Redacción Editorial
-Agentes sin rostro y calles sin señales se convierten en la trampa perfecta para el ciudadano.
-La presunción de desvío de recursos para fines electorales ensombrece el actuar de la dirección de Tránsito.
-El hartazgo social podría ir en aumento ante una autoridad que utilizaría la ley como garrote político y no como guía de orden.
-El alcalde José Luis Oliveros estaría permitiendo estas irregularidades dado que es quien tiene el mando de estas fuerzas
-Tránsito Municipal de Apaseo el Grande, avalado por su presidente municipal, estarían mostrando la nueva manera de "asaltar" a los ciudadanos en plena calle.
Recibimos hoy a las 11:30 la queja ciudadana de cómo, presuntos elementos de Tránsito Municipal, a bordo de motocicletas sin placas, se dedican a levantar" infracciones" en zonas con falta de señalética, en lo que parecería una estrategia para recaudar fondos para el municipio o para los bolsillos de alguien más.
La queja ciudadana expresa con imágenes lo que en palabras aquí se señala; sin embargo existiría la presunción de que todo es una estrategia para obtener recursos económicos para la campaña del alcalde José Luis Oliveros Usabiaga, quien ya se siente seguro de ser elegido por su partido -o por otro- para logar una diputación local.
El problema no es exclusivo del quejoso que nos envió el material fotográfico; presuntamente es eln sentir de los apaseenses que están cansados de los abusos y de la aplicación irregular y muy a conveniencia de las leyes.
¿El negocio de las "multas"?: las irregularidades detectadas
De acuerdo con la legislación estatal de Guanajuato y los reglamentos municipales que rigen a Apaseo el Grande, el escenario que vivió este ciudadano y podrían estar viviendo los apaseenses no solo presenta irregularidades administrativas, sino probables violaciones legales que comprometen la validez de los actos de autoridad.
Primero, el hecho de los vehículos oficiales sin placas que los identifiquen. La Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, así como el Reglamento de Tránsito local, establecen que los vehículos destinados a la seguridad pública y vialidad deben estar debidamente identificados.
El uso de motocicletas sin placas por parte de agentes activos contraviene el principio de certeza jurídica. Un ciudadano tiene el derecho de identificar plenamente la unidad que lo detiene. La falta de placas sugiere una omisión en el registro patrimonial o una intención deliberada de anonimato, lo cual puede invalidar cualquier boleta de infracción emitida, ya que el acto de molestia debe provenir de una autoridad plenamente identificable.
Segundo, las infracciones en zonas sin señalética, trae a la mente que el reglamento de tránsito de Apaseo el Grande estipula que para que una prohibición sea exigible -como no estacionarse o límites de velocidad-, esta debe estar debidamente señalizada.
La ausencia de señalética horizontal o vertical hace que la infracción carezca de sustento legal. Según el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, todo acto administrativo debe estar fundado y motivado. Si no existe la señal, no hay norma transgredida por el ciudadano; por lo tanto, la infracción es nula de pleno derecho.
La presunta desviación de poder y fines recaudatorios, que es lo que podría pensarse por la forma como están actuando los agentes de tránsito, avalados por su presidente municipal José Luis Oliveros Usabiaga.
El hecho plasmado por el quejo y la forma como lo está realizando Tránsito Municipal, con la permisividad del alcalde, deja ver lo que podría ser una presunta estrategia para recaudar fondos con fines políticos o personales.
En derecho administrativo, esto se conoce como "Desviación de Poder". Las autoridades tienen facultades para vigilar el orden vial, pero si el ejercicio de esa facultad se desvía para fines distintos a la seguridad vial -como el lucro personal o el financiamiento de proyectos políticos-, se incurriría en una falta grave.
La Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato sanciona el abuso de funciones y el conflicto de intereses. Si se comprueba que existe una cuota de infracciones o una consigna recaudatoria, los funcionarios involucrados —desde los agentes hasta los mandos superiores— podrían enfrentar procesos de inhabilitación.
La violación a la presunción de inocencia y debido proceso podría estar cometiéndose dada la "aplicación irregular y a conveniencia de las leyes" que se plasma por el quejoso y que vulnera las garantías individuales consagradas en la Constitución Federal y replicadas en la estatal. De paso, si las multas se aplican de forma selectiva o arbitraria, se violaría el principio de igualdad ante la ley. #MetroNewsMx
