraya la relevancia del objetivo, sino que pone al descubierto la fragilidad de la soberanía cuando esta se utiliza como escudo para la inacción. Estamos ante una ruptura definitiva con la estrategia de "abrazos, no balazos", una política que, lejos de pacificar, funcionó como una tregua fáctica de seis años que permitió al crimen organizado robustecer su capacidad de fuego y su control territorial.

El análisis de Lorenzo Córdova es preciso al señalar que México ha pendulado entre la guerra frontal iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, y el desentendimiento absoluto de la administración obradorista. Sin embargo, el retorno a la confrontación bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum no parece ser fruto de una convicción ideológica renovada, sino de una asfixiante presión desde Washington. Las amenazas de la administración Trump de catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas y ejecutar operaciones militares directas en suelo mexicano han forzado al Estado a retomar su obligación primaria: el uso legítimo de la fuerza para perseguir el delito.

No obstante, el riesgo de repetir los errores del pasado es inminente. La historia reciente nos demuestra que descabezar organizaciones es insuficiente si no se desmantelan sus estructuras de soporte. El crimen organizado en México ya no es solo un fenómeno delictivo; es un sistema multidimensional con aristas financieras, sociales, culturales y hasta religiosas. Las organizaciones criminales han dejado de ser simples bandas de traficantes para convertirse en corporaciones ilícitas que lavan dinero en negocios legales, penetran partidos políticos y alteran procesos electorales. Mientras el Estado mexicano siga combatiendo este monstruo únicamente como un problema de seguridad pública, los golpes espectaculares serán meros paliativos en un cuerpo carcomido por el cáncer de la corrupción.

La omisión del sexenio anterior no fue solo un error de cálculo; fue una negligencia criminal que permitió la expansión del control delictivo más allá del ámbito municipal, llegando a permear las estructuras más altas del poder. Hoy, el país presenta índices de violencia que solo se encuentran en naciones bajo conflicto bélico declarado. La disminución de cifras en ciertos indicadores, sean reales o maquilladas, no oculta la realidad de un territorio donde el Estado ha cedido el monopolio de la violencia.

Haber dejado atrás la política de desentenderse del problema es un primer paso necesario, pero insuficiente. Para que México salga de este ciclo de sangre, la respuesta debe ser integral, permanente y no solo reacciones esporádicas ante la presión externa. Se requiere una política pública que atienda la precariedad económica que empuja a las familias hacia el crimen y que rompa la convivencia tóxica entre el poder político y el delincuencial. El abatimiento de un capo es un éxito operativo, pero la erradicación del problema exige una reconstrucción profunda de las instituciones y un ataque frontal a la estructura financiera que alimenta esta guerra interminable.

El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación por parte del Ejército Mexicano y que como ha sido reconocido oficialmente se logró a partir de un trabajo coordinado con las autoridades estadounidenses que proporcionaron información clave para su localización constituye un golpe importantísimo en contra de uno de los más relevantes grupos del crimen organizado en nuestro país. 

Se trata de una ruptura definitiva con la demencial estrategia de abrazos no balazos sostenida durante el sexenio de López Obrador que evidentemente fue forzada por la presión de la administración de Trump para que el gobierno de México rindiera y entregara resultados efectivos prontos y evidentes. En las últimas dos décadas hemos basculado entre dos políticas radicalmente diferentes de cómo enfrentar el fenómeno de la criminalidad organizada. Fuimos de la confrontación directa contra las bandas criminales bajo la lógica de la guerra al narcotráfico lanzada por Calderón y continuada prácticamente sin variaciones por Peña Nieto a la inactividad casi total del estado de los abrazos y no balazos de López Obrador.

Hoy Sheinbaum retoma la estrategia de confrontación directa de los gobiernos panistas y priistas en buena medida por las exigencias norteamericanas y las amenazas del vecino país del norte de intervenir con operaciones militares directas en contra de las organizaciones que han sido definidas por ellos como terroristas. Como lo he sostenido en otras ocasiones el problema que han tenido las dos posturas con las que se ha enfrentado el fenómeno criminal es que no ha habido un enfoque integral a partir de las distintas dimensiones que el mismo representa. Se le combate como si fuera un asunto meramente de seguridad pública a partir de una confrontación directa de las fuerzas del orden del estado en contra de las estructuras criminales de esas organizaciones como supone el enfoque de Calderón Peña y ahora también el de Sheinbaum o bien se les deja hacer a sus anchas mirando hacia otro lado y pensando ilusa y tontamente que el fenómeno se va a resolver por sí solo como ocurrió en el sexenio lopezobradorista.

Mientras no se detone una política pública integral y omnicomprensiva de las distintas facetas que ha llegado a tener el fenómeno criminal me temo todas las actuaciones del estado están condenadas al fracaso más allá de los eventuales golpes de mano como ocurrió ahora con el abatimiento del Mencho. Y es que el del crimen organizado es un asunto que hoy tiene múltiples vertientes que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta como las distintas caras con la que el mismo se presenta. Es por supuesto un asunto delictivo y por lo tanto no puede obviarse la persecución permanente y constante de las fuerzas de seguridad del estado. 

Esa fue la principal omisión de la demencial y hasta criminal estrategia del gobierno de López Obrador pensar que quienes se dedican a esas actividades delincuenciales lo hacen porque no les queda de otra. Se trata de una omisión por cierto que hoy sabemos lo único que provocó fue una tregua de seis largos años que le permitió a las organizaciones criminales robustecerse armarse aún más expandirse territorialmente diversificar sus negocios ilícitos fortalecer sus estructuras financieras incursionar en no pocos negocios legales para blanquear su dinero y también permear muchas instituciones del estado en diferentes niveles y ya no solo en el plano municipal así como también penetrar las estructuras de los partidos políticos y hasta intervenir en campañas electorales.

Por eso tiene sentido que el gobierno haya vuelto a asumir como necesaria la confrontación directa del aparato criminal asumiéndolo como lo que es una estructura delincuencial sin que importe tanto en este sentido si eso ocurrió por convicción propia o por presión del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo de nada le servirá al país un mero y llano regreso a las infructuosas estrategias del calderonismo y del peñismo en las que el problema se enfrenta solamente combatiendo a las estructuras paramilitares del narcotráfico desmantelando sus laboratorios clandestinos confiscando y destruyendo cargamentos de droga y armamento así como persiguiendo capturando y juzgando a sus cabecillas e integrantes. 

Si a esa nos vamos seguiremos dando golpes espectaculares que de vez en cuando ocurren como pasó también en los gobiernos de Calderón y Peña haciendo algunas detenciones o abatiendo a sus líderes o sicarios sin que haya una efectiva erradicación del problema. En estos 20 años se han desmantelado algunos grupos criminales otros nuevos han surgido muchos se han reinventado y otros tantos se han escindido en medio de una crisis de inseguridad que por mucho que se empeñe el actual gobierno en festejar la disminución cierta o inventada que sea de las cifras de algunos indicadores como el de los homicidios no ceja y hace que México siga teniendo índices de violencia solo equiparables a países en guerra.

Y es que en México empezará a tener resultados positivos en el combate a la criminalidad organizada solo cuando asuma que este fenómeno es multidimensional y que requiere además de una respuesta contundente y permanente y no eventual y esporádica por parte de los cuerpos de seguridad del estado también una estrategia integral que atienda la dimensión financiera el crimen organizado es ante todo un negocio ilegal pero negocio la económica para muchas personas el crimen es una manera fácil y en ocasiones la única de contar con un ingreso para sus familias en medio de un contexto de estancamiento o precariedad económica la social para amplios sectores de la sociedad mexicana las actividades criminales son una manera de mejorar sus condiciones de vida la cultural para muchos la criminalidad no solo no es repudiable sino que representa una atractiva expresión de tradiciones y modos de vida la religiosa y por supuesto la de la corrupción que supone pues el crimen organizado puede existir solo y únicamente con una tolerancia o una convivencia con el poder político en sus diversos niveles. 

Mientras eso no se entienda estaremos condenados a tener que seguir padeciendo ese cáncer del México moderno. Estamos lejos de encontrar soluciones eficaces y estructurales pero al menos el haber dejado atrás la estúpida política de desentenderse del problema que el obradorismo puso en marcha y que lo único que hizo fue agravarlo a niveles impensables es un primer e importante paso que debe reconocerse. #MetroNewsMx #GuanajuatoDesconocido

Lo que pasó hoy no fue una nota roja… Fue guerra. Hoy no cayeron “elementos”.

Cayeron 28 guerreros de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano enfrentándose a sicarios ligados al cártel de Nemesio Oseguera Cervantes. Y si alguien cree que esto es un operativo más… está muy equivocado.

En algún punto de México —de esos donde el polvo huele a pólvora y traición—

28 soldados del Ejército y la Guardia Nacional salieron con uniforme verde olivo o de la GN, botas firmes y la convicción tatuada en el pecho. No iban a un desfile. No iban a tomarse la foto.

Iban a enfrentar a hombres armados hasta los dientes, entrenados para matar, financiados por millones, convencidos de que el miedo gobierna más que la ley.

Y aun así fueron.

Porque esa es la diferencia entre un sicario y un soldado: Uno pelea por dinero y a veces ni eso les dan. El otro pelea por bandera y por honor.

Dicen que el infierno no avisa cuando se abre.

Solo explota.

Ráfagas que rompen el aire.

Granadas que parten el silencio.

Comunicaciones que se cortan.

Refuerzos que tardan segundos que parecen siglos.

Y en medio del caos, esos valientes mexicanos decidieron no retroceder.

No sé sus nombres.

Pero alguien los esperaba en casa.

Una madre que va a recibir una llamada que le va a partir el alma.

Un hijo que va a preguntar por qué papá no regresa.

Una esposa que va a abrazar un uniforme doblado con bandera encima.

Mientras muchos discuten política desde el sillón,

ellos estaban poniendo el cuerpo.

Mientras en redes se pelean colores,

ellos estaban peleando balas.

Y eso, guste o no, merece respeto.

Esto no es glorificar la violencia.

Es reconocer el precio que tiene enfrentarla.

Veintiocho caídos en un solo día no es un número.

Es una herida abierta en el país.

Porque cuando muere un soldado, no solo cae un hombre.

Se fractura una familia.

Se tensa una nación.

Se recuerda que esta guerra no es discurso… es real.

Hoy México amanece con mas de 28 estrellas en su cielo militar.

Y la pregunta no es quién ganó el enfrentamiento.

La pregunta es: ¿Cuánto más va a costar esta batalla?

Honor a quienes no regresaron. 

#MetroNewsMx